Álvaro Colom se convirtió en otro presidente guatemalteco que ha terminado en la cárcel, acusado por corrupción; y ahora es compañero de prisión de Otto Pérez Molina, quien renunció a la presidencia en 2015 por estar acusado de defraudación aduanera.
Colom, que dirigió al país en 2008-2011, es sindicado junto a prácticamente todos los miembros del que fuera su gabinete (10 exfuncionarios del Ejecutivo) por participar en un desfalco de $35 millones a través de la simulación de un contrato con el cual se inyectó dinero a un proyecto de transporte público llamado Transurbano. Un tercio de estos fondos públicos se perdieron totalmente. Según las investigaciones, casi $20 millones salieron del país y $1.5 millones retornaron por medio de bancos nacionales. Una empresa privada de transporte se benefició y las personas que firmaron el acuerdo gubernativo están ahora en prisión. Hay varios prófugos, incluido Luis Gómez, el dueño de la empresa.
Quienes dirigen los casos han dicho que hacen falta varias fases pues fue un negocio inmenso que salpicó muchas manos y cuyos fondos fueron traslados a Islas Vírgenes para intentar pasar inadvertidos. A pesar de estas millonarias inversiones, el transporte público en el país sigue en pésimo estado, es normal que asalten en los buses y que incluso asesinen a pilotos por no pagar extorsión.
En 2015, y luego de cuatro meses de manifestaciones en todo el país, Guatemala consiguió que Pérez Molina (presidente de 2012 a 2015) renunciara a su cargo. Solo así, este militar señalado de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en los ochenta, pudo enfrentar la justicia y ya lleva más de dos años recluido mientras se le acusa de dirigir a “La Línea”, una red de cobros ilegales en las aduanas junto a su cúpula gubernamental. Luego de esto, fue acusado de dos casos más por corrupción; además, su vicepresidenta y ministro de gobernación son requeridos por Estados Unidos, sindicados de narcotráfico.
Antes, en 2014, Alfonso Portillo (presidente de 2000 a 2003) admitió la acusación de conspirar para lavar dinero utilizando el sistema bancario estadounidense y purgó una pena en una prisión de Nueva York por cuatro años, lo que le impidió lanzarse como diputado en las últimas elecciones. Aceptó frente a un tribunal haberse apropiado de cheques girados por Taiwán para la construcción de bibliotecas públicas.
Estos diferentes procesos han demostrado la incapacidad del Estado de solventar, debido en buena parte a la corrupción generalizada, las necesidades de la población que no tiene bibliotecas de calidad, transporte público medianamente decente y donde se tiene la recaudación tributaria más baja de América Latina. Además, se ha desnudado la relación entre políticos y algunos empresarios que se han nutrido de los privilegios estatales para afianzar grandes consorcios cimentados con jugosos contratos públicos.
Pero aún falta que dos mandatarios enfrenten la justicia. El presidente actual, Jimmy Morales, está acusado por dos casos: uno por financiamiento electoral ilícito, del que se salvó, de manera momentánea, gracias a una protección avalada por el Congreso. El otro proceso en su contra es por un sobresueldo que se autorecetó por $6 mil dólares al mes, a pesar de ser el presidente mejor pagado de América Latina (con un salario de $18 mil). La Corte Suprema de Justicia lo protegió en este, pero la Corte de Constitucionalidad tiene la posibilidad de revertir ese fallo y obligar a que el Congreso vote para decidir si retira la inmunidad.
Y el último en mencionarse es el expresidente Álvaro Arzú (1996 a 2000), actual alcalde de la ciudad de Guatemala, conocido como el rey de la corrupción. Arzú fue acusado de financiamiento electoral ilícito y de otorgar plazas fantasma a las esposas de dos militares condenados por participar en el magnicidio del sacerdote Juan Gerardi, en 1998. Gerardi fue asesinado dos días después de que se hiciera público el informe de Recuperación de la Memoria Histórica, donde se relatan las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Arzú y Morales son quienes, desde sus puestos de poder, batallan en estos momentos en contra del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el mando de Thelma Aldana e Iván Velásquez, respectivamente.
Se han atrincherado de tal forma que han tejido una estrategia cuyo único fin es expulsar al Comisionado Velásquez para lograr impunidad. Esta intentona lleva ya casi un año y parece que se resolverá en parte con la elección del próximo Fiscal General en mayo, cuyo proceso se realiza en estos momentos con una gran presión pues las estructuras corruptas intentan cooptar esta institución para traerse abajo esta cruzada.
Toda esta lucha contra la corrupción se ha ganado enemigos muy poderosos, quienes han invertido millones en campañas negras contra Aldana y Velásquez, así como contra activistas y periodistas que cubren de manera independiente estos procesos. Incluso, se ha implantado un lobby permanente en Washington D.C. para intentar (sin éxito) derrumbar la alianza bipartidista estadounidense que apoya a la CICIG.
En buena parte, estos éxitos se han logrado porque la CICIG, con el respaldo de Naciones Unidas, es un ente independiente que apoya a la Fiscalía y que actúa en el país a petición del Estado de Guatemala tras reconocer que los grupos criminales se han apoderado de la mayoría de las instituciones. Otra parte fundamental ha sido el respaldo ciudadano que ha salido a manifestar en reiteradas ocasiones para acuerpar estos casos de alto impacto.
Haber encarcelado a presidentes es un gran avance para el país, pero resulta insuficiente si no hay un grupo de personas que puedan impulsar cambios duraderos, para que no se repita el círculo vicioso que hasta ahora el MP y la CICIG han venido develando, en donde la mayoría de los presidentes han llegado al poder solamente a enriquecerse.
