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La campaña de Jimmy y sus amigos para detener el avance de la justicia

Álvaro Montenegro

Jimmy Morales junto a sus amigos, empresarios señalados, militares acusados de violaciones a los derechos humanos apuntan sus estrategias ya no solo contra la Cicig, sino contra las elecciones presidenciales.
ElFaro.net / Publicado el 8 de Febrero de 2019

Jimmy Morales junto a sus amigos, empresarios señalados, militares acusados de violaciones a los derechos humanos y cientos de personas con miedo de ser capturadas, apuntan sus estrategias ya no solo contra la Cicig, sino contra las elecciones presidenciales en donde hay una candidata, Thelma Aldana, quien fue parte de esta cruzada contra la impunidad. Si ella llegara a gobernar, podría robustecer la lucha contra la corrupción.

Hace cuatro años, en las elecciones de 2015, luego de pasar más de cuatro meses manifestándose, Guatemala eligió a Jimmy Morales como presidente. Debido a las escasas opciones políticas novedosas con capacidad para obtener la victoria, el pueblo se decantó por un cómico que resultó un político y presidente caprichoso. En la contienda fue impulsado por el partido político FCN-Nación, fundado por grupos militares vinculados a delitos de lesa humanidad; pero este detalle –que se sabía- cobró poca notoriedad en la campaña. Tuvo que ver el hecho de que Morales no corrió como favorito, sino todo lo contrario: en la medida en que las protestas subían de tono en contra del expresidente Otto Pérez Molina, ese rechazo repercutía contra las clases políticas tradicionales, por lo que la intención de voto de Morales creció. No tenía un pasado reprochable pues nunca había sido funcionario y gozaba de un reconocimiento generalizado en la población por haber actuado en un programa estelar en el monopolio de televisión nacional. Su eslogan “ni corrupto ni ladrón” pegó al tiempo que se encaramaba sobre la ola discursiva de las manifestaciones.

Luego se supo que en verdad Morales representaba a la alianza más añeja del país: los grupos militares hermanados con los sectores empresariales más fuertes. Varios de los propietarios de estos consorcios están vinculados a un caso de financiamiento electoral ilícito por no reportar el dinero que recibió Jimmy en la campaña. En 2018, varios de estos financistas pidieron perdón de manera pública a la sociedad por estos hechos.

Casi cuatro años después, no solo vemos que fue más-de-lo-mismo sino que, al sentirse amenazado Morales (y por eso el apelativo de caprichoso colocado al inicio) emprendió una batalla digna del concepto original de “Golpe de Estado”: es decir, pasarse por encima a las instituciones con tal de librarse a él mismo, a su hermano y a su hijo de las acusaciones.

Por supuesto, también se alinearon los intereses, ya que la impunidad ha sido el punto en común con varios grupos de interés. Así están los acusados por violaciones a los derechos humanos (núcleo del presidente), quienes intentan aprobar una amnistía en el Congreso. Y, al mismo tiempo, se trató de salvar a los financistas de partido oficial promoviendo una reforma al delito de financiamiento electoral ilícito. Esto no se ha logrado, en parte gracias a jueces independientes, a la Corte de Constitucionalidad, a la ciudadanía que ha manifestado y se mantiene activa y la Cicig.

Como no logró derrotar en casa a aquellos que abanderan la lucha contra la corrupción e impunidad, Morales denunció a principios de año ante Naciones Unidas el acuerdo de Cicig, diciendo que no continuaría más en el país. La Cicig fue la que junto al Ministerio Público reveló cómo la corrupción está enraizada en el sistema electoral, judicial, legislativo y en gran medida, empresarial, destapando una serie de mega casos que tienen en prisión a muchas personas con gran poder en el país. La mayoría de los señalados son los que ahora se han unido para detener a la cruzada anticorrupción en Guatemala.

En alguna medida, el bando de los señalados ha logrado pasos importantes. Luego de que Morales les diera 24 horas a los investigadores de la Cicig para abandonar Guatemala, el personal abandonó el país momentáneamente. Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo que detuvo la expulsión, es entendible hayan buscado protección fuera. En Guatemala no tenían garantías de nada y menos con el ministro de gobernación actual.

Morales y sus aliados han llegado al punto en el que el desacato a las resoluciones de la Corte se justifica diciendo que no están obligados a obedecer órdenes ilegales, rompiendo la lógica republicana, como si el presidente fuera el intérprete de las normas, tarea exclusiva de las cortes. El objetivo es claro: impedir el trabajo de la Cicig para este año y que no se prorrogue por dos años más. De momento, la Comisión sigue laborando y los casos avanzan, a pesar de que el comisionado Iván Velásquez no ha regresado al país desde septiembre pasado. De hecho, recientemente se destapó un caso contra el partido UNE, quizá el partido con más presencia en el territorio, donde se involucra a Sandra Torres, candidata a la presidencia.

Copiando el ejemplo de países vecinos, Morales planteó una denuncia en contra de tres magistrados de la máxima corte aduciendo resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, ignorando los precedentes en los que ellos no pueden ser perseguidos penalmente por el contenido de sus resoluciones. Este trámite fue suspendido ya que existe jurisprudencia sobre que una denuncia de esta naturaleza va en contra de la independencia judicial. La idea es atacar a esta Corte porque será esencial durante las elecciones, ya que ahí se dirimirán asuntos sobre candidaturas, impugnaciones y prohibiciones para participar. Además, está pendiente de resolverse una acción que podría dejar sin inmunidad a Felipe Alejos, uno de los más relevantes operadores y actual vicepresidente del Congreso.

Para frenar las manifestaciones en apoyo a la CICIG y a la Corte de Constitucionalidad, Jimmy ha criminalizado a la sociedad civil por medio del monopolio televisivo. En los medios se publicaron imágenes de hechos y se ha denunciado a “líderes sociales” por haber ingresado “ilegalmente” al aeropuerto para respaldar a un investigador de la CICIG al que se le obstaculizó el ingreso al país. Muchas de las personas denunciadas ni si quiera se encontraban en el lugar. El dueño de este monopolio televisivo, Ángel González, se ha prestado a esta criminalización y ha sido históricamente protector de los corruptos para garantizar las concesiones televisivas. Su esposa Alba Lorenzana, representante legal de los canales de televisión abierta, tiene una orden de captura internacional por corrupción.

Henos acá, cuatro años después de las manifestaciones. El país se enfrenta a un nuevo proceso de elecciones generales. Ahora hay nuevos candidatos y la favorita es la exfiscal general Thelma Aldana, rechazada por aquellos que están vinculados a los casos más importantes de corrupción, y por los sectores más acaudalados vinculados a estos casos, pues ella dirigió los procesos en su contra. Es el peor temor de quienes defienden el status quo y harán hasta lo imposible para detener su candidatura, que deberá estar inscrita antes del 17 de marzo.

Para mientras, el Congreso sigue impulsando una agenda regresiva en términos de derechos en donde buscar intervenir a las oenegés, liberar a los militares condenados por casos del conflicto armado, amnistías por corrupción, hasta intentos de remover al Procurador de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad para lograr detener la candidatura de Aldana y asegurar que la Cicig no continúe después de septiembre.

El discurso que promueven posibles candidatos vinculados a los acusados de corrupción como Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt (de momento su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral por impedimento constitucional), tiene un aire “bolsonarista”: tratan de desinformar insertando en un solo saco a la Cicig, las Naciones Unidas, el aborto y los derechos de las personas LGBTI para incentivar los miedos conservadores. En algunos casos, esta campaña no funciona. En San Pedro La Laguna, un municipio que bordea al Lago de Atitlán, cuando algunos religiosos allegados a Morales crearon un evento para incentivar esta narrativa, feligreses evangélicos colgaron carteles de frases bíblicas en favor de la justicia y contra la corrupción para dar a entender el apoyo a la Cicig y al proceso de depuración que vive Guatemala.

Es relevante, para este año, ver que el país cuenta con una organización social un tanto más madura. Ya se escucha la planeación de actividades, movilizaciones, eventos, para defender los comicios que tendrán nuevas reglas del juego, desde que en 2016 se quitó poder al todopoderoso imperio de la televisión abierta, y ahora la pauta deberá ser equitativa a todos los candidatos. Este hecho molesta a la patronal de empresas, pues no solo dejan de percibir grandes ganancias sino que se avizoran unas votaciones más democráticas que las anteriores. Las nuevas reglas pueden evitar tanto financiamiento electoral ilícito, delito que ha corrompido a niveles inimaginables al Estado.

La pugna se mantiene e incluso se incrementará en los próximos meses, ya que para octubre deben de haberse elegido también nuevas cortes y el llamado “Pacto de Corruptos” (esa alianza criminal entre diputados, financistas y otros funcionarios) se encuentra impulsando a los peores jueces para asegurarse impunidad por los próximos años. Pero también este 2019 abre ciertas posibilidades en contra de la desesperanza, en cuenta la candidatura de Aldana a la presidencia, así como nuevos diputados que se postularán tomando en cuenta que muchos congresistas no podrán reelegirse porque la nueva ley prohíbe que corran quienes se cambiaron de partido. El camino hasta las elecciones del 16 de junio es complicado. La corrupción y la impunidad pelean con todo para no perder terreno.

 

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.