En el nuevo Ejecutivo, preocupan las repetitivas prácticas carentes de transparencia y asociadas a la corrupción que se denunciaron en los gobiernos de ARENA y el FMLN por diversos sectores de la sociedad, incluida la prensa. Al menos a nivel discursivo, el presidente Bukele aseguró que este tipo de actos no sucederían durante su mandato, que estaría repleto de “nuevas ideas” que se pondrían en marcha en su administración.
Por un lado, planes como el de seguridad no son expuestos para la fiscalización pública debido a que es información de “inteligencia”. Resulta curioso que ciudades como New York o Londres, con amenazas constantes de terrorismo, sí expongan sus planes al escrutinio de la prensa y la ciudadanía; o países como Colombia (en guerra aún con el ELN) o Chile, que hacen públicos tanto sus planes de seguridad pública como de defensa nacional.
Este nivel de secretismo solo recuerda a la Edad Media, donde el rey era el “único dueño” de la información. Tal maniobra impide brindar seguimiento sobre indicadores para verificar el avance más allá de una percepción, sumado, por ejemplo, a que en materia de seguridad la PNC ya no publica estadísticas diarias de homicidios y que la FGR - en lo que parece una coordinación interinstitucional- decidió ya no poner a disposición inmediata la información sobre homicidios en las redes sociales una vez que asumió el nuevo Ejecutivo.
Otro aspecto destacable es la negativa del Ejecutivo de someterse al escrutinio de medios de comunicación. Es más, el mismo presidente ha decidido señalar, desde su cuenta de Twitter, a periodistas y medios de comunicación, olvidando que el papel de estos es el de hacer las veces de un “perro guardián de la democracia”, y que la obligación de los funcionarios públicos y la administración es someterse a la fiscalización sin importar de donde venga, guste o no. Pareciera que preguntas profundas e inteligentes provenientes de ciertos medios son incómodas y debe hacerse lo posible por silenciarlos.
Otros casos que no tienen justificación ante el público y que atentan contra la rendición de cuentas son la denegación de ingreso del Foro de Agua de El Salvador a las oficinas de ANDA para solicitar información pública; la ausencia de justificación para dar continuidad a las condiciones de contratación que la administración anterior definió para el actual ministro de Hacienda; el nombramiento de su hermano, Yamil Bukele, al frente del INDES en clara contravención de la Ley de Ética Gubernamental y el principio de probidad que debe imperar en la administración pública; el nombramiento de Yessenia Hernández, sobre quien pesan denuncias de nepotismo ante el Tribunal de Ética Gubernamental; nombramientos de funcionarios involucrados en negociaciones con pandillas, cuando a nivel discursivo el mismo presidente condena negociaciones y diálogos (como el nuevo responsable de la unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín), entre otros casos similares.
Todo lo anterior da lugar no solo a continuar con la costumbre de mantener prácticas desde el Ejecutivo que son ilegítimas, contrarias a la rendición de cuentas, transparencia y la ética, sino que nutren la corrupción.
De acuerdo con la teoría, puede hablarse de corrupción individual y sistémica. La primera trata sobre la ausencia de probidad de los funcionarios al cometer actos contrarios a los intereses generales del Estado. Es así como la elección de familiares por parte del presidente de la República, además de configurarse como nepotismo, es una deslealtad hacia el Estado con el afán de garantizar intereses personales sobre intereses generales.
En la corrupción sistémica, por su parte, convergen elementos como la irregularidad e ilegalidad, los cuales son la regla general, sumado a que existe una tolerancia o complicidad gubernamental y social de la corrupción. La tolerancia gubernamental es clara al continuar fomentando prácticas corruptas, pero lo más preocupante es que la ciudadanía admita las acciones bajo el argumento de que este Gobierno es “diferente”, cuando las pruebas hasta la fecha solo son el reflejo de una administración que recurre a partidas secretas, nepotismo, omisión de justificaciones contrariando la rendición de cuentas, limitaciones al acceso a la información pública, etc.
La propuesta ante este contexto crítico pasa por apoyar al Ejecutivo a encausar sus acciones, de manera que se puedan erradicar viejas prácticas e implementar acciones reales que desbaraten la corrupción. Dicho apoyo debe venir desde la sociedad civil y la academia, organizándose para fiscalizar mediante herramientas como la LAIP, el TEG o la Sala de lo Constitucional, como se hizo de frente a los expresidentes Flores, Saca y Funes. La prensa debe asumir un rol aún más estratégico basado en la investigación, y la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia deben funcionar como los contrapesos necesarios para garantizar una democracia saludable.
Pero también el Ejecutivo debe reconocer que es tarea de todos los actores fiscalizar y alzar la voz cuando corresponda. Si el Ejecutivo y sus Ministerios no están dispuestos a escuchar críticas para mejorar y se escudan en los errores de las administraciones anteriores, su sentido de servicio público e intéres por el país son palabras sin peso práctico que derivan en un populismo barato y sin intenciones de fomentar cambios estructurales. Después de todo, el FMLN se escudó en los “veinte años de ARENA”. ¿Seguirá el actual Ejecutivo la misma lógica?
