Antes de responder a la interrogante central de esta columna, es necesario hacer memoria del contexto de los últimos años en materia de corrupción, en los cuales se han tenido como agenda el conocimiento de tres grandes casos de corrupción asociados a los expresidentes de la República: Flores, Saca (provenientes del partido Arena) y Funes (el primer presidente de izquierda y del FMLN). A ese contexto, debe sumarse la incertidumbre actual que recae sobre la nueva CSJ, que pareciera estar remando contracorriente y ordenando el cese de investigaciones desde la Sección de Probidad asociadas a funcionarios de las administraciones de Arena previas al año 2009; y también está la incertidumbre que genera un presidente electo que amenaza con una batalla campal a aquellos que le critiquen o cuestionen, sumando un manto de opacidad a la todavía no arrancada gestión.
Con el anterior telón de fondo, es necesario tomar en cuenta un primer elemento para dar una respuesta, y este es el nivel de percepción de corrupción en el Estado que los salvadoreños guardan. Diversas fuentes constatan que una mayoría de salvadoreños considera que la corrupción aumentó “mucho/algo” en 2017 y 2018. El informe Latinobarómetro 2018, indica que el 58 % de los salvadoreños están convencidos que las cosas empeoraron en la recta final del segundo gobierno de izquierda. Otra fuente es el informe Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2016/2017: un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad, el cual indica que aproximadamente 6 de cada 10 salvadoreños considera que la corrupción de los funcionarios públicos en el país está algo generalizada; y que 8 de cada 10 salvadoreños percibe que la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción.
Otra fuente no menos importante que viene a confirmar la necesidad de investigar la corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, llevado a cabo por Transparency International, en el cual El Salvador se ubicó en el puesto 105 de 180 países considerados. La puntuación del IPC correspondiente a un país indica la percepción sobre el grado de corrupción en el sector público, siendo 100 ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto. El IPC considera una metodología que tiene como elemento central la pregunta: '¿cuán corrupto es percibido el sector público en un determinado país?'. Se mide la percepción a través de opiniones y experiencias de corrupción. Debe tenerse en cuenta que el IPC obtiene la percepción de empresarios, analistas o expertos en el tema y población abierta, por lo que es un índice subjetivo que no está diseñado para aportar en estrategias anticorrupción directamente. Las dimensiones que se ponderan por las tres fuentes mencionadas son: la rendición de cuentas del poder ejecutivo ante instituciones de control y de los empleados públicos por su desempeño; acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos y la captura del Estado por intereses particulares.
Para efectos de dimensionar mejor la posición de El Salvador, en el primer lugar del índice con 88 puntos se posiciona Dinamarca. Si se observa la región de América Latina Uruguay se posiciona en el lugar 23 a nivel global con 70 puntos, Chile en el puesto 27 con 67 puntos, Costa Rica en el lugar 48 con 56 puntos, mientras que nuestro país en el lugar 105 con 35 puntos. En otras palabras, la ciudadanía en general, así como los empresarios y especialistas en el tema, consideran la corrupción como un verdadero problema de país.
El segundo de los elementos es la amenaza latente que la corrupción representa para la democracia en El Salvador, en especial desde la perspectiva de la confianza en las instituciones democráticas. De acuerdo con el informe Latinobarómetro (2018), se tiene que El Salvador es uno de los países con menor apoyo a la democracia; únicamente el 11 % se encuentra “más bien satisfecho o muy satisfecho con la democracia”. Si se revisa el nivel de confianza de las instituciones democráticas, se tiene que únicamente el 10 % de los salvadoreños confía en el poder judicial, el mismo porcentaje aplica para la confianza en la Asamblea Legislativa o Congreso y solo el 6 % tiene confía en los partidos políticos. Esto posiciona a El Salvador como uno de los países con menor confianza en sus instituciones democráticas en América Latina. Un ejemplo revelador: la media de confianza en el congreso en la región es de 21%.
El tercero de los elementos responde a los montos económicos que la corrupción en la Administración Pública representa para la población en términos de perdidas sociales. Para el caso, en el año 2015, de acuerdo con World Economic Outlook (2016), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los casos emblemáticos de corrupción en El Salvador ascendieron a 550.9 millones de dólares, lo que equivale a un 2.5 % del PIB para ese año (casos acumulados de las administraciones entre 1998 y 2014). De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con tales cifras se hubiese podido fortalecer a la Fiscalía General de la República con un incremento de su presupuesto cercano al 661 %, un 125 % para el ramo de justicia y seguridad y un 94 % para las instituciones del ramo de salud. Esto, sin contar con los últimos datos de la administración Saca que se encontraron en su juicio y condena por corrupción.
En conclusión, investigar la corrupción y aún más, apostar por reformas que la prevengan y erradiquen mediante diferentes mecanismos, son acciones vitales para construir un El Salvador donde la probidad de los funcionarios en la Administración Pública sea la regla general. En síntesis: urge una cultura de sujeción a la ley antes que a los partidos o los intereses personales.
Ante el escenario de incertidumbre de dos de los órganos del Estado (CSJ y Ejecutivo), el periodismo, los esfuerzos de la sociedad civil mediante los tanques de pensamiento o la academia por impulsar opiniones, investigaciones y reformas para el combate a la corrupción, son una primea línea de defensa. Estos actores no deben considerarse como el enemigo del Estado, ya que el escrutinio es necesario venga de donde venga, guste o no guste a las autoridades o funcionarios. Otro escenario nos acerca a perder los avances democráticos conquistados tras los Acuerdos de Paz en materia de libertad de expresión y empoderamiento de la ciudadanía. Con la corrupción perdemos todos, sobre todo los grupos más vulnerables. Como lo dijo el exdirector de Transparencia Internacional, José Ugaz: La corrupción es el impuesto que pagan los pobres.
