En Nicaragua, los intensos episodios de violencia entre los activistas y las fuerzas de seguridad del gobierno de Daniel Ortega parecen comenzar a ralentizarse. Pero para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua no existe “normalidad”, como lo proclaman desde el régimen Daniel Ortega (presidente) y Rosario Murillo (su esposa y vicepresidenta).
“La circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado la represión contra las personas que se han manifestado y expresado su opinión”, explicó María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH en entrevista con el medio nicaragüense Confidencial, desde Washington. Luego que se hubieran eliminado buena parte de los tranques en vías principales de acceso, el gobierno asumió que la cotidianeidad, o la relativa tranquilidad antes de la crisis, había vuelto.
Luego de los enfrentamientos y de la operación Limpieza —tal cual la llamó el mismo régimen—, Pulido manifestó a Confidencial que “la tercera es la ola de represalias” contra los movimientos que exigen que Ortega deje la presidencia, “se ha caracterizado por represiones arbitrarias, criminalización de la protesta social en el sentido de procesos judiciales que se han abierto por delitos tan graves como terrorismo”.
Sin acceso a la información
La CIDH, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también participa en el grupo de expertos que se encuentra en Nicaragua para contribuir con recomendaciones después del conflicto que surgió en abril pasado. De acuerdo a los voceros de este mismo grupo, no han podido acceder a la información que necesitan.
En mes y medio de permanencia en el país 'no hemos tenido acceso' a los expedientes de las investigaciones, causas penales y plan de reparación a las víctimas de la violencia, dijeron en rueda de prensa los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El grupo que coordina el italiano Amerigo Incalcaterra aseguró en un comunicado que ha solicitado de forma verbal y escrita la información sobre las muertes y causas penales a la cancillería, el poder judicial, la fiscalía, las autoridades de salud pública y la policía, sin recibir respuesta hasta la fecha. Por eso, el organismo instó al gobierno para que disponga a la brevedad y 'sin condiciones' el acceso a esa información sin la cual su 'tarea se ve seriamente limitada'.
El mandato del GIEI, por un período de seis meses a partir del 1 de julio, tiene como objetivo trabajar con las autoridades involucradas en el proceso de investigar los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 mayo. En el período en estudio se estima que murieron 'alrededor de cien personas', según la información preliminar que conoce el organismo. Sin embargo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostiene que en esos meses han muerto más de 300 personas.
Aunque al GIEI no le corresponde investigar, sí tiene que hacer recomendaciones y aportar su experticia para aclarar 'qué pasó, por qué se dieron esos hechos y quienes son los responsables', explicó Incalcaterra.
La guatemalteca Claudia Paz consideró 'urgente' disponer la información de parte del gobierno porque 'hay un período que se vence en seis meses y ya ha transcurrido mes y medio'. En este tiempo, aunque todavía no cuentan con el detalle de la versión oficial, sí se han reunido con los familiares.
“El GIEI ha priorizado, en un primer momento, la recopilación de información sobre los fallecidos (…) mediante entrevistas directas con los familiares. La labor realizada hasta el momento corrobora la necesidad de contar con información sustancial, la que se encuentra en poder de las instituciones nacionales”, dijo Incalcaterra.
Los expertos aseguraron que el 2 y el 20 de julio sostuvieron reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Ortega-Murillo, y participaron “altas autoridades del Estado”, entre ellas el Canciller Denis Moncada, la presidenta del Poder Judicial, la Fiscal General y un representante de la Policía Nacional.
“Les solicitamos y reiteramos la necesidad de acceder a los expedientes de las investigaciones llevadas adelante por parte de las instituciones nacionales, a los informes de Medicina Legal y al listado de personas detenidas, así como del plan de reparaciones”, detalló Incalcaterra.
En semanas anteriores, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado que el gobierno boicotea su trabajo al impedirle ingresar a audiencias judiciales y no facilitarles información. Es el MESENI el que sostiene que durante los meses de crisis hubo 317 muertos, como consecuencia de la violencia ejercida contra los manifestantes.