Ocho agentes de la Policía Nacional Civil, entre estos tres policías destacados en el Grupo de Reacción Policial, masacraron a tres pandilleros rendidos y a un obrero que dormía en su cuarto el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, e hicieron todo lo posible para encubrir el crimen. Eso determinó una investigación llevada a cabo por la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la División Técnico Científica de la Policía Nacional Civil (PNC). Hubo ejecución sumaria, se concluyó, con disparos a corta distancia, hubo manipulación de la escena, movimiento de cadáveres, armas y casquillos desaparecidos y encubrimiento por parte de un subinspector jefe de la subdelegación de Zaragoza.
En septiembre de 2017, la Fiscalía presentó el requerimiento en contra de nueve policías. Cinco de los agentes eran parte de la subdelegación; otros dos agentes y un cabo eran miembros del GRP que apoyaron el operativo. El juez, a la luz de la investigación, envió a los ocho policías acusados de homicidio agravado a prisión preventiva en el penal de Metapán, en espera de la audiencia preliminar. El subinspector, acusado de encubrimiento, enfrenta el proceso en su contra en libertad. Los policías están acusados de homicidio agravado en contra de tres pandilleros del Barrio 18 Sureños: Carlos Nerio, de 13 años; Miguel Ponce, de 16 y Edwin Aldana, de 18. Y en contra de un obrero de una fábrica de plásticos que no tenía nada que ver con las pandillas ni con el operativo de persecución y que dormía minutos antes de morir: José Armando Díaz, de 23.
El caso tuvo un extraño recorrido por el sistema judicial antes de terminar en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad. El requerimiento de acusación primero llegó al Juzgado de Paz de Zaragoza, pero la jueza se declaró incompetente de encargarse del proceso. Dijo que conocía a algunos de los agentes y que las instalaciones de la subdelegación estaban frente a su oficina. Una fuente fiscal aseguró que la jueza argumentó 'temor' de hacerse cargo del caso. Una fuente de juzgados confirmó que el principal argumento de la jueza fue 'temor, miedo a los policías'. El requerimiento pasó al Juzgado de Primera Instancia de La Libertad que, basado en tecnicismos, argumentó que era el Juzgado de Paz de ese mismo lugar el que tenía que encargarse. Este último, el tercero que recibió el requerimiento, resolvió en audiencia inicial que el caso debía pasar a la etapa de instrucción o investigación judicial, con lo cual el caso ha vuelto al Juzgado de Primera Instancia.
Lo más llamativo en este proceso, a diferencia de lo ocurrido en casos como la masacre de San Blas, es que la Fiscalía hizo uso de una estrategia poco acostumbrada: usó la investigación científica como base principal. En esta ocasión, no simplemente anexó las autopsias de los cadáveres y los resultados de la investigación balística. Los testimonios de los testigos directos parecen ser un respaldo a la abundante prueba técnica que camina en una sola dirección: la de que aquello no fue un enfrentamiento sino una 'ejecución extralegal, arbitraria o sumaria'.
La Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía conformó, en junio de 2017, una mesa de trabajo en la que participaron médicos forenses, técnicos del área de Inspecciones Oculares de la Policía Técnica y Científica y peritos balísticos; alquilaron un polígono de tiro, simularon cuerpos humanos con piernas de cerdo y utilizaron balas trazadoras de punta naranja entregadas por el Ejército para reconstruir el supuesto enfrentamiento ocurrido adentro de la casa donde fueron encontrados los cadáveres. La mesa de expertos, policías incluidos, concluyó que “nos encontramos ante una eventual ejecución sumaria”. Pero también se analizaron los casquillos y se hicieron pruebas de ADN a manchas de sangre encontradas en la escena a metros de donde aparecieron los cuerpos.
Un fiscal que ha estado involucrado en varias investigaciones de supuestos enfrentamientos entre la Policía y pandilleros, tras leer el documento de este caso, concluyó: “Los fiscales tienen solo una posibilidad de perder este caso: que quieran hacerlo”.
La profundidad de la investigación dirigida por la Fiscalía sorprende. El único caso concluido el año pasado contra policías por asesinato en lo que se suponía había sido un enfrentamiento fue el caso San Blas. En esa ocasión, el juez terminó reprendiendo a la Fiscalía por haber sido incapaz de individualizar la participación de cada uno de los ocho agentes del GRP acusados. Aunque los cinco que enfrentaron juicio (tres huyeron) fueron absueltos en el proceso donde solo se dirimía la ejecución del joven Dennis Alexander Martínez, escribiente de la finca en la que quedaron regados ocho cadáveres la madrugada del 26 de marzo de 2015, el juez dio por probado que uno de los gerrepés lo asesinó cuando estaba rendido y suplicando. Sin embargo, la Fiscalía fue incapaz de individualizar el rol de cada policía, y por eso todos volvieron a sus funciones, a pesar de que hay un asesino entre ellos. En aquella ocasión, como suele ser la regla, la Fiscalía basó todo el caso en el testimonio de una sobreviviente.
En noviembre del año pasado, el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein visitó El Salvador y se mostró alarmado por “el retorno de los escuadrones de la muerte” y las ejecuciones extrajudiciales. Una investigación de El Faro reveló en octubre de 2016 que la Policía salvadoreña supera por mucho los números que en otros países resultan escandalosos y son considerados indicadores inequívocos de que están ocurriendo ejecuciones extrajudiciales. Un ejemplo: en los supuestos enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, un policía murió por cada 53 supuestos delincuentes muertos.
En esta investigación periodística del caso de Villas de Zaragoza, ningún funcionario involucrado dio declaraciones sobre las interioridades del proceso, ya que para un servidor público sería delito hacerlo, según el artículo 324 del Código Penal. La Fiscalía, como acostumbra en los casos que involucran a policías, pidió reserva total para el proceso. El juez la concedió.
La versión policial: un enfrentamiento más
Villas de Zaragoza es una colonia de bajos recursos a un costado del carril que de La Libertad conduce hacia San Salvador. Son calles empinadas que desembocan en un barranco, y desde las cuales se abren pasajes, como el D, donde está la casa de Armando, el obrero, en la que ocurrió la matanza. Por la tarde del 8 de febrero de 2016, unas seis cuadras de la colonia fueron acordonadas. Los habitantes empezaron a acumularse cerca de la cinta amarilla. Nadie pudo pasar hasta que los cuatro cadáveres fueron retirados, pasadas las 9 de la noche.
Durante la mañana, consigna la versión oficial, cuatro pandilleros asaltaban un camión repartidor de gaseosas en la colonia La Fuente, siempre en Zaragoza. Antes de las 10 de la mañana, la información llegó a la subdelegación de ese municipio. El jefe, el subinspector Walter González Cerón, decidió enviar dos patrullas. En una, iban cuatro agentes; en otra, tres.
Los policías llegaron a investigar y los cuatro pandilleros huyeron de la casa en la que se ocultaban. Los dieciocheros salieron disparando e hirieron en el brazo izquierdo al motorista de la patrulla que llevaba a tres agentes. En la balacera, los policías consiguieron matar a uno de los cuatro pandilleros apodado Chuky. Los otros tres huyeron.
El agente herido fue llevado al Hospital del Seguro Social de Santa Tecla, mientras los otros buscaban en colonias y veredas circundantes a los pandilleros prófugos. En medio de esa búsqueda, llegó información de que los dieciocheros se ocultaban en una casa de dos pisos en la colonia Villas de Zaragoza.
Fue entonces cuando se conformó un dispositivo de búsqueda. Policías de la delegación de La Libertad Centro Sur, de la delegación de Lourdes y del GRP se reunieron con los agentes de la subdelegación de Zaragoza a eso del mediodía.
Se organizaron cuatro equipos. Dos de esos equipos estaban conformados por una patrulla con cinco agentes de la subdelegación y el Equipo Bravo, que reunía a los tres uniformados del GRP. El subinspector Cerón ordenó que los agentes Adín Mendoza García, Luis Ernesto Hernández, José Ebers Calderón, Norberto Antonio Marroquín y Nelson Stanley Sandoval, de la subdelegación, hicieran perímetro mientras los miembros del GRP, David Antonio Cortez, Vidal Antonio Alfaro y Salvador Humberto Martínez, ingresaban a la vivienda.
Alrededor de la 1:30 de la tarde, ambos equipos llegaron hasta la casa indicada.
Los tres pandilleros detectaron a los policías y, disparando, se lanzaron a los techos para huir. Los agentes de la subdelegación los siguieron por las calles de la colonia; los del GRP subieron a los techos.
Los tres pandilleros se refugiaron en otra casa, los gerrepés los persiguieron y entraron por el techo; los agentes, por la puerta. Entonces, ocurrió un 'enfrentamiento' que se saldó con cuatro muertos.
Es decir que, sin una explicación más detallada, y siempre según la versión oficial, un pandillero más apareció en ese momento. Tres corrían por el techo, cuatro murieron en la casa durante el 'enfrentamiento'.
Varias cuadras fueron acordonadas.
Hasta el lugar, llegó el subdirector general de la PNC, César Baldemar Flores Murillo.
Flores Murillo fue el encargado de dirigirse a los medios apenas unas horas después de ocurrida la matanza. El subdirector validó completamente la versión de sus agentes cuando, según la Fiscalía, ellos aún tenían control exclusivo de la escena. “En la búsqueda siempre de los delincuentes, hemos llegado hasta este punto donde tuvimos información de que estaban alojados los cuatro delincuentes que han fallecido este día. Al intervenir la casa donde se encontraban, lo que hicieron fue saltarse hacia otra zona, y en esa es que se da el intercambio de disparos y han fallecido. Son cuatro pandilleros de la Dieciocho, sureños, que han fallecido en este intercambio de disparos. El personal policial está ileso… Todavía estamos recopilando más información de inteligencia porque en el lugar, a parte de las armas, se han encontrado mochilas de tipo militar, miras telescópicas y algotro tipo de herramientas que lógicamente nos lleva a presumir que las utilizaban ellos para actos delictivos”, dijo aquel día Flores Murillo. Según la Fiscalía, y algunos testimonios de policías que participaron en la recolección de pruebas en la escena, la declaración del subdirector fue, cuando menos, equivocada.
—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos —declaró a El Faro, el mismo 8 de febrero, un investigador policial que estuvo toda la tarde en la casa donde quedaron los cadáveres. Este periódico publicó el 11 de febrero, tres días después del hecho, la pieza titulada “La Policía mata y miente de nuevo”.
En aquel momento, se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía, pidiendo explicaciones sobre lo declarado por el subdirector, sobre los supuestos accesorios de armas de fuego y la razón por la que acusaban a Armando Díaz, que vivía en la casa donde entraron los pandilleros y los policías, de pertenecer al Barrio 18 Sureños. Esto contestó la funcionaria: “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”.
Sin embargo, este viernes 19 de enero de 2018, casi dos años después del crimen, el subdirector Flores Murillo aceptó recibir a El Faro en su despacho.
—Fue una versión preliminar, y como apresurada, porque estaban todos los medios y no me dejaban pasar. Yo llegué de 45 minutos a una hora después de que me avisaron. (Lo que pasó en) ese tiempo lo desconozco —declaró esta vez Flores Murillo, quien también aseguró que la mochila militar y la mira telescópica las vio en la casa donde originalmente se habían escondido los tres pandilleros, y no en casa de Armando, donde quedaron los cuatro cadáveres. Flores Murillo explicó que solicitaron a la unidad central de la Policía que enviara al equipo técnico para recoger la escena, pero que “había atasco y llegaron tarde de San Salvador”.
Este tipo de eventos, en opinión del subdirector, “no son fallos de la institución, sino humanos. La institución jamás va a dar orden de alterar una escena”.
Sin embargo, lo del GRP parece más bien un patrón. Agentes del GRP no solo han estado involucrados en este caso. Otros ocho miembros de ese grupo estaban acusados por el caso de la masacre de la finca San Blas. Fueron absueltos, no sin antes escuchar al juez decir que uno de ellos era el asesino del escribiente de la finca. Este año, el GRP ha aparecido en múltiples titulares de prensa después de que el pasado diciembre, durante una fiesta en las instalaciones de ese grupo especial, un agente se fugó en una patrulla llevándose a una policía destacada en Apopa. Ella, Carla Ayala, aún no aparece. Él, es prófugo. La institución investiga a todos los miembros de la unidad que estaban ese día, por presunto encubrimiento. De momento, el director de la Policía, Howard Cotto, ha suspendido toda operación del GRP mientras concluye la investigación.
La versión Fiscal: “ejecución extralegal”
En la acusación fiscal para la detención de los nueve policías, hablan testigos presenciales, como suele ocurrir en estos casos. Sin embargo, son las pruebas científicas las que dan la impresión de estar ante un caso robusto.
El testigo clave Abraham, que estaba presente en la casa donde quedaron los cuerpos, asegura haber visto a tres tipos con “look pandillero” ingresar por el techo a eso de la 1:30 de la tarde del 8 de febrero. La casa de Armando, en el polígono D de la Lotificación Villas de Zaragoza, tiene un pasillo largo que, desde la puerta de entrada, lleva hasta el último cuarto, en la parte trasera de la vivienda, que está en lo alto. Ahí cayeron los pandilleros y se refugiaron. Poco después, aparecieron, siempre en el techo, tres policías con “uniformes gris con parches negros”, lo que coincide con la vestimenta del GRP. Abraham asegura haber visto a uno de los pandilleros tirar un arma de fuego pequeña al suelo. Los tres dieciocheros se toparon a la pared. Los gerrepés apuntaron desde arriba a los pandilleros adolescentes. Entraron otros cinco policías de uniforme azul por la puerta principal, dispararon en dirección a los pandilleros, pero le dieron a las paredes. Los gerrepés bajaron y dieron “culatazos y patadas” a los pandilleros. Los pusieron boca abajo. Entraron al último cuarto de la casa y sacaron a Armando Díaz del cuarto donde dormía luego de una jornada nocturna de trabajo en una fábrica de plásticos. Lo tiraron al suelo junto a los pandilleros sometidos.
La esposa de Armando gritaba a los policías que él era un obrero. Los policías dijeron a la mujer, según el testigo Abraham, “que si no salía la iban a matar”. Ella abandonó la casa segundos después de que lo hiciera una niña de 13 años, hermana de Armando, con su sobrino en brazos, el bebé de Armando.
El día de los hechos, periodistas de El Faro pudieron atestiguar una escena espontánea: la madre de Armando, al enterarse de que algo pasaba en su casa, llegó apresurada a Villas de Zaragoza. Fue recibida por una niña de 13 años, la hermana de Armando que abandonó la vivienda obligada por los policías. La niña dijo a la señora que unos policías entraron a la casa y la echaron a ella y a la esposa de Armando, y que luego escucharon disparos. La señora, Ana del Carmen, empleada doméstica, contestó una llamada telefónica de algún pariente: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”. La niña, a pregunta de los periodistas, respondió:
—Los mataron a sangre fría. Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él (Armando) se quedó adentro.
El día siguiente a la masacre, los periodistas de El Faro visitaron a la familia en una funeraria de Santa Tecla, donde preparaban el cuerpo de Armando para su vela. Dayana, la pareja de Armando, accedió a contar lo que atestiguó el día anterior:
—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía (la hermana de Armando) salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados… Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.
El testigo Abraham aseguró a la Fiscalía que Dayana, y la niña de 13 años, efectivamente salieron corriendo de la casa y que, minutos después de eso, se escucharon varios disparos.
Según la versión fiscal, basada en entrevistas a varios policías que custodiaron el perímetro, el subinspector Cerón ordenó que dos de los agentes que habían entrado a la casa fueran los que tomaran control de la escena y que “nadie más entrara”.
El documento consigna que los policías acusados de masacrar tuvieron control de la escena hasta las 5:00 de la tarde, cuando llegaron agentes de la Policía Técnica y Científica a recoger evidencias. O sea, que los acusados tuvieron control absoluto de la escena durante tres horas y media, según la investigación.
La acusación, elaborada con información provista por los policías recolectores de la escena, consigna que se recogieron 31 evidencias. Del lado policial, solo encontraron dos casquillos calibre 5.56 que corresponden al fusil del agente Norberto Marroquín, de la subdelegación de Zaragoza. También recogieron siete casquillos de pistola 9 milímetros que se supone llevaba uno de los pandilleros; dos casquillos de una escopeta 12 que apareció bajo el cuerpo de Armando; un proyectil de pistola .38 o .357 y un casquillo de una 9 milímetros, ambos de armas no encontradas en la escena.
Cuando los agentes de la Policía Técnica y Científica llegaron a la escena, Armando estaba boca abajo, había una escopeta que había sido disparada debajo de él. Sin embargo, cuando le hicieron la prueba de frotado en ambas manos a su cadáver, no tenía residuos de bario ni de plomo. Armando no disparó esa escopeta.
Durante la autopsia de Armando se recuperó un proyectil más. Estaba atorado en la cadera del cadáver. El proyectil había ingresado de arriba hacia abajo, desde la oreja derecha hasta la pelvis, donde se detuvo. Era un proyectil de calibre .38 o .357 y, según los análisis balísticos, corresponde a la pistola asignada como arma oficial al agente Norberto Marroquín.
Marroquín es uno de los cinco agentes que ingresaron por la puerta de la vivienda, y no por el techo, según la versión que ellos mismos dieron en su declaración. El cadáver de Armando apareció al final del pasillo, a unos 10 metros desde la puerta de entrada, en una parte alta de la casa. Desde la entrada, es muy difícil concluir de qué forma el agente Marroquín pudo asestar un disparo de arriba hacia abajo a Armando sin estar junto a él en el altillo. Toda lógica apunta a que el agente Marroquín, si se da valor a la versión de los acusados, disparó desde abajo hacia arriba y jamás al revés.
Los demás cadáveres aportaron más información que contradice la versión de un enfrentamiento dentro de la casa. A diferencia del cadáver de Armando, los otros tres cuerpos tenían tatuajes. Carlos Nerio, de apenas 13 años, tenía uno en el hombro; Miguel Ponce, de 16, tenía “antecedentes delincuenciales y múltiples tatuajes alusivos a la pandilla 18”; y Edwin Aldana, de 17, “no registra antecedentes delincuenciales, pero se le observaron múltiples tatuajes alusivos a la pandilla 18”.
Según la autopsia, el cadáver de Miguel Ponce tiene una herida de bala en “la región bucal, labio izquierdo… que solo causa daño en la piel y músculo… y que además presentaba tatuaje de pólvora”. Un forense consultado por El Faro explicó que el tatuaje de pólvora significa que el disparo se realizó a menos de 50 centímetros de la piel, por lo que quedaron residuos de pólvora adheridos al cuerpo. “Nos indica un disparo a corta distancia… Se ha considerado como una lesión atípica”, se lee en la acusación la cita de la autopsia.
El cadáver de Edwin Aldana tenía lesiones de arma de fuego en la cara, cuello, tórax, brazo, mano y muslo izquierdo. El documento fiscal concluye del análisis forense de este cuerpo: “se observan áreas de quemadura en tórax y cuello. Lesiones con características inequívocas de disparos a corta distancia”.
Hay algo que llama la atención: hay más agujeros de bala en los cuerpos de los muertos que casquillos recuperados en la escena de armas policiales. Solo se recolectaron dos casquillos policiales de fusil y uno de nueve milímetros en la cadera de Armando. Dos casquillos en la escena, insuficientes para haber perforado siquiera a Edwin Aldana, uno de los cuatro cuerpos.
La Fiscalía concluye que “la cantidad de casquillos que fueron recolectados y que fueron disparados con las armas de fuego que portaban los agentes involucrados en el supuesto enfrentamiento no coinciden… lo que nos indica que fueron extraídas previo al procesamiento de la escena”.
Además, el nueve de mayo de 2017, un equipo interdisciplinario realizó en el lugar de los hechos lo que en la acusación fiscal se llama “trayectoria balística reconstructiva”. El equipo estaba formado por peritos balísticos, personal de Inspecciones Oculares y de Asuntos Internos de la PNC, médicos forenses, testigos del caso y fiscales. El objetivo de la reconstrucción era “analizar la posición de los tiradores, de las víctimas, el área física de la escena, la ubicación de las evidencias y poder tener una ilustración y una perspectiva más clara y apegada a la búsqueda de la verdad y al principio de criminalística de reproducción de los hechos”. La Fiscalía puso a prueba la versión que dieron los policías y que vendía los hechos como un enfrentamiento, a pesar de que se hubieran encontrado solo tres casquillos de armas policiales.
Luego de haber reconocido la casa donde todo ocurrió, el equipo completo dio seguimiento a la reconstrucción en un polígono de tiro en Ilopango el 11 de julio de 2017: “(se utilizaron) los medios idóneos y similares a los encontrados en la escena, tales como: cartuchos calibre 5.56 x 45mm (20 unidades) con trazadora punta naranja… una placa de concreto o cemento, considerando la superficie de la escena en donde dispararon… y, a fin de simular el cuerpo humano, se utilizaron piernas de cerdo. El equipo entero concluyó lo que la Fiscalía presenta en su requerimiento: confirmando de esta manera la causa de las lesiones atípicas que presentaban los cadáveres, concluyendo que fueron producto de disparos a corta distancia y con efectos de rebote, lo que por el momento confirma la versión de los testigos en cuanto a que no fue un enfrentamiento, sino que en el presente caso nos encontramos ante una eventual ejecución sumaria”.
La reconstrucción técnica fue elaborada con balas trazadoras entregadas por el Ejército. Son balas con una pequeña carga pirotécnica en su base que, al ser disparadas, dejan un rastro luminoso y permiten seguir la trayectoria del disparo.
La inspección ocular realizada por miembros de la División de la Policía Técnico y Científica también descubrió que en la casa de Armando existían “manchas de sangre que no son congruentes con la posición de los cadáveres”. O sea, encontraron manchas de sangre donde no había cadáveres. Se practicó ADN a esas manchas y corresponden a Miguel Ponce, que fue encontrado boca abajo en el suelo. La Fiscalía, de lo anterior, concluye que “todos los elementos antes mencionados nos indican una manipulación clara de las evidencias y de los cadáveres”.
La Fiscalía verificó que Armando estuvo trabajando la noche anterior en la fábrica de plásticos. El día después de la matanza, El Faro hizo lo mismo, y habló con la gerente financiera de la empresa donde laboraba Armando. Ella declaró: “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente”. El gerente de producción de la misma empresa, que había sido compañero de equipo de fútbol con Armando, aseguró a este periódico que “era uno de los mejores trabajadores” y que estaba aspirando a un puesto superior en la empresa. Armando no tiene ningún antecedente delincuencial según la Fiscalía.
Los ocho policías están acusados de homicidio agravado. El subinspector Cerón está acusado de encubrimiento. Según la Fiscalía, “hay contradicciones en la deposición del subinspector”. Cerón, según manuales de procedimiento de la Policía, era el jefe y responsable del operativo. El subinspector, que llegó detrás de sus agentes a la escena, dijo no haber visto algunas cosas que según la Fiscalía era imposible no presenciar desde la ubicación que él aseguró tuvo durante los hechos. Según la acusación, no solo ordenó que los agentes involucrados tuvieran control de la escena por tres horas, sino que aseguró a los fiscales no haber visto salir a la esposa de Armando ni a la hermana menor de Armando con el bebé en brazos. Esto, según la Fiscalía, es improbable, ya que “precisamente salen rumbo al sur, que era la esquina en la que él se encontraba”. Otros agentes que cuidaban el perímetro y que estaban en la misma esquina que el subinspector declararon que sí vieron salir a las familiares de Armando. La Fiscalía pone énfasis en el hecho de que el subinspector es el “único” que relaciona a Armando con las pandillas.
La Fiscalía, a diferencia de lo ocurrido en casos como San Blas, donde renunció a la posibilidad de modificación de escena o masacre, y acusó solo por la muerte del escribiente asesinado aquel día, en esta ocasión se lanza por todos los muertos. La acusación contiene párrafos contundentes.
“Una vez ingresaron a la vivienda, y al parecer estando neutralizados los sujetos, lo que vino luego ya fue una decisión que tomaron los agentes de una forma concertada o no, lo cierto es que procedieron a dispararles bajo circunstancias ya de sometimiento, violando completamente los procedimientos legales que señala el Código Procesal Penal… Fue una actuación con alevosía… Se encontraban ocho elementos policiales debidamente armados, y ya habían logrado neutralizarlos, encontrándose estos ya en una posición de sometimiento y control, tirados en el suelo y aún con vida, por lo que debe descartarse desde ese momento que su muerte fue producto de un enfrentamiento; y, por el contrario, inclinarnos a una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria”, se lee en la acusación fiscal.
