Mi madre fue despedida de su empleo cuando tenía 40 años. A esa edad, ella ya no cumplía el perfil para desempeñarse como impulsadora de una empresa de alimentos en un supermercado, empleo por el que ganaba el salario mínimo más comisiones por ventas. Ella buscó un nuevo empleo, pero no lo encontró; intentó impulsar un negocio en casa, pero eso tampoco funcionó. Una vecina que era vendedora ambulante la asesoró para incursionar en la rebusca. No fue difícil decidirse: tenía tres hijas a las que alimentar y velar por su educación.
Así, mi madre, mis hermanas y yo, formamos parte de ese “desorden” que muchas alcaldías han buscado combatir, durante años, sin tener éxito. Recuerdo que muchas veces mi mamá llegaba a casa con la noticia de que no había podido vender, porque los agentes del cuerpo de agentes metropolitanos habían incrementado el acoso. Siempre temía que le decomisaran su mercadería y, en el peor de los casos, que la golpearan. Recuerdo que cuando estaba pequeña, en los días libres de la escuela, acompañaba a mi madre y a mis hermanas mayores a eso que llaman “ganarse la vida”. Nosotras vendíamos dulces y semillas al por mayor para abastecer tiendas, aunque también vendíamos a compradores minoritarios. La carga de la mercadería era muy pesada, y con esa carga huíamos del radar de los agentes metropolitanos siempre que se acercaban para alejar las ventas ambulantes.
Por eso, cada vez que ocurre un enfrentamiento entre agentes municipales y vendedores no dejo de ponerme en el lugar de las familias que no tienen otra forma para sobrevivir. En estos días, en los que ha trascendido el ataque con armas de fuego por parte de agentes del CAM en la ciudad de Santa Tecla – una clara violación al debido proceso en contra de la garantía de los derechos humanos - es preciso visibilizar el enfoque errado con el que muchas alcaldías han enfrentado el desafío del comercio informal. En lugar de ofrecer balas a padres o madres de familia que con piedras tratan de defender su única fuente de ingresos, las alcaldías, los alcaldes, deberían de trabajar de forma coordinada con otras instituciones del gobierno central y del Estado para ofrecer oportunidades a estas familias. ¿Ya sabe el alcalde de Santa Tecla a cuántas familias dejará sin sustento? ¿Ya sabe cuántos jóvenes que gracias al comercio informal obtienen ingresos que les permiten financiar sus estudios, en búsqueda de un futuro mejor? ¿Ha pensado en el futuro que depara a los hijos del vendedor asesinado en el enfrentamiento?
Repito, en lugar de reprimir y perjudicar a las familias más vulnerables, los alcaldes deberían dialogar, y a partir de un diálogo humano, planificar una solución viable a corto plazo, y trabajar de la mano con el gobierno central para ofrecer oportunidades de becas universitarias o de cursos técnicos, principalmente para los jóvenes. Lo digo con solvencia porque eso funcionó en mi caso. Obtuve una beca universitaria y ahora tengo una ocupación que me ofrece una mejor calidad de vida. Y no quiero que se me malentienda: En ningún momento pretendo legitimar esta injusta forma de ganarse la vida, porque ser parte del comercio informal no es nada digno; estas personas no tienen acceso a seguridad social ni a una pensión cuando lleguen a su edad de retiro; para poder invertir en sus pequeños negocios recurren a usureros porque el sistema bancario los excluye, y tampoco tienen acceso a créditos que les permitan tener una vivienda digna.
Todos, ciudadanos y funcionarios públicos, deberíamos estar conscientes de que detrás del desorden y la “mala imagen” que las ventas ambulantes representan para las alcaldías, hay historias de personas reales que ilustran a la perfección las injusticias del sistema económico salvadoreño, que excluye y termina expulsando a las grandes mayorías, a esas para las que el Estado casi siempre estuvo ausente. Veamos el caso de Marvin, un vendedor ambulante que ahora se ha convertido en guía del éxodo salvadoreño en la caravana migrante, un joven al que este país no le dio opción, más que la de huir.
Entendamos de una buena vez que con desalojar de forma violenta a los vendedores el problema no se soluciona. Dejen de hacer lo que ya han hecho por años y no ha tenido éxito. Y a propósito de la campaña presidencial – porque este es un tema de preocupación nacional-, quienes hoy aspiran a gobernar el país deben estar conscientes que de no impulsar medidas drásticas que combatan la desigualdad, el comercio informal solo irá en aumento.
Aunque no soy economista, creo que una medida que puede funcionar es ofrecer a estas personas una opción real para formalizar sus negocios, acompañada, ¿por qué no?, de incentivos fiscales para microempresas. ¿Por qué a las grandes compañías extranjeras que pagan sueldos de miseria sí se los conceden? Especialistas del ICEFI ya han cuestionado que se sigan viendo a los incentivos y privilegios fiscales a las grandes inversiones como la receta para el desarrollo económico. Según el ICEFI, en El Salvador, las empresas familiares –micro y medianas empresas- tienen una tasa efectiva de tributación del 4.5 % sobre sus ingresos; mientras que las empresas más grandes tributan solo el 2.5% de sus ingresos; es decir, las familias más pobres se encuentran con muchas más dificultades para poder impulsar un negocio formal. Esto definitivamente tiene que cambiar.
Luego están las salidas más fáciles, pero que bien ejecutadas podrían hacer una diferencia: reubicación en lugares verdaderamente estratégicos, promocionados, asequibles, seguros, para que en lugar de ver sus ventas disminuidas, aumenten. Casi siempre ocurre que las reubicaciones de los vendedores terminan siendo un fracaso, y la gente vuelve a las calles, como ha ocurrido administración tras administración en la capital salvadoreña.
Finalmente, creo que todas las familias de vendedores deberíamos pronunciarnos en solidaridad ante estos lamentables ataques. No dejemos que sigan generalizando a los vendedores ambulantes como “delincuentes”, o como personas a las que “les gusta lo fácil” y que por eso se quedan a la informalidad. Pronunciémonos para que nuestros gobernantes por fin vean esta problemática y ya no nos ofrezcan palos y balas, sino oportunidades. También, elevemos nuestra voz para exigir que lo ocurrido en Santa Tecla se esclarezca y se obtenga justicia.
