Esta es una carta abierta a los magistrados de la Sala de lo Constitucional:
Hoy la sociedad salvadoreña enfrenta la hora de su verdad de cara a un presente en el cual, irremediable e ineludiblemente, se juega su futuro. Está posicionada ante dos vías: la de seguir fortaleciendo la impunidad o la de hacer lo pertinente para superarla. Dicho en otras palabras: continuar protegiendo criminales o darle a las víctimas de graves atrocidades ocurridas en el país, en el marco de la preguerra y la guerra que los ejércitos gubernamental e insurgente de la época finalizaron a inicios de 1992, el lugar que se merecen. Formalmente, las partes terminaron su enfrentamiento mediante un proceso de negociación y la firma de diversos acuerdos para ello; pero además, subrepticiamente, también convinieron evitar que el brazo de la justicia alcanzara a los responsables de la barbarie sin importar el bando al que hubiesen pertenecido. Lo hicieron aprobando una mal llamada Ley de Amnistía General para la Reconciliación Nacional.
El camino correcto, evidentemente, es uno. Se trata de hacer de El Salvador un país normal donde la justicia sea –en palabras de Montesquieu– “como la muerte: que nadie escape de esta”. Y, en gran medida, son ustedes quienes tienen en sus manos la decisión estratégica para que eso sea posible.
Mi firma es la primera que se puede observar al final del texto de la demanda de inconstitucionalidad que formulamos ocho personas ejerciendo ciudadanía y que presentamos el 20 de marzo del 2013 ante la Sala de lo Constitucional, fecha en la cual se cumplían dos décadas de la aprobación de tan infeliz “normativa”. Por ello, siendo parte directa y activamente partícipe en la lucha de 23 años por expulsar del cuerpo normativo nacional aquella amnistía incondicional, amplia y absoluta, me opongo rotunda y decididamente a que se apruebe otra similar; lo hago de forma consciente, responsable e independientemente del disfraz tras el cual pretendan infructuosamente ocultarla.
Con base en lo anterior y con el respeto debido, les insto a que procedan como ayer lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos: solicítenle a la Asamblea Legislativa la entrega inmediata del anteproyecto de ley sobre la materia que fue conocida y discutida hoy por la Comisión Política de dicho órgano del gobierno, para determinar si su contenido cumple con lo ordenado por esa Sala de lo Constitucional en su sentencia del 16 de julio de 2016. Es responsabilidad histórica de ustedes dar seguimiento al acatamiento estricto de la misma.
Atentamente,
José Benjamín Cuéllar Martínez
Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad,
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador
Documento Único de Identidad 00984582-1
San Salvador, El Salvador, jueves 23 de mayo del 2019