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Nueva PNC evalúa que agentes del GRP regresen a la élite policial

Gabriela Cáceres

Policías que formaron parte del Grupo de Reacción Policial, la unidad élite removido tras el asesinato de la agente Carla Ayala, han solicitado al nuevo director de la Policía una oportunidad para regresar a la corporación y ocupar puestos en unidades especializadas. El director Arriaza Chica, quien estuvo al frente de la Subdirección de Áreas Operativas, evalúa la posibilidad de reintegrar a los agentes. 

 

ElFaro.net / Publicado el 7 de Junio de 2019

En una reunión a puerta cerrada, el nuevo director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica, se sentó este viernes 7 de junio con policías que formaron parte del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quienes buscan regresar a las unidades élite de la Policía que se encargan de combatir el crimen organizado.

El GRP fue por años el cuerpo élite de la Policía y se encargó de liderar investigaciones y operativos especiales para combatir a las pandillas. A partir de 2015, cuando el Gobierno instauró una política de batallas frontales contra las pandillas, elementos de esta unidad se vieron involucradas en ejecuciones extrajudiciales. El Faro reveló que miembros de esta unidad masacraron a ocho personas la madrugada del 26 de marzo de 2015, en la finca San Blas, en San José Villanueva, La Libertad. Los agentes, sin embargo, fueron liberados por falta de pruebas.

El caso que puso fin a esta unidad ocurrió el 29 de diciembre de 2017. El GRP realizó una fiesta navideña a la que asistió la agente Carla Ayala, una policía que estaba designada en el área de asuntos internos, es decir, quienes vigilan la actuación de sus colegas. Esa noche fue desaparecida y asesinada por Juan Josué Castillo, miembro del GRP. Pero otros policías élite, que han sido entrenados para capturar a cualquier tipo de criminal, permitieron que Castillo escapara. Hasta hoy es prófugo de la justicia. El caso está en etapa de intrucción y la Fiscalía acusa a cinco agentes y al exdirector de la unidad, Julio César Flores Castro. 

La pasada administración eliminó por completo el  GRP después de la desaparición y asesinato de la agente Ayala y decidió redistribuir a sus miembros en delegaciones del interior del país, según una fuente policial.

Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos
 
Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos

Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la PNC, aseguró ayer que asistió a la reunión con “varios” ex elementos del GRP y el director Arriaza Chica. El objetivo, básicamente, es que los policías que fueron trasladados regresen a las nuevas unidades élite, pero deben pasar por procesos que no violen los derechos humanos. “A lo compañeros se le ha dado la certeza de que esto se revertirá de manera paulatina. Sabemos que las cosas no se van a hacer de un día para otro, pero sí se irá revirtiendo las injusticias que se han hecho", señaló.

Reyes, líder de un movimiento que desde 2015 defiende los derechos de los policías, dijo que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén  “los desechó (GRP) como basura” y reconoce que esta nueva administración está interesada en conocer sus propuestas.“Por el mal actuar de dos o tres elementos no podía desecharse el resto, porque formar un policía de élite no cuesta un cinco. Es una inversión millonaria”, dijo. El equipo de comunicaciones de la Policía confirmó la reunión entre el director y los ex GRP.

El nuevo director de la Policía, Mauricio Arriaza Chica, estuvo al frente de la Subdirección de Áreas Operativas, compuesta por unidades élites, como el  GRP. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) críticó su nombramiento porque cuando estuvo a cargo sus unidades especializadas se cometieron ejecuciones extrajudiciales. El Servicio Social Pasionista, en su reciente informe sobre violación de derecho humanos, señaló que durante 2018 ocurrieron  138 casos de presunta ejecución o tentativa de ejecución extrajudicial donde las fuerzas de seguridad del Estado son los señalados, “sumando casi 223 víctimas de estos hechos. 115 de esos casos son atribuidos a la Policía”.