Así como ya hemos indicado que cambiar el paradigma del desarrollo en materia económica significa buscar un balance adecuado entre inversión, bienestar social y medio ambiente, cambiar ese mismo paradigma desde la perspectiva de seguridad significa incorporar la dimensión medioambiental en los planes de seguridad.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2015 existían en El Salvador 606 000 hogares (aproximadamente 2.6 millones de personas), en pobreza multidimensional, es decir que son pobres no solamente por la escasez de dinero, sino por el limitado acceso a educación, salud, alimentos, agua y saneamiento, etc. De estos 2.6 millones de salvadoreños, el 37 % sufre de inseguridad alimentaria, el 49 % no tiene acceso a agua potable, y el 83.7 % carece de saneamiento.
Más de la mitad de los hogares rurales son pobres multidimensionales y esta realidad de exclusión está estrechamente vinculada con patrones de violencia e inseguridad, y son expresión igualmente del deterioro de nuestros recursos naturales como el agua, los bosques y la biodiversidad.
Es por eso que desde el punto de vista medioambiental es, sin duda, valioso que se continúen los proyectos encaminados a reforestar el país o limpiar nuestros ríos. Estas iniciativas vienen consolidándose con mucho esfuerzo a nivel mundial desde que aparecieron las primeras alarmas medioambientales alrededor de 1970.
En El Salvador, por ejemplo, se han intensificado las acciones en favor de nuestro ríos y bosques en los últimos cinco años. En 2016, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, con apoyo de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), lanzó el Proyecto de Recuperación del Río Acelhuate, el cual se planteó como primera fase reducir la carga contaminante del río en un 80% en los próximos 10 años. Para esta fase inicial se identificaron como punto de partida la Quebrada El Piro, el río Tomayate, y los ríos Sumpa y Las Cañas, enfocándose, sobre todo, en el tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, la reducción de basura en los cauces y la prevención de riesgos.
Las apuestas plantean, además, vocaciones concretas por sitios: en El Piro se priorizó un sistema de espacios públicos vinculados a la quebrada, facilitando la conectividad blanda (senderos peatonales, ciclovías), así como tramos de ríos restaurados en balance con los asentamientos populares también presentes en este sitio; en el río Tomayate se plantearon igualmente sistemas de espacios públicos en directa relación con el mejoramiento de barrios y asentamientos populares; y en los ríos Sumpa y Las Cañas se combinó la reducción de la carga contaminante generada por las industrias de la zona con la prevención de riesgos. Todas estas acciones deberían sumarse a la recién lanzada campaña SOS Ríos Limpios, la cual se enfoca fundamentalmente en disminuir la cantidad de basura en los cauces de seis ríos en el plazo de un año.
Otro ejemplo es el trabajo que desde 2017 el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) ha impulsado con la implementación y seguimiento a la Plantatón, cuya meta es restaurar un millón de hectáreas en todo el territorio nacional plantando las especies de árboles que mejor se adaptan a cada uno de los 305 sitios identificados para plantar. Para ello se trabaja junto a actores locales en la siembra, cuido y monitoreo de los árboles; y al mismo tiempo se han montado viveros que año con año facilitan las especies requeridas. Desde el inicio, el MARN ha sido un actor clave y este año se han sumado en un beneficioso aporte a la continuidad.
La exposición mediática de estos importantes proyectos, sin embargo, sigue siendo reducida si la comparamos con las acciones en materia de seguridad. Recordemos que en este contexto no solo los seres humanos somos víctimas de la violencia, la naturaleza también sufre violencia e inseguridad en nuestro país. Violentamos a la naturaleza a través de la contaminación desmedida del agua, lo que posteriormente se traduce en limitado acceso a agua de calidad en general y problemas graves de acceso a saneamiento en particular para poblaciones vulnerables. Violentamos la naturaleza a través de la tala exagerada de árboles y pérdida de la biodiversidad, tanto de flora como fauna, que luego se traduce en pérdida de alimentos incidiendo directamente en la inseguridad alimentaria o incrementando islas de calor y aportando a la consolidación del corredor seco que afecta a nuestro país.
A través de proyectos como la recuperación de ríos y el incremento de la cobertura boscosa se puede llegar a incidir en la vida y la economía de muchos de estos hogares vulnerables. Estos proyectos son igualmente clave para reducir los índices de violencia e inseguridad del país. Todo estos deben estar bien integrados en el marco de una visión de seguridad más amplia, incorporando a la población en proyectos de restauración de los ecosistemas y paisajes cercanos a sus hogares. Implementando mejores prácticas agroecológicas, restaurando suelos, protegiendo acuíferos en un adecuado balance de espacios construidos y naturales, descontaminando ríos y cuidando bosques, podremos dotar a los salvadoreños y salvadoreñas no solo de trabajo, sino además de recursos básicos para la vida. Debemos insistir en proyectos de este tipo como apuestas reales para reducir la inseguridad medioambiental.
Esperamos con mucho interés, pues, ver en futuras fases de los planes de seguridad en proceso de implementarse a la cartera de Medioambiente como uno de los actores clave.
