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Juez frena la expulsión de centroamericanos que solicitaron asilo al gobierno de Trump

Nelson Rauda

Los testimonios de 11 migrantes que huyeron de "El Salvador, Guatemala y Honduras para escapar de violencia extrema" fueron utilizados como argumento por un juez de San Francisco para prohíbir que los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos deban esperar la resolución de sus casos en México. La medida del Gobierno de Trump, aplicada desde finales de enero de 2019, aplicaba principalmente a centroamericanos. Según el juez Richard Seeborg, esa política exponía a los extranjeros a "circunstancias indebidamente peligrosas".

 

ElFaro.net / Publicado el 9 de Abril de 2019

Bianca, una mujer lesbiana de Honduras, fue violada por un hombre por causa de su orientación sexual. Producto de esa violación, Bianca tuvo un hijo, y un juez hondureño le concedió la custodia del hijo al violador tras considerar que la orientación sexual de Bianca era evidencia de una supuesta incapacidad para ser madre. Bianca huyó de Honduras después de que su suegro descubriera la relación y amenazara con matarlos a ambos si Bianca no dejaba el país. Ella buscó refugiarse en Estados Unidos, pero fue obligada a regresar a México el 30 de enero de 2019, solo días después de que el gobierno de Donald Trump implementara una política que obliga a los migrantes que ingresan por México en busca de asilo en Estados Unidos a quedarse en territorio mexicano.

Bianca es una de los once demandantes provenientes de Centroamérica —nueve hondureños, un guatemalteco y un salvadoreño— que  consiguieron que el juez federal Richard Seeborg, del distrito norte de California, bloquee la política del gobierno del presidente Donald Trump de devolver a México a solicitantes de asilo mientras sus casos son analizados. Los demandantes son parte de los primeros migrantes en ser "devueltos" a México con esa política y algunas de sus historias son consignadas en la demanda

Migrantes salvadoreños esperan transporte después de entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense en El Paso, Texas el 19 de marzo. Foto: Paul Ratje/ AFP.
 
Migrantes salvadoreños esperan transporte después de entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense en El Paso, Texas el 19 de marzo. Foto: Paul Ratje/ AFP.

La medida impedirá, por ahora, que Estados Unidos implemente los "Protocolos de Protección al Migrante" (MPP, en inglés), diseñados para solicitantes de asilo no mexicanos que entren por esa frontera con Estados Unidos. Además permitirá que los once demandantes nombrados en la demanda sean admitidos en Estados Unidos, ya sea detenidos o con libertad condicional, a la espera de la resolución de su trámite de asilo. La decisión judicial entra en vigor este viernes 12 de abril, pero el Órgano Ejecutivo estadounidense puede apelar.

La política, bautizada por el propio Trump como "Quédate en México" (Remain in Mexico), buscaba detener los grandes flujos de inmigrantes a las fronteras, que se encuentran en los niveles más altos en una década. Varios cientos de personas que solicitaron asilo fueron devueltas a México para esperar el resultado de su solicitud en virtud de la política que se aplicó por primera vez en enero en el puerto fronterizo de San Ysidro, en California, y posteriormente se extendió a otros puntos de la extensa frontera como Calexico (California) y El Paso (Texas). 

El juez Seeborg reseñó que cuando Kirstjen Nielsen, la exsecretaria de Seguridad Nacional, anunció la política aseguró que "pretendía resolver un supuesto problema de que los extranjeros 'intentaban engañar al sistema', al hacer peticiones de asilo sin sustento y luego 'desaparecer en los Estados Unidos, donde muchos no asisten a sus citas en las cortes'". Sin embargo, las historias de los demandantes describen una imagen cruda de Centroamérica y de personas para quiene la opción de vivir en su país se ha agotado. 

Por ejemplo, el demandante de Guatemala es "un hombre indígena que sufrió brutales palizas y amenazas de muerte de un 'escuadrón de la muerte' que controla la ciudad en que vivía. El escuadrón lo atacó por su identidad indígena, y frecuentemente se burlaban de él con comentarios despectivos acerca de su identidad indígena cuando lo atacaron. Lo dejaron ensangrentado e inconsciente. El hombre —llamado "Juan" en la demanda— reportó la primera golpiza a la policía, pero no hicieron nada para protegerlo".

También está el caso de un expolicía hondureño que trabajó encubierto para intervenir en operaciones de narcotráfico en su país y huyó buscando asilo en Estados Unidos, pero permanece en Tijuana, México, desde el 5 de febrero de 2019. El exoficial huyó de Honduras cuando su identidad fue revelada y se convirtió en un objetivo de traficantes de droga. Tras salir de su país, los narcotraficantes mataron a su hermano, creyendo que se trataba del expolicía.

El juez Seeborg creyó en sus testimonios. En su fallo, el juez dice que los demandantes presentaron "evidencia incontestable de que huyeron de sus casas en El Salvador, Guatemala y Honduras para escapar de violencia extrema, incluyendo violación y amenazas de muerte". El juez agregó que los demandantes "viven con miedo de nuevos episodios de violencia en México".

Otro revés judicial para Trump en migración 

Los migrantes centroamericanos son representados en el caso por seis organizaciones entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Innnovation Law Lab y el Southern Poverty Law Center (SPLC). "La corte dio la razón al argumento de los demandantes que la base legal de la política de retorno forzado del gobierno nunca estuvo diseñada para personas que aplican al asilo y carecen de documentos válidos de admisión (al país)", explicó el SPLC en una nota. Esa base legal es la provisión de retorno a un territorio extranjero contiguo, contenida en la ley de Migración y Nacionalidad.

Los demandantes argumentaron que, al estar sujetos a una expulsión acelerada, deberían "como mínimo contar con las protecciones de la remoción expedita, ya sea al estar exentos del retorno a un territorio contiguo, o al tener protecciones sustantivas y procesales adicionales para evitar ser enviados a lugares donde no estarían a salvo".

En su fallo de 27 páginas, el juez Seeborg dijo que la pregunta a resolver en la demanda no es si la política de "Permanecer en México" era "una política sabia, inteligente o humana", sino si exponía a los extranjeros a "circunstancias indebidamente peligrosas". El juez consideró que los demandantes han demostrado suficientemente que la política MPP no cumple con la obligación legal del departamento de Seguridad de no regresar a un extranjero a un territorio donde su vida o libertad estén bajo amenaza.

"Por mucho que lo intente, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que la gente busque asilo en los Estados Unidos", dijo a AFP Judy Rabinovitz, abogada de ACLU que litigó el caso. "La decisión evitará que individuos increíblemente vulnerables queden atrapados en condiciones peligrosas en México, pero éste fue sólo un paso en una lucha mucho más grande", indicó por su parte Melissa Crow, abogada principal del Southern Poverty Law Center a la agencia AFP. 

La medida se suma al hilo de fallos judiciales contra las radicales políticas migratorias de Trump, como la prohibición de solicitud de asilo a quienes entraron de forma ilegal al país o la revocación del DACA, el programa que regulariza a indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad, llamados comúnmente soñadores o 'dreamers'. La cancelación del TPS, un programa que ampara a casi 200 mil salvadoreños de la deportación, está igualmente suspendido a la espera de un fallo judicial.

"Un juez del 9no circuito acaba de decidir que México es muy peligroso para los migrantes. Muy injusto para EEUU. FUERA DE CONTROL!", tuiteó el mandatario en respuesta a la decisión. La decisión se anunció igualmente apenas un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo en, un movimiento orientado a endurecer aún más sus políticas migratorias. 

"Por demasiado tiempo, nuestro sistema migratorio ha sido explotado por contrabandistas, traficantes y aquellos que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos", había dicho Nielsen en enero. Las leyes estadounidenses limitan el tiempo en que niños pueden ser detenidos en cárceles migratorias, por lo que muchas familias solicitantes de asilo quedan en libertad a la espera de que se analice su caso, un proceso que puede llevar años.

Nielsen, una de las principales defensoras de la política de separación de familias migrantes que afectó a 3,000 niños y adolescentes, fue forzada a salir del gobierno porque Trump quiere ir en una dirección más severa, incluso de forma ilegal.

Según CNN, Trump dijo a agentes fronterizos en Calexico, California, el pasado 5 de abril que desobedecieran la ley. "Díganle (a los migrantes) que no tenemos capacidad, que estamos llenos. Si los jueces les dan problemas, díganles "lo siento, juez, no puedo hacerlo. No tenemos espacio". Después de que Trump dejó el cuarto, según el reporte de CNN, los agentes fronterizos hicieron consultas adicionales a sus jefes, quienes les dijeron que si hacían lo que el presidente les había pedido enfrentarían responsabilidades personales y que tenían que obedecer las leyes actuales de Estados Unidos.

*Esta contiene reporteo propio e información de AFP.