Con 58 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra se aprobó el decreto que permite la prórroga de seis meses a las Medidas Extraordinarias de seguridad que afectan particularmente a las cárceles destinadas exclusivamente a pandilleros.
La aprobación de las medidas tiene como únicos cambios la eliminación del artículo 5 que hace referencia a la suspensión de la audiencias presenciales y la adhesión del artículo 7 que contempla las compras sin proceso de licitación bajo los lineamientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La fracción de Arena argumenta que su posición era la de prorrogar las medidas tres meses con el fin de estudiarlas con miras a darles un carácter permanente. Sobre esto el diputado Rodrigo Ávila dijo a El Faro que el dictamen permite que se inicie una discusión para adecuar las leyes de forma permanente, operativizar algunos artículos, como por ejemplo las audiencias virtuales, para dejar claro el procedimiento en el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria.
El diputado Johnny Wright -el único que votó en contra- pidió la palabra para explicar al pleno su rechazó a dictamen: “Es necesario encontrar soluciones a largo plazo y dejar de colocar parches que terminan siendo carcomidos por los grandes problemas de nuestro país, en este caso la delincuencia”. Wright votó también en contra a la primera prórroga.
Ernesto Muyshondt Gustavo Escalante y David Reyes se abstuvieron de votar. Muyshondt explicó a El Faro que no comparte la idea de seguir prorrogando las medidas, sin dar una solución concreta y agregó su desacuerdo con las medidas por el carácter violatorio a los derechos humanos, “Es conocido por todos las violaciones de derechos humanos que se están dando en los centros penitenciarios, hay tratados. Están ocupando como excusa estas Medidas Extraordinarias”, explicó.
Los seis meses de prórroga son el punto medio entre los tres meses que pide Arena y el año que pide el FMLN para extender las Medidas Extraordinarias a petición del Ministerio de Justicia.
El 5 de abril, un día antes de la aprobación de la prórroga de las Medidas Extraordinarias, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe que pide “la revisión exhaustiva de las Medidas Extraordinarias de Seguridad”. En noviembre del 2017 el alto comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein instó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a derogar las Medidas Extraordinarias por atentar contra los derechos humanos y en noviembre del 2018 la relatora especial de las ONU, Agnes Callamard calificó a las Medidas Extraordinarias como ilegales y pidió su derogación, invocando la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que prohíbe el trato cruel y denigrante y de la cual El Salvador es firmante.
Las Medidas Extraordinarias entraron en vigor en abril de 2016 y tienen efecto sobre siete centros penitenciarios. Su objetivo principal es cortar las comunicación de los internos con sus estructuras en el exterior. Para esto se suspenden las visitas de los reos, los traslados a audiencias judiciales y encierro total y permanente de los reos dentro de sus celdas. En febrero de 2017 los miembros de la Comisión de Seguridad acordaron prorrogar un año más las medidas hasta el 31 de marzo del 2018 - cuya fecha se amplió hasta abril de este año bajo acuerdo de la comisión.
La aprobación de la prórroga de las Medidas Extraordinarias tiene a la base la idea de estudiar convertir en permanentes tres acciones específicas: habilitar centros temporales de reclusión, juicios realizados a través de audiencias virtuales, corte del tráfico de telecomunicaciones de los centros penales al exterior y viceversa. El plazo de estas medidas terminará en octubre y quedará en manos de la nueva legislatura que asume posesión el 1 de mayo.
