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¿En qué momento se jodió la democracia salvadoreña?

Luis Bonilla

Mientras las élites políticas del país se encuentran en una férrea disputa electoral por la presidencia de la República, los datos del Latinobarómetro de 2018 señalan que al 54% de la población salvadoreña le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.
ElFaro.net / Publicado el 7 de Diciembre de 2018

Reflexiones en torno a lo político, la política y los políticos
(Primera entrega)

¿En qué momento se jodió la democracia salvadoreña? Mientras las élites políticas del país se encuentran en una férrea disputa electoral por la presidencia de la República, los datos del Latinobarómetro de 2018 señalan que al 54% de la población salvadoreña le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Es más, los datos del mismo estudio revelan que sólo el 53% de la población considera que, aunque la democracia puede tener problemas, se trata del mejor sistema de gobierno. En general, El Salvador se sitúa en los niveles más bajos de apoyo a la democracia en la región.

Al parecer, la democracia salvadoreña realmente existente está experimentando serios síntomas de agotamiento. Seguimos concurriendo a elecciones con políticos que vencen pero no convencen. Los cambios de colores partidarios en los gobiernos no generan cambios sustantivos en la vida de la población. Se destapan casos de corrupción por todos lados. Los poderes del Estado no pueden detener la crisis social en la que estamos inmersos. En general, la institucionalidad que se inauguró con los Acuerdos de Paz es cada vez más insuficiente para procesar las demandas de la población y tiene menos capacidad de dar resultados en términos de bienestar para las y los salvadoreños.

Dentro de la coyuntura en la que estamos inmersos, conviene ir más allá de la competencia electoral para abrir un espacio a la reflexión sobre nuestra democracia y la necesidad de revitalizarla. Se trata de un ejercicio urgente para pensar en las posibilidades de futuro de nuestro país y, probablemente, también de contribuir con algunos criterios para evaluar los desafíos de nuestra realidad actual.

En este primer artículo, abordaremos sobre qué decidimos y cómo lo decidimos, como dimensiones esenciales de un sistema democrático. En una segunda entrega abordaremos el fortalecimiento de la clase política para la construcción de una nueva democracia.

Lo político: ¿Sobre qué decidimos?

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD Chile de 2015, los procesos de politización, orientados a la revitalización de la democracia, tienen entre sus elementos fundamentales la transformación “en un asunto político algo que antes no lo era”.

En ese sentido, lo político es “aquello que en una sociedad se establece como susceptible de ser decidido colectivamente”. Es decir que ciertas dimensiones de la vida en sociedad están sujetas a criterios colectivos. Y, por lo tanto, a temáticas que deben ser valoradas respecto a elementos como el bienestar común, la justicia social, la igualdad, la fraternidad, entre otros.

Como es conocido, en el marco de los Acuerdos de Paz, El Salvador pasó por un proceso de doble transición. Si bien por un lado dejó atrás los regímenes autoritarios y apartó a las fuerzas militares del ejercicio del poder; por otro fue consolidando un régimen de sociedad de mercado, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de la privatización y mercantilización de determinados bienes y servicios públicos.

Al trasladar ciertos bienes y servicios de la dimensión pública a la dimensión privada, no solo se privilegió la desigualdad por sobre la igualdad, sino que también estos mismos se sustrajeron de los espacios de discusión pública. En pocas palabras, los procesos de privatización funcionan como mecanismos de mercantilización de los derechos sociales.

En nuestro contexto, al debilitarse el carácter de provisión pública por parte del Estado, la seguridad social, la educación, la vivienda, la comunicación, entre otros, han ido perdiendo su potencial para operar como espacios políticos. Es decir, como elementos de la vida en común sobre los cuales decidimos políticamente. Entre otros, se destacan sistema de previsión social, la vivienda y la comunicación, que pasaron a ser ámbitos privados que funcionan influenciados por la lógica del mercado: cada quien se rasca con sus propias uñas.

El estrechamiento de los espacios de lo político, de aquello que es común a todas y todos, ha representado una limitación de la democracia. Por lo tanto, frente a una sociedad dominada por el mercado, la democracia está, de alguna manera, acorralada (también, expuesta a ser capturada) y tiene pocas capacidades para producir resultados tangibles en cuanto a la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Ampliar lo común significa darle una nueva dimensión a lo político, fortalecer el régimen público. Es decir que, en ciertas temáticas (la ciudad en la que vivimos, el ecosistema del que somos parte, los derechos individuales y colectivos, el modelo desarrollo productivo, entre otros que son fundamentales para la vida en comunidad), podremos relacionarnos en base a nuestro estatus de ciudadanos y no de consumidores; serán considerados derechos y no mercancías y, finalmente, estarán regidos por el bien común y no por los intereses individuales.

La política: ¿Cómo decidimos?

El mismo informe del PNUD en Chile (2015) sostiene que la política es “la cara institucional de lo político”. Es, por lo tanto, “la expresión institucional de lo que una sociedad determinada, en un momento determinado, se define como parte de lo que puede ser socialmente decidido”.

En ese sentido, consideramos que como parte de un proceso de revitalización democrática, la política ayuda a responderse sobre las formas, metodologías y procesos en que las sociedades toman decisiones. Respecto a los espacios institucionales, estos van desde los mecanismos de representación tradicionales, como las elecciones entre partidos políticos, hasta las formas de democracia directa, que incorporan formas más inmediatas de participación ciudadana. Asimismo, las dimensiones institucionales de la política también son complementadas por formas no institucionales de disputa política, donde operan relaciones de poder que no están mediatizadas por los procesos establecidos por las reglas de la política institucional.

El Salvador es un país que se encuentra a la zaga en América Latina en lo que respecta a formas de democracia participativa. Mientras la mayoría de países de la región contemplan mecanismos directos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre lo político, en nuestro país hay formas de participación como los referendos o plebiscitos que se enfrentan a múltiples candados en la legislación nacional.

Por otra parte, las estructuras y procesos de gobernabilidad de la estructura política de El Salvador, tienen serias dificultades para poder procesar institucionalmente las demandas e intereses de la ciudadanía. Ejemplos de esto es la falta de coordinación interinstitucional e intersectorial entre los distintos actores gubernamentales para resolver ciertas problemáticas territoriales, así como la fragmentación de las instancias de gobierno municipal que, sobre todo para las ciudades más grandes, dificulta el desarrollo de proyectos a escala metropolitana.

En este contexto de la política como expresión institucional para dirimir los asuntos políticos, podemos observar que, además de una crisis de partidos políticos, las debilidades de la democracia salvadoreña también tienen matices de crisis de la política, en cuanto a los déficits respecto a procedimientos que permitan actualizar y revitalizar el ejercicio de la democracia.

Por lo tanto, la coyuntura actual requiere de pensar en dinámicas y procesos de interacción política que sean innovadoras, abiertas y transparentes, que permitan acortar el espacio que existe entre la ciudadanía y la forma en que se deciden los asuntos públicos. Esto, por una parte, requiere mejorar los mecanismos de representación (sobre todo los partidos políticos y las formas representativas de gobierno), pero también pasa por incorporar nuevas formas de ejercicio de la democracia. Las cuales, entre otras cosas, deben buscar el desarrollo un enfoque territorial, prioricen la organización comunitaria y social y promuevan la participación directa de la ciudadanía en determinadas decisiones que afectan directamente a la vida en común.

A manera de conclusión, podemos decir que lo político y la política son dos elementos necesarios para la construcción de una nueva democracia salvadoreña. En el primer caso, ampliando los contenidos y dimensiones sobre los cuales opera el régimen público y, en el segundo caso, como el mejoramiento de los procesos a través de los que se desarrolla la democracia. Adicionalmente, esta ruta también requiere de cambios profundos en otra dimensión: los actores políticos, entendidos como la diversidad sujetos colectivos llamados a hacer operar una transformación democrática en El Salvador. Sobre esto, volveremos en la próxima entrega.

Luis Bonilla es Economista y Magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos.
 
Luis Bonilla es Economista y Magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos.