El presidente electo sin duda se enfrentará a diversos retos a partir del 1 de junio, pero en este punto es necesario mencionar tres temas importantes que muy poco se tocan en la discusión diaria de los problemas del país. Además de una política de seguridad clara, de una reforma fiscal, del fortalecimiento de la educación y mejora en el sistema de pensiones, el Estado también necesita mejorar la función pública, restablecer el tejido social en las comunidades y depurar a sus cuerpos de seguridad. Estos tres temas se han convertido en un lastre para el desarrollo del país, y apenas aparecieron mencionados en los planes de gobierno que los diferentes partidos presentaron en la pasada campaña.
En El Salvador, la función pública tradicionalmente ha sido asociada al clientelismo político o a los empleos conseguidos por cuello. Muchos servidores públicos llegan a sus cargos con una notoria ausencia de méritos; y esto se traduce en una mala administración del gobierno, usuarios frustrados y desmoralizados por la mala calidad de los servicios públicos.
De cara al próximo quinquenio, acá ya existe un primer problema: Bukele ha asegurado estabilidad laboral para quienes por ahora componen el grueso de la administración. Repetimos: no todos los funcionarios y empleados públicos son malos, pero garantizar la estabilidad sin distingos representa un grave problema. ¿Cómo se puede cambiar la cultura de una mala administración si mantenemos a agentes u operadores que no cumplen ni méritos ni tampoco un servicio eficiente? El reto para el nuevo gobierno es lograr, en el corto plazo, un diagnóstico que permita separar la paja del trigo.
Una investigación de Francisco Longo (2012), experto en servicios civiles y función pública del BID, revela que El Salvador es el quinto país más eficiente con 30 puntos, en una medición que incluye a los países del istmo centroamericano más República Dominicana. Es decir, se pone en evidencia un rezago o una brecha ante países más eficientes como Costa Rica, que alcanza 46 puntos de 100.
En esta investigación, por eficiencia se entienden los resultados obtenidos por el sistema de Servicio Civil con los recursos invertidos en su funcionamiento, así como la presencia de las consideraciones de eficiencia del gasto en los procesos de toma de decisiones. En cuanto al mérito, este es entendido como el grado de protección efectiva que el sistema ofrece al asegurar que la meritocracia prevalezca (por sobre la arbitrariedad y la captura política o clientelista de los puestos y cargos) en las contrataciones de servidores públicos. Sí bien El Salvador aparece en tercer lugar en la región, lo hace detrás de Nicaragua y Costa Rica; y en términos puntales nuestro país alcanza apenas 30 puntos, Nicaragua 34 y Costa Rica 61. De nuevo, hay un abismo enorme que nos separa del país que despunta en la región. Así, una reforma a la función pública es eminente si se busca construir un Estado eficiente, competitivo, que tenga capacidad funcional y cuente con funcionarios elegidos sobre la base de la meritocracia y transparencia.
El segundo de los retos es la depuración de la PNC y las Fuerzas Armadas. Relatos sobre ejecuciones extrajudiciales abundan, pero el pecado original de la corrupción dentro de dichos cuerpos de seguridad, en especial de la PNC, radica en el reparto de plazas en la nueva Policía que hicieron la exguerrilla y los antiguos cuerpos de seguridad después del conflicto armado. A pesar de las advertencias de las Naciones Unidas, la que se suponía una de las instituciones más novedosas surgida de los Acuerdos de Paz, y que ayudaría a consolidar la paz y la democracia, tuvo una falla de origen, como lo señala Héctor Silva Avalos en su libro Infiltrados, crónicas de la corrupción en la PNC (1992 – 2013).
Lo mismo ocurre con la Fuerza Armada, donde parece que los militares actúan al margen de la ley. Sólo en 2017, la PDDH recibió 371 denuncias de violaciones: 303 cometidas por agentes de la PNC, 60 cometidas por miembros de las fuerzas armadas en concordancia con el informe de Derechos Humanos en El Salvador difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos del mismo año. Tal informe, literalmente expresa que las autoridades civiles no pudieron mantener un buen control sobre las fuerzas de seguridad, y asevera que los principales problemas fueron relacionados a supuestas ejecuciones ilícitas de presuntos mareros, desapariciones forzadas por parte del personal militar, torturas, condiciones carcelarias mortales, detenciones arbitrarias, entre otros.
A partir del 1 de junio habrá un nuevo gobierno, pero las dudas en materia de seguridad persisten. ¿Qué podemos esperar? ¿Un ejecutivo enfocado en la participación y escucha activa del territorio que apunte a recuperar la confianza en las instituciones mediante el respeto de los derechos humanos, o la continuidad de la política de represión del gobierno saliente? ¿Habrá más prevención y apuesta por las comunidades o más guerras de baja intensidad en los territorios?
En materia de seguridad, urge una revisión con un enfoque de derechos humanos para los cuerpos de seguridad. Ojalá que el presidente no tomé en cuenta las ideas de diputados populistas de Gana como Osiris Luna, limpiar el país de pandillas asesinando sin responsabilidad penal a los más buscados (hasta con recompensa); o la eterna obsesión de Guillermo Gallegos con pena de muerte.
El tercero de los retos es la reconstrucción del tejido social. Concepto de moda que las organizaciones no gubernamentales, municipalidades y el mismo Ejecutivo junto con la cooperación internacional han venido mencionando en los últimos años. Sí pudiéramos resumir en una sola palabra el concepto de tejido social, sería esta: confianza. Pero recuperar la confianza es difícil cuando el gobierno y sus instituciones se convierten en actores que aíslan a las comunidades.
A manera de ejemplo, como director ejecutivo de TECHO, tuve la oportunidad de conocer la experiencia de la comunidad la Tutunichapa 1, trabajando en diferentes proyectos junto a la cooperación internacional. En aquella época, que coincidió con la gestión de Bukele como alcalde de San Salvador, la confianza en la municipalidad era baja, especialmente en temas asociados a seguridad por parte del CAM y la presencia municipal. De hecho, los promotores sociales no ingresaban, porque lejos de establecer lazos de comunicación, la alcaldía era renuente para escuchar y validar las problemáticas de inseguridad e infraestructura. Las comunidades aledañas al Parque Cuscatlán (Tutunichapa I, La Asunción, La Paz y El Atonal) incluso lamentaron no haber sido tomadas en cuenta en el proyecto de revitalización de ese espacio público en las fases de formulación y diseño.
Restablecer el vínculo con las comunidades y atender estos tres ejes ayudaría a mejorar el aparato estatal. Antes de arrancar con megaproyectos de infraestructura, el país necesita recomponerse. Es necesario que desde el ejecutivo se tenga el valor y la humildad – como Maquiavelo lo sugería- de llegar a consensos con los partidos políticos, de manera que se impulsen las reformas necesarias. Después de todo, como Monseñor Romero lo expresó: de nada sirven las reformas sí van teñidas de tanta sangre… o corrupción.
