Imprimir

Denuncian por estafa a Néstor Castaneda, el guardián de la ética gubernamental

Nelson Rauda Zablah

Un empresario santaneco denuncia por estafa agravada al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Castaneda niega los cargos, pero acepta haber hecho algo que la Ley de notariado prohíbe: autorizar como notario la compraventa de un terreno que terminó en manos de una sociedad creada por él y su familia. Castaneda, que estuvo cerca de ser fiscal general, dice que ha hecho más de 200 escrituras similares y reta a sus denunciantes a un duelo en tribunales.

ElFaro.net / Publicado el 22 de Enero de 2019

En 1997, cuando el abogado Néstor Castaneda ejercía como notario de la República, autorizó la venta de una hacienda en Ahuachapán a favor de la empresa Tecana, S. A. de C. V., una sociedad creada por sus padres y en la que él y sus hermanos tienen acciones. Esta práctica, que viola la Ley de notariado, es una de las pruebas con las cuales un empresario santaneco denunció por estafa agravada continuada al hoy presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 14 de diciembre de 2018. El presunto delito se cometió hace 21 años, cuando la sociedad de los Castaneda se hizo de una hacienda de 70 hectáreas que había sido entregada como prenda por un empresario a cambio de un préstamo de poco más de dos millones de colones que no pagó en el plazo estipulado. A cambio de la deuda, la sociedad se hizo del terreno y desde entonces le ha sacado provecho con el cultivo de caña de azúcar. 

El trámite fue una 'venta con pacto de retroventa', que es una especie de préstamo hipotecario muy favorable para el prestamista, tanto así que esa práctica ahora está prohibida en El Salvador, tras la entrada en vigencia de la ley contra la usura de 2012. La escritura se registró ante los oficios del notario Néstor Castaneda, para entonces de 43 años, el 20 de diciembre de 1997.

Para esas fechas, Castaneda tenía 15 años de experiencia como abogado: había sido fiscal (1976 -1978), resolutor del juzgado Tercero de lo Civil de San Salvador (1973- 1975) y jefe del departamento jurídico de La Centroamericana, una compañía de seguros (1988- 1991). Le faltaban seis años para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero además parecía imposible que, con esos atestados, Castaneda no supiera de la prohibición de la Ley de notariado. Y aún así...

El artículo nueve de esa ley prohíbe a los notarios “autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos o para sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad”, es decir, hasta sus primos. La misma ley dice que, en caso de infringir esa norma, el instrumento es nulo. Castaneda reconoce a El Faro que tramitó esa compraventa. Aunque asegura que haber actuado como notario a favor de una sociedad creada por sus padres, él y sus hermanos no viola ninguna ley, la ley y expertos notariales consultados por El Faro son conclusivos en decir que prácticas como esa están prohibidas.

En su defensa, el presidente del TEG alega haber realizado “más de 200 escrituras de la sociedad, todas compraventas” y reta a sus denunciantes ante un juzgado.

Néstor Castaneda, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, es presidente del Tribunal de Ética Gubernamental desde 2017. Foto: Carlos Barrera/ El Faro
 
Néstor Castaneda, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, es presidente del Tribunal de Ética Gubernamental desde 2017. Foto: Carlos Barrera/ El Faro

El terreno en disputa

La tierra que ahora está en manos de la familia Castaneda es reclamada por Mauricio Menéndez Graniello (Santa Ana, 1962), uno de los hijos de aquel empresario que perdió la Hacienda Ruth en un préstamo con la sociedad Tecana. La hacienda, que originalmente fue de 124 hectáreas, está ubicada entre los municipios El Refugio y Atiquizaya, en Ahuachapán. 

A punto de cumplir 18 años, Menéndez Graniello recibió de su padre, Pedro Menéndez Castro, la Hacienda Ruth, a través de una escritura de donación que también beneficiaba a tres de sus hermanos. La donación fue escriturada el 28 de agosto de 1980, a las tres de la tarde. Los beneficiarios fueron Pedro, José Mario, Mauricio Eduardo y Jorge Humberto, todos de apellido Menéndez Graniello. El documento dice que “de manera pura, simple, gratuita e irrevocable dona la nuda propiedad a sus hijos”. Pedro Menéndez padre solo se reservó los usufructos, es decir, el derecho de usar y obtener frutos de la propiedad, pero no la posibilidad de transferirla. Mauricio es ahora el único de sus hermanos que reclama el derecho sobre la propiedad que les donó su padre.

17 años más tarde, la situación económica de Pedro Menéndez cambió: de regalar terrenos a sus hijos pasó a necesitar dinero. Mucho dinero. En 1997, Pedro se acordó del terreno que había donado a sus hijos y lo utilizó como garantía de un préstamo ante la sociedad creada y dirigida por la familia de Castaneda, de la que el presidente del TEG también es dueño. Pedro Menéndez firmó la “venta con pacto de retroventa” notariada por Castaneda por casi un cuarto de millón de dólares a favor de la sociedad Tecana S.A. de C.V., creada en 1978.

Los socios que empezaron la empresa son el matrimonio José Luis Castaneda Pimentel y Emma Aida Soto de Castaneda, quienes tenían 2.4 % de acciones cada uno. El otro 95.2 % de las acciones está dividido a partes iguales entre los hermanos José Luis, José Néstor Mauricio, Guillermo de Jesús, Eduardo de Jesús, y María Teresa Carolina, todos de apellidos Castaneda Soto. La repartición de acciones no ha cambiado desde su creación, según información pública disponible en el Centro Nacional de Registros. Hasta noviembre de 2018, Castaneda Pimentel seguía siendo el administrador único de la sociedad y Soto de Castaneda era la administradora suplente.

Pedro Menéndez tenía seis meses para recuperar la propiedad, según el documento que firmó. Como no pagó, la propiedad pasó a manos de los prestamistas. El notario que autorizó esa compraventa fue Néstor Castaneda, dueño del 19 % de las acciones de Tecana. 

El patriarca murió en 2014. Cuando su hijo quiso ordenar la herencia de su padre, encontró la venta de 1997 y se dio cuenta que ya no era dueño de la propiedad que le había sido donada. Tras años de buscar documentos para sustentar sus alegatos, Mauricio Menéndez ahora se queja de que Castaneda se aprovechó de su padre, afectado por una enfermedad, para hacerse del terreno, y pone en duda que Tecana haya tenido la capacidad económica para entregar el dinero que se presume fue prestado a Pedro Menéndez. Según el denunciante, la entrega de ese dinero nunca ocurrió.

En el escrito ante la FGR, la denuncia sostiene que Néstor Castaneda “mediante ardid o engaño” convenció a Pedro Menéndez Castro, para firmar esa “compraventa con pacto de retroventa” que terminó por darle el terreno a la familia Castaneda, a través de su sociedad Tecana. La denuncia también reclama cinco millones de dólares en compensación, porque considera que la sociedad Tecana, es decir, la familia Castaneda, ha explotado el terreno con la siembra de caña de azúcar desde hace 21 años.

Dentro de los documentos que sustentan la denuncia por estafa hay tres escrituras de las que El Faro tiene copia. Una escritura de donación de la hacienda a favor de Mauricio Menéndez y sus hermanos, en 1980; una remedición del terreno en 1995, y la compraventa del terreno que Castaneda autorizó como notario a favor de la Sociedad Tecana S.A. de C.V. La última de esas escrituras, la compraventa, muestra a Castaneda como un notario que violó la ley de notariado.

Nueve meses antes de que lo denunciaran por estafa, el abogado Ricardo Rivas Idiáquez, representante del empresario Menéndez Graniello, visitó el despacho de Castaneda en el TEG. Rivas buscó una solución negociada antes de entablar un conflicto con aquel que tiene el poder para sancionar o perdonar las faltas éticas de los funcionarios de la República.

Doctor en derecho privado, Castaneda se convirtió en magistrado de la Sala de lo Penal de la CSJ en 2003. Como magistrado aprobó, en 2005, quitarle facultades a la Sección de Probidad en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Francisco Flores y miembros de su gabinete de gobierno. En 2012, ya como miembro de la Sala de lo Constitucional, no acompañó a sus compañeros Rodolfo González, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Sidney Blanco en la resolución que  eliminó la partida secreta. Tras dejar la Sala, en agosto de 2012, el expresidente Mauricio Funes lo juramentó como miembro del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Cinco años más tarde, en abril de 2017, el FMLN y Gana lo convirtieron en presidente.

Corría marzo de 2018 y los abogados Rivas y Castaneda hablaron de proyecciones para la elección de magistrados a la Sala de lo Constitucional, que se definiría siete meses más tarde, y del papel de los magistrados salientes, excompañeros de Castaneda entre 2009 y 2012. Tras la cháchara, Rivas Idiáquez le contó la razón de su visita: había llegado para intentar conciliar.

"Si hubiera manera de que ahí hay alguna irregularidad, uno concilia las cosas. Pero esto...", le dijo Castaneda, luego de darse por enterado del caso. "¿Usted no tendría intenciones de conciliar para que se termine esto aquí?", interrumpió Rivas. "No, porque como le digo: todo se hizo bien legal, bien transparente", cerró el funcionario.

Historia de una compraventa irregular

Pedro Menéndez Castro era un comerciante que logró éxito económico en Santa Ana a mediados del siglo XX, antes de ser afectado por una enfermedad terminal, y seguido de ruina económica. Con la sociedad Tecana, es decir la familia Castaneda, lo unía al menos una relación comercial. En 1995, Pedro les vendió la finca Montelargo en Santa Ana. Tres años después, en 1998, vendió otra vez el mismo terreno a otra persona. Por esa segunda venta, el tribunal de Sentencia de Santa Tecla lo condenó en abril de 2007 por el delito de estafa. Pedro Menéndez pagó cárcel por este delito y murió en libertad, en 2014.

En 1995, además de vender la finca Montelargo a Tecana, Pedro Menéndez también buscó a Néstor Castaneda para hacer una escritura de remedición de la Hacienda Ruth. El documento explica que la remedición, es decir una diligencia para esclarecer los límites de una propiedad, se hizo porque Pedro Menéndez había realizado “varias desmembraciones” de la hacienda y no tenía “la certeza de a cuánto ha quedado reducida la capacidad del inmueble”.

La remedición concluyó que a Pedro Menéndez aún le quedaba un resto de “70 hectáreas”. Para Mauricio Menéndez, este punto explica cómo comenzó a perder el terreno que ahora reclama. “Ya no teniendo nada, don Pedro, en 1995, hace una remedición. ¿Por qué el registro de Ahuachapán la inscribió? No sé cómo hicieron eso”, se cuestiona.

Este periódico buscó a dos expertos en notariado para presentarles los documentos del caso y los alegatos de ambas partes. Una de ellas es una abogada que tiene más de 20 años de experiencia como profesora universitaria de derecho civil, notarial y contractual. El otro es un abogado especialista en procesos sancionatorios y administrativos contra notarios. Ambos solicitaron que se omitiera su nombre por tratarse de un caso que involucra a un funcionario público y para evitar afectaciones en sus trabajos.

De acuerdo con los expertos, hay un debate sobre la ilegalidad del procedimiento desde que Pedro Menéndez pidió una remedición para un terreno que ya no era suyo. “Desde ahí viene mal: el usufructo no le da derecho a remedir”, dijo la profesora. “La remedición es un acto jurídico que corresponde al propietario y, para ese momento, Pedro ya no era el dueño del inmueble”, añadió.

Dos años más tarde, a las 9 de la mañana del 20 de diciembre de 1997, Pedro Menéndez vendió las 70 hectáreas que habían sido remedidas a los Castaneda. El precio fijado fue de 2,020,000 colones. Según consta en la escritura, “Pedro Menéndez tiene recibidos a su entera satisfacción”.

En esa escritura, Castaneda dio fe pública de que su padre, José Luis Castaneda Pimentel, había pagado más de dos millones de colones a Pedro Menéndez. El denunciante y su abogado, Ricardo Rivas, ponen en duda ese pago y que la prueba sea aportada por Néstor Castaneda. “La escritura dice que en ese momento se lo dieron y el mismo señor da fe de que el papá está entregando tanto dinero. O sea…”, dice Rivas, escéptico de que la única prueba de esa transacción sea la palabra del hijo del comprador.

Para fundamentar sus sospechas, Rivas presentó a la Fiscalía una copia certificada del balance general de la sociedad Tecana hasta el mes de diciembre de 1997. El documento dice que Tecana tenía un activo (en bienes) de 4,032,168 colones y un activo disponible de 223,697 colones. “La sociedad sí tenía el dinero en inmuebles, pero no en efectivo. Nunca en las cuentas de Pedro Menéndez aparecen esos dos millones de colones”, dice Rivas.

Castaneda, en cambio, dice que la escritura que él autorizó es prueba suficiente de que el pago sí se realizó. “El notario autoriza el acto, no certifica el pago. Usted le compra la casa a ella, yo formalizo la venta, pero usted para firmarle la venta necesita que ella le dé el dinero. Si no, usted no firma”, dice Castaneda. “Pedro Menéndez fue un señor empresario grande, que no cualquiera lo iba a engañar. Era agricultor, ganadero. Él no va a firmar si no le pagan”, dice.

Néstor Castaneda fue elegido como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental el 27 de abril de 2017. Fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos. Foto: Asamblea Legislativa
 
Néstor Castaneda fue elegido como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental el 27 de abril de 2017. Fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos. Foto: Asamblea Legislativa

“Yo he hecho 200 escrituras como esas”

Néstor Castaneda no niega que autorizó la escritura de compraventa de la Hacienda Ruth a favor de su empresa familiar. Es decir, no niega haber hecho aquello que la Ley de notariado prohíbe a los notarios de la República. Aunque, en su lógica, él no ha violado la ley. Lo dice tranquilo, convencido de que le asiste la razón.

Castaneda recibió a El Faro en una sala de reuniones del Tribunal de Ética Gubernamental. Su defensa para desestimar la denuncia estriba en dos puntos: en que la donación de la hacienda nunca fue presentada al Registro de la Propiedad y, por tanto, no produce efectos jurídicos. Según él, la sociedad Tecana es legítima propietaria del terreno porque sin el registro público de la donación es como si no existiera. “Cuando se hizo esta negociación con don Pedro Menéndez se fue a ver al Registro y no existía ninguna donación presentada en ese antecedente. El Registro de Propiedad es la oficina pública para que el usuario pueda ver los derechos reales de una propiedad”, dice.

En síntesis, alega que aunque Pedro Menéndez donó la propiedad a sus hijos, esta donación nunca fue inscrita, por lo que la donación no terminó de surtir efecto ante el Estado. Pero lo cierto es que el solo hecho de haber realizado una escritura de donación también da derecho a los beneficiarios (los hijos de Pedro Menéndez) a la posesión del terreno. Sobre este debate, Juan Miguel Bolaños, subjefe de la sección de Notariado de la CSJ, emitió una respuesta en una nota entregada al denunciante, Mauricio Menéndez. “El bien objetivo de la compraventa había sido transferido previamente por el mismo titular a favor del solicitante”, escribió Bolaños como nota aclaratoria.

El Faro le hizo ver este comentario a Castaneda. “Si él (Pedro Menéndez) vende algo que ya había donado, había problema. Quizá por eso hablan de la estafa. Posiblemente pudiera existir la donación pero nunca la llevaron al registro”, insiste.

Castaneda se ampara al principio de Fe Pública Registral, esto es, que las transacciones inscritas en el Registro de la Propiedad son una verdad incontrovertible y dan seguridad jurídica a los usuarios. Sin embargo, los expertos en notariado consultados por El Faro coinciden en que la escritura de donación es suficiente para que el acto sea válido. “El no inscribirla en el Registro no significa que el acto no produzca efectos”, dijo la profesora universitaria. “Con la suscripción de la escritura, el acto entre partes es perfecto”, dijo el otro especialista consultado.

El segundo punto de la defensa que hace Castaneda es su propia interpretación de la Ley de Notariado. Castaneda no niega la realización de las escrituras, es más, dice que como esa escritura en cuestión ha hecho más de 200. Está convencido de que la prohibición de la ley de notariado no le aplica, porque lo hizo para una empresa suya y de su familia, y no para sí mismo y sus parientes como personas naturales. “Es una ficción jurídica”, dice: como una sociedad es distinta de sus socios, la prohibición no aplica a su caso.

Castaneda cita el código de lo Civil, el código de Comercio e incluso una resolución de la Sala de lo Civil (la del proceso 525-2006) para argumentar que las personas jurídicas pueden “ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial o extrajudicialmente”. Además, que las sociedades “se consideran independientes de los socios que las integran”.

Según Castaneda, “cuando la persona jurídica nace, se vuelve una persona totalmente diferente de los socios”. Aunque esa ficción se topa con una realidad: las ganancias de la persona jurídica sociedad Tecana terminan en las cuentas de siete personas naturales: Néstor Castaneda y su familia.

Los expertos en notariado consultados por El Faro también son conclusivos en este punto. “La discusión aquí no es si una persona natural es diferente de una persona jurídica. Eso es un hecho”, dijo el abogado especialista. “La ley reprocha que se ponga en duda el ejercicio objetivo e imparcial de la función pública notarial. Lo que la ley dice es, en cualquier circunstancia en que haya duda, apártese. Y en este caso el provecho es indudable”, dijo el abogado experto.

“A mi forma de ver sí se ha violentado la ley de notariado”, dijo la profesora universitaria. “Hay resoluciones de la sección de Investigación Profesional que establecen que el provecho debe ser un interés económico palpable. Y todos los involucrados en una sociedad son parte activa de ella”, agregó. “Hay elementos suficientes para que se investigue. Con menos que esto se abren expedientes en Investigación Profesional”, señaló.

Hay textos legales que también respaldan la opinión de los expertos. Por ejemplo, una edición de la ley de Notariado comentada del año 2002, publicada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) dice que el provecho al que alude la Ley “está referido al provecho económico que puede obtener el notario para sí o para sus familiares al autorizar actos o contratos en que ellos intervengan”.

Pero Castaneda está tan seguro de su posición que reta a sus denunciantes a que se enfrenten en las cortes. “¿Quién resuelve una controversia? Viene usted, demanda la nulidad de la escritura por esa razón. El juez analiza eso y resuelve. Yo estoy en la legalidad, no me preocupa. Cada quien puede tener su interpretación”, dice.

Castaneda asegura que este dilema ya fue judicializado, sin embargo, no recuerda en qué juzgado. El funcionario dice que la sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió un expediente por el caso, pero que Pedro Menéndez presentó un escrito para retirar la denuncia. Cuando se candidateó para fiscal general en 2018, Castaneda presentó una constancia a la Asamblea Legislativa que dice que tiene un expediente fenecido en la sección de Investigación Profesional de la CSJ. El Faro solicitó el expediente a Investigación Profesional, pero la oficina respondió que esa información era privada y solo la podían consultar las personas que fueran parte del proceso legal, o sea, el denunciante o el denunciado.

Este periódico solicitó a Castaneda, el 23 de noviembre de 2018, que hiciera llegar cualquier información que tuviera disponible sobre este caso. Para la tercera semana de enero de 2019, el presidente del TEG no presentó ningún documento. En cambio, el abogado denunciante, Ricardo Rivas, dice que no hay antecedentes. Castaneda insiste: “Ellos ya lo intentaron. Yo le digo al abogado 'vuélvalo a intentar otra vez'”.

La denuncia contra Castaneda fue presentada dos semanas antes de la elección del nuevo fiscal general. Para esas fechas, Castaneda estaba en el foco de los partidos políticos al ser considerado en una terna de elegibles junto al exfiscal Douglas Meléndez y al fiscal electo, Raúl Melara. La candidatura de Castaneda, sin embargo, pendía de un cuestionamiento por un vidente conflicto de intereses.

Para diciembre de 2018, el TEG llevaba dos años tramitando una denuncia contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. En 2016, Gallegos fue denunciado por la entrega de medio millón de dólares que la Asamblea autorizó a una oenegé fundada por la esposa del diputado. Dos años después, el TEG decidió perdonar a Gallegos. Castaneda, que ordenó y lideró la investigación contra Gallegos, no firmó esa resolución porque el 3 de diciembre de 2018 decidió recusarse. Él necesitaba los votos de los diputados, incluido el de Gallegos, que llegó a promoverlo como favorito de Gana.

El Faro preguntó a Castaneda si no le preocupaba que su falta de diligencia en el caso de Gallegos, y su retiro de la investigación, fuera mal visto por la ciudadanía. “Tiene razón. La opinión pública lo puede ver así. Pero uno jura ser imparcial y respetar la ley. Yo tengo siete años aquí, nueve años pasé en la Corte, y hasta este momento no tengo ninguna denuncia de ese tipo. ¿Por qué la gente confía en mí? Porque sabe que soy una persona honesta y soy honrado”, dijo.