En noviembre de 2017, la ONU pidió al Gobierno que derogara las medidas extrordinarias porque la apuesta insignia de la actual administración para combatir a las pandillas viola los derechos humanos. El 25 de enero, el Gobierno desoyó a la ONU y pidió una nueva prórroga a la Asamblea para este plan. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, incluso dijo que el diagnóstico del organismo era 'falso'. 11 días después, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, subió la apuesta y responde al Gobierno que las medidas extraordinarias son ilegales y urgió su cese inmediato por la flagrante violación a convenciones internacionales sobre derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles del país.
La relatora especial se convirtió este 5 de febrero en la segunda vocera de Naciones Unidas en condenar una política de Estado que, a su juicio, escandaliza. Callmard, en su visita, agregó nuevas conclusiones al diagnóstico que la ONU ya se había llevado en noviembre pasado: 'Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente', dijo.
Según Callamard, el país 'debe tomar urgentemente medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y poner fin al círculo vicioso de impunidad'.
El informe de la enviada especial aún no ha concluido, pero detalló que dentro de las medidas que ve como ilegales están las que prohíben a los reos recibir el sol y a ser visitados por sus familiares. A eso se suman, según dijo, los tratos denigrantes como la mala alimentación y el hacinamiento. La relatora también hizo constantes alusiones a los brotes de tuberculosis en algunos centros penales desde la implementación del régimen. 'Jamás había visto condiciones de hacinamiento extremo como aquí en El Salvador', dijo.
En junio de 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya había informado que los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas en las prisiones. 'La situación es sencillamente inaceptable. No estoy completamente convencida de que el enfoque impulsado desde 2016 [año de aprobación del régimen] haya sido útil hasta ahora', dijo.
La especialista señaló que estas medidas riñen con la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante contenida en en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la cual El Salvador es firmante. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han fallado sobre los derechos de visita familiar basados en la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo establece un documento elaborado por la oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ya en febrero de 2017, a propósito de la primera prórroga de las medidas extraordinarias, el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Arnau Baulenas, señalaba también que dicho régimen también vulnera la presunción de inocencia. 'La Corte IDH ha dicho que no se puede aplicar el mismo trato a una persona que está en detención provisional a una persona que ya fue condendada', dijo Baulenas, en una entrevista en El Faro Radio. Baulenas también añadió que se viola el derecho a defensa de los reos cuando se le imponen nuevos requisitos a los abogados defensores para que puedan ingresar a los penales.
Callamard explicó que una medida que ha sugerido al Gobierno es que recurra a la Cruz Roja Internacional o a otros organismos internacionales para que estos brinden asesoramiento de cómo la situación en las cárceles pueden cumplir con los estándares internacionales y al mismo tiempo servir en la estrategia de seguridad. Al año de vigencia de las medidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que el Gobierno salvadoreño le había negado la entrada para verificar el trato a los detenidos, algo que nunca había ocurrido en la historia de la organización.
El Gobierno salvadoreño persiste en tener una visión equivocada sobre la solución para los índices de violencia del país, dice Callamard, quien detenta la relatoría de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales desde agosto de 2016. 'Locura es hacer lo mismo cada vez y esperar distintos resultados', dijo, en alusión a las medidas de corte represivo, que gozan de amplia aprobación en la población y que se han implementado desde finales de la década de los 90.
El Salvador ha prorrogado la vigencia de las medidas en una ocasión y actualmente discute una segunda prórroga, lo cual levanta señales de alarma a Naciones Unidas. 'Si estas políticas se mantienen, la presión y el escrutinio internacional aumentará contra el Gobierno', dijo la relatora. '¿Qué va a pasar cuando todas estas personas salgan de la cárcel? ¿Qué tipo de personas están devolviendo a la sociedad? Son un ejército de personas que no podrán rehabilitarse', dijo, en relación a las 39 mil 110 personas que han sido detenidas desde la entrada en vigencia de las medidas.
Callamard dijo que no había podido conocer las condiciones en las que se encuentran las cárceles que no cuentan con el régimen 'extraordinario'. El 60 % de la población penitenciaria, dentro de seis de las 19 cárceles que hay en el país, están bajo estas medidas. 'Es importante recalcar que la población de casi 40 mil reos es muy distinta entre sí, no todos son iguales, y a pesar de que el Gobierno está creando categorías, por el momento, las mismas medidas son aplicadas a todo el mundo, y eso es muy problemático', dijo Callamard a El Faro.
La especialista señaló que no todas las medidas extraordinarias riñen con la ley, pero invitó a que la opinión pública aprenda a discernir entre todas las medidas de carácter represivo que se han impulsado en los últimos años, por ejemplo, la Ley antipandillas del año 2010 o la Ley contra actos de terrorismo de 2006 (y que fue 'relanzada' en 2015 por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que definió a las pandillas MS-13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas).
'He encontrado patrones de comportamiento de ejecuciones extrajudiciales'
Luego de una misión de nueve días, en los que se entrevistó con funcionarios, organizaciones y víctimas, Agnes Callamard también ha llegado a la conclusión de que en El Salvador existen 'patrones de comportamiento que podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza' por parte de agentes del Estado.
La relatora dijo que en base a la información que obtuvo en su visita de nueve días no encontró datos que le permitan sustentar que el Gobierno salvadoreño tenga como política pública las ejecuciones extrajudiciales en las que han incurrido miembros de la Policía Nacional Civil. 'Una política de Estado requiere que haya prácticas establecidas que no he encontrado durante mi visita', dijo Callamard. 'Lo que he encontrado son patrones de comportamiento y fallas del Estado por omisión', recalcó.
El diagnóstico con el que se queda la ONU es que hay fallas en las investigación de los casos que apuntan a ejecuciones extrajudiciales. Según Callamard, hay patrones que indican que estos casos suelen ser maquillados como enfrentamientos entre miembros de la Policía y pandilleros. Puso como ejemplo el resultado de la investigación en tribunales del caso San Blas en la que ningún agente policial fue encontrado culpable por la muerte de varias personas, entre ellas un joven que no era pandillero. 'No solo es el hecho de matar lo que viola el derecho a la vida, es también la falla a investigar debidamente', dijo Callamard a El Faro.
'Mientras no haya investigación efectiva y suficiente sobre todas y cada una de las denuncias que se hagan contra agentes de seguridad, los especialistas en este tema no podemos concluir que sean otra cosa que supuestas ejecuciones extrajudiciales', dijo. La relatora exhortó que cada vez que haya denuncias sobre suspuestos abusos de fuerza debe investigarse profundamente a nivel administrativo (al interior de la PNC), pero también en sede fiscal y a nivel de jueces.
Hasta octubre de 2016, la Policía reportaba 35 presuntos pandilleros abatidos en enfrentamientos cada mes, según los datos oficiales obtenidos a través de la ley de acceso a la información. Callamard dijo que el Gobierno no le había facilitado estadísticas sobre el total de enfrentamientos entre policías y pandilleros, pero al ser consultada por estos reportes de 2016 dijo que la proporción entre heridos y muertos en supuestos enfrentamientos es preocupantemente elevada.
La relatora señaló que el primer paso para detener la escalada de violencia en la que los implicados son miembros de las fuerzas de seguridad es que desde el sistema de justicia se envíe un mensaje de que estos actos no serán tolerados. 'Esto no resolverá el problema pero es el primer paso', dijo.
