Desde hace dos meses, los agentes de los puestos fronterizos en Estados Unidos están separando a las familias que cruzan la frontera con México y dejan a los niños en centros de detención ubicados en los estados de Texas y Arizona, mientras sus padres van a un proceso criminal, sin garantizar que seguirán en contacto. Más de 2,000 niños han sido afectados por esta medida desde abril. Aunque Estados Unidos ha suscrito tratados internacionales para los refugiados y contra la tortura, de manera que sus leyes deberían respetarlos, la decisión que tomó la gestión de Donald Trump es dar la espalda al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y medir con su propia vara.
Niños que van desde los meses de nacidos hasta los 17 años de edad quedan encerrados en los centros de detención, lejos sus padres o sus responsables. Desde ahí no logran comunicarse con ellos y ni siquiera saben cuándo los reunirán, de acuerdo a los testimonios que recogen los medios locales.
La indignación por estas acciones llegó en dosis diarias hasta la presidencia de Trump después que una fuente anónima confirmó a periodistas que alrededor de 2,000 niños estaban lejos de sus padres y responsables, retenidos en jaulas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La titular de ese departamento, Kristjen Nielsen, intentó hacer frente a las críticas. “No nos vamos a disculpar por el trabajo que hacemos, o por el trabajo que las fuerzas del orden hacen para cumplir con el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos”, dijo Nielsen este pasado lunes. “Las acciones ilegales tienen, deben tener, consecuencias”, agregó la funcionaria.
En medio de esas recriminaciones, Nikki Haley, representante de los Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció que su país había decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
'Durante demasiado tiempo, el Consejo de Derechos Humanos ha sido un protector de los violadores de los derechos humanos y una cloaca de prejuicios políticos. Lamentablemente, ahora está claro que nuestro pedido de reformas no fue escuchado', dijo Haley, sobre la decisión, en alusión a una propuesta de Estados Unidos para atender la crisis árabe-israelí.
Al momento de confirmar su salida, Haley y Mike Pompeo, secretario de Estado, argumentaron que obedecía al sesgo del Consejo en contra de Israel. Esto viene por la violencia desatada en Gaza, precisamente porque Estados Unidos decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Aunque esta decisión pareciera no tener relación con la condena internacional contra la política migratoria de Trump, le sirve de pretexto a Estados Unidos para darle la espalda al resto de naciones. Es decir, el gobierno de Trump se blinda contra cualquier crítica.
De hecho, la nueva postura de EUA en torno al Consejo de Derechos Humanos tiene lugar luego de que el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, considerara 'inadmisible' el lunes la controvertida política del gobierno estadounidense de separar a niños inmigrantes de sus padres en la frontera.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos y está formado por 47 países miembro escogidos por mayoría absoluta en la Asamblea General de la ONU.
Menores de edad, presos de una negociación política
De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2,432 niños cuyas familias están arrestadas, en espera de resolver un proceso criminal por ingresar por la vía ilegal al país.
Separar a los niños de su familia despertó la indignación de los senadores, incluso de miembros del partido Republicano, de activistas y de las Naciones Unidas. Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en inglés), también dijo que “la detención y la separación familiar son experiencias traumáticas que pueden exponer a los niños más vulnerables a la explotación y el abuso, y a generarles un estrés tóxico que, como han demostrado múltiples estudios, puede afectar a su desarrollo a largo plazo”.
“Espero que el interés superior de los niños refugiados y migrantes sea prioritario en la aplicación de los procedimientos y leyes de asilo de Estados Unidos”, enfatizó Fore.
Si bien las víctimas de persecución en su país de origen tienen derecho a que su caso se considere, según los tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado, ya el fiscal general estadounidense Jeff Sessions quiere reducir las opciones. El 11 de junio, Sessions dijo que quienes alegan ser víctimas de violencia de pandillas, por actores no vinculados al gobierno, quedarán fuera de la consideración para un permiso especial como el asilo. También queda fuera la violencia doméstica como motivo para pedir asilo.
Las pandillas controlan y amenazan a miles de comunidades en el Triángulo Norte de Centroamérica. Buscan reclutar a los más jóvenes y mantener el dominio de un territorio.
La Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), por sus siglas en inglés, consigna que entre octubre 2017 y mayo pasado han detenido en las fronteras a 57,120 unidades familiares de los tres países que conforman esta región. En ese mismo período, la CBP ha detenido a 25,520 menores de edad, originarios de esos países, que han hecho toda la travesía sin un familiar, ni otro responsable (menores no acompañados). En el caso de las unidades familiares, los tres países originan el 97 % de los que CBP registra como detenidos, y en el caso de los menores no acompañados, originan el 79 %.
Pero en los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, desde donde todas estas familias huyen para superar la pobreza o incluso preservar su vida, solo hay comunicados de prensa y resignación.
Todo comenzó por la política de Tolerancia Cero que la administración de Trump impulsó en mayo pasado para combatir la inmigración de indocumentados. Al principio era un término usado contra la pandilla MS-13, pero luego del primer trimestre de este año, la perspectiva cambió. Esta cruzada contra los inmigrantes viene de dos personas que gozan de la confianza del presidente republicano: Sessions y el asesor presidencial Stephen Miller, el poder detrás del trono en temas migratorios dentro de la Casa Blanca.
Fiel a su estilo, Trump ha dicho que es culpa del Congreso y de los demócratas porque no apoyan una reforma migratoria, solo que en los términos que él busca. Sin embargo, el congresista demócrata Jim McGovern indicó que ninguna ley obliga al gobierno a que separe a las familias, sino que se trata de una política proveniente del Ejecutivo.
La separación continua de estos grupos de familias comenzó desde 2017, según las cuentas que hizo el medio de periodismo investigativo The Intercept. Según el medio, entre octubre 2017 y mayo de este año se puede hacer un estimado de familias separadas por las autoridades en la frontera. “Mientras que las cifras exactas todavía son confusas, porque los diferentes medios reportan líneas de tiempo que se cruzan, es seguro decir que el número de niños migrantes, separados de sus padres por la administración Trump, está muy por encima de los 3,700”, detalla el artículo publicado el 19 de junio.
La decisión del gobierno de procesar criminalmente a todo inmigrante que haya ingresado sin los respectivos documentos al país, por su nueva orientación de 'tolerancia cero', terminó por generar un drama con miles de niños mantenidos en albergues separados de sus padres en los estados fronterizos de Texas y Arizona. A este contingente se le suman los menores de edad llegados al país sin compañía de adultos.
El DHS invitó a congresistas y medios de comunicación a visitar los centros de detención. Los Ángeles Times, por ejemplo, reportó que los chicos permanecen juntos con botellas de agua y pliegos de aluminio que, se supone, deberían servir como frazada.
El siguiente audio lo publicó el medio ProPublica, de origen estadounidense. De acuerdo a ese mismo medio, los niños que se pueden escuchar tienen entre cuatro y 10 años; además, llevaban aproximadamente un día en el centro de detención. Recomendamos discreción para la persona que lo escucha, porque puede lastimar sensibilidades.
Las denuncias hechas por organizaciones humanitarias, periodistas y hasta miembros del Congreso enfatizan que entre los menores de edad que permanecen en las “hieleras” hay bebés que ni siquiera han cumplido un año.
Los propios republicanos no esconden la incomodidad con la creciente controversia y las justificaciones esgrimidas hasta ahora por el gobierno. Melania Trump, la primera dama y las esposas de los expresidentes Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton y Rosalynn Carter fueron críticas de esta política.
En ese cuadro, Trump anunció para este martes una visita al Congreso para reunirse con integrantes de la bancada republicana, con quien debe discutir las opciones que se analizan para hallar una salida a la situación. 'Yo no quiero niños siendo retirados de sus padres. Pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo que se debe hacer, hay que separar a los niños'
Las defensorías de México, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala pidieron de manera conjunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que Estados Unidos deje de separar a miles de niños de sus padres por haber cruzado la frontera sin documentos.
Los cinco países latinoamericanos solicitaron el lunes a la CIDH medidas cautelares a fin de que Estados Unidos 'interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias, y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos', según un comunicado que difundieron.
El Salvador, un día antes, emitió un comunicado en el que solicitó informar a las autoridades consulares salvadoreñas sobre los menores de edad que pasan a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), luego que sus padres pasan al proceso en el que se les juzgará por el crimen migratorio. El comunicado, emitido por la Cancillería, sostiene además que la decisión del “destino” de los niños deben tomarla ambos padres.
Patricia González, directora de la organización Centro Presente (radicada en Estados Unidos) manifestó en la entrevista con El Faro Radio que “la separación y encarcelamiento de menores inmigrantes es la expresión máxima del odio, de xenofobia, de racismo contra estas comunidades centroamericanas”. También recriminó la mínima reacción de las autoridades locales. “Los gobiernos de la región del Triángulo Norte no tienen la autoridad moral de pedir a Estados Unidos que respeten los derechos humanos cuando en nuestros propios territorios no se respetan”, subrayó Montes.
