El 27 de Septiembre, la lucha de 12 años en defensa del agua en El Salvador tomó un salto estratégico cuando la Iglesia Católica, junto con las iglesias protestantes 'históricas', la Universidad Centroamericana (UCA), parroquias, organizaciones comunitarias, ambientalistas y movimientos sociales tomaron las calles en una manifestación clara de unidad. Marcharon juntos, con propuestas y demandas consensuadas, a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de una Ley General de Aguas y una reforma constitucional que reconozcan al agua como bien público y como derecho humano de todos y todas. Fue una muestra poco usual de fuerza social y de una frustración acumulada y ampliamente compartida frente a más de una década de negación por parte de las grandes empresas y los legisladores de derecha de escuchar el clamor del pueblo y tomar medidas concretas para proteger el derecho al acceso al agua a la población.
De acuerdo con expertos nacionales e internacionales, El Salvador enfrenta una situación de estrés hídrico en la que la disponibilidad de agua dulce se está volviendo cada vez más escasa e insuficiente para satisfacer la demanda de un pueblo con sed. Un estudio realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), publicado en 2016, concluyó que el país tiene una esperanza de vida de solo 80 años si no se mejora la gestión del agua. Las causas de la crisis son numerosas y complejas, incluyendo una historia de contaminación y sobreexplotación por parte de las grandes empresas y otros actores sociales debido a la falta de políticas, programas e instituciones responsables de la buena gobernanza.
El debate sobre la gestión del agua en El Salvador se ha enfocado principalmente en el tema de institucionalidad, específicamente del ente rector donde tomarán las decisiones estratégicas relacionadas con el sector hídrico (aprobación de la política nacional del agua, aprobación de planes y estrategias nacionales, definición de prioridades de uso, aprobación de tarifas, etc.). Las grandes empresas, organizadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, insisten en que deberían tener el control del agua para defender sus intereses empresariales. Las iglesias, los movimientos sociales, las comunidades, la academia, la PDDH y un amplio espectro de otros actores insisten en que el agua es de todos, que es un bien público y un derecho humano fundamental y que el Estado debe controlar este recurso asegurando el acceso equitativo, eficiente y sostenible de la ciudadanía.
Se estima que más de 15,000 personas participaron en la marcha del día 27 durante la cual se entregaron más de 200 mil firmas a la Comisión Legislativa sobre Medio Ambiente y Cambio Climático exigiendo la aprobación del proyecto de Ley General de Aguas presentado por MARN en 2012 (propuesta basada en la propuesta del Foro de Agua de 2006), incorporando la propuesta de institucionalidad de la UCA presentada en 2017.
A la vez, se exige una reforma constitucional que reconoce el agua como un derecho humano básico con el grito: 'El agua no se vende, se cuida y se defiende'.
En la actual coyuntura electoral, es de esperar que todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa estén atentos al clamar de la población, pero 12 años de lucha han mostrado a la ciudadanía de El Salvador una falta preocupante de compromiso, capacidad y voluntad política de parte de sus legisladores para resolver los problemas más graves y amenazantes del país. A la vez, el juego de intereses del sector privado que ha venido bloqueando una solución duradera a la crisis grave de agua en El Salvador indica que la lucha seguirá siendo un reto grande.
