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Guatemala retuvo a investigador de CICIG durante 25 horas

AFP / El Faro

Un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue retenido el sábado por la noche en el aeropuerto internacional de La Auroa, en Ciudad de Guatemala, en el momento en que intentaba ingresar al país después de sus vacaciones en Costa Rica. Después de 24 horas y después de una intensa jornada de órdenes y contraórdenes del Estado Guatemalteco, el domingo por la noche, el investigador Yilen Osorio logró entrar al país. El MP apresó a dos empleados públicos que impidieron el ingreso de Osorio y ha promovido antejuicio contra otros funcionarios. 

ElFaro.net / Publicado el 7 de Enero de 2019

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Las autoridades migratorias prohibieron el ingreso a Guatemala de un funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) el sábado por la noche, pero 24 horas más tarde, después de una intrincada jornada en la que el Estado guatemalteco parecía luchar contra sí mismo, el investigador Yilen Osorio, logró entrar a territorio guatemalteco. 

Las autoridades migratorias prohibieron el ingreso al territorio guatemalteco "por disposición de seguridad y de orden público", dice el memorial con el que el Instituto de Migración Guatemalteco impidió la entrada al país de Osorio, de nacionalidad colombiana. Osorio se encontraba de vacaciones y regresaba a Guatemala para continuar sus labores de investigación en un vuelo procedente de Costa Rica, pero en la caseta migratoria fue interceptado y a partir de ese momento fue escoltado por personal policial que lo retuvo en una sala de espera del aeropuerto por unas 25 horas. 

El domingo por la noche, durante su ingreso, estuvo custodiado por fiscales y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quienes verificaron que no se cometieran violaciones a su integridad. 

Osorio es uno de los miembros de la CICIG que ha pedido investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2015. Pudo entrar a Guatemala gracias a que la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público  hicieron cumplir una resolución previa de la CC que ampara el trabajo de la CICIG y a sus funcionarios. 

Yilen Osorio, sentado, camisa celeste, es un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que desde el sábado 5 de enero de 2019 ha sido retenido en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, en momentos en que ingresaba al país después de vacaciones. Osorio es uno de los 11 investigadores a los que el Gobierno ha querido expulsar desde diciembre pasado pero que habían logrado permanecer en el país gracias a amparos provisionales otorgados por la Corte de Constitucionalidad. Foto: cortesía de PDH de Guatemala.
 
Yilen Osorio, sentado, camisa celeste, es un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que desde el sábado 5 de enero de 2019 ha sido retenido en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, en momentos en que ingresaba al país después de vacaciones. Osorio es uno de los 11 investigadores a los que el Gobierno ha querido expulsar desde diciembre pasado pero que habían logrado permanecer en el país gracias a amparos provisionales otorgados por la Corte de Constitucionalidad. Foto: cortesía de PDH de Guatemala.

Los cinco magistrados de la CC se reunieron de emergencia este domingo y en su fallo ordenaron al director general del Instituto de Migración que permitiera la entrada del colombiano Osorio. Dicha resolución, que tuvo voto disidente de su presidenta, Dina Ochoa, advirtió al funcionario que en caso de incumplimiento "se ordenará su inmediata separación del cargo que ocupa, ello sin perjuicio de las demás responsabilidades legales en las que puede incurrir".

Asimismo, los magistrados afirmaron que "los funcionarios de la CICIG gozan de libertad de movimiento, sin restricción alguna, a través del territorio de Guatemala". 

La fiscal general, Consuelo Porras, en un comunicado indicó que giró instrucciones a fiscales para la detención en "flagrancia de aquellas personas que persistan en el incumplimiento de resoluciones constitucionales ya emitidas". Además, ordenó que se inicien los procesos para quitar la inmunidad a funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones judiciales.

Por haber impedido el ingreso del investigador Osorio a Guatemala, el MP capturó a dos empleados de Migración:  Irma Cruz, delegada de la institución en el aeropuerto, y su jefe, Miguel Cantoral. A pesar de las capturas, en medios guatemaltecos trascendió que ambas personas no fueron trasladadas a tribunales por la Policía debido a un recurso de exhibición personal que ambos presentaron de emergencia.

El Ejecutivo, hasta el momento, no se ha pronunciado a pesar de la crisis. En tanto, abogados de Acción Ciudadana, rama de Transparencia Internacional en el país, demandaron ante la fiscalía a los ministros del Interior, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por desobediencia a una resolución judicial. La cartera del Interior tiene bajo su cargo a Migración, mientras que la de Exterior es la encargada de emitir las visas de cortesía.

Osorio estuvo a punto de ser deportado a su país natal, Colombia, pero no fue expulsado la noche del sábado luego de que un juez ordenara que debía permanecer en las instalaciones del aeropuerto mientras se aclaraba su situación. La acción fue gracias a una exhibición personal que el sábado por la noche pidió el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, a un juzgado de turno. 

El gobierno del presidente Morales ha tomado reiteradas acciones contra la CICIG y su brazo derecho en el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La etapa más agresiva contra la CICIG ha ocurrido desde que Morales anunció, en agosto pasado, que había decidido no renovar el mandato de la misión para otro período. El gobierno de Morales y algunos ministros han impulsados decisiones que atentan contra la estabilidad de la comisión, comenzando por ordenar la expulsión del jefe de la CICIG, el comisionado Iván Velásquez Gómez. Sin embargo, su remoción del país no fue posible, una vez más, por amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, máximo tribunal del país. 

La CICIG ha sido incómoda para Morales quien, al inicio de su mandato, en enero de 2016, prometió que permitiría a la CICIG continuar con su lucha contra la corrupción. No obstante, el comisionado Velásquez ha explicado que esa vieja promesa se quebró cuando la CICIG comenzó a investigar al propio mandatario por sospechas de corrupción en las finanzas de su campaña en 2015, y a su familia, por beneficiarse del erario público.

Entre las acciones más recientes del Gobierno de Morales contra la CICIG destaca el hecho que negó el visado de cortesía a 11 investigadores de la comisión el pasado 16 de octubre, entre ellos, Osorio. La crisis empeoró el 18 de diciembre cuando retiró la inmunidad a esos funcionarios y ordenó su salida del país.

La decisión de impedir el ingreso de Osorio a Guatemala se da pese a que la máxima instancia judicial del país, la CC, el 21 de diciembre otorgó un amparo provisional solicitado por el Procurador Rodas, y resolvió que la cancillería debía emitir las visas de cortesía que habían sido revocadas.

En agosto de 2017, la CC ya había ordenado que el Gobierno no debía afectar el trabajo de la CICIG, pero un año después, en agosto de 2018, cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, el ministerio de Gobernación envió vehículos artillados del Ejército a que permanecieran fuera de la sede de la CICIG por algunos minutos en un acto de intimidación. A principios de septiembre, el comisionado Velásquez viajó a Estados Unidos para informar sobre el trabajo realizado en el último año a distintas oficinas y congresistas. Estando en el extranjero, el minisiterio de Relaciones Exteriores prohibió el ingreso de Velásquez al país. 

La decisión de migración contra el investigador Osorio generó este domingo una ola de críticas de varias organizaciones civiles y de derechos humanos, así como de la premio Nobel de la Paz 1992, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.

Menchú condenó el desacato a la orden de la CC y solicitó a la fiscalía que actúe de oficio para encausar a las personas involucradas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Guatemala a "respetar y actar las decisiones judicales de la Corte de Constitucionalidad y permitir el ingreso de los funcionarios de la CICIG. Cumplir con las resoluciones judiciales es la base del Estado de Derechos", publicó en su cuenta de Twitter. 

Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto de 2017 una posición hostil contra la CICIG, luego de que pidieran investigarlo. En la mañana de este domingo, el MP de Guatemala emitió uno de los comunicados más drásticos contra el gobierno y sus decisiones contra la CICIG. La jefa del MP, María Consuelo Porras, dijo que ordenó a sus fiscales que detuvieran en flagrancia a aquellas personas que persistn en el incumplimiento de las resoluciones constitucionales ya emitidas. 

"El MP ordenó se inicien los procedimientos de antejuicio contra los funcionarios que hubieren desobedecido las resoluciones anteriormente indicadas garantizando con estas acciones el mantenimiento del Estado de Derecho", reza la decisión del MP, que provocó las detenciones de los dos empleados de Migración. 

 

Comunicado del MP de Guatemala, del 6 de enero de 2019.
 
Comunicado del MP de Guatemala, del 6 de enero de 2019.

El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, por lo que en septiembre le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.

La CICIG, que opera desde 2007, ha colaborado con la fiscalía en la revelación de varios casos de corrupción.

Helen Mack, activista política de la Fundación Myrna Mack, asegura que la desobediencia del gobierno de Morales a la orden de la Corte de Constitucionalidad es un acto sin precedentes cercanos. 

El domingo 6 de enero de 2019, organizaciones y activistas sociales, entre ellos Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, externaron su preocupación por el rompimiento constitucional protagonizado por el Gobierno de Jimmy Morales, presidente electo para el período 2016-2020. Llamaron a que el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público debían garantizar el Estado de Derecho en Guatemala. Foto: cortesía CICIG.
 
El domingo 6 de enero de 2019, organizaciones y activistas sociales, entre ellos Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, externaron su preocupación por el rompimiento constitucional protagonizado por el Gobierno de Jimmy Morales, presidente electo para el período 2016-2020. Llamaron a que el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público debían garantizar el Estado de Derecho en Guatemala. Foto: cortesía CICIG.

© Agence France-Presse