La Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), dirigido por el exprecandidato presidencial del FMLN, Gerson Martínez, por una serie de irregularidades cometidas en la construcción de una estación de autobuses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). En los principales reparos contra la administración de Martínez (dirigió el MOP de 2009 a 2017) se perfila a una institución que avaló la entrega de millones de dólares por una 'obra defectuosa' que no cumplía con los requerimientos establecidos en el contrato suscrito entre el Estado y la empresa constructora.
Según un fallo emitido por los jueces de primera instancia Yanira Sotelo y Roberto Araniva, el MOP no practicó controles de calidad a los materiales ni a las obras de construcción realizados por la empresa CYNIMEX S. A. de C. V. La sentencia validó un peritaje técnico, el cual concluyó que 'la obra se encontró con un deterioro progresivo y abandonado'. Esta negligencia le costó al Estado más de $2 millones, cuya responsabilidad fue adjudicada al exministro Gerson Martínez; al viceministro de transporte, Nelson García; y a otros funcionarios del MOP: al gerente de la unidad ejecutora del Sitramss, Ricardo Olmos; al exadministrador del contrato, Miguel Medina; y al supervisor ad honorem de la unidad ejecutora del Sitramss, Miguel Palacios Hernández.
Según la Ley de la Corte de Cuentas, esos funcionarios y exfuncionarios deberán responder al Estado el reintegro de esos montos.
Este fallo que identificó irregularidades en la construcción de la Terminal de Integración de Soyapango es el primero en contra de uno de los proyectos insignia del primer gobierno del FMLN. El Sitramss implicaba la construcción de infraestructura vial para la libre circulación del transporte público entre los municipios de Soyapango y San Salvador, la compra de autobuses a un fabricante brasileño y el establecimiento de un sistema de cobro electrónico del pasaje de autobús a través de tarjetas. Aunque fue diseñada para crear un corredor hasta la ciudad de Santa Tecla, la primera fase solo alcanzó a llegar hasta la plaza al Divino Salvador de Mundo.
Antes de este fallo, que involucra la construcción de infraestructura, el proyecto había sido cuestionado por el opaco proceso de adjudicación del cobro electrónico de los pasajes a una empresa recién constituida, Subes El Salvador, una empresa con vinculación directa a dirigentes del FMLN, como José Luis Merino. Entre 2011 y 2013, Subes El Salvador recibió un préstamo de $13 millones de Subes Panamá cuyos directivos están relacionados con Alba Petróleos.
Por el momento, el ente contralor solo ha puesto la lupa sobre la adjudicación de una obra a una empresa que, según la cámara, no cumplió con controles de calidad en ese tramo del proyecto (que es la estación de inicio del Sitramss en el municipio de Soyapango). Según la CCR, en esa Terminal de Integración “existe suficiente evidencia (...), al haberse constatado que la administración pagó $2,303,304.57 (...) por una obra no apegada a los requerimientos técnicos contratados, ya que no exigió al Contratista un adecuado control de la calidad en la ejecución de cada una de las actividades detalladas”, dice el peritaje al que tuvo acceso El Faro.
Dos peritos al servicio de la Corte de Cuentas concluyeron que hubo irregularidades que tuvieron como resultado una obra con defectos de construcción. 'Se debió considerar toda la obra defectuosa dejada por el Contratista y establecer el monto para poder descontarlo de la liquidación', concluyeron los peritos y responsabilizaron a los dos titulares de la institución. “La Administración del Ministerio de Obras Públicas (MOPTVDU) no exigió al Contratista ejecutar la obra según lo establecido en los documentos contractuales”.
Entre las irregularidades están la compra de un ascensor de una marca que “no contaba con el respaldo en el país para su adecuado mantenimiento”, la construcción de un muro que colindaba con un centro comercial “sin contar antes con el diseño del muro” y “excavaciones de tuberías que quedaron erosionadas y otras con filtración”.
Los peritos también recomendaron a los dos jueces emitir una sentencia en contra de Gerson Martínez, Nelson García, Ricardo Olmos, Miguel Medina y contra otros dos funcionarios: el gerente legal del MOP, Marco Julio Iraheta, y contra el administrador del contrato de la unidad ejecutora del Sitramss, Boris Delgado García, por otro reparo que asciende a $107,000. Según el fallo, este monto debe ser restituido al Estado, debido a que llevaron a cabo pagos a otra empresa, en concepto de supervisión, cuando estaba establecido en el contrato que la empresa CYNIMEX S. A. de C. V. debía hacer este pago, no el MOP.
La sentencia también validó que Gerson Martínez, Nelson García, Ricardo Olmos y Marco Julio Iraheta Hernández deben devolver al Estado $47,261.88. En un inicio, la suma cuestionada era $ 740,375.30, pero los peritos desvanecieron las irregularidades detectadas. El MOP adjudicó un contrato a la empresa CIVIL VIAL S. A. de C. V. bajo el Número de Contrato No. 62/2014, denominado “Diseños y Construcción de los Muros de Colindancia: Norte, Sur y Poniente, y la Caja de Detención de Aguas Lluvias” por $ 740,375.30.
Esas obras ya estaban incluidas en otro contrato (Contrato No. 222/2012) y era la empresa CYNIMEX S. A. de C. V., la que las debía llevar a cabo. 'Esos diseños y obras debieron ser ejecutadas dentro del Contrato No. 222/2012 de CYMIMEX S. A. de C. V., mismas que fueron consideradas como base para justificar las prórrogas dos y tres del citado contrato, de las cuales solamente efectuaron excavaciones y al veinticuatro de marzo del año dos mil catorce -fecha de su finalización-, las obras se encontraban paralizadas'.
Luego de alegatos de las partes, los peritos lo rebajaron a $47,261.88, que deben ser restituidos al Estado por Gerson Martínez, Nelson García y otros funcionarios. 'Son cuestionados los servidores por haber efectuado, durante el año 2014, erogaciones de la Cuenta del Proyecto del Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Convenio de Préstamo BID 2572/OC-ES) a favor de la Empresa CIVIL VIAL S. A. DE C. V., pagando servicios por Ejecución de obras cuya responsabilidad de cancelación era imputable al contratista CYMIMEX S. A. DE C. V.'.
De $5 millones a $2.4 millones
Antes de la derrota electoral de marzo de 2018, Gerson Martínez, que fue ministro de Obras Públicas durante la administración de Mauricio Funes y estuvo en cargo hasta noviembre de 2017 en la administración de Salvador Sánchez Cerén, era el ungido por la cúpula del FMLN para competir en 2019 por la presidencia. Su candidatura cayó en desgracia tras la debacle electoral de marzo pasado y gracias a ello entró de relevo, a través de unas elecciones internas, el excanciller Hugo Martínez, en una maniobra del vicepresidente Óscar Ortiz. Pasadas las internas, Gerson Martínez aceptó ser el coordinador de la elaboración del plan de gobierno 2019-2024 que ofertará al electorado la fórmula presidencial del Frente, cargo que desempeña a la fecha.
Cuando era diputado, Martínez fue el artífice de una propuesta de ley de transparencia propuesta por el FMLN, que fue retomada en la construcción de una Ley de acceso a la información en la Asamblea Legislativa. En marzo de 2011, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la Ley de acceso a la información que recogió insumos de la propuesta del FMLN y de un segundo anteproyecto emanado desde la sociedad civil. Para entonces, ya como ministro de Obras Públicas, Martínez fue de los primeros funcionarios en el Ejecutivo que abanderaron e impulsaron la ley y su reglamento. Una de sus cartas de presentación siempre fue la transparencia en la gestión pública. 'Si es legal, correcto y posible, pase adelante', rezaba un rótulo a la entrada de su despacho en el MOP. Sin embargo, cuando aparecieron los primeros señalamientos contra el Sitramss, Martínez evitó pronunciarse sobre pagos de sobornos para la adjudicación del contrato del cobro de pasaje del Sitramss a la empresa Subes El Salvador.
El juicio -sentenciado por los jueces así- por la 'deficiente ejecución del proyecto' de la Terminal de Integración de Soyapango inició en octubre de 2016. Ese mes fue remitido un informe de auditoría que cuestionó más de $5 millones del proceso de construcción de ese tramo de la obra vial. Este informe fue elevado a juicio de cuentas y a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de dos años para que los dos jueces de la Cámara de Segunda de Primera Instancia emitieran un fallo condenando a devolver los fondos al Estado o descartando las irregularidades.
El martes 2 de octubre, la Corte de Cuentas notificó que una de sus cámaras de primera instancia había emitido una sentencia en las que le ordenan a funcionarios y exfuncionarios de Obras Públicas a devolver $2.4 millones.
Los jueces de primera instancia ordenaron a inicios de este año que se llevara a cabo un peritaje técnico para determinar si los funcionarios eran responsables de las irregularidades. Las conclusiones fueron entregadas en un reporte de más de 80 páginas, en las que fueron desvanecidas irregularidades por $3 millones de otros reparos detectados en las obras de construcción del Sitramss.
Los funcionarios cuentan con tres días para apelar. En caso de que lo hagan, el juicio pasará a ser conocido por la presidenta y los dos magistrados de la Corte de Cuentas que integran la Cámara de Segunda Instancia. Esta última cámara no tiene un plazo límite para comunicar una resolución en contra o a favor del fallo.
El Faro intentó contactar vía telefónica al exministro de Obras Públicas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta y tampoco contestó a las preguntas enviadas por mensajes de texto. El abogado de Martínez, Juan De Dios Pérez, se pronunció sobre el fallo y dijo que utilizarán todos los recursos legales que aún les quedan. “No compartimos el fallo de la sentencia y la vamos a apelar”, dijo Pérez a El Faro.
También se buscó sin éxito la versión del actual ministro de Obras públicas, Eliud Ulises Ayala, y del viceministro de transporte, Nelson García. Los encargados de prensa del VMT y de Obras Públicas dijeron que harían llegar las preguntas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
