Centroamérica / Transparencia

Misión contra la Impunidad vincula campaña electoral de JOH en trama de corrupción

Una actividad realizada durante la campaña electoral de 2013 de Juan Orlando Hernández ha sido vinculada al desvío de más de 10 millones de dólares en Honduras. La Misión Contra la Impunidad concluyó su cuarta investigación y esta vez toca al Congreso y a los principales partidos políticos en uso del erario público para pago de campañas electorales. 

 


Viernes, 15 de junio de 2018
AFP / El Faro

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) ha revelado que diputados, funcionarios y personas particulares desviaron alrededor de $12 millones de fondos públicos para ocuparlos en campañas políticas y gasto discrecional de diferentes partidos. Entre los destinos del desvío de fondos, según el organismo, se incluye una iniciativa utilizada en la campaña presidencial que llevó al presidente Juan Orlando Hernández al poder en 2013. 

La MACCIH, junto a los investigadores del Ministerio Público -fiscales y expertos de la unidad especializada-, detallaron los hallazgos de la operación con clave Pandora. La supuesta malversación estaba destinada a financiar campañas políticas para diputados, alcaldes y regidores. Pero además, se usaron para la Tarjeta Cachureca (una iniciativa utilizada por Hernández en su primera campaña presidencial) y que otorgaba al portador descuentos en tiendas, restaurantes y recargas de celular de hasta un 35 %. El dinero también se usó para la compra de oficinas en un complejo de apartamentos y pago de préstamos del Partido Liberal por más de 99 millones de lempiras (cerca de $4.15 millones).

Las autoridades presentaron este miércoles 13 “ante la Corte Suprema el cuarto caso de investigación penal integrada”, indicó Ana María Calderón, vocera de la MACCIH. Así, han solicitado órdenes de captura y congelamiento de bienes para 38 imputados, como medidas cautelares en caso que en los tribunales decidan admitir el proceso y ponerlo en marcha. Durante el anuncio, no revelaron los nombres de los imputados porque están obligados a seguir medidas para mantenerlo en secreto, indicó la vocera de la MACCIH.

Los partidos que aprovecharon esta presunta transferencia ilícita de fondos son el Partido Nacional (PN), que ahora está dirigiendo desde el Gobierno central; Partido Frente Amplio (FAPER) y el Partido Liberal. El objetivo era contar con los recursos que desearan entre 2011 y 2013.

De acuerdo a los detalles que reveló el equipo investigador, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) salieron 282,016,175 lempiras (equivalentes a unos $12 millones, al cambio actual) provenientes de convenios y otros mecanismos de cooperación. Su destino original eran proyectos agrícolas para población vulnerable y en sitios con vocación agrícola como Olancho, Ocotepeque, Francisco Morazán, entre otros más. Pero terminaron en cuentas que beneficiaron a las organizaciones partidarias. En esta red también salpicaron a la Secretaría de Finanzas. El origen de los fondos eran las organizaciones Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Foto Orlando Sierra (AFP).
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Foto Orlando Sierra (AFP).

Honduras es uno de los más importantes proveedores de granos, frutas y mariscos en la región latinoamericana, además de estar entre los 10 mayores proveedores de café en el mundo.

“Siguiendo la ruta del dinero se logró establecer, con indicios razonables, que habían depósitos en cuentas de personas particulares y candidatos”, sostuvo Calderón. También aclaró que las denuncias en diferentes medios digitales y de radio venía desde meses atrás. Estas publicaciones habrían dado la pauta para que Battista, el cónsul honorario, hiciera la denuncia.

La denuncia provino de Pietro Dibattista, cónsul honorario en territorio hondureño por parte del gobierno italiano. También se sumó el resultado de la auditoría especial que practicó el Tribunal Supremo de Cuentas a la SAG.

La MACCIH ha conseguido avanzar con su trabajo a pesar que, con la reforma que aprobó el congreso en enero pasado, su capacidad de llevar los casos de corrupción a sede judicial quedó limitada. Pero además, el primer titular de la misión, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero pasado y dejó al organismo luego de manifestar amargos reproches contra Luis Almagro, director de la Organización de Estados Americanos (OEA). La MACCIH depende de la OEA y, a juicio de Jiménez, no recibieron el suficiente apoyo como para continuar los esfuerzos al mismo nivel. Sus investigaciones las desarrollan en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.

Los obstáculos para la misión no terminaron ahí. La magistrada Alma Guzmán dejó en manos del Tribunal Superior de Cuentas el caso “Red de Diputados”, uno de los más emblemáticos de la MACCIH, en el que denunciaron que cinco legisladores hondureños habían sustraído fondos públicos para beneficio propio, con la intermediación de una ONG. En este caso también está señalado el Partido Liberal (por su diputado Dennys Antonio Sánchez Fernández), además de los partidos Libre y Vamos.

Después vino la Caja Chica de la dama, donde la MACCIH y el equipo de fiscales acusaron a Rosa de Lobo, exprimera dama durante la gestión de Porfirio Lobo, de apropiarse de dinero que iba dirigido a proyectos educativos entre 2011 y 2015 junto a un grupo de cómplices. Para lograrlo, ocuparon cheques.

Finalmente, la MACCIH mencionó entre sus denuncias el Pacto de Impunidad, que también habla sobre la aprobación, por parte de los diputados, de la reforma en la Ley del Presupuesto 2018 que minimizó las atribuciones del organismo adscrito a la OEA.

Cuando lo consultaron los periodistas, el presidente Hernández aseguró que su gobierno sí apoya a la MACCIH, para luego matizar que “el principio del Estado de derecho, el principio de inocencia, es lo que todos debemos de (sic) buscar”.

Operación Pandora llega mientras Honduras busca un nuevo fiscal general, que tendrá que trabajar de la mano con el equipo que culminó la investigación.

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