El gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega expulsó a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras acusarlas de actuar de forma 'injerencista' y parcializada en su evaluación de la situación del país en el contexto de las protestas antigubernamentales, informó este jueves la cancillería.
'Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI)hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y asuntos internos', señala una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
También se ordenó la salida del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI), creado por la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos en el país.
La carta, leída por el canciller Denis Moncada en presencia de los delegados del MESENI y el GIEI, citados a la cancillería, acusa a las dos entidades de 'falta de imparcialidad y objetividad' y de mostrar 'una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua'.
El MESENI y el GIEI se instalaron en Nicaragua el 24 de junio y el 3 de julio, respectivamente, tras acuerdos alcanzados con laOrganización de Estados Americanos (OEA), y han documentado denuncias sobre violaciones a derechos humanos.
La función principal del Meseni era dar seguimiento a las recomendaciones del informe preliminar y final de la CIDH, que, entre otras exhortaciones, llamaba al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cesar la represión en todas sus formas contra ciudadanos, desmantelar los grupos paramilitares, esclarecer los crímenes de la masacre, y garantizar el respeto a los medios de comunicación independientes.
El Meseni también ha dado seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en este contexto para la personas con grave riesgo a sus vidas o integridad física y ha monitoreado la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde su instalación. Asimismo, ha sostenido diálogos y reuniones de trabajo con la sociedad civil, el Estado y otros actores relevantes.
Según el acuerdo firmado entre la CIDH y el Gobierno, la permanencia del Meseni en Nicaragua es indefinida. “Quedará en terreno mientras la situación lo requiera”, dice textual. Aunque el Gobierno puede dar por terminada la invitación al Meseni, debería haber un acuerdo previo de cancelación, igual al de la instalación. Eso no ocurrió en Cancillería esta tarde.
El régimen tampoco puede dar por concluida la crisis sociopolítica que atraviesa el país, cuando todavía persiste el acoso a ciudadanos, detenciones ilegales, la prohibición para manifestaciones públicas, y la existencia de 576 presos políticos. En otras palabras, que no han cumplido con las recomendaciones de los informes preliminar y final de la CIDH. El Meseni publicó este miércoles un informe señalando el “agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua”.
La cancelación de la invitación del Meseni supone directamente la expulsión de la CIDH de Nicaragua. Es similar a la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ocurrida el 31 de agosto.
La expulsión del Meseni se produce en el marco de la finalización del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que analizó los crímenes cometidos desde el 18 de abril al 30 de mayo.
Aunque el Meseni y el GIEI están bajo el paraguas de la CIDH, son dos entes distintos e independientes. Es decir, que sus acuerdos constitutivos son diferentes, y el Gobierno no puede alegar que canceló al Meseni porque el mandato de seis meses del GIEI terminó.
El GIEI presentará este jueves su informe final sobre los crímenes de abril. El equipo del GIEI también fue invitado a la reunión de cancillería donde se informó sobre la expulsión del Meseni.
La expulsión de las organizaciones se da en momentos que el gobierno de Ortega canceló la personería jurídica de organismos locales de derechos humanos y allanó sus sedes y las de medios de prensa independientes.
La tarde del 19 de noviembre, representantes del GIEI ofrecieron una conferencia de prensa para notificar que dejarían esta misma noche Nicaragua y que el informe con sus conclusiones sobre las violaciones a derechos humanos ejecutadas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en el marco de las protestas sociales. 'Nunca hubo un encuentro real con las autoridades', aseguró Pablo Parenti, pese a que eso era lo establecido en el acuerdo firmado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el gobierno nicaragüense.
*Este texto fue elaborado con reportes de Confidencial y AFP.
