Hace un año, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, reveló en una entrevista en Esta Semana la advertencia que el papa Francisco le hiciera a los miembros de la Conferencia Episcopal, durante un encuentro en la Santa Sede. Tomen en cuenta, alertó Francisco, que si la Iglesia de Nicaragua mantiene su compromiso con el pueblo, denunciando la injusticia y diciendo la verdad, también será objeto de “espionaje, persecución y martirio”.
La campaña de ataques desatada contra monseñor Silvio Báez representa un nuevo capítulo de la bancarrota moral de la dictadura, en su persecución contra la Iglesia católica. Lo nuevo no es que criminalicen las opiniones del obispo sobre la protesta cívica, sino la orquestación de una campaña cuya peligrosidad no debe ser subestimada.
El comandante Ortega ha llegado al extremo de pretender endosarle a los obispos los crímenes y delitos que él mismo ha perpetrado, y por los cuales tarde o temprano tendrá que rendir cuenta ante la justicia, cuando termine este oscuro período de impunidad.
Llaman “asesinos” a los obispos, pero la CIDH de la OEA, el Alto Comisionado de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado que la matanza ha sido ejecutada por el Estado, y sus principales responsables son las máximas autoridades que ordenaron y dirigieron estos asesinatos.
Acusan a los obispos de “golpistas”, porque reivindican el derecho a la protesta cívica, pero el primer violador de la Constitución, el promotor del fraude electoral, el que demolió las instituciones, y el autor del único golpe contra el Estado democrático, ha sido Ortega, con la complicidad de sus magistrados-operadores políticos en los poderes del Estado.
Y en el colmo de la inmoralidad, la campaña de Ortega y Murillo ahora le atribuye a los obispos Báez y Álvarez, crímenes y abusos contra menores, cuando en Nicaragua todo mundo sabe que esta clase de delitos más bien han sido repetidamente cometidos por el “Supremo”, y se mantienen en la impunidad.
Los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez no necesitan que otros ciudadanos demos fe de su integridad, porque ésta se sostiene en el testimonio de sus vidas dedicadas al pueblo de Dios y a la Iglesia. Sin embargo, tenemos la obligación moral y política salir en defensa de su integridad física y los valores que representan, porque si no se pone freno a estos ataques de forma tajante, desembocarán en una escalada no solo contra los obispos, sino contra toda la Iglesia.
Báez y Álvarez representan un símbolo de coherencia y beligerancia de la Conferencia Episcopal. Anulándolos, pretenden matar el mensaje y al mensajero. Cuando la campaña oficial señala blancos de odio y siembra el fanatismo contra los obispos, significa que están creando condiciones para justificar los peores atentados contra la Iglesia. Así ocurrió en El Salvador, hace 38 años con el asesinato de monseñor Romero –ahora declarado San Romero de América por el papa– cuyo asesinato por los escuadrones de la muerte de D’Abuisson fue antecedido por un linchamiento político.
En esta Nicaragua que aún respira en medio del dolor de la represión, no podemos ni debemos tolerar impasibles una agresión con este nivel de peligrosidad. Defender a la Conferencia Episcopal, es también defender el derecho a la verdad y la justicia, en que se asienta el futuro de una Nicaragua en paz y democracia. Si la voz profética de los obispos se apaga, el país entero quedaría sometido al régimen de terror. En cambio, si la verdad de los obispos continúa resistiendo y desafiando al poder autoritario, la esperanza en el cambio pacífico prevalecerá.
La primera versión de este artículo fue publicada en Confidencial.
