El Gobierno salvadoreño anunció este jueves 24 de mayo que tiene una propuesta para aliviar el calvario de los habitantes de El Espino: entregará un terreno a 50 familias de la comunidad, del municipio de Antiguo Cuscatlán, para que se trasladen ahí como solución al desalojo del que fueron víctimas entre el 16 y 18 de mayo de 2018, y que fue ordenado por el juez de Paz de esa localidad.
'Son dos propuestas ofrecidas, una individual y una colectiva. La primera consiste en una contribución económica a cada familia afectada ($4,000 a los que tienen inmueble y $12,000 a los que no tienen otra solución). La alternativa colectiva radica en que la comunidad forme una cooperativa de vivienda y el gobierno les trasladará un terreno en la zona y proporcionará un subsidio de capital para ser invertido en vivienda de ayuda mutua', reza un comunicado hecho público por el ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Esta es, al menos, la tercera vez que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propone una solución a la comunidad sin que a la fecha ninguna de ellas se haya ejecutado, a pesar de que el Gobierno, al menos en teoría, busca arreglar la situación desde enero de 2017.
El desalojo fue ordenado por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma Trejo, en julio de 2014, producto de una demanda interpuesta ese mismo mes por los propietarios del terreno de dos manzanas de extensión donde habitan las familias. Los propietarios son los empresarios salvadoreños, Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera, quienes son los herederos de una familia que desde hace más de 100 años posee grandes extensiones de tierra, incluyendo toda la finca El Espino, hasta que les fue expropiada en 1980. A partir de entonces, los Dueñas han ido poco a poco recuperando la tierra perdida a través de procesos judiciales.
La orden de desalojo de julio de 2014 no se había ejecutado porque un amparo ante la Sala de lo Constitucional había detenido cualquier intento. También en 2015, el Gobierno había mediado para buscar soluciones a la comunidad.
Pero el proceso del amparo terminó en diciembre de 2016, hace casi 17 meses, dándole la razón a los hermanos Dueñas. La Sala de lo Constitucional dio seis meses (que se cumplían en junio de 2017) al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén para que encontrara una solución a los moradores de El Espino. El tiempo empezó a correr para que el Gobierno rescatara a los habitantes de El Espino. Ese tiempo se cumplió y la propuesta del Gobierno no llegó. En julio de 2017, el juez Palma Trejo intentó desalojar a la comunidad con la Policía y empleados de construcción de las empresas de la familia Dueñas, pero la Procuraduría para la Defensa de los de Derechos Humanos se interpuso y logró suspender la acción. El Gobierno, nuevamente, dijo que encontraría una solución habitacional para que las familias no se quedaran sin vivienda
Los Dueñas colocaron un muro perimetral alrededor de la comunidad, pero las familias siguieron viviendo ahí. En ese momento, llegó la segunda de las propuestas del Gobierno. En abril de 2018, 16 meses después de que la Sala estableciera al Gobierno un período para solucionar la situación, el Viceministerio de Vivienda y la Secretaría de Transparencia ofrecieron una cantidad de dinero a cada una de las familias con el objetivo de que ocuparan el dinero para instalarse en otro lugar, y dejaran libre el terreno de los Dueñas. Ofrecieron $4,000 a las familias a las que se les comprobó que tenían inmuebles a su nombre, y $12,000 a las que se les comprobaba que no poseían inmueble alguno.
Sin embargo, desde abril, solo tres familias aceptaron los cheques del Gobierno. El 16 de mayo, valiéndose de que la Sala ya había dado la razón a Los Dueñas, el juez Palma Trejo, activó nuevamente el desalojo.
En la madrugada del 16 de mayo, tractores entraron a la comunidad y comenzaron a destruir las casas, según denunció el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), que ha asumido la representación legal de las familias en un proceso de denuncia contra el juez, por violación a los derechos humanos durante el desalojo.
El desalojo duró tres días y el resultado fue que medio centenar de familias se han quedado viviendo en los arriates del bulevar Cancillería, en la zona conocida como Ciudad Merliot, a un costado de lo que antes era la comunidad. Desde entonces, los habitantes del Espino -la mayoría herederos de los colonos que trabajaron la finca de El Espino- se quedaron viviendo a la intemperie.
El Idhuca ha demandado al juez Palma Trejo por violaciones a derechos humanos durante el proceso de desalojo. La demanda es ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema. El organismo sostiene que el juez, si bien tenía derecho a ordenar el desalojo, no debía violentar la estabilidad física y emocional de los habitantes.
Después de ocho días de comenzado el desalojo, el Gobierno lanzó su nueva propuesta de solución. Parte de la propuesta, como se les ofreció en abril, es darles dinero, pero en esta ocasión se suma la oferta de un terreno, cuya ubicación aun no se conoce.
Queda por ver si la solución propuesta por Transparencia y Vivienda se cumple. De momento, todo sigue en el aire. Nelson Recinos, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de El Espino, asegura que no tienen ni idea de las intenciones del Gobierno: 'No conocemos nada del proyecto del que habla el Gobierno. Queremos una salida colectiva, no individual. No queremos dinero por familia'.
*Con reportes de Carlos Barrera
