El Salvador / Impunidad

El caso San Blas sigue a la deriva

Este lunes 24 de septiembre debió haber comenzado la repetición del juicio por el ‘caso San Blas’, el fragmento judicializado de la masacre cometida en marzo de 2015 por ocho policías del extinto GRP, el grupo élite desarticulado tras el asesinato de la agente Carla Ayala. Sin embargo, y ante la explícita incomodidad del juez, la vista pública se reprogramó porque los dos fiscales asignados arrastran problemas de salud desde hace meses, y la Fiscalía aún no ha nombrado a sus sustitutos.


Lunes, 24 de septiembre de 2018
Roberto Valencia

—Vamos a tener que aplazar esta audiencia –dice F. Castillo.

F. Castillo es juez en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, el juzgado que volverá a juzgar el ‘caso San Blas’, la más emblemática de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad salvadoreñas en la guerra contra las pandillas desatada en enero de 2015.

Son ya las 9:48 a.m. y ha pasado más de una hora desde que debió haberse instalado la audiencia. En la sala están los cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil, acusados de homicidio agravado; está su abogado, el cotizado José Manuel Cruz Azucena; están los empleados judiciales y el propio juez F. Castillo; está la seguridad privada; y están un periodista y una comunicadora. Pero en la sala no hay nadie que represente a la Fiscalía General de la República. El juez F. Castillo parece molesto.

—Esta es una circunstancia realmente irregular –ha dicho hace unos minutos–, porque se supone que existe una planificación de parte de la Fiscalía.

El juez F. Castillo se queja porque el viernes 21 de septiembre, con todo programado desde hace más de un mes, la Fiscalía envió un aviso en el que decía que ninguno de los dos fiscales asignados –Juan Antonio Reyes y Patricia Cecilia Fernández– podría asistir por problemas de salud. Y hoy, lunes 24, la Fiscalía ni siquiera ha enviado a un representante para excusarse o explicar.

La masacre de la finca San Blas ocurrió en marzo de 2015. La investigación periodística de la Sala Negra de El Faro que la destapó, en julio de 2015. El gobierno de Estados Unidos la incluyó en su reporte anual sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el mundo en abril de 2016. Fue después de que Washington se interesara que la Fiscalía se interesó, y abrió un caso por homicidio agravado, desechando las otras siete muertes ocurridas en la masacre. El juicio se celebró en septiembre de 2017, y otro juez del mismo tribunal tecleño –uno llamado Cruz Pérez Granados– estableció que uno de los ocho agentes del GRP presentes asesinó a Dennis Hernández Martínez, “quien no era pandillero sino empleado de la finca San Blas”, pero los absolvió porque la Fiscalía no pudo determinar quién entre los ocho hizo el disparo que acabó con la vida de un joven arrodillado y que suplicaba por su vida. La Fiscalía apeló a saber por qué, vista su displicencia durante el juicio. La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección de Santa Tecla declaró nula esa sentencia en abril de 2018 y ordenó repetirlo. La vista se programó para el 15 de agosto, pero la Fiscalía pidió una reprogramación por enfermedad de los dos fiscales, y se pasó para hoy, 24 de septiembre. Y ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo. De ahí la molestia del juez F. Castillo.

El abogado Cruz Azucena toma la palabra para sumarse a las críticas contra la Fiscalía y a los inconvenientes que genera lo que está pasando hoy. Apela a su agenda recargada de trabajo para las próximas semanas. Incluso ironiza con que, si fuera al revés, si él hubiera solicitado el aplazamiento por razones de salud, no le extrañaría que los fiscales hoy ausentes le hubieran enviado al personal de Medicinal Legal para verificar que en verdad estaba enfermo. Pero él no es así, dice. Al final, termina sus alegatos apelando a un dicho popular: ojalá a la tercera sea la vencida.

“En casos como este se supone que existe una planificación”, se ha lamentado el juez F. Castillo. Y cabal, en el remake del caso San Blas, el juicio más emblemático por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad de El Salvador, la Fiscalía ni siquiera ha designado aún a los fiscales que representarán los intereses de las víctimas y de la sociedad, en un juicio que desde hace cinco meses se sabe que tendrá lugar.

Los problemas de salud de los fiscales Juan Antonio Reyes y Patricia Cecilia Fernández son graves y los arrastran desde hace meses. Reyes tuvo un colapso en otro juicio celebrado en julio, por otra masacre cometida por otros agentes del GRP.

Pero acá, en esta sala de audiencia de los juzgados de Santa Tecla, poco más se puede hacer ahora. El juez F. Castillo anuncia que enviará una prevención a la Fiscalía para que designe fiscales “en 72 horas” y reprograma el juicio para la semana el 29 de octubre, cuando la agenda laboral de Cruz Azucena está más despejada.

¿Y los cinco agentes procesados (los otros tres que participaron en la masacre de San Blas se dieron a la fuga a mediados de 2016)? Ellos seguirán libres con dos únicas medidas cautelares: una, no salir de El Salvador; y dos, no acercarse a las víctimas ni a los testigos.

Los cinco exgeerrepés están acusados de homicidio agravado, y la Justicia ya concluyó que el joven Dennis Hernández Martínez fue ejecutado (“Doy por probado que en la finca San Blas hubo una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria”, sentenció el juez Pérez Granados); sin embargo, Cruz Azucena alega arraigo laboral para justificar que no hay peligro alguno de fuga.

Cuatro de ellos todavía trabajan en la Policía Nacional Civil, y el quinto, detalla Cruz Azucena, ha logrado colarse en la planilla de la Asamblea Legislativa. Mientras esperan el juicio en el que se decidirá si son condenados por asesinar a un trabajador de una finca, están cobrando del Estado salvadoreño para garantizar la seguridad a los salvadoreños.

Contra la baranda, los cinco agentes del ya extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil procesados por el homicidio agravado de Dennis Martínez, trabajador de la finca San Blas, en una imagen tomada durante el juicio celebrado en septiembre de 2017. Foto archivo El Faro.
Contra la baranda, los cinco agentes del ya extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil procesados por el homicidio agravado de Dennis Martínez, trabajador de la finca San Blas, en una imagen tomada durante el juicio celebrado en septiembre de 2017. Foto archivo El Faro.

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.