Imprimir

Corte de Guatemala suspende el cierre de la Cicig que quería Jimmy Morales

AFP / El Faro

La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso, en la madrugada de este miércoles, la decisión unilateral del Gobierno de Jimmy Morales de dar por terminado el mandato de la Cicig, que de manera preventiva ha sacado de Guatemala a su equipo de investigadores. Pese a las críticas a nivel local e internacional contra la decisión del Gobierno, la principal gremial empresarial guatemalteca le ha dado un espaldarazo a Morales. 

ElFaro.net / Publicado el 9 de Enero de 2019

CIUDADA DE GUATEMALA. La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió este miércoles el cierre unilateral por parte del presidente Jimmy Morales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015. La decisión da un respiro a la Cicig para que permanezca en Guatemala hasta septiembre próximo cuando se le termina oficialmente el mandato. 

En la madrugada de este miércoles 9, la CC dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional, producto de ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el fin de la comisión adscrita a la ONU. "El Tribunal estimó pertinente otorgar el amparo provisional solicitado. Se deja en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno relativo al establecimiento de una Cicig", reza un comunicado de la CC emitido en la mañana de miércoles. 

La sesión de los magistrados de la CC comenzó a las 8 de la noche del martes 8 de enero y concluyó a las 5 de la mañana del miércoles 9. "Se exhorta a las autoridades denunciadas para que en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig", reza el comunicado. La presidenta de la CC, Dina Ochoa, fue el único voto disidente, de los cinco que conforman el pleno. 

 

De pie junto a una pancarta que reza
 
De pie junto a una pancarta que reza "Me niego a vivir en una dictadura", ciudadanos guatemaltecos participaron en una protesta a favor de la Cicig, en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, en el centro de Guatemala, durante la noche del martes 8 de de enero de 2018. En la madrugada del día siguiente, la CC suspendió una decisión que había tomado de manera unilateral el Gobierno de dar por terminado el mandato de la Cicig. Foto AFP / Noé Pérez 

Entre las organizaciones que presentaron las acciones legales que dieron pie al amparo de la CC está la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional.

La decisión de la Corte perfila en el horizonte un escenario en el que el jefe de la Cicig, el comisionado Iván Velásquez Gómez, pueda finalmente ingresar a Guatemala después de que en septiembre de 2018 el Gobierno de Jimmy Morales prohibiera su ingreso. Lo mismo podría ocurrir con 10 investigadores de la Cicig, de distintas nacionalidades, que se encuentran fuera del país de manera preventiva. Ante el anuncio del Gobierno del día lunes, la misión internacional activó un plan de contingencia y pidió el martes al personal internacional salir del país "hasta nuevo aviso", dijo a periodistas el vocero de la Cicig, Matías Ponce.

El vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir de este miércoles 9 los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.

Los juristas y la sociedad en general de Guatemala ha estado dividida sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión de Morales: unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la CC, que avaló la presencia de la Cicig. Congresistas en Estados Unidos celebraron la decisión: "Si Guatemala sigue siendo una democracia, el gobierno debe respetar la decisión de la Corte y permitir que la Cicig termine su mandato", escribió Norma Torres, congresista de origen guatemalteco. 

"La decisión unilateral de presidente Morales (...) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho", sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

Morales, pese a las críticas, ha recibido el apoyo de grupos políticos de derecha y de la principal gremial empresarial del país. Luego de que el gobierno puso fin de forma unilateral el acuerdo sobre la Cicig,  la cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoyó la medida. Cacif incluso se sumó a las críticas contra la comisión, a la que han denunciado por "graves faltas al debido proceso". "La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución" del país, agregó la Cacif en un comunicado. Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada "de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad".

El martes, mientras se acumulaba el arsenal de amparos promovidos ante la CC, ciudadanos guatemaltecos contra la Cicig llegaron a la zona 10 en ciudad de Guatemala para celebrar el supuesto fin de la comisión. Reventaron cuetes, colocaron ofrendas florales como en un entierro en la entrada de las oficinas, y colocaron un enorme rótulo que decía "Se alquila", en una de las paredes del edificio. Algunos protestantes también gritaban consignas contra los medios de comunicación. "¡Fake news, fake news!", gritaba una de las manifestantes a periodistas de la cadena CNN. Los manifestantes se identificaron como miembros de la organización derechista Guatemala Inmortal. 

La nueva escalada en el conflicto entre el gobierno de Morales, la Cicig y la Corte de Constitucionalidad tuvo a la base un amparo otorgado a la Corte de Contitucionalidad a favor del investigador de la Cicig Yilen Osorio, a quien el sábado se le bloqueó el ingreso a Guatemala, después de sus vacaciones de fin de año. Osorio llegó al aeropuerto La Aurora proveniente de Costa Rica, y estando ahí, la unidad de Migración no le permitió el ingreso por motivos de "seguridad pública". Los agentes migratorios lo retuvieron y apartaron en un salón, mientras gestionaban su deportación a Colombia, de donde es originario. Sin embargo, acciones constitucionales promovidas por el Procurador de Derechos Humanos impidieron su expulsión y, eventualmente, logró que el domingo por la tarde la CC otorgara un amparo provisional a Osorio para que el Gobierno permitiera su ingreso. Al día siguiente, en respuesta, el Gobierno de Morales anunció que daba por finalizado el mandato de la Cicig. 

Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero, y se agravó en 2017, cuando el propio presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.

ec/lda

© Agence France-Presse