Recientemente, parte de la discusión sobre la carrera presidencial en el Partido Demócrata de los Estados Unidos se ha centrado en cómo ciertos candidatos presidenciales, por ejemplo el alcalde Pete Buttigieg, han decidido arrebatar de la derecha política el monopolio sobre el derecho a invocar la moral cristiana. Al mismo tiempo, un tema central en la carrera presidencial en general ha sido la inmigración. El viernes 12 de abril, el secretario de Estado Mike Pompeo apareció en las noticias para explicar la decisión de su gobierno de detener la ayuda extranjera de los Estados Unidos al llamado 'Triángulo Norte' de América Central, que se compone de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. La ayuda será retenida hasta que los gobiernos de estos países hagan algo para detener la emigración ilegal a los Estados Unidos.
Retirar la ayuda a estos países, así como está la situación actual, no puede considerarse de ninguna manera un acto ético. Este es el caso, si dicha política se evalúa sobre la base de meros principios o pragmática.
Desde un punto de vista pragmático, será mucho más difícil para estos gobiernos evitar que sus ciudadanos emigren cuando tienen menos recursos públicos para hacerlo. Ni siquiera el gobierno de un país como Cuba, rodeado por el mar, que impone regulaciones considerablemente mayores a las libertades civiles de sus ciudadanos, ha podido evitar que los cubanos emigren, cuando deciden hacerlo. Si observamos la pregunta desde la perspectiva de los principios, la opinión habitual sería afirmar que el Gobierno de los Estados Unidos tiene todo el derecho de decidir si retirará sus gestos de caridad hacia sus países vecinos o no. Por lo tanto, es solo una cuestión en la cual el Gobierno estadounidense es menos compasivo de lo que ya ha sido con los gobiernos de sus países vecinos para obtener ciertas concesiones necesarias de estos gobiernos. Sin embargo, sería erróneo caracterizar la ayuda estadounidense a estos países como mera caridad. Esta se ha justificado principalmente como una inversión para los Estados Unidos. Por ello, debe ser tratada como tal. También debe considerarse como una obligación moral.
Por ejemplo, según estimaciones de Quan (2005) y del entonces Mayor Paul P. Cale (1996), el Gobierno de los EE. UU. destinó alrededor de US$6 mil millones en ayuda militar al Gobierno de El Salvador (GOES) durante la Guerra Civil Salvadoreña, desde 1980 hasta 1992. Eso sería aproximadamente el equivalente a unos US$12 mil millones en la actualidad. Algunos, como Cale (1996), consideran esta ayuda como una obra benéfica para ayudar al GOES a defenderse de la amenaza comunista. Sin embargo, esta sería una visión unilateral y simplista de lo que sucedió. En cualquier caso, sería difícil argumentar que el Gobierno de los EE. UU. no estaba invirtiendo voluntariamente este dinero para proteger sus propios intereses económicos y geopolíticos, entre otras cosas, alimentando un aparato militar represivo y entrenando a escuadrones de la muerte, quienes asesinaron personas inocentes. Uno de estos muertos inocentes, Óscar Arnulfo Romero, recientemente fue nombrado santo por la Iglesia católica. Esta inversión, en una interpretación particular de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, también contribuyó a destruir importantes instituciones sociales e infraestructura en El Salvador y a posponer el desarrollo de proyectos vitales para el desarrollo del país. Es una de las razones por las cuales colapsó la agricultura en El Salvador. Esto causó una migración masiva de las áreas rurales a los centros urbanos en el país, o en otros casos, la emigración a otros países, como los Estados Unidos.
Algunos dirán que la guerra civil salvadoreña terminó hace 27 años y que esto debería ser suficiente tiempo para reconstruir el país. Comparativamente hablando, podríamos compararlo con Europa Occidental y cómo logró ponerse de pie en mucho menos tiempo, después de un conflicto tan devastador como la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, hay que profundizar un poco más en esta analogía.
Según algunas estimaciones aproximadas, la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial costó a los contribuyentes fiscales estadounidenses US$4,1 billones (en dinero actual, ajustado por la inflación). Esta cantidad no se utilizó por completo en el Frente Occidental, pero se podría suponer con seguridad que al menos la mitad de esa cantidad se gastó en Europa Occidental. Después de la guerra, el llamado Plan Marshall, el cual consistió en ayuda económica estadounidense para la reconstrucción de esa parte del continente, ascendió a US$100 mil millones (en dinero de hoy, ajustado por la inflación). Pero se estima que el Gobierno de los EE. UU. en realidad le dio un total de aproximadamente US$182 mil millones (en dinero de hoy, ajustado por la inflación), con el propósito de la reconstrucción, durante el período 1946-52.
Esto significa que, durante el transcurso de seis años, el Gobierno de los EE. UU. invirtió aproximadamente el 4.4 % de sus gastos militares de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental para ayudar en su reconstrucción económica. Esto excluye los costos de desmovilización y los costos de terminar la guerra, así como toda otra ayuda y cooperación que siguieron al Plan Marshall, la cual excedió esta cantidad. Por ejemplo, en 1952, el economista de Harvard John Henry Williams escribió en la revista Foreign Affairs que el presupuesto de los EE. UU. del año fiscal que daba inicio el 1 de julio de 1952 (después del Plan Marshall) incluía ayuda a Europa equivalente al 75 % de todo el presupuesto del Plan Marshall. Esta cooperación continuó en el tiempo y se volvió más militarista, a medida que la OTAN se consolidaba y desarrollaba. Pocos estarían en desacuerdo con la sugerencia de que los esfuerzos de reconstrucción de los Estados Unidos en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial constituían una inversión en los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Es una cooperación que continúa hasta hoy, y es probablemente la razón por la cual la Casa Blanca de Donald Trump ha sugerido que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos subsidia el presupuesto de defensa de la OTAN.
Un compromiso equivalente para reconstruir El Salvador, un país comparativamente más pobre que Europa Occidental, implicaba un programa de reconstrucción económica con al menos US$540 millones equivalentes a dinero de hoy financiado por el Gobierno de los EE. UU., durante el período 1993-99. De hecho, el Gobierno de los EE. UU. prometió inicialmente US$ 500 millones (en dinero de hoy, ajustado por inflación), tan solo para implementar los Acuerdos de paz. Desafortunadamente, esta ayuda, y la cooperación de otros Estados, no alcanzaron a cubrir el presupuesto total que se calculó inicialmente para la implementación de la totalidad de los Acuerdos. Ello implicaba que, de entrada, al GOES le faltaban US$1,200 millones de los US$3 200 millones (en dinero actual) que se necesitaban para implementar los acuerdos de paz. La ayuda fue finalmente asegurada con la ayuda de la comunidad internacional y los acuerdos fueron implementados de manera ejemplar. Sin embargo, partes del plan relacionadas con la reconstrucción económica y social fueron pospuestas, reestructuradas, financiadas por préstamos incurridos posteriormente o, en ciertos casos, no se realizaron según lo sugerido. Sin embargo, como en Europa Occidental, la cooperación y la asistencia del Gobierno de los EE. UU. a El Salvador no se detuvieron allí: se desarrollaron y se adaptaron a otras necesidades que surgieron y dificultaron el proceso de reconstrucción, como cuando el país sufrió el paso de huracanes e inundaciones a finales de los años noventa y dos terremotos devastadores en 2001. La ayuda ha continuado y, de acuerdo con USAID, el actual presupuesto anual de asistencia externa para El Salvador de todas las agencias de los EE. UU. supera los US$100 millones.
¿Por qué, entonces, es el caso de que esta cooperación y asistencia han resultado insuficientes para detener la emigración salvadoreña a los Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta yace en el hecho de que el dinero por sí solo no hace toda la diferencia, especialmente si va acompañado de políticas que contrarrestan sus efectos. Y también es posible identificar la responsabilidad compartida, cuando se trata de temas de política.
Una de las principales causas de la migración en El Salvador es el colapso del sector agrícola y las áreas rurales del país. Este fue un proceso gradual. Ocurrió en parte debido a la Guerra Civil Salvadoreña, pero también debido a que el sector agrícola asumió el mayor costo de ajuste comercial de las políticas de liberalización, mal diseñadas e implementadas, que fueron facilitadas y promovidas por la asistencia y cooperación del Gobierno de los EE. UU. En contraste, una de las políticas centrales para la reconstrucción de Europa Occidental fue la Política Agrícola Común (PAC), que permitió subsidiar y proteger sus áreas rurales y lograr la seguridad alimentaria, antes de considerar las liberalizaciones comerciales de este sector. En El Salvador, la liberalización unilateral del comercio agrícola, primero a través de políticas defendidas por el Gobierno de los EE. UU. y, posteriormente, a través del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), dejó a sectores vulnerables de la sociedad rural expuestos al desempleo. Estas políticas habrían funcionado mejor si a los individuos también se les permitiera emigrar libremente a aquellos lugares en donde se necesita más mano de obra, ya que los bienes y el capital pueden moverse libremente a través de las fronteras. Pero, como todos sabemos, el Gobierno de los EE. UU. quiere construir muros en su lugar.
La deportación indiscriminada a El Salvador de criminales que nacieron en El Salvador, pero se criaron en los Estados Unidos, crearon las condiciones para la exacerbada violencia de pandillas, de la cual muchos migrantes están huyendo. Además de eso, el Triángulo Norte es parte de las rutas comerciales empleadas cada vez más por el crimen organizado para transportar drogas ilegales desde Suramérica a los Estados Unidos. Este problema ha surgido en gran parte debido a los esfuerzos del Gobierno de los EE. UU. para desviar el tráfico de drogas provenientes desde el Caribe. Esto ha empeorado aún más el problema de la violencia en la zona.
El Gobierno de los EE. UU. ha invertido mucho en moldear las instituciones salvadoreñas para servir a sus propios intereses económicos y geopolíticos. Aunque algunos de los objetivos se han alcanzado, otros han fracasado, y también se han obtenido resultados inesperados. Pretender que el Gobierno estadounidense no comparte parte de la responsabilidad por la difícil situación de El Salvador no es consecuente con la lógica de las inversiones o los intereses en El Salvador. Tampoco es moralmente aceptable. Muchos de los mismos argumentos aplican para los otros países del Triángulo Norte. Es claramente poco ético dejar que los aliados más débiles, quienes se han mantenido en la línea de fuego por los intereses de los Estados Unidos, se queden solos ante la adversidad, haciendo que la ayuda que ellos necesitan con urgencia sea condicional a resultados que no se pueden entregar. La regla comúnmente aceptada de las tiendas de cerámica, la cual dice “si lo quebrás, lo arreglás”, parece ya no aplicar en las relaciones de EE.UU. con El Salvador.
