El gobierno de Daniel Ortega expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNDUH) que estaba en Nicaragua para constatar la situación de los derechos humanos durante —y después— de los cuatro meses de violencia, protestas y enfrentamientos en distintos puntos del país.
La vicepresidenta Rosario Murillo envió a los medios de comunicación una carta que el canciller Denis Moncada había remitido un día antes a Marlene Alejos, representante regional para América Central del Alto Comisionado. En la misiva, el Gobierno informa que cancela la invitación a esa organización de la ONU porque “han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación”, en relación con el trabajo que la misión desempeña en Nicaragua como apoyo a la Comisión de Verificación y Seguridad que, según el Gobierno, tenía “el fin de desmantelar los tranques”.
La misión anunció que abandonará Nicaragua desde el 1 de septiembre.
El anuncio llega poco tiempo después de que la OACNDUH presentó un informe que describía cómo la participación del Estado en tres diferentes etapas había terminado en faltas graves contra los manifestantes y contra aquellos considerados de oposición, al punto que consideraron necesario elevar el caso de Nicaragua hasta el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”, consigna el informe.
El trabajo de la OACNDUH fue uno de los pocos resultados que trajo la negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Ortega con la mediación de los obispos. El informe narra los eventos que ocurrieron a partir de aquel 18 de abril en que las protestas estallaron en las calles con el liderazgo de los estudiantes.
El detonante fueron las reformas al sistema de Seguridad Social en Nicaragua, que retenía más dinero del salario de los trabajadores y afectaba las pensiones de los jubilados. En menos de un mes, ante el evidente rechazo a las medidas, Ortega anuló estas modificaciones, pero era ya demasiado tarde: ahora los manifestantes querían elecciones adelantadas (esto es, antes del 2021) y a Ortega fuera del poder.
Desde las primeras semanas, el gobierno de Ortega desplegó la brutalidad de la represión y se ensañó con los jóvenes universitarios. La violencia de los enfrentamientos, los estudiantes acorralados y los tranques en carreteras marcaron la primera etapa. Mientras que la vicepresidenta Murillo, que además es la pareja de Ortega y vocera del Ejecutivo, culpaba a los que participaban en las protestas de provocar el caos.
Fue en esta primer capítulo que surgió el diálogo de la Alianza Cívica con el gobierno y la mediación de la Conferencia Episcopal. Parte de los acuerdos que alcanzaron fue crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y recibir a misiones de organismos defensores de derechos humanos.
La segunda etapa fue el desarrollo de la “Operación Limpieza” que tenía, en apariencia, el propósito de levantar los tranques. Pero más bien eran la policía y los paramilitares afines al oficialismo atacando a la población; a veces, desde las seis de la mañana en hostilidades que duraban horas. Para entonces, ya Ortega había dejado claro que no convocaría elecciones para 2019, sino siempre para 2021.
La tercera etapa, de acuerdo a voceros de organismos locales de derechos humanos, es la de persecución judicial o criminalización contra los que las autoridades identifican como participantes de las actividades que buscan criticar al Gobierno.
Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia en el país deja más de 320 muertos, 2,000 heridos, una cantidad no precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica.
Responsabilidad del Estado
El informe de la OACNDUH sentencia que las acciones del Gobierno durante cuatro meses de protestas “fueron violatorias del derecho internacional de los derechos humanos”. Este documento fue presentado en Ginebra (Suiza).
“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, señaló en Ginebra el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.
Ortega, de 72 años y con 11 en el poder, refutó el miércoles duramente el informe, y acusó al organismo de la ONU de ser “un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia”.
Si bien no pudieron acceder a información oficial sobre las muertes relacionadas con las protestas, los miembros de la misión tuvieron la oportunidad de comparar cifras de otros organismos.
La OACNUDH puede también concluir que en muchos casos donde hubo violencia por parte de los manifestantes, la Policía utilizó fuerza letal contra amenazas no letales, indica el informe. Los patrones que encontraron, por ejemplo, es que cerca del 90 % de las muertes en el período que abarca el análisis ocurrieron cerca de los tranques, dentro o cerca de las instalaciones universitarias y durante los fuegos cruzados entre fuerzas progubernamentales y antigubernamentales.
Es más: la responsabilidad del gobierno va más allá de la policía nacional y se extiende hasta los grupos armados, según describe el informe. “Estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”, indicó el documento, leído en Nicaragua por Fernández Maldonado.
Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Misión en Nicaragua para América Central del ACNUDH, dijo que con este informe, titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, no se quiere polarizar la situación, sino tener información en el ámbito nacional e internacional, de tal forma que se pueda tratar de contribuir a salir de la actual crisis.
“Está prevista una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre, esto aparece ya en el programa, y debe ser aprobado por el voto de nueve miembros del Consejo de Seguridad. Esto elevaría a la instancia del mayor nivel de Naciones Unidas donde van los aspectos de seguridad que preocupan más al mundo. Lógicamente este informe va a ser un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad, para evaluar la situación”, explicó Fernández Maldonado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, basado en los hallazgos contenidos en el informe, recomendó al Gobierno de Nicaragua poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación anti-terrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros.
Insistió en desmantelar inmediatamente a los paramilitares, para proteger a la población de ataques y otros actos ilegales y violentos. Asimismo asegurar que se realicen investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos, especialmente en las ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales.