Columnas / Política

Nueva Sala de lo Constitucional: ¿elegimos a los idóneos o a los más populares?

Las instituciones democráticas, por diseño, tienen distintos motores, ejes de equilibrio y una serie de válvulas de escape. Dependiendo del terreno y las circunstancias, cada pieza funciona...

Domingo, 6 de mayo de 2018
Marien Rivera

Las instituciones democráticas, por diseño, tienen distintos motores, ejes de equilibrio y una serie de válvulas de escape. Dependiendo del terreno y las circunstancias, cada pieza funciona con mayor o menor intensidad. Si un segmento se debilita o rompe, otros se activan para mantener el balance. Algo similar sucede con los poderes del Estado. Si el Legislativo no logra emitir leyes que protejan los derechos de los ciudadanos, el Ejecutivo pone en marcha programas y acciones que velen por los intereses de la población, por ejemplo. Si ninguno de esos dos poderes es capaz de resolver las disputas públicas, entonces la responsabilidad de tutela de los derechos puede trasladarse hacia las cortes, y son los y las juezas quienes asumen la tarea, en vía de control, de llenar los vacíos que no contemplan las normas o incluso marcan pautas sobre políticas públicas cuando ello viene exigido por el contenido de los derechos.

Cuando este último escenario sucede, en aras de garantizar la vigencia de los derechos y libertades fundamentales, los tribunales sustraen asuntos del debate público y los convierten en preguntas constitucionales; se ponen al servicio de los intereses sociales que no logran representación en las asambleas, el ejecutivo y, por tanto, quedan al margen de la agenda política. Como resultado, tanto la legitimidad como la popularidad de los tribunales aumenta notablemente. Y esa posibilidad de decidir sobre un amplio abanico de asuntos públicos y políticos les confiere enorme poder. Un lugar en las altas cortes se convierte en una joya de la corona.

Ahora bien, podría argumentarse que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se ha convertido, en los últimos años, en una joya que muchos quieren poseer. Ya sea para garantizar que siga funcionando como hasta ahora lo ha hecho o, por el contrario, para apaciguar su protagonismo en la vida democrática. Depende a quién uno le pregunte, la gestión de la Sala ha tenido una gestión muy buena o muy mala: por un lado, se escucha que su actual conformación ha emitido sentencias históricas; que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la decisión en el caso “Baterías Récord” o la resolución del habeas corpus sobre la situación de hacinamiento en bartolinas y centros penales, son sentencias propias de un tribunal de avanzada inserto en la realidad jurídica global. Por el otro, hay voces señalando que la Sala ha suplantado funciones que no le corresponden y que la sentencia sobre la inhabilitación de diputados suplentes, por ejemplo, pone en riesgo la actividad parlamentaria y atenta contra la deliberación democrática.

Independientemente de la postura adoptada, lo cierto es que hoy en día, la Sala de lo Constitucional de El Salvador es uno de los actores estatales más relevantes y sus decisiones tienen un impacto innegable en la escena política. Siendo esa la realidad, ante la inminente renovación de cuatro de sus miembros, resulta natural que las facciones partidarias se encuentren muy interesadas en que las personas que lleguen a sustituir a los actuales magistrados de dicha Sala actúen – por lo menos – con tres características: 1) transparencia respecto de sus posturas ideológicas y morales, 2) independencia de los intereses que puedan interferir en el sentido de sus decisiones y 3) solvencia jurídica en el razonamiento y fundamentación de sus votos.

El problema es que el proceso de designación de magistrados a la Corte Suprema de El Salvador es (por decir lo menos) complejo y su diseño mixto hace muy difícil que la sociedad tenga información completa sobre los antecedentes y cualificaciones de las personas contendientes al cargo. Veamos: una subcomisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa debe elegir de entre 30 candidatos propuestos y someterlos a la aprobación mayoritaria de la Asamblea en pleno. Esa lista de 30 candidatos se conforma por dos vías. La mitad es integrada por candidatos que han superado un procedimiento de selección por concurso público – con evaluaciones y verificaciones de antecedentes y aptitudes – llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La otra mitad de la lista se integra con los candidatos más votados en una elección directa por los abogados del país, organizada por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). Estas dos vías de acceso que usan criterios distintos hacen muy difícil identificar a los más calificados e impide establecer un orden de mérito que abarque la totalidad de los candidatos que integran la lista.

Si esto fuera un salón de clases, un profesor aprobaría a algunos por sus capacidades demostradas durante la presentación de un examen, pero aprobaría a otros simplemente por ser los más populares de la escuela. Esta es una reflexión personal, pero cuando pienso en cuál persona de la escuela de derecho sería hoy la más calificada para estar en la Corte Suprema, la más popular, muy probablemente, no estaría en mi lista corta.

Como decíamos, la labor de examinar si los populares tienen también la cualidad de ser inteligentes, y aptos para ejercer tan alto cargo, corresponde a la subcomisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. El segundo problema es que para esta fase las reglas existentes son insuficientes y poco exhaustivas. Ello ha permitido que en el pasado esta etapa se conduzca con enorme opacidad. Por ejemplo, a la fecha sigue sin aprobarse en la Asamblea un reglamento para la designación de magistrados que regule los plazos, etapas o mecanismos de participación ciudadana para designaciones tan determinantes para la vida del país como esta. Es decir, la eventual designación de personas que realicen una buena gestión queda al –buen o mal- arbitrio de unos pocos o, peor aún, a la identificación de cercanías partidistas o vínculos personales. Unos para ti, otros para mí. ¿Qué pasa después? Que los y las juezas, ya en funciones, deciden sobre asuntos que tienen un enorme impacto en la vida pública con base en lealtades personales o políticas.

¿Qué soluciones hay a la mano para lograr el mejor resultado posible tomando en cuenta el escenario antes descrito? El primer – y más importante – paso es provocar la participación y el interés ciudadano. Esa es la vía más efectiva para elevar el costo político de una mala designación. Segundo, se deben de visibilizar las fallas en el proceso de designación y, sobretodo, la ausencia de información oportuna y de calidad que permita conocer con base en qué criterios dieron entrada o dejaron fuera a ciertos participantes. Para lograrlo, debemos empezar por reconocer que las filias y fobias políticas de las personas aspirantes son sólo una de muchas dimensiones que deben analizarse a detalle. ¿En qué medida las y los aspirantes son independientes de los grupos económicos?, ¿cómo han probado su autonomía de los poderes fácticos en el pasado?, ¿con qué información confirmamos que durante su ejercicio profesional no favorecieron sus intereses en detrimento de sus clientes? Todas estas preguntas para responder la más importante de todas: ¿qué posición adoptará la Sala que está por conformarse ante los cambios en panorama político de El Salvador?

Por todo lo que está en juego, como nunca antes, el actual proceso de designación de magistrados está siendo observado desde distintos ángulos por la sociedad civil nacional e internacional. Un progreso que, sin duda, debe celebrarse. De hecho, a inicios del año se instaló un panel independiente conformado por tres expertos internacionales -con una larga trayectoria académica y práctica en el fortalecimiento a las instituciones de justicia- para evaluar, de manera independiente, a las y los candidatos. Mientras más, mejor. Son bienvenidos todos los mecanismos que generen incentivos para una evaluación objetiva y que, al mismo tiempo, logren mostrar que la sociedad civil puede y debe jugar un rol importante en este mecanismo de selección. ¿Qué está en juego? Que la justicia sea un derecho de todas y todos, y no un privilegio de quienes pueden comprar la joya más cara en el mercado. Nada menos que eso.

 

Marien Rivera es Oficial de Programa en la Fundación para el Debido Proceso y es Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard.
Marien Rivera es Oficial de Programa en la Fundación para el Debido Proceso y es Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard.

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