Centroamérica / Política

Jimmy Morales ordena la expulsión de los investigadores de la Cicig

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala retiró inmunidad a investigadores de la CICIG que trabajan en casos antimafias en Guatemala y dio un plazo de 72 horas para que los funcionarios abandonen el país. Con la orden, Morales incumple los protocolos internacionales. El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, anunció que interpondría un amparo ante el Órgano Judicial para frenar la expulsión de los investigadores.


Miércoles, 19 de diciembre de 2018
AFP

Jimmy Morales, expresidente de Guatemala (2016-2020), durante una conferencia de prensa, el a finales de 2018, en el Palcio Nacional de la Cultura. Jimmy Morales fue el encargado de expulsar a la Cicig. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
Jimmy Morales, expresidente de Guatemala (2016-2020), durante una conferencia de prensa, el a finales de 2018, en el Palcio Nacional de la Cultura. Jimmy Morales fue el encargado de expulsar a la Cicig. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

Guatemala retiró la inmunidad a 11 funcionarios de una comisión de la ONU, protagonista en la lucha contra la corrupción y que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por irregularidades en la campaña de 2015, anunció este martes 18 de diciembre de 2018 el gobierno. Relaciones Exteriores dio un plazo límite de 72 horas para que abandonen Guatemala.

La cancillería dio a conocer la medida en una notificación publicada en el periódico oficial, y señala que los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) 'dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades'. El retiro de la inmunidad es consecuencia de la 'revocatoria y denegatoria' de las visas de cortesía a los funcionarios de la comisión por parte del gobierno en octubre, detalló la publicación.

Por su lado, la Cicig señaló en un comunicado que la acción de la administración de Morales 'busca afectar la independencia' en el trabajo contra los grupos ilegales, tanto en la investigación como en litigios en curso. También advirtió que la orden abre 'una oportunidad de una eventual persecución penal contra los funcionarios', aunque aclaró que no fueron notificados de la medida por medio de los canales diplomáticos correspondientes.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas solicitó al Ministerio Público de Guatemala que investigue a la canciller Sandra Jovel y al ministro de gobernación Enrique Degenhart. Anunció que interpondría un amparo ante el Órgano Judicial para frenar la expulsión de los investigadores de la Cicig. 

El 18 de diciembre de 2018, la Comisión emitió un comunicado en el que dio a conocer que el gobierno de Guatemala no les ha notificado formalmente sobre la decisión. 'La información citada en el Diario Oficial no ha sido notificada a la Cicig mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La Comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto por lo que no puede considerarse una notificación diplomática', dice el comunicado.

La comisión además puso en duda la orden del gobierno al explicar que las inmunidades que gozan los investigadores se basan en el acuerdo de creación con Guatemala y no están adheridas a las visas.

Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto del año pasado hostilidades contra la Cicig, días después de que el ente de la ONU, junto con la fiscalía, pidieron quitar los fueros presidenciales para investigar sospechas de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015. En septiembre de 2018, movilizó tanquetas en las afueras del edificio donde trabaja la comisión respaldada por Naciones Unidas.

El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país pero la medida la frenó la corte constitucional.

En agosto pasado, Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, y el 4 de septiembre prohibió el retorno al país de Velásquez aprovechando una gira que el comisionado realizaba en Estados Unidos.

El gobierno guatemalteco sostiene que Velásquez y la comisión son una 'amenaza a la paz' y que se extralimitaron en sus funciones.

La Cicig cobró relieve en 2015 tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de revelar otros sendos casos de corrupción.

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