Guatemala y El Salvador están al borde de protagonizar un alarmente retroceso para el Estado de derecho. Mientras en El Salvador la derecha política ya hizo un primer amague para regresar a una amnistía total para los violadores de derechos humanos de la guerra, en Guatemala el Congreso está a un paso de aprobar unas reformas que también prometen amnistía total a los criminales de guerra.
El miércoles 6 de marzo, las reformas a la Ley de Reconciliación que pretenden cerrar procesos judiciales en curso, y dejar en libertad a los criminales ya condenados por graves violaciones a los derechos humanos, pasó a una tercera lectura en el Congreso guatemalteco.
El avance de este dictamen ocurrió un día después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresara su preocupación y recordara que las amnistías totales “son incompatibles con las obligaciones del Estado de llevar a juicio a quienes comentan serias violaciones de los derechos humanos”. Tanta es la prisa de quienes buscan perpetuar la impunidad desde el Congreso, que la iniciativa avanzó a pesar de que en el pleno se señalaran errores en la redacción del dictamen.
¿Por qué esta propuesta implica un retroceso? Los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en 1996, abrieron la posibilidad de obtener justicia a graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto civil interno iniciado en 1960. A diferencia de El Salvador, donde la derecha logró imponer una amnistía absoluta -contraviniendo así los Acuerdos de Paz alcanzados de 1992-, en Guatemala, aunque se avanzaba a paso lento, había esperanza. Según ha reportado el periódico Nómada, gracias a la Ley de Reconciliación que hoy se busca mutilar, se han logrado condenas en 13 de los 16 casos que han llegado a tribunales hasta el 2018. “Han sido condenados a prisión 42 miembros del ejército y uno de la guerrilla”, escribe el medio.
Ahora mismo, en El Salvador, fuerzas proimpunidad siguen el mismo camino que están allanando en Guatemala. La derecha legislativa, como lo hizo hace 26 años, busca aprobar una nueva amnistía absoluta que impediría investigar, enjuiciar y sancionar los crímenes de la guerra civil, cometidos ya sea por miembros del Ejército o de la guerrilla. El Salvador avanzó en la búsqueda de justicia cuando en julio de 2016 una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminó la Ley de Amnistía. Desde la sentencia se han reabierto casos importantes como la masacre de El Mozote (1981), actualmente en juicio; el caso del asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Romero (1980), recientemente santificado por la Iglesia Católica; y el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres ocurrido en la Universidad Centroamericana (1989). La comisionada de la ONU también expresó su preocupación ante este intento que busca una nueva amnistía en El Salvador.
En otras palabras, desconociendo el fallo de la Sala, la Asamblea Legislativa salvadoreña busca aprobar una legislación similar a la que fue declarada inconstitucional en 2016. El impulsor del borrador de la llamada “Ley de Reconciliación” es Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señalado por la Comisión de la Verdad por encubrir el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la UCA. Sí, uno de los casos emblemáticos de la guerra que han sido reabiertos tras la eliminación de la amnistía.
El máximo tribunal de justicia del país ordenó a la Asamblea reemplazar la inconstitucional ley por otra normativa que garantizara el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia para todas las víctimas. Sin embargo, a los partidos políticos esta decisión judicial no les cayó en gracia, incluida la exguerrilla del FMLN , que luego de la sentencia de la Sala retrocedió en su discurso a favor de la lucha contra la impunidad en los crímenes de la guerra. Luego de más de dos años de aquella decisión judicial, ningún partido mostró interés por cumplir el mandato de la Sala y legislar en favor de las víctimas. Y aunque en los últimos días el discurso del Frente ha vuelto hacia las víctimas, sus diputados (23) nada podrán hacer si la derecha llegara a votar unida a favor de una nueva amnistía (la derecha unida controla 59 votos, suficientes para aprobar una ley y superar un veto presidencial).
Los intentos por aprobar amnistías no generarán la reconciliación -como aseguran quienes lideran estos esfuerzos-, sino que perpetúan la impunidad. La reconciliación nacional sólo puede ser producto de procesos en los que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra. El proceso penal es el reflejo de la sanción del Estado a conductas contrarias a los valores de una sociedad; impedir la investigación y la sanción penal debilita a las naciones.
Estos intentos revelan el desconocimiento de los legisladores de los contenidos mínimos del derecho internacional sobre derechos humanos. Las amnistías son contrarias a la obligación de proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la integridad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reiterado en su jurisprudencia, en particular en casos contra Guatemala (Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Caso Coc Max y Otros (masacre de Xamán) vs Guatemala, Caso Molina-Theissen v. Guatemala, entre otros ) y El Salvador(Caso Masacres El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Caso Rochac Hernández y Otros vs El Salvador, Caso Hernández y Otros vs. El Salvador, entre otros). Estas iniciativas son también un retroceso en los avances en la institucionalidad y en el fortalecimiento del Estado de derecho en ambos países. Y solamente abren la puerta para condenas futuras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A 27 años del fin de la guerra en El Salvador, y 23 en Guatemala, es admirable el papel de las víctimas que siguen resistiendo y exigiendo justicia ante los embates de grupos interesados en el olvido para proteger bajo un manto de impunidad a los criminales. Desde la sociedad civil debemos acompañar a las víctimas. Porque sólo la justicia y la reparación en crímenes del pasado nos permitirán alcanzar una verdadera reconciliación, paz y democracia, y avanzar en la construcción del Estado de derecho.
