¿Para quién se gobierna según la percepción de la ciudadanía? De acuerdo con el informe Latinobarómetro del año 2018, el 86 % de salvadoreños considera que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Este dato no es nada alentador en términos de lo que se esperaría de una democracia representativa en su sentido amplio, que es gobernar para la mayoría. Esta percepción de la ciudadanía pareció quedar confirmada en la praxis durante las últimas semanas, puesto que sí evaluamos el trabajo de la Asamblea Legislativa es posible encontrar incongruencias con lo que se esperaría del Órgano más diverso y representativo que nuestro sistema político tiene, es decir, legislar según el contexto y necesidades de la población.
Para el caso, durante las últimas semanas ha surgido la aparente necesidad urgente de regular los delitos informáticos, mediante una nueva ley especial que se estudió en la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Sin embargo, más allá de debatir sobre si este anteproyecto de ley cumple o no con los parámetros técnicos necesarios, surgen varias interrogantes a nivel político que superan el debate eminentemente jurídico, tales como: ¿Qué agenda marca lo que es prioritario o no dentro de la Asamblea Legislativa?, ¿responde esta ley a una demanda de país?, ¿se interpreta el contexto o coyuntura de la manera más adecuada desde la Asamblea Legislativa?
Ante esto, es necesario considerar la existencia de un tipo de corrupción en la Asamblea Legislativa, que no se relaciona precisamente con dinero, que puede apreciarse bajo un enfoque de economía institucional, en la cual los diputados toman el camino de acción más rentable, promoviendo su propio interés y en donde cada estructura organizativa, como lo es la misma Asamblea Legislativa, es susceptible de la explotación de funcionarios sin escrúpulos.
La suspicacia es un resultado obvio en la población cuando en lugar de legislar con sentido común se legisla en términos de intereses meramente partidarios. Por ejemplo, el 16 de mayo de este año, los diputados tuvieron la oportunidad de aportar a la mejora del sistema de transporte colectivo, un problema público crítico que no recibe tratamiento desde hace varios años y que, evidentemente, afecta la calidad de vida en la mayoría de la población. La oportunidad pudo ponerse en marcha legislando en materia de reformas que impulsen los derechos laborales en favor de los motoristas de las unidades de transporte. A la fecha se desconoce el alegato o argumento, ya sea político o jurídico que sustente por qué diputados de diversos partidos votaron en contra. ¿Qué justificación puede esgrimirse para negar derechos?
Otro ejemplo es el impulso que ha recibido una nueva ley de amnistía o de reconciliación nacional. Es visible la urgencia de aprobar una ley que no parece tener como punto de partida los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional, ya que lo que propone, en esencia, es mantener impunes las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, tanto por el Estado como de parte del FMLN. De ser aprobada en su versión actual, vendría a mantener vigente un ciclo de impunidad que únicamente continuaría menoscabando la dignidad de los sobrevivientes de masacres como la de El Mozote. Estos dos ejemplos parecen suficientes para desnudar el desinterés de la Asamblea en abordar una agenda en favor de las mayorías y desconectada con la realidad del territorio, primando lo que parecen intereses partidarios o de algunos stakeholders -como el sector transporte- sobre los intereses generales de la población.
Pero los ejemplos abundan, a la fecha se sigue esperando una nueva ley de probidad, una ley que garantice el derecho humano al agua, reformas de pensiones y fiscales adecuadas, etc. El problema son las consecuencias que conlleva continuar con una representación ineficaz, provocando mayor desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Ante la llegada del próximo Gobierno, la Asamblea Legislativa deberá optar por ejercer una oposición madura y de consensos que beneficien el interés general, cuando así lo amerite, o continuar con una agenda que probablemente termine autodestruyendo a los mismos partidos, arrastrando al país a una lucha entre poderes que apunten a la ingobernabilidad, y deje la mesa servida para que el mecanismo de pesos y contrapesos se vea afectado de cara a las próximas elecciones legislativas. Por su parte, el ejecutivo entrante tiene un papel importante en términos de “poder de agenda”, debido a que los temas que proponga públicamente como importantes tendrán incidencia en lo que debería legislarse.
Lo que está claro es que los puntos de la agenda legislativa tienen una seria desviación. Y es que ya bien lo decía Rousseau: “El pueblo (…) cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los miembros del parlamento; desde el momento en que estos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada”. Difícilmente podrá superarse tal concepción de la representación si no es mediante el alcance de una representación efectiva basada en una agenda construida sobre los intereses y las necesidades de una ciudadanía que clama por más seguridad, empleo, un transporte público digno, acceso a una mejor salud o vivienda. Los legisladores deben saber que seguir manejando una agenda contraria a los intereses ciudadanos terminará por afectar a nuestra democracia. ¿Reaccionarán a tiempo o agotarán hasta el último minuto su cuota de poder preservando los intereses que más les convengan so pena de las consecuencias para el país?
