{"code":"23150","sect":"EF Radio","sect_slug":"ef-radio","hits":"2050","link":"https:\/\/elfaro.net\/es\/201903\/ef_radio\/23150","link_edit":"","name":"\u201cSe est\u00e1 violando la Constituci\u00f3n al cerrar expedientes abiertos de Probidad\u201d","slug":"-ldquo-se-esta-violando-la-constitucion-al-cerrar-expedientes-abiertos-de-probidad-rdquo-","info":"Eva L\u00f3pez, presidenta de la organizaci\u00f3n Futuro Abierto, considera que 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) v iolaron la Constituci\u00f3n cuando decidieron cerrar los expedientes abiertos de enriquecimiento il\u00edcito para funcionarios que tengan m\u00e1s de 10 a\u00f1os de no estar en ejercicio , en la sesi\u00f3n de Corte Plena del 31 de enero. La decisi\u00f3n de corte plena aplic\u00f3 un criterio presente en la Constituci\u00f3n desde 1983: que no se pueden iniciar juicios de enriquecimiento il\u00edcito 10 a\u00f1os despu\u00e9s de que el funcionario haya cesado su funci\u00f3n. Sin embargo, el acuerdo tambi\u00e9n implica archivar los casos de funcionarios que dejaron su puesto hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os, sin importar la etapa en la que se encuentren. Eso beneficia, por ejemplo, a exfuncionarios del \u00faltimo gobierno de Arena (2004-2009) o de diputados o funcionarios de otros \u00f3rganos del Estado que tengan reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009. Esta decisi\u00f3n, adem\u00e1s,\u00a0se aleja de los par\u00e1metros usados por la anterior conformaci\u00f3n de corte plena con la que, en 2015, iniciaron y divulgaron las investigaciones patrimoniales del expresidente Francisco Flores que gobern\u00f3 entre 1999 y 2004 y de los expresidentes Armando Calder\u00f3n Sol (1994-1999) y Alfredo Cristiani (1989-1994). &quot;Centrarse ahora en una interpretaci\u00f3n diciendo que todo ese trabajo de investigaci\u00f3n previo, no importa en qu\u00e9 etapa del proceso est\u00e9, tampoco es l\u00f3gico. Se est\u00e1 violando la misma Constituci\u00f3n. Si utilizamos nuestras propias leyes para perpetuar la corrupci\u00f3n nos estamos volviendo c\u00f3mplices&quot;, dijo L\u00f3pez. &quot;La interpretaci\u00f3n misma es contraria a los fines o prop\u00f3sitos de la Constituci\u00f3n.\u00a0El objetivo de poner un plazo de 10 a\u00f1os (en la Constituci\u00f3n) es que no se pueda investigar a alguien por la perpetuidad. Pero tampoco significa utilizar el sentido literal y decir 'no importa y en cualquier estado volvemos a cerrar las cosas', sino darle una interpretaci\u00f3n progresiva&quot;, explic\u00f3. L\u00f3pez dio estas declaraciones en la entrevista de El Faro Radio del 21 de marzo, en la que tambi\u00e9n particip\u00f3 Enrique Anaya, un abogado constitucionalista y protagonista de muchas demandas ante la Sala de lo Constitucional. Anaya coincide con L\u00f3pez en que el criterio de cerrar los casos, a\u00fan cuando haya una investigaci\u00f3n avanzada, no es una decisi\u00f3n congruente con la lucha contra la corrupci\u00f3n. &quot;No creo que sencilamente se trate de cerrarlos. Ser\u00eda una lectura totalmente errada asumir que transcurridos los diez a\u00f1os ya qued\u00f3 borr\u00f3n y cuenta nueva&quot;, dijo Anaya. &quot;Le encuentro el sentido de que signifique no poder iniciar procesos, pero eso no implica que el esfuerzo quede cerrado. Podr\u00edan decir 'No logramos tomar la decisi\u00f3n pero lo vamos a mandar a la Fiscal\u00eda lo que hemos hecho en tres a\u00f1os'. Ser\u00eda absurdo decir que he estado investigando a alguien por dos a\u00f1os pero como llegaron los diez a\u00f1os entonces queda guardado&quot;, dijo. La ley de enriquecimiento il\u00edcito vigente en El Salvador data de 1959. Los diputados aprobaron en 2016 una nueva ley de Probidad que nunca entr\u00f3 en vigencia, gracias a que la Sala de lo Constitucional declar\u00f3, primero, una medida cautelar y, dos a\u00f1os despu\u00e9s, la consider\u00f3 inconstitucional. La ley eliminaba la figura del juicio civil y descargaba la responsabilidad de las investigaciones en la Fiscal\u00eda y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema . Por tanto, los juicios de enriquecimiento se siguen tramitando con una ley que tiene 60 a\u00f1os. L\u00f3pez y Anaya coinciden en que hay obst\u00e1culos y taras con las reglas pero se\u00f1alan que eso no fue obst\u00e1culo anteriormente para encausar investigaciones y que se reduce a una falta de voluntad pol\u00edtica. &quot;La ley es mala pero cuando existi\u00f3 la voluntad de aplicarla se aplic\u00f3. Hay que hacer que las cosas funcionen en lugar de enredarnos en los detallitos&quot;, dijo Anaya. L\u00f3pez tambi\u00e9n dijo que la Corte no puede desligarse de su responsabilidad al transferir la informaci\u00f3n a otras instituciones. El magistrado de la Sala de lo Constitucional Aldo C\u00e1der, uno de los que vot\u00f3 por la entrada en efecto de la prescripci\u00f3n, dijo que ese criterio no imped\u00eda que Probidad compartiera su investigaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda o el Ministerio de Hacienda. L\u00f3pez advirti\u00f3 que la posibilidad de informar a la Fiscal\u00eda no deber\u00eda de ser un argumento para justificar que Probidad deje de hacer su trabajo. &quot;Ninguna instituci\u00f3n sustituye a la otra, deber\u00edan de complementarse. Cada una cumple una funci\u00f3n distinta y se busca evitar que existan flancos libres&quot;, dijo. &quot;A\u00fan en el escenario m\u00e1s favorable en que la Corte remita la informaci\u00f3n a las instituciones pertinentes, los delitos prescriben. En Hacienda hay un grado de prescripci\u00f3n&quot;, a\u00f1adi\u00f3. Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo en entregar informaci\u00f3n sobre el patrimonio de los funcionarios, y en iniciar, por primera vez, un juicio por enriquecimiento il\u00edcito contra el diputado Reynaldo Cardoza. L\u00f3pez, por su parte dijo\u00a0&quot;Si interpretamos restrictivamente o nos centramos en literalismos muy marcados, en vez de ordenar, buscamos restringir&quot;. &quot;\u00bfCu\u00e1nto tiempo toma comprobar lo que ganaba un funcionario, ver las declaraciones y dar inicio a un proceso? Una presunci\u00f3n de enriquecimiento no implica que es culpable. Pero no es en extremo complicado para tomar 3 o 4 a\u00f1os o no empezar ning\u00fan proceso en 10 a\u00f1os&quot;, se\u00f1al\u00f3 L\u00f3pez. Anaya tambi\u00e9n coincide en decir que es inexcusable no hacer un m\u00ednimo de diligencias durante una d\u00e9cada. &quot;Puede que la informaci\u00f3n es complicada pero se trata de obtener indicios, no una cuesti\u00f3n de absoluta certeza. No conseguir indicios en diez a\u00f1os deja mucho que desear&quot;, dijo. &quot;Las se\u00f1ales son altamente preocupantes, la desidia en la agilidad de las investigaciones me generan preocupaci\u00f3n&quot;. La presidenta de Futuro Abierto dijo que este tipo de decisiones permiten evidenciar las fallas estructurales del sistema anticorrupci\u00f3n. &quot;Es una falla sist\u00e9mica que viene de otras cosas. Cuando dejamos pasar\u00a0que pod\u00edamos conocer las declaraciones y hoy ya no, ese c\u00famulo de situaciones permite que lleguemos a ese punto donde se cierran expedientes&quot;.","mtag":"Transparencia","noun":{"html":"\u003Cspan class='tint-text--dark' data_href='\/user\/profile\/nrauda'\u003E Nelson Rauda Zablah\u003C\/span\u003E y \u003Cspan class='tint-text--dark' data_href='\/user\/profile\/glabrador'\u003E Gabriel Labrador\u003C\/span\u003E","data":{"nelson-rauda-zablah":{"sort":"nrauda","slug":"nelson-rauda-zablah","path":"nelson_rauda_zablah","name":"Nelson Rauda Zablah","edge":"0","init":"0"},"gabriel-labrador":{"sort":"glabrador","slug":"gabriel-labrador","path":"gabriel_labrador","name":"Gabriel Labrador","edge":"1","init":"0"}}},"view":"2050","pict":{"cms-image-000031521-jpg":{"feat":"1","sort":"31521","name":"cms-image-000031521.jpg","link":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000031521.jpg","path":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000031521.jpg","back":"","slug":"cms-image-000031521-jpg","text":"<p>Eva L\u00f3pez, presidenta de la organizaci\u00f3n Futuro abierto, durante la entrevista de El Faro Radio, el 21 de marzo de 2019. 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