Corría el año 1994 en Suecia cuando Mona Sahlin fungía como viceprimera ministra de dicho país escandinavo. Sahlin era percibida por parte de la prensa, su propio partido político y el público en general como una “estrella” en pleno ascenso, perfilándose como la futura primera ministra y líder del partido socialdemócrata. Sin embargo, hubo algo que truncó el ascenso de su brillante carrera en cuestión de días: la compra de unos chocolates Toblerone y de ropa con la tarjeta de crédito asignada por el gobierno sueco para gastos oficiales. La compra no fue mayor a $40.00, los cuales pagó posteriormente con cierto retraso, y hasta pagó los respectivos intereses. No se había cometido un robo, pero una vez los hechos fueron públicos, las estrictas normas de probidad exigidas a los funcionarios en Suecia le llevaron a verse frente a una acusación de defraudación y deslealtad al Estado. Le costó su renuncia al cargo y, prácticamente, su carrera política. La opinión de la sociedad sueca la condenó de acuerdo con sus estándares éticos de tal forma que la probabilidad de alcanzar el puesto de primera ministra se esfumó ante el affaire (escándalo) Toblerone.
Si replicamos este caso en El Salvador, la experiencia y antecedentes indican que sería muy difícil o casi utópico pensar que al menos los funcionarios o líderes políticos de alto rango imiten la acción de Sahlin, quien reconoció su error, pidió perdón y, más allá de actuar bajo la presión de su partido y la opinión pública, parece haber aceptado de forma genuina en su libro llamado Med mina ord (Con mis propias palabras) su “falta grave”.
La imposibilidad de extrapolar un caso como este despierta distintas interrogantes, como ¿por qué los políticos y partidos no tienen la capacidad de Sahlin de reconocer y recapacitar ante la ciudadanía, sobre todo, en materia de corrupción? ¿Por qué no logramos avanzar en la exclusión del sistema de aquellos políticos que han actuado contrarios al principio de probidad en el manejo de los recursos públicos? ¿Se necesitan acaso más leyes, más instituciones o que estas sean más duras?
Para responderlas, deben tomarse en cuenta dos elementos: la educación ética y el sistema de rendición de cuentas salvadoreño. La educación ética, en este contexto, se refiere a inculcar una cultura de legalidad a la cual deben sujetarse los políticos, profesionales y, en general, la ciudadanía. Acá es posible identificar un primer punto débil en nuestra sociedad: un sistema educativo en donde la transmisión de esta conciencia es poco relevante o está apenas presente, incluso en la educación superior, donde la práctica de acciones que estén apegadas a la rectitud que las normas exigen es un tema poco estimado.
El resultado de esto es a lo que Noam Chomsky cataloga como “masa” o “rebaño” de ciudadanos acríticos y pasivos, hijos de un sistema educativo que parece estar diseñado para sostener la forma actual de hacer política en el país, es decir, sin cultura de sujeción a la norma. Esta arquitectura del sistema educativo no solo sustenta la forma de hacer política en El Salvador, sino que da lugar a una ciudadanía pasiva e incapaz de exigir a los políticos que acaten las normas legales. De ahí el surgimiento de caudillismos expertos en propaganda, pero renuentes al escrutinio público, y de políticos amorales que se repiten como candidatos elección tras elección desde hace décadas sin importar sus antecedentes y partidos políticos configurados sobre valores lejanos a la transparencia.
Todo lo anterior conecta directamente con la falta de eficacia del sistema de rendición de cuentas. En El Salvador existen aproximadamente 12 instituciones que se encargan de escrutar la función pública, que van desde la Corte de cuentas, la Sección de Probidad, las instituciones del Ministerio Público, hasta llegar a la Sala de lo Constitucional. Incluso se cuenta con una Ley de Acceso de Información Pública, calificada como una de las mejores a nivel mundial, y se han ratificado instrumentos en materia de combate a la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1998) o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004). Sin embargo, eso no ha significado incomodidad para los funcionarios y políticos, por el contrario, han encontrado en ellas aliados que les han permitido saltarse las normas. Podemos nombrar entre ellos los casos de los expresidentes Francisco Flores y Mauricio Funes, el del diputado Reynaldo Cardoza, Ana Vilma de Escobar o Guillermo Gallegos, entre otros.
Es decir, no se trata de tener más leyes o más instituciones para combatir la corrupción como algunos sugieren de forma irresponsable. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) lo resumía claramente en su informe para El Salvador del año 2018, el problema de la corrupción “no se debe a la falta de instituciones, sino que a la forma en que estas ejercen sus atribuciones” y a que “no se observan las condiciones que garanticen la autonomía de las instituciones de control (…) puesto que la forma en que se designa a los titulares es altamente política y con pocas salvaguardas”.
Entonces, ¿cómo avanzar contra la corrupción en El Salvador? Un primer paso sería cambiar los estándares que esperamos y tenemos los salvadoreños sobre los políticos. Mientras se continúe aceptando candidatos y funcionarios asociados a un affaire, por menor que sea, antecedentes contrarios a la ética, la ley o que huyen del escrutinio público -venga de donde venga-, la clase política no podrá renovarse. Es urgente y necesario el reconocimiento individual de vernos a nosotros mismos primero como ciudadano antes que como un militante de un partido o movimiento. En otras palabras, de reconocerse como salvadoreños que merecen funcionarios y políticos de primera.
Sahlin estaba consciente de que jamás ganaría las elecciones después de que su error se hizo público, y de eso se tratan la democracia y la rendición de cuentas: de penalizar o castigar a aquellos que actúan al margen de los intereses de la ciudadanía y expulsarlos del “juego”. La ciudadanía debe empoderarse de las herramientas disponibles para controlar a los funcionarios, como la Ley de Acceso a la Información Pública, que por ahora tiene casi como únicos usuarios a los periodistas, según destaca DPLF.
¿Acaso no merecemos los salvadoreños una clase política leal a los intereses de la ciudadanía antes que a los de un partido? Si nosotros no somos los que ejercemos control sobre los mismos políticos, nadie más lo hará y ante la entrada de un nuevo gobierno, la reciente elección de un Fiscal General y otras elecciones importantes de segundo grado que han de venir pronto, debemos dejar de ser un “rebaño” que se conforme con la propaganda y pase a la acción aprovechando cada instancia que el sistema ofrece para deliberar y participar.
