Al periodista Ángel Gahona lo mataron de un disparo certero durante la noche del 21 de abril en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en Facebook Live sobre la protesta social y la represión policial para su noticiero El Meridiano. Su muerte, registrada por otro camarógrafo en el momento en que el cuerpo de Ángel se desplomaba y su propia cámara cesaba de filmar, provocó una conmoción nacional y un reclamo internacional de justicia. En efecto, esta fue la primera denuncia de alcance mundial sobre las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante la matanza.
Guardando las distancias históricas, las imágenes de la tragedia de Ángel Gahona revivieron en el imaginario internacional la muerte del periodista de ABC News, Bill Stewart, ejecutado a sangre fría por un soldado de la Guardia Nacional el 20 de junio de 1979 en Managua, cuando se libraba una insurrección armada contra Somoza. La diferencia entre la muerte de ambos periodistas radica en que al quedar grabado el asesinato de Stewart, ni siquiera Somoza pudo culpar a los guerrilleros sandinistas del crimen; en cambio, el que mató a Ángel bajo la dictadura de Ortega no fue identificado en el video, y ahora el verdadero asesino está siendo protegido por la impunidad.
La muerte de este periodista, una de las primeras víctimas entre más de 320 ciudadanos asesinados en las masacres de abril a julio, representaba un test para el régimen de Daniel Ortega y su promesa de justicia. Se esperaba al menos alguna declaración de intenciones en torno a la voluntad política del Gobierno para intentar esclarecer el crimen. Sin embargo, en la investigación del asesinato, nunca fue detenido, ni procesado, alguno de los oficiales de la Policía Nacional, o paramilitares, que se encontraban desplegados en la escena del crimen, sino únicamente dos jóvenes afrodescendientes, Brandon Lovo de 18 años y Glen Slate de 21, que fueron capturados en Bluefields dos semanas después del crimen.
Cuatro meses y medio después, Lovo y Slate fueron condenados por el presunto asesinato de Ángel por un juez penal en Managua, donde se llevó a cabo el proceso y están sentenciados a penas de 23 y 12 años de cárcel, respectivamente, mientras los familiares del periodista, perseguidos por el régimen por reclamar justicia, aseguran que las autoridades protegen a un “asesino uniformado”, y ante el acoso oficial tuvieron que refugiarse en Costa Rica y Estados Unidos.
El juicio por la muerte de Ángel Gahona debería ser analizado ahora como un estudio de caso sobre las violaciones al debido proceso y la confabulación que existe en Nicaragua entre la Policía, la Fiscalía, y la Corte Suprema, para denegar el derecho a la justicia. Estas son algunas de las violaciones que quedaron expuestas a la vista pública:
- El proceso judicial se llevó a cabo a puertas cerradas. Únicamente la prensa oficialista tuvo acceso a las audiencias. Los organismos de derechos humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, fueron impedidos de observar el proceso.
- Los abogados defensores de Lovo y Slate, y el representante legal de la viuda de Gahona en el juicio, fueron amenazados de muerte.
- La Fiscalía presentó una relación de hechos, aportando pruebas sin lógica ni veracidad. La Fiscalía alega que el disparo que mató a Gahona, tuvo una trayectoria hacia el sur y no hacia el norte, como muestran los videos del hecho. El presunto tirador es ubicado en un punto contrario al lugar desde donde supuestamente se estableció la línea de tiro.
- En el juicio de Gahona, la Fiscalía presentó 36 testigos y diferentes pruebas sobre los hechos. Ninguna de estas logró ubicar a los presuntos tiradores Lovo y Slate, en la escena del crimen.
- La Fiscalía alega que el disparo que mató a Gahona salió de un arma hechiza. Sin embargo, técnicos en balística han demostrado que un arma artesanal no tiene la precisión ni la potencia para matar a una persona a 100 metros de distancia. El juez impidió la declaración del técnico presentado por la defensa.
- La Fiscalía presentó como prueba “contundente” un arma hechiza encontrada en el mar. Sin embargo, la defensa alega que el arma no tenía huellas digitales y tampoco se encontraron restos de pólvora en las manos de Lovo o Slate.
Brandon Lovo y Glenn Slate son los primeros presos políticos condenados por una dictadura que les imputa, sin pruebas, la muerte de las víctimas de su propia masacre. Se trata de un doble precedente, porque deja en la impunidad el asesinato de un periodista, y al mismo tiempo impone un patrón de ocultamiento de la represión y criminalización de las protestas, que ya se está aplicando en los casos de más de 380 detenidos, de los cuales 229 están siendo procesados en las cortes judiciales de Ortega.
A pesar de la escalada de represión, la prensa independiente ha mantenido inalterable su compromiso con la libertad de prensa. El ataque selectivo que empezó el 18 de abril con agresiones físicas a los reporteros, derivó en una política sistémica contra los periodistas como “enemigos”, que incluye asaltos y amenazas de muerte, secuestros y detenciones ilegales, campañas de difamación, destrucción de radioemisoras, chantaje económico contra los medios, y actos de intimidación y espionaje político. Paradójicamente, la prensa más bien se ha fortalecido con el empoderamiento de los ciudadanos en las redes sociales, y cada vez más periodistas y medios rechazan la autocensura. Por ello la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), le ha otorgado a la prensa independiente de Nicaragua el Gran Premio Libertad de Prensa, en un reconocimiento que honra la valentía de reporteros y editores, que siguen informando en condiciones extremas de represión.
El camino hacia la democracia y la justicia, no obstante, requerirá de un apoyo extraordinario de la comunidad internacional. Al colapsar el sistema de justicia y el Estado de Derecho, Nicaragua necesita una Comisión Internacional de la Verdad, con Ortega fuera del poder, para restablecer el derecho a la verdad y la justicia. Ortega puede llenar, por ahora, las cárceles de prisioneros políticos, como Brandon Lovo y Glenn Slate, condenados por delitos que nunca cometieron, mientras su régimen se aferra a la fuerza en espera de alguna negociación para dejar sus propios crímenes en la impunidad. Pero “las vidas de los que murieron protestando contra una dictadura, y las voces de los que hoy guardan prisión por reclamar libertad y democracia, no son negociables”, me dijo la madre de un estudiante detenido. “Jamás aceptaríamos una amnistía, o que estos crímenes queden en la impunidad”, remarcó la vocera del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, que demanda la anulación de todos los juicios de la dictadura.
Ese es también el legado que nos dejó a los periodistas nicaragüenses Ángel Gahona: el compromiso de seguir informando la verdad, para restablecer el derecho a la justicia, sin amnistía ni impunidad.
La versión original de este artículo fue publicada en Confidencial.
