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Los cheques originales de la corrupción de Saca

Sergio Arauz Efren Lemus Jimmy Alvarado Manuel Talavera Andrea Burgos

El Faro tuvo en sus manos miles de cheques que explican con detalle adónde fue a parar el 41% de los $300 millones por los que se ha condenado a prisión el expresidente Antonio Saca. Estos cheques estaban dirigidos a un total de 171 destinatarios entre empresas y particulares, muchos de los cuales no aparecieron nombrados en el juicio contra Saca ni en su cobertura mediática.

ElFaro.net / Publicado el 14 de Septiembre de 2018

El Faro tuvo acceso a 2,714 cheques originales del Banco Hipotecario que suman pagos por $118.8 millones, de los 300 salidos de la partida secreta del Gobierno de Antonio Saca, por cuyo uso ilegal el expresidente fue condenado este miércoles 12 de septiembre a diez años de prisión por lavado de dinero y peculado. Los cheques, que un funcionario del gobierno de Saca almacenó fuera de registro oficial, son la materia prima de la corrupción de Saca, y revelan información no dada a conocer durante el juicio sobre cómo el último de los presidentes de Arena repartió de forma arbitraria millones de dólares de dinero público a más de un centenar de destinatarios.

El análisis de estos cheques revela pagos y destinatarios que no fueron tema de discusión ni en el juicio contra Saca y su círculo más cercano de funcionarios ni en la cobertura mediática del caso: entregas de dinero a obispos católicos; decenas de miles de dólares entregados en secreto a la oenegé de la esposa de Saca, que ya recibía financiamiento del Estado por vías formales; cientos de cheques para agencias de publicidad que no fueron capaces de mostrar contratos que respaldaran esos montos; o pagos millonarios a la empresa Galvanissa, de la que es propietario el exnadador olímpico Francisco Suriano Siu, a quien Saca se refería en público como su amigo.

El Faro procesó 2015 cheques originales del Banco Hipotecario. Foto: Carlos Barrera 
 
El Faro procesó 2015 cheques originales del Banco Hipotecario. Foto: Carlos Barrera 

Los miles de cheques llegaron a manos de El Faro agrupados en 27 paquetes. El total del dinero por el que fue condenado Saca salía, según probó la Fiscalía, de dos cuentas estatales que entre 2004 y 2009 nutrieron, entre otras, cinco cuentas personales del Banco Hipotecario a nombre del exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencial (Capres), Francisco Rodríguez Arteaga, condenado también este miércoles a cinco años de cárcel por los mismos delitos de Saca. De esas cinco cuentas, entre el 7 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009, se emitieron estos 2,714 cheques para un total de 171 destinatarios distintos.

Los cheques del Banco Hipotecario tienen las firmas de puño y letra de quien los emitió y, en muchos casos, nombre y firma de quien los recibió o endosó. El Faro los recibió envueltos en sobres con los estados de cuenta del Banco Hipotecario. Son los documentos originales de las copias electrónicas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del banco, y permiten analizar con detalle cuánto, cuándo y con qué frecuencia esta maquinaria de corrupción entregaba dinero a diferentes personas, empresas y organizaciones.  

Los 2,714 cheques los llenó y autorizó Rodríguez Arteaga, contador de oficio. Su jefe directo, el entonces secretario privado de Saca, Elmer Charlaix, es quien le ordenaba emitir cheques, transferir pagos y contar miles de dólares en efectivo que luego organizaba en sobres de manila, según quedó consignado en el proceso judicial.

Los cheques llegaron principalmente a manos de exfuncionarios de esa administración, pero también a exmiembros del Batallón Presidencial y a empresas encuestadoras. La encuestadora salvadoreña Data Research recibió $505,000 de la partida secreta de la Presidencia Saca en 17 cheques de entre $2,300 y $50,000. En el último año de gestión, también la encuestadora mexicana Consulta Mitofsky recibió 10 cheques por la cantidad 11,300 cada uno, y uno más de $20,600, hasta sumar $124,300. El Faro contactó por correo electrónico a ambas empresas para preguntar el tipo de encuesta que habían hecho para la Presidencia con ese dinero y pedirles los contratos que justifican ese servicio. Data Research prometió una entrevista en los próximos días. Mitofsky no había respondido en el momento del cierre de este material.  

Otros destinatarios eran miembros del Batallón Presidencial, el destacamento militar encargado de la seguridad del presidente y su familia. En entrevista con El Faro, un alto cargo del Ejército describe a los integrantes de este Batallón como “mayordomos armados: cargan maletines, hacen de choferes, la compra del súper, lo que el presidente les encomiende”. Todos los miembros de este equipo tienen un salario que sale del Ministerio de Defensa. El jefe del Batallón Presidencial durante el gobierno de Saca, el coronel René Erwing Herrera Mena, recibió 106 cheques del Banco Hipotecario por un monto de $859,241. Cuatro de esos cheques eran por $22,000, y fueron endosados (cobrados) por la Pagaduría del Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, la mayoría (102 de los 106 cheques) fueron cobrados por terceras personas, algunas de ellas particulares sin aparente relación con el Gobierno de El Salvador (como un ciudadano guatemalteco con empresas offshore en Panamá) y, otros, miembros del Batallón Presidencial que estaban bajo el mando del coronel Herrera Mena. El Faro buscó al coronel para que explicara en qué gastó ese dinero, pero el Ministerio de Defensa informó que el militar ha fallecido.

Pedro Edgardo Portillo, un coronel del Batallón Presidencial que cobró un cheque de $7,853, declaró a El Faro que utilizó ese dinero para la compra de munición, gasto que, según dijo, liquidó con facturas ante Élmer Charlaix. Otra parte, aseguró el militar, se utilizó para comprar una lavadora de ropa, cocinas y “un montón de remodelaciones” del espacio de Casa Presidencial donde permanecía el Batallón, así como para la reparación de helicópteros de la presidencia. Otro oficial que cobró un cheque por más de $23,000, el mayor Edgar Napoleón Hernández, explicó a El Faro que la Presidencia les entregaba dinero cuando cumplían misiones de “avanzada” en el extranjero, es decir, cuando viajaban días antes de que el Presidente lo hiciera, con el fin de organizar su dispositivo de seguridad: esos pagos servía, dijo, para cubrir costos de hotel, alimentación y alquiler de vehículos. “Generalmente íbamos cinco en avanzada, se llevaba el dinero en efectivo, se repartía y luego se liquidaba, Pero le soy sincero, no recuerdo haber recibido tal cantidad ($23,000). Me parece demasiado alto”, explicó Hernández.

Por el uso ilegal de un total de 300 millones de dólares fueron sentenciadas a cárcel y a la devolución de sumas millonarias, además de Antonio Saca, otras seis personas: el exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank; el expresidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados César Funes; y tres empleados de la Presidencia, que recibieron penas similares o mayores incluso que la del presidente y sus altos funcionarios.

 

Envíos al extranjero

El Faro recibió junto con los cheques otros documentos originales del Banco Hipotecario (cheques de gerencia, notas de abono y notas de cargo por $2.4 millones; y constancias de $2.5 millones más en transferencias cablegráficas a cuentas extranjeras) que añaden desembolsos por $4.9 millones a los $118.8 contenidos en los cheques, hasta sumar $123.7 millones.

Un cheque de gerencia es un documento emitido en una sucursal bancaria ante la solicitud formal de un cliente, sin importar si este posee un talonario propio de una cuenta corriente. La diferencia sustantiva entre un cheque normal de talonario y uno de gerencia es el emisor: en el primer caso, es el titular de una cuenta bancaria específica; en el segundo, es el gerente de cualquier sucursal bancaria quien queda consignado como emisor.

Durante el proceso contra Saca y allegados, los peritos de la FGR determinaron que se realizaron tres transacciones en las que se emitieron cheques de gerencia por un total $606,000 desde las cuentas de Rodríguez Arteaga en el Banco Hipotecario. Ante la falta de copias de los cheques en cuestión, la Fiscalía solo pudo identificar dos destinatarios a partir de las cartas de solicitud de emisión de cheques de gerencia recibidas por el banco. La información original obtenida por este periódico revela más detalles que no constan en la investigación oficial.

Además de las solicitudes de emisión de cheques de gerencia, en el legajo de documentos había información en comprobantes originales de notas de débito y notas de cargo. En estos documentos está registrada la emisión de al menos 278 cheques de gerencia consignados en 21 comprobantes, por un monto total de 2.4 millones de dólares.

Entre sus destinatarios destacan tres transferencias a empresas del expresentador de televisión Jorge Hernández y su familia. Actualmente, Hernández está siendo procesado por lavado de dinero, pero la Fiscalía no ha dado avances sobre ese caso. Las empresas Unicentro, de la que Hernández es propietario, y Marketing and Service, propiedad de su esposa, recibieron un total de $450,000 en cheques de gerencia en tres transacciones de $150,000 cada una hechas entre el 27 de marzo y el 12 de junio de 2008, cuando Hernández era aún el principal entrevistador de Frente a Frente, el programa matutino de la Telecorporación Salvadoreña, televisora de la que era además Vicepresidente de Noticias.  

Hay también solicitudes de cheques de gerencia a nombre de monseñor Fernando Saénz Lacalle y monseñor Romeo Tovar Astorga. El primero fungió como arzobispo de San Salvador entre 1995 y 2008. Astorga fue obispo de Santa Ana hasta 2016. Actualmente, ambos están retirados de funciones por su avanzada edad.

También, desde las cuentas de Rodríguez Arteaga en el Banco Hipotecario fueron transferidos $262,000 al extranjero en distintos conceptos declarados y hacia diversos destinatarios. Entre ellos figuran al menos dos compañías estadounidenses que proporcionan entrenamiento en simuladores de vuelo y mantenimiento de aeronaves: Helicopter Textron Inc. y FlightSafety International. También hay constancia de  transferencias por $118,000 a las empresas Executive Jet Management y Hop-A-Jet WorldWide Jet Charter, que prestan servicios de alquiler de helicópteros y jets privados.

Figura además un pago del 18 de julio de 2008 por $14,000 al hotel Ritz-Carlton, frente al Parque Central de Nueva York (Estados Unidos), donde el precio por noche oscila entre los $1,000 y los $6,000.

Hubo también transferencias a firmas de abogados con sede en Florida (Estados Unidos) y en París (Francia) y a consultores financieros y legales en México que suman $846,000. En este rubro destacan $22,000 enviados en una sola transferencia a los diseñadores de moda colombianos Ayerbe & Quintana. Se trata de la misma firma que elaboró, según notas periodísticas, los trajes con los que en el predecesor de Saca, el expresidente Francisco Flores, y su esposa Lourdes de Flores asistieron la boda del príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock en julio de 2011.

Entre los documentos obtenidos por este periódico existen comprobantes de transferencias cablegráficas de las cuales no es posible determinar el destino, porque solo registran el monto. Esas transferencias suman $1.2 millones.

Cheques para los obispos

Los registros del Banco Hipotecario dejan constancia de pagos provenientes de la partida secreta a miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Dos obispos cobraron sin que se registrara la razón del pago, un total de $6,000 cada uno entre 2007 y 2008.

El 26 de julio de 2007, el entonces obispo de Santa Ana, Romeo Tovar Astorga, recibió de las cuentas de la partida secreta en el Banco Hipotecario un cheque de $3,000. El 22 de julio de 2008, quedó constancia de que le entregaron otro por el mismo monto. Fernando Sáenz Lacalle, entonces arzobispo de San Salvador, recibió el 19 de julio de 2007 un cheque por $3,000, y el 14 de julio de 2008 otro por la misma cantidad.

Uno de los condenados que guarda prisión en el sector nueve del penal La Esperanza, conocido como Mariona, habló con El Faro a cambio de ocultar su identidad. Explicó, a través de su abogado, que los pagos hacia estos dirigentes de la iglesia eran un “complemento”, concepto que usaban en Casa Presidencial para referirse a los sobresueldos, dinero en efectivo que no se declaraba y que complementaba el salario formal de los funcionarios. Ese mismo término se usaba para designar pagos del Ejecutivo a personas ajenas a la función pública. “Son sueldos como de pensión por ser capellanes del Ejército. También hubo pagos en efectivo”, dijo la fuente, que participó en la distribución de estos fondos. Fuentes aseguran que tanto Tovar Astorga como Sáenz Lacalle fungieron en algún momento, en décadas pasadas, como capellanes castrenses, y aseguran que se mantiene como costumbre en Casa Presidencial seguir realizando algunos pagos de "complemento" a pesar del paso de los años.

Sáenz Lacalle ejerció como arzobispo metropolitano de San Salvador entre el 13 de mayo de 1995 y el 27 de diciembre de 2008. Es la segunda vez que su nombre y el del Arzobispado aparecen como destinatarios de dinero público entregado sin fiscalización por Casa Presidencial. El 20 de diciembre de 1995, cuando el presidente era el también arenero Armando Calderón Sol, quedó registrado en los “Libros de la Partida Secreta” la emisión de un cheque por 5 millones de colones ($571,428) a favor de “la Iglesia Católica, Arquidiócesis de San Salvador”. Esos libros eran un registro manual e informal que se llevaba en aquel entonces por empleados de la Presidencia para llevar control del dinero que entregaban a diferentes personas y entidades.

Entre el 6 y el 11 de septiembre, El Faro envió correos e hizo llamadas al Arzobispado de San Salvador y a la Conferencia Episcopal para solicitar una explicación sobre por qué obispos recibieron fondos públicos de la partida secreta, y para conocer si la Iglesia Católica sabía y repite esta práctica. La respuesta dada en el Arzobispado por una secretaria fue que era mejor dirigir las interrogantes a la Conferencia Episcopal. “Mire él (Sáenz Lacalle) está delicado de salud y no creemos que sea oportuno pasar el mensaje”, explicó. En la Conferencia Episcopal, otra secretaria respondió que monseñor Fabio Colindres es el único vocero autorizado para hablar del tema, pero que está fuera del país y no podía responder a las interrogantes.

Sáenz Lacalle solía elogiar algunas de las medidas de la administración Saca, y se caracterizó por ser conservador en sus posiciones y poco dado a la polémica en temas políticos. "Creo que es buena la medida y que todos hagamos también un esfuerzo de austeridad para evitar gastos inútiles y superfluos cuando hay tanta pobreza", dijo en la misa dominical del 15 de mayo de 2005, según registró en una nota la Agencia EFE. Días antes, Saca había anunciado algunas medidas de austeridad en su gobierno. A inicios de 2009, Saca le entregó la orden nacional José Matías Delgado, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata. "La más alta distinción que nuestro país otorga a los ciudadanos que se han identificado profundamente con las necesidades de nuestra gente", dijo el expresidente en la ceremonia de entrega.

La administración Saca también usó fondos de la partida secreta para patrocinar a una fundación católica: la Asociación Ágape de El Salvador. El 22 de abril de 2008, entregó $6,000 del dinero de los salvadoreños en concepto de patrocinio de la Presidencia al 11º. Banquete del Amor ÁGAPE-2008. El Faro solicitó justificantes de ese pago a la oficina de comunicaciones de ÁGAPE. “Cada patrocinador del  banquete tiene derecho a que se incluya su marca en promocionales del evento en radio y televisión”, contestó la encargada de comunicaciones de la asociación este martes 11 de septiembre, vía correo. En la respuesta adjuntan copias de los promocionales, en los que figura Presidencia como patrocinador del evento a través del cual recogen fondos para los hogares de ancianos que administra dicha asociación.

La cercanía de la Fundación Ágape, liderada por el religioso católico Flavián Mucci, con gobiernos de Arena tiene antecedentes importantes. En 1998 la Fundación recibió como regalo del gobierno de Calderón Sol, sin ningún tipo de licitación o justificación legal, la asignación de la frecuencia del Canal 8 de televisión.

El millón secreto para la oenegé de Ana Ligia de Saca

“La calidad de vida de la familia salvadoreña mejorará sustancialmente cuando logremos romper la espiral de la violencia (…) Lograrlo no puede ser solo responsabilidad de las instituciones, tiene que participar activamente la ciudadanía”, dijo Saca el primero de junio de 2004, cuando juramentó como Presidente de la República. Tres meses después de aquel discurso, Saca entregó un cheque de $17,142.86 de la partida secreta a una organización no gubernamental que decía trabajar en proyectos a favor de los salvadoreños: la Asociación Familias en Progreso, una oenegé que presidía su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, que aun después de la condena de su marido enfrenta un proceso por lavado de dinero.

La Asociación Familias en Progreso recibió en total, durante el gobierno Saca, $1.5 millones de dinero público, pero apenas un 30% de ese dinero quedó registrado en la contabilidad de Casa Presidencial. Oficialmente, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia registra que la oenegé de la exprimera dama recibió 20 cheques que suman $468,426.76, en concepto de donación. El dinero salió de dos cuentas del Tesoro Público, una en el banco Cuscatlán y otra en el Agrícola. Ese es, por así decirlo, el flujo formal registrado.

El expresidente Saca escucha a su abogado Mario Machado minutos antes ser condenado a 10 años de cárcel. 12 de septiembre de 2018. Foto: Fred Ramos
 
El expresidente Saca escucha a su abogado Mario Machado minutos antes ser condenado a 10 años de cárcel. 12 de septiembre de 2018. Foto: Fred Ramos

Pero en 2007, según consta en los cheques originales que El Faro analizó, la Asociación Familias en Progreso comenzó a recibir dinero público por partida doble. Recibía donaciones que quedaban registradas en el presupuesto y al mismo tiempo recibía dinero a escondidas proveniente de la partida secreta. Por ejemplo: El 5 de octubre de 2007 el gobierno donó a la oenegé de la exprimera dama $22,479 dólares que quedaron registrados en la contabilidad oficial; dos semanas más tarde, el 19 de octubre de 2007, la oenegé recibió debajo de la mesa otro cheque, del Banco Hipotecario, por un monto de $65,000. Ese dinero provenía de la partida secreta.

Entre el 19 de octubre y el 10 de diciembre de 2007 la Asociación Familias en Progreso recibió tres cheques más por un monto de $65,000 cada uno. En 2008, la organización recibió otros 12 cheques por la misma cantidad. El último cheque documentado por El Faro data del 24 de febrero de 2009, cuatro meses antes de que Saca saliera del cargo, y es por el mismo monto que los anteriores.

Los cheques fueron cobrados por compensación (depositar o cobrar un cheque en un banco distinto del emisor) en una agencia del Banco de América Central ubicada en la colonia Escalón, y depositados en una cuenta de la oenegé. Al revisar el reverso de los cheques, no aparece el número de documento de identidad de la persona que realizó el trámite de cobro, como tradicionalmente lo exigen los bancos. Lo único que aparece es un sello en el que se lee: “Asociación Familias en Progreso Dirección Ejecutiva”.

El Faro revisó 17 cheques que la Asociación Familias en Progreso recibió de la partida secreta entre el 19 de octubre de 2007 y el 24 de febrero de 2009. La oenegé que presidía Ana Ligia de Saca recibió en ese periodo $1.1 millones desde una cuenta del Banco Hipotecario registrada a nombre del contador Rodríguez Arteaga. No hay registros de cómo la organización utilizó ese dinero.

La última dirección conocida de Familias en Progreso es ahora ocupada por la Secretaría de Inclusión Social. La oenegé de la exprimera dama ejecutó proyectos junto a la Secretaría Nacional de la Familia, dirigida también por Ana Ligia de Saca, y predecesora de la actual Secretaría. El Faro preguntó a la oficina de la Secretaría de Inclusión Social si existen documentos de la organización de la esposa de Saca. La empleada a la que designaron para responder afirmó que no tienen registros de dicha oenegé. Aquella entidad se esfumó.

El Faro también buscó a la exprimera dama para que diera explicaciones. Ana Ligia de Saca es procesada actualmente por el delito de lavado de dinero y enfrentará una audiencia el próximo mes de noviembre. Su abogado defensor, Miguel Ángel Flores Durel, dijo a este periódico que los desembolsos a la oenegé no fueron investigados en la pericia que ordenó el juez y que no forman parte de la acusación de la Fiscalía, y que por lo tanto prefería no comentar sobre el tema. Se limitó a decir que pedirá el cierre del caso a favor de la exprimera dama.

La acusación que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado Séptimo de Instrucción hace la siguiente referencia al dinero que recibió la Asociación Familias en Progreso: “El dinero no fue registrado en Casa Presidencial como producto de donaciones, fue realizado al margen de la ley y no existió control alguno sobre el uso del mismo (por parte de la Corte de Cuentas)”.

Ana Ligia de Saca fue presidenta de la Asociación Familias en Progreso desde junio de 2004 hasta mayo de 2009. Según un informe de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, la oenegé fue creada en 1994, durante el gobierno de Armando Calderón Sol, con el nombre de Bienestar Familiar. En 1999, el gobierno de Francisco Flores la renombró como Asociación Familias en Progreso; la presidía la exprimera dama Lourdes de Flores. Era, pues, la organización de las primeras damas.

Pablo Gómez, la última pista de 85 millones

La mayoría de los cheques a los que accedió El Faro, 1,691 que suman $85.2 millones, fueron cobrados por Pablo Gómez, un empleado público al que varios de sus compañeros llegaron a describir como un "motorista de confianza" de los secretarios privados de diferentes presidentes, incluido Saca. Gómez trabajó en su cargo dentro de Presidencia desde 1994 hasta su arresto en 2016. Es decir, fue empleado de Capres desde la administración del arenero Calderón Sol hasta la del efemelenista y actual presidente Salvador Sánchez Cerén. Este contador es el primero en el ranking de personas que cobraron cheques del Banco Hipotecario. También recibió la mayor condena en la sentencia judicial del miércoles 12 de septiembre.

Su trabajo consistía en cambiar cientos de cheques por dinero en efectivo. Millones de dólares que, a lo largo de los meses, metía en maletines y llevaba a la oficina de su jefe, el también contador Rodríguez Arteaga, que trabajó en la Unidad Financiera de la Presidencia desde 1989, bajo la presidencia del arenero Alfredo Cristiani, y que desde 1994 tuvo el cargo de jefe de esa unidad hasta su arresto en 2016.

Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia y Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, en el quinquenio del presidente Elías Antonio Saca. Durante la audiencia inicial, el 3 de noviembre de 2016, acusado del delito de peculado. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia y Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, en el quinquenio del presidente Elías Antonio Saca. Durante la audiencia inicial, el 3 de noviembre de 2016, acusado del delito de peculado. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

El salario oficial del contador Gómez nunca sobrepasó los $1,500 al mes. Se transportaba en un microbús Nissan Vanette de 1988, cuyo costo en el mercado actual ronda los $2,500. Vivía en una modesta casa en Santa Tecla que financió el Fondo Social para la Vivienda y, debido a su delgadez, sus amigos cercanos lo conocen con el sobrenombre de "Viento".   

Gómez sacó del Banco Hipotecario durante la administración Saca, por orden de su jefe, $85 millones en efectivo, cuyo rastro se ha perdido. Uno de los abogados de Saca, Mario Machado, según una publicación de Revista Factum, afirmó que alrededor de $50 millones de la partida secreta de su defendido se utilizaron para pagar sobresueldos a funcionarios y otras personas. El dinero para esos pagos lo sacaba del banco Gómez. En marzo de 2013, este periódico publicó un reportaje sobre el pago de un complemento salarial en efectivo, en billetes de 100 dólares y sin pagar impuestos, a ministros, viceministros y otros cargos medios del gobierno de Saca. Esa práctica no se dio solo durante las administraciones de Arena. En noviembre de 2016, María Isabel Rodríguez, entonces ministra de Salud del gobierno del efemelenista Mauricio Funes, admitió que recibía sobresueldos al igual que otros funcionarios.

Una persona que fue testigo de la entrega durante años de este complemento ilegal, y que habló con El Faro bajo condición de anonimato, confirma que una parte del dinero que Gómez sacaba del Banco Hipotecario iba a ese rubro: “Viento llegaba a la oficina con maletas de cuero volteado, casi más grandes que él, de esas que uno compra de emergencia para viajar, ahí llegaba el dinero. Se lo entregaba a don Fran (Rodríguez Arteaga), y ahí en su oficina es que lo metían en máquinas de contar billetes”. Gómez es, pues, el último rastro del dinero. Cobraba cheques de distintas cuentas bancarias de la partida secreta, llenaba con dinero en efectivo bolsas que llevaba a las oficinas principales de Casa presidencial, a un par de puertas del despacho del Presidente de la República, y ese dinero luego se repartía sin dejar comprobantes formales, de mano en mano.

Rodríguez Arteaga era el encargado de armar los paquetes que se entregarían a diversos destinatarios. “El secretario (privado de la Presidencia, Charlaix) le entregaba (a Rodríguez Arteaga) unas hojas de papel bond con nombres de personas y montos. Don Fran metía en sobres de manila el dinero en efectivo que le ordenaba organizar el secretario. A veces entregaba él, y a veces entregaba el secretario”, cuenta el testigo a El Faro.

Gómez y Rodríguez Arteaga eran personajes claves, pero los de más bajo rango en la maquinaria que asistía a los presidentes para el manejo discrecional de millones de dólares. Estos dos empleados públicos se han defendido argumentando que solo siguieron órdenes sin tener ningún poder de toma de decisiones ni beneficio económico del saqueo. La Fiscalía logró condenarlos sin presentar pruebas de que ninguno de los dos se haya enriquecido. Los condenaron por lavado de dinero, por haber cumplido roles dentro del sistema de retiro de dinero en efectivo y repartición de éste a terceros.

 

Los 230 cheques para la maquinaria publicitaria

Ocho agencias de publicidad recibieron $10 millones en cheques del Banco Hipotecario emitidos entre el 14 de junio de 2007 y el 4 de abril de 2009. La empresa que más se benefició de estos fondos de la partida secreta fue América Publicidad. Esta empresa recibió $2.6 millones que fueron transferidos entre el 17 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009 a través de 105 cheques.

Junto con América Publicidad aparecen también ANLE y Funes y Asociados. A estas tres agencias la Fiscalía las acusa de participar en el esquema de lavado de dinero del expresidente Saca. La audiencia contra ellas será en noviembre. Sin que existieran contratos, recibían fondos públicos de la partida secreta y los triangulaban, luego de quedarse una parte, hacia las empresas radiales del expresidente Saca, según la versión fiscal ratificada por el expresidente en su confesión.

El 16 de febrero de 2017, la Fiscalía acusó a los publicistas Rolando Alberto Durán Acevedo (América Publicidad), José Antonio Armando Lemus (ANLE Publicidad) y Gerardo Antonio Funes Durán (Funes y Asociados) de lavar dinero. Gerardo Funes es hermano del expresidente de Anda César Funes. En los registros del Banco Hipotecario consta que ANLE recibió, entre el 16 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009, 20 cheques que suman $2 millones; Funes y Asociados recibió, entre el 19 de junio de 2007 y el 10 de diciembre de 2007, 30 cheques por un total de $750,000.

En los cheques de la partida secreta analizados por El Faro aparecen otras agencias de publicidad. La Corporación Redes recibió, entre el 9 de julio de 2007 y el 3 de diciembre de 2008, 52 cheques por un total de $345,000. Esta empresa pertenecía a William Hándal, exministro de Hacienda de la administración Saca, quien falleció en julio de 2017.

La empresa Receptor Comunicación Integrada, de Manuel Meléndez, recibió $1.17 millones. Meléndez ha participado en las campañas electorales que llevaron a candidatos areneros a la presidencia desde 1989. Fue jefe de campaña del actual diputado Norman Quijano cuando este ganó la comuna capitalina en 2009.

Otra empresa publicitaria que aparece como receptora de fondos de la partida secreta durante el gobierno de Saca es Campaña S.A de C.V. Esta empresa fue el resultado de una alianza entre dos zares de la publicidad, Juan Federico Salaverría y Enzo Bianchi, que en 2003 se unieron para gestionar la campaña electoral del partido Arena de cara a las presidenciales de 2004. Salaverría es presidente de la agencia Publicidad Comercial; Bianchi, de Molina Bianchi y Asociados.

Salaverría y Bianchi dieron una entrevista a El Faro el pasado martes 11 de septiembre. En ella confirmaron que el primer contrato de Campaña S.A. de C.V. fue con la candidatura de Arena en 2004, que llevó a Antonio Saca a la presidencia. Admiten que, tras el triunfo de Saca, sus respectivas empresas recibieron contratos de publicidad de Casa Presidencial, pero explican que Campaña no contaba con uno de los requisitos que la industria de la publicidad exige para pautar en medios de comunicación: una fianza.

Por eso, alegan, al principio la empresa que cobraba por servicios de publicidad a la Presidencia de Antonio Saca era Bianchi y Asociados, aunque Campaña S.A de C.V. fuera, dicen, la que prestaba los servicios. “Al inicio, hubo la necesidad de facturar a nombre de Molina Bianchi hasta que Campaña fuera reconocida como agencia de publicidad con derecho a crédito en los diversos medios del país, y comenzara a prestar los servicios de publicidad política en forma directa a entidades de gobierno”, dicen Bianchi y Salaverría. Cuando se les pidieron comprobantes que justificaran los cheques entregados (contratos, procesos de licitación, etc), contestaron: “no poseemos en nuestros registros dichos contratos. Sin embargo, fueron entregados por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a la Fiscalía General de la República”.

En un peritaje presentado durante el juicio contra Saca, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de Capres aseguró sin embargo que Campaña recibió entre 2004 y 2009 un total de $3.1 millones sobre los que no hay documentos de justificación, y que por tanto fueron negociados al margen de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Ese dinero salió, según el peritaje de la Fiscalía, de cuentas del Citibank y del Hipotecario. Las cuentas del Hipotecario estaban a nombre de Rodríguez Arteaga.  

Según los documentos que tuvo El Faro, la agencia de publicidad Molina Bianchi recibió tres cheques del Banco Hipotecario, por un total de $828,000; y Campaña S.A de C.V recibió 13 cheques, por un total de $2.17 millones de la partida secreta.

Salaverría y Bianchi entregaron a El Faro un listado extenso de los servicios que la agencia Campaña prestó a la Presidencia entre enero de 2007 y mayo de 2009. Entre ellos está la campaña de publicidad lanzada en enero de 2007 por el Ejecutivo al cumplirse los dos años y medio de gestión de Saca. Luego, en mayo de 2007, Campaña produjo, según sus propietarios, comerciales sobre la prórroga del Tratado de Protección Temporal (TPS), así como otras campañas. Pese a la abundante información entregada, y el ofrecimiento de mostrar facturas por estos servicios, los publicistas no pudieron presentar contratos que justificaran la entrega de los cheques de la partida secreta.

Los dos publicistas niegan en todo caso la versión del testigo protegido de la Fiscalía, Prometeo, que confesó haber participado en acuerdos con el expresidente Saca para recibir pagos por servicios de publicidad a cambio de triangular fondos públicos a las radios del Grupo Samix, propiedad de Saca. Prometeo dijo que al menos diez agencias de publicidad participaron en este esquema de lavado de dinero, e incluyó en el listado a Campaña S.A de C.V.  

“Categóricamente expresamos que no. Nunca se realizó ningún pago (desde Campaña S.A. de C.V.) a las radioemisoras y/o sociedades que conformaban Grupo Samix”, contestaron Bianchi y Salaverría a El Faro por escrito.

Apex BBDO, cuyo propietario es Sherman Calvo, también recibió dos cheques del Banco Hipotecario que suman algo más de $200,000. El Faro pidió a Calvo la documentación que respalda esos pagos. Calvo era, hasta inicios de este año, director de información del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido Arena. Su oficina mostró documentos de una licitación conjunta de Capres y el Ministerio de Seguridad por $250,000, que coincide con las fechas del pago.

Los nombres que no resaltaron en el juicio

Francisco Suriano Siu (hijo) es uno de los nadadores olímpicos más reconocidos del país. El día que se retiró de la natación, en diciembre de 2008, el entonces candidato presidencial de Arena, Saca, llegó a un evento para dar unas palabras. Lo calificó como “un gran amigo”. Hoy, Suriano es dirigente y vocero de Grupo Ferromax, una corporación conocida comercialmente como Galvanissa, el proveedor más grande de hierro, lamina y techos del país, con inversiones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue fundada por Francisco Suriano Siu (padre). El exnadador es socio y directivo de la empresa.

Galvanissa recibió 54 cheques del Banco Hipotecario provenientes de la partida secreta que suman $1.6 millones. La empresa está en el ranking de los diez destinatarios de estos cheques que recibieron más dinero de la partida secreta de saca a través de este banco.

La empresa recibió cheques de entre $15,000 y $45,000 entre enero de 2008 y enero de 2009, casi de forma mensual. Aunque Galvanissa aparece en múltiples cheques de los que tuvo en poder El Faro, en el peritaje financiero de la Fiscalía no está en el mapa de investigados.

El jueves 6 de septiembre, El Faro llamó en dos ocasiones a los teléfonos de la oficina de Suriano hijo para pedirle explicaciones. Su asistente aseguró que estaba de viaje, pero que había anotado las preguntas: ¿Por qué recibió pagos y cheques de la Presidencia siendo una empresa privada de construcción? ¿Tiene documentos que respalden la razón de dichos cheques? Su asistente también tomó nota del nombre del periodista de El Faro y del número de teléfono al que Suriano podía responder. El pasado lunes 10 de septiembre, El Faro escribió un correo personal a Suriano para pedir de nuevo su versión. Seis días después de la primera petición, y a unas horas de la publicación de este material, un abogado habló en representación de Galvanissa y aseguró que tenía certeza de que todas las actividades de la empresa que representa estaban respaldadas por documentos. El Faro preguntó por contratos que justificaran el dinero público entregado por la Presidencia de Saca y el abogado respondió que lo mejor sería pactar una reunión en los próximos días.   

El secretario de la juventud que confesó sus sobresueldos

Durante la audiencia del tramo final del juicio contra Saca, ocho exfuncionarios de su administración admitieron a la Fiscalía que, mientras estuvieron en sus cargos, recibieron sobresueldos mensuales que eran pagados con fondos de Casa Presidencial y entregados en la oficina del exsecretario privado de la Presidencia, Charlaix. Algunos de los funcionarios reconocieron que nunca declararon ese dinero al Ministerio de Hacienda, porque esa era la directriz desde Presidencia.

Carlos Alemán, secretario de juventud durante una parte de la gestión de Saca, aparece como uno de los cinco principales receptores de cheques del Banco Hipotecario que El Faro revisó. Recibió 88 cheques que suman $2.4 millones.

En su defensa, durante su comparecencia ante la Fiscalía, alegó que parte de esos fondos eran sobresueldo.  

Alemán trascendió a la esfera pública tras la Cumbre Iberoamericana de la Juventud celebrada en el país en 2008, cuando violó la política de austeridad anunciada paradójicamente por la administración Saca y autorizó pagos a precios inexplicables para promocionar la cumbre. Por ejemplo, pagó $35,000 por hojas volantes cuyo precio de mercado no sobrepasaba los $1,000.

En mayo de este año, Revista Factum publicó una parte del testimonio de Alemán ante los fiscales. Admitió que recibía una prestación adicional de $2,500 a su salario, ya que no tenía asignado ningún vehículo, combustible ni celular “que tenían los otros funcionarios regularmente”. Explicó que ese dinero lo recibió a través de cheques “los primeros cuatro o cinco meses”, porque después se lo entregaron “en efectivo” desde la Unidad Financiera, administrada por Rodríguez Arteaga. Esa explicación no alcanza para cubrir los $2.4 millones recibidos, según constató El Faro, solo en cheques del Hipotecario.  

Alemán asumió como secretario de Juventud el 20 de  junio de 2007. Dijo a la Fiscalía que su sobresueldo era de $2, 500 dólares, y trabajó 47 meses en el cargo. Es decir, presuntamente recibió sobresueldos por $117,000, de ser cierta su versión. Alemán también justificó ante los fiscales que la Secretaría de Juventud pagó deudas pendientes de proveedores con dineros que provenían de la Unidad Financiera, bajo orden de Charlaix. Es decir, dinero para el mantenimiento de la institución. Sin embargo, en el documento fiscal no aparece una cifra exacta de lo que según Alemán se destinó para la institución.

Recibió su primer cheque del Banco Hipotecario el 28 de junio de 2007, de $14,758. El 3 de diciembre de 2008, a un mes de las elecciones presidenciales, Alemán cobró en un solo día tres cheques de $50,000. Casi todos los cheques cobrados tenían su firma como endoso.

El Faro llamó al celular de Alemán en tres ocasiones y dos días distintos. Este lunes 10 de septiembre, contestó su teléfono y escuchó la petición de entrevista. Luego, sin decir una palabra, colgó.

Alemán es hoy parte de la estructura del partido Gana en el departamento de San Salvador, y estuvo en el grupo de dirigentes departamentales que se reunieron con el candidato presidencial, Nayib Bukele, el pasado siete de agosto. “Reunión del Directorio Departamental Ampliado de San Salvador, estableciendo lineamientos para el trabajo hacia EL TRIUNFO 2019 con nuestro líder @GGallegos24 y nuestro Candidato a la Presidencia @nayibbukele. UNIDOS POR EL SALVADOR”, escribió en su cuenta de twitter.

Durante declaraciones a la prensa este miércoles 12 de septiembre, los fiscales que llevaron el caso Saca aseguraron que el juicio ha dejado muchas puertas abiertas y que continuarán explorando la posibilidad de presentar más acusaciones, aunque no especificaron contra quién o quiénes.