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Educación: datos versus percepciones

Óscar Picardo Joao

A pesar de que en algunas encuestas la cartera educativa siempre sale bien evaluada –por los programas sociales– intentaré responder a esta pregunta importante sobre el futuro con criticidad.
ElFaro.net / Publicado el 7 de Junio de 2019

¿Qué sucedió en el sistema educativo en este quinquenio? A pesar de que en algunas encuestas la cartera educativa siempre sale bien evaluada –por los programas sociales– intentaré responder a esta pregunta importante sobre el futuro con criticidad y partiendo de dos fuentes: a) Las estadísticas del MINEDCYT; y b) Algunas percepciones e intuiciones desde el quehacer investigativo y académico.

Los datos

Entre 2014 y 2018 sucedió lo siguiente: se abrieron 7 nuevas escuelas públicas y se cerraron 43 colegios privados; se terminó de cerrar EDUCO, clausurando 2 098 ACE (Asociaciones comunales de educación); a nivel de docentes por centro escolar, la planta disminuyó en 36 docentes (6 093 vs 6 057), empeorando el registro de unidocentes y mejorando las secciones de 2 y hasta 5 docentes. Perdimos 80 centros de educación parvularia y apenas ganamos un centro en media.

Mientras que la planta docente creció en 1,348 nuevas contrataciones, la matrícula cayó en 191 085 estudiantes, manteniendo los rezagos en parvularia de 58.6 % y en Educación Media de 37.5 %; sólo en educación media perdimos 21 106 estudiantes, aunque algunos de estos datos coinciden con las tendencias poblacionales de la DIGESTYC. Las estadísticas de repetidores, sobre-edad, aprobados y desertores se mantienen en rangos normales. Las PAES de este quinquenio osciló entre 5.2 y 5.6. Y, en 4 años, la matrícula de educación superior creció en 9 774 estudiantes, aunque las tasas terminales de eficiencias sean bajas y no superen el 11 %, y las patentes nulas –en términos de la calidad científica-.

¿Qué nos dicen estos datos globales? En primer lugar, que no se han resuelto ninguno de los problemas recurrentes y estructurales de cobertura y calidad; en segundo lugar, en 5 años se invierten cerca de US$4 500 millones, y pese a que no llegamos al 4 % del PIB es mucho dinero para no mejorar nada; en tercer lugar, el sistema educativo sigue sin resolver o sin revertir el grave problema de educación media, en donde la mayoría de  jóvenes que perdemos van a engrosar las filas de migrantes y pandilleros; y, finalmente, que la PAES es evidencia científica de la estaticidad e ineficiencia de las políticas públicas educativas.

Las percepciones

A continuación analizaré los grandes temas del quinquenio desde una óptica cualitativa.

Programa de formación docente: pese a que se han formado 15 048 docentes, no se ven los resultados en los registros de las evaluaciones estandarizadas. El problema de fondo es el modelo de capacitación y la ausencia de un sistema de evaluación que mida qué sabe y qué necesita saber un docente.

El Instituto Nacional de Formación Docente (Infod): creado contra todo pronóstico –y contra todas las opiniones consultadas en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa–, se implementó con un alto nivel de improvisación. Con un presupuesto que supera al millón de dólares, comenzó a gastarse en una agenda dispersa, desarrollando muchísimas actividades sin medir impacto, costo-eficiencia ni tasa de retorno.

El Consejo Nacional de Educación (Coned): se constituyó en un espacio de diálogo entre la sociedad civil, organizaciones, empresa y gobierno; se desarrollaron diagnósticos, propuestas, etcétera. Pero el Coned caminaba por un lado y el MINED por otro. Comenzaron a llegar los representantes de los representantes y el diálogo se fue desnaturalizando más. Al final se terminó con una propuesta similar a un castillo de naipes que demandaba US$12 000 millones. Todo fue irreal, aunque los actores creían que estaban incidiendo en las políticas públicas.

Un niño, una niña, una computadora: la primera propuesta que tengo en mi archivo intentaba emular el Plan Ceibal (2009), es decir que cada estudiante tendría una laptop; el plan proyectaba con rigor y datos la entrega de 800 000 equipos e incluía docentes y estudiantes. Luego las cifras fueron bajando y al final terminaron entregando 49 773 computadoras, apenas el 6.2 % de lo proyectado.

Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno: bajo los débiles argumentos de sistema paralelo y de falta estabilidad laboral, se cerró EDUCO. Pero luego se creó el modelo de Sistemas Integrados-EITP, sin reformar las leyes y a sabiendas de que la extensión del horario implicaría problemas de alimentación escolar (espacios, cocina), problemas curriculares, falta de docentes especializados en Educación Física y Educación Artística, y problemas de espacios y recursos didácticos. Pese a las inversiones del Banco Mundial, la Cooperación Italiana y el FOMILENIO –ya son muchos millones–, el programa camina a marcha lenta y está generando un problema difícil de resolver en el futuro, una organización dual sin sustento legal. El modelo es muy bueno, pero demanda muchos recursos que no tenemos (docentes especialistas, infraestructura, etcétera).

Desarrollo Científico Tecnológico y Educación Superior: el viceministerio de Ciencia y Tecnología hizo lo que pudo, tenía más ideas que recursos, y al final casi todo quedó en documentos. Se creó una ley, mesas de trabajo, líneas de investigación, pero no hubo inversión. Los esfuerzos de los parques tecnológicos demandaban una apuesta presidencial y más agresividad, pero sólo contó con el entusiasmo de la viceministra. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas de El Salvador (Cices) y el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (Cenish) intentaron, con poca suerte, competir con las universidades. Al final, el proyecto de USAID –que inició mal y terminó bien– Educación Superior para el Crecimiento Económico salvó la partida con la creación de los 4 clústeres –UCA, UFG, UDB y UNICAES- rehabilitando el aparato científico. De la Comisión de Acreditación mejor no hablar, fue un adefesio legal todo lo que sucedió para nombrar a los comisionados y se retrocedió en prestigio institucional. Vale la pena felicitar en este apartado a Róger Arias, rector de la UES, quien de forma lenta pero sostenida está abriendo la puerta de una reforma necesaria e imprescindible, a pesar de ser la universidad pública de la región con menor presupuesto y más demanda.

Financiamiento educativo: las promesas de invertir 6 % del PIB en educación se quedaron como promesas pese a los esfuerzos de FIECA de impulsar un proyecto de ley especial; el rango se movió entre 3 % y cerca del 4 %; incluso en dos años hubo regresión en los montos, lo cual demostraba que no había una apuesta comprometida con invertir más y mejor. Como sea, cualquier intento de mejorar la inversión en educación demandará un ajuste o reforma fiscal, cada punto del PIB son cerca de 300 millones que no tenemos, y hoy es un espejismo.

Por otro lado, de poco vale aumentar la inversión en educación si no hay visión de largo plazo. En este contexto se propuso una Ley Especial de Políticas Públicas Educativas de Largo Plazo, un concepto para acompañar los planes de gobierno con una prospectiva de 30 años, en un pargo de progresión de indicadores y no regresión; pero los partidos FMLN y ARENA, concretamente sus asesoras educativas, bloquearon y obstaculizaron la iniciativa del diputado Reynaldo Carballo. Deberíamos dedicar un par de líneas a la entrega oportuna de presupuesto escolar, que en no pocos casos se supo de retrasos que complicaban la operación de la escuela.

Por último, cualquier decisión de ingeniería financiera que se tome en educación siempre habrá que multiplicar por: 6 057 escuelas, 58 077 docentes o 1 425 425 estudiantes.

Dignificación docente: fue otro quinquenio más en dónde la “dignificación docente” fue un simple discurso; nada sucedió, nada cambio ni hubo un intento serio para reformar la Ley de la Carrera Docente. Se pudo haber elegido el modelo de Ecuador, que evalúa, recompensa y capacita docentes, pero no hubo interés, sobre todo porque este tema es muy sensible para las gremiales y estas sólo están interesadas en los derechos adquiridos y en salarios; otros temas no les interesan. En este quinquenio, ANDES 21 de junio se alineó como secretaría del Ministerio, mientras que a los demás sindicatos –Bases Magisteriales, Simeduco, etcétera– les toco sobrevivir en oposición.

Currículo nacional: sabemos de importantes esfuerzos curriculares en materia de programas específicos -Matemáticas (con JICA), Lenguaje y otras iniciativas en el campo de educación artística–. Pero esto no soluciona un problema fundamental: la ausencia de un currículo nacional que contenga las bases filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicopedagógicas, de cómo comprender y desarrollar el fenómeno educativo, los mapas de contenidos, las capacidades fundamentales y los perfiles de entrada y salida de cada nivel educativo. Si no hay una propuesta curricular de base o plataforma, cualquier programa se perderá en el océano de posibilidades y naufragará. Primero lo primero. Luego habría que conversar sobre libros de texto, tecnologías y laboratorios; nuestros estudiantes “conocen, pero no comprenden ni aplican lo que saben”, esto es una enseñanza de la PAES.

MINEDUCYT: fue triste cómo terminó la historia del quinquenio en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Primero haciendo un ajuste nominal –de MINED a MINEDCYT– para justificar las plazas; y segundo, pasando los cargos de confianza del ministro actual a plazas por ley de salario; fue algo nunca visto en el pasado. El argumento fue la estabilidad laboral de los “puestos de confianza”, cosa que por su naturaleza tenía un ciclo y creo que lo sabían. Aquí nos decepcionó el ministro y quedó muy clara la integridad de su equipo. La institución no debe ser una entidad para garantizar empleo a los amigos, sino para servir educación de calidad a los niños.

Programas sociales de útiles, uniformes, zapatos y vaso de leche: en 2010, la Secretaría Técnica de la Presidencia realizó una evaluación de medio sobre los programas de útiles escolares, uniformes y zapatos. Las conclusiones de este estudio fueron tajantes y claras: los programas no logran garantizar la retención escolar (para el que fue diseñado), aunque están beneficiando a sectores de microempresarios. En efecto, estábamos ante una buena política económica, pero no educativa. Para familias pobres y desfavorecidas este programa es necesario y fundamental para apoyar la escolarización de los niños. Posiblemente hubo que trabajar con focalización o diseñar otras apuestas para que cumpliera su meta de no perder niños, pese a que el programa tiene un costo cercano a US$80 millones anuales, muchos niños abandonan la escuela; no es eficaz.

Alfabetización: hasta el cierre del quinquenio se siguieron anunciando municipios libres de analfabetismo con base en ciertos tecnicismos estadísticos y al número de adultos inscritos en programas, pero no sabemos muy bien si se logra cerrar el ciclo educativo de los niveles, si se mide y contiene la regresividad. Las cifras pintan muy bien, pero no tenemos mayor certeza de la estabilidad del programa y de su inversión. Me puedo equivocar, y ojalá fuera así. 

En conclusión, terminó un quinquenio más e inicia otro con la misma incertidumbre; seguimos sin prospectiva, sin futuro, sin acuerdos de nación, sin financiamiento, con cooperantes internacionales ineficientes, y con un Plan Cuscatlán que dice poco y nada de lo que va a suceder, con un mapa, becas, una proyección irreal sobre tecnologías, infraestructura e idioma inglés; un discurso de primera infancia que no dice mucho, y una nueva ministra que pretende iniciar con entusiasmo en un mar de problemas… Mientras tanto, los estudiantes y sus familias seguirán esperando la educación necesaria que no llega.

*Óscar Picardo Joao ( opicardo@asu.edu ) es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar. Dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Foto El Faro: Víctor Peña
 
*Óscar Picardo Joao ( [email protected] ) es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar. Dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Foto El Faro: Víctor Peña