El 20 de agosto pasado, el gobierno de El Salvador abrió relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPCH). Pero la manera en que se ejecutó esta maniobra deja muchas inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué el secretismo con el que se ha tratado el asunto con el público? Además, como parte del acuerdo quedó establecido que El Salvador debía romper el vínculo diplomático con Taiwán. El acto de apertura de relaciones que el gobierno salvadoreño acaba de realizar no es un acto soberano, sino un acto sujeto a una condicionalidad que implica negación de la soberanía patria.
El comportamiento del gobierno salvadoreño para dar este paso también debe ser analizado. Me permito hacer tres observaciones, tomando en cuenta que la actitud que el gobierno ha adoptado es la de no explicar ni argumentar el cambio, y que por lo tanto, se presta a la especulación, especialmente en cuanto a los motivos de ello.
Tratar de averiguar las razones que el gobierno tuvo para este viraje en lo que ha sido una clara posición de nuestra política internacional a lo largo de más de 60 años, sin importar el color político del gobierno de turno, es algo difícil. Lo primero que hay que criticar es la falta de transparencia de las autoridades, que se han negado a un diálogo serio sobre el tema.
Creo que el discurso del presidente Sánchez Cerén anunciando el cambio dejó mas interrogantes que respuestas. Un análisis de las razones que adujo para el cambio son fácilmente objetables. Por un lado, pretender que una relación de cooperación con la RPCH nos dará transferencia de tecnología, significa ignorar el hecho que una de las criticas mas serias que se le hace a la cooperación de ese gobierno con países del tercer mundo es precisamente su casi nula disposición a compartir tecnologías y su inveterada costumbre de realizar sus proyectos con mano de obra traída desde su continente, reduciendo así las posibilidades de ampliar y entrenar el empleo en nuestros países. Por otra parte, asumir que el cambio de relaciones diplomáticas va a significar un aumento de cooperación para El Salvador es una hipótesis de muy dudosa constatación; al contrario, los casos de Costa rica y Pakistán mas bien nos dan una alerta para no dejarnos entusiasmar con las ofertas que la RPCH hace al momento de abrir relaciones con nosotros, pues suelen ser de muy dudoso o incompleto cumplimiento. El caso de Costa Rica así lo muestra: de las tres ayudas más importantes que le ofrecieron para romper con Taiwán en 2007, solo se ha cumplido una, que es la construcción del Estadio. Pero la construcción de la refinería de petróleo nunca se ha materializado y la carretera nunca se ha completado. Nótese que el caso de Costa Rica fue el último de una serie de iniciativas políticas de la RPCH para privar al gobierno de Taiwán de relaciones diplomáticas ofreciendo muchas dádivas de cooperación, pero que un par de años después, han sido abandonadas. Ahora son algunos gobiernos, como el nuestro, los que han tomado la iniciativa de acercarse a Beijín ofreciendo cortar la relación con Taiwán. Asimismo, recientemente el gobierno de Pakistán recurrió al Fondo Monetario Internacional para solicitar financiamiento que le permita liquidar préstamos que le hizo Beijín y que ahora considera innecesarios y onerosos.
El secretismo con el que el gobierno ha manejado el tema, incluso absteniéndose se informarle a su embajadora en Taipéi de lo que venía —ya que ella se enteró por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán— acercan más a un operativo de espionaje que a una acción diplomática.
Una segunda observación es la inoportunidad del hecho: estamos iniciando una campaña electoral, en la que los partidos se preparan para montar su propaganda. Lo que el gobierno ha hecho es, en primer lugar, ponerle una zancadilla a su propio candidato. Cuando fue ministro de Relaciones Exteriores por más de ocho años, argumentó a favor de mantener las relaciones con Taiwán y hoy, apenas renuncia y pasa a ser el candidato del partido, ese partido —y gobierno— sale contradiciéndolo y poniéndolo en una situación difícil, en la que tuvo que aceptar que no le parecía la forma como se había hecho. Por otra parte, están las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán. Él señaló que la razón para la ruptura de relaciones con su país fue porque se negaron a donar $120 millones para la campaña del partido en el gobierno y también se negaron a hacerse cargo del Puerto La Unión. La donación es quizá la observación más grave, pues si fuera cierto, el gobierno salvadoreño está violando flagrantemente la ley, ya que las contribuciones de gobiernos extranjeros para una campaña electoral están totalmente prohibidas. Finalmente, la presencia del líder del FMLN en la ceremonia de apertura de relaciones en Beijín, dizque en su calidad de designado a la presidencia, no deja de ser sospechosa pues, que sepamos, nunca ha realizado misiones diplomáticas en calidad de designado y su presencia en esa ceremonia más bien le hace coro a lo que el ministro taiwanés declaró. Lo sorprendente es que, ante semejante embrollo, la Asamblea Legislativa es incapaz de cumplir con su papel constitucional que, según el artículo 131, numeral 32, le manda “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional”. Creer que es suficiente cumplimiento de sus deberes otorgarle un diploma de despedida a la embajadora de Taiwán es un pobre servicio al Estado de Derecho y a nuestra Constitución.
En todo caso, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué ahora? El Salvador no necesita tan urgentemente a China Popular como para no esperarse hasta después de las elecciones, si es que hay razones para hacer el cambio. La ruptura de relaciones requería la creación de un mínimo nivel de consenso antes de implementarla; al menos, para tratar de paliar el rechazo generalizado de los actores políticos y sociales con que ha sido recibida. También para evitar exponer a la opinión pública los pronunciamientos públicos negativos, de igual carácter improvisado y no estudiado, como la declaratoria de Arena de restaurar las relaciones con Taiwán si es que gana las elecciones. Estos temas deben estar por encima de la campaña electoral, son decisiones de Estado y no simple material para ganar votos.
Una tercera observación es la naturaleza improvisada de la acción gubernamental. Ya señalé la necesidad de tener razones de peso y urgencia para tomar la decisión de ruptura de relaciones con cualquier gobierno. Pero si se va a hacer, es necesario proceder conforme a modos de operación propios de la acción diplomática; no solo porque es importante respetar las normas de conducta de la diplomacia —a no ser que esté de por medio la soberanía del país—, sino también porque hay que preservar el buen nombre de nuestra diplomacia. Esto es importante, sobre todo, porque somos parte de una historia diplomática que tiene momentos de reconocimiento en la comunidad internacional, como es el papel del doctor José Gustavo Guerrero, incansable defensor del principio de la soberanía nacional y primer presidente de la Corte Internacional de Justicia; o del doctor Reynaldo Galindo Pohl, insigne defensor de una política exterior inteligente pero apegada a los principios del buen gobierno; así como el doctor Alfredo Martínez Moreno, que continúa instruyéndonos y luchando por un honesto camino para la patria. Lo actuado por este ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, no es digno de alabanza sino de vergüenza frente a la comunidad internacional.
Todo indica que la improvisación, la incapacidad de prever las consecuencias y el poco respeto a —o ignorancia sobre— las prácticas diplomáticas, así como urgencias políticas, empujaron al partido en el gobierno, y al gobierno mismo, a dar este mal paso.
* Rubén Zamora es el exembajador de El Salvador en Estados Unidos y exembajador para El Salvador en Naciones Unidas. Fue el fundador de Convergencia Democrática y primer candidato presidencial por el FMLN para las elecciones de 1994.
