El abastecimiento de agua potable es uno de los temas más complejos de la política nacional y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha ocupado casi siempre el centro de la discusión. La razón es la incapacidad que históricamente ha tenido esta institución para cumplir su función principal de proveer agua potable. Después de tantos años y tantas decepciones cabe preguntarse, ¿cómo es que una institución pública que debería favorecer a toda la población salvadoreña puede ser tan ineficiente, inequitativa y corrupta en su labor?
La respuesta de muchos es que la ineficiencia y la corrupción son una característica inherente a las instituciones públicas. Sin embargo, creo que antes de lanzar juicios tan apresurados, lo más apropiado sería examinar por qué, para qué y para quiénes fue creada esta institución en primera instancia; luego se puede discutir hasta qué punto esto tiene que ver o no con el festín de corruptos en el que se ha convertido ANDA. De momento, no estaría de más examinar el contexto en el que surgió la institución y su problema estructural a lo largo de los años.
ANDA fue creada en 1961, en el marco de la industrialización salvadoreña. Esto tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, surge para abastecer a las industrias emergentes que en ese momento demandaban cada vez más agua para sus procesos productivos. Por otro lado, el crecimiento urbano generado por esa industrialización aumentó la necesidad de un sistema de abastecimiento y saneamiento a gran escala, uno capaz de suministrar agua en grandes cantidades a un precio accesible.
Analizándolo críticamente, la razón de fondo en la ejecución de dicho proyecto no era la de proveer agua a toda la población para cumplir su derecho. El exclusivo enfoque de ANDA en las zonas urbanas apuntaba más bien hacia una lógica economicista, en la que lo primordial era proveer recursos al capital industrial, que incluía el agua para procesos productivos y el agua para la mano de obra industrial, localizada en las ciudades más grandes. Hay que aclarar que el abastecimiento de agua potable de ANDA no comprendía a toda la clase trabajadora urbana, sino solamente a aquella que tenía un salario estable para pagar una vivienda con acceso a suministro de agua.
Dicho esto, se puede afirmar que su modelo de abastecimiento es, por diseño, excluyente. La población rural quedó completamente fuera de este sistema. Si bien el abastecimiento en el área rural fue luego asumido parcialmente por el Ministerio de Salud Pública, ANDA siempre ha sido la señalada como responsable en el tema del acceso al agua potable, a pesar de las dificultades que las poblaciones rurales han tenido históricamente. Con el tiempo muchas de estas poblaciones han ido organizándose de diversas maneras para llenar ese vacío del Estado excluyente.
En algún punto el sistema industrial de abastecimiento comenzó a ser excluyente también con la población de la ciudad, puesto que el modelo de “mucha agua a bajo precio” no podía seguir el paso del crecimiento urbano. La sobreexplotación de los mantos acuíferos y la urbanización en zonas de recarga hídrica lo volvían inviable. Esto se sumaba a los altísimos costos de mantenimiento de los sistemas de acueductos. En pocas palabras, la grandeza del sistema de ANDA era al mismo tiempo su mayor debilidad.
Pareciera que a partir de esto el sector privado comenzó a inmiscuirse más en los asuntos de la institución, aunque no para resolver los problemas sino para asegurar su abastecimiento. En 1980, Casalco, el gremio de la construcción más influyente del país, se integró a la junta directiva de ANDA, constituyendo así una primera participación directa del sector privado en la administración de la autónoma. Más adelante, durante la década de los 90, comenzó un fuerte impulso de los asocios público-privados por parte de instituciones financieras internacionales como el BID. Con el tiempo, y en el marco de estos asocios, vinieron otros tipos de alianza que ya conocemos bastante, como las conexiones ilegales, los sobornos y contrataciones corruptas. El caso de Carlos Perla fue el más famoso, aunque se podrían nombrar muchos otros que quedaron en la impunidad.
Esta historia nos deja un mensaje importante que debe incorporarse al debate sobre la gestión del agua en El Salvador. Si bien la administración pública y centralizada del agua es propensa a muchos problemas, una de las razones más importantes de su inoperancia en nuestro país tiene mucho que ver también con el vínculo con el sector privado. Este sector ha sabido usar la coyuntura política para orientar los recursos del Estado a su beneficio.
No es casualidad que, entre tantas propuestas para mejorar las gestión del agua en el país, subirles las tarifas a los consumidores más grandes y limitar la emisión de factibilidades de servicio a las constructoras nunca está en las agendas de los distintos gobiernos. En esto, la integración del sector privado en las juntas directivas de las autónomas y los asocios público-privados tienen mucho que ver.
Puede que estas acciones no sean formalmente privatizaciones, pero en esencia conllevan a lo que el politólogo Cecilio Ortiz García ha identificado como “la administración privada de lo público”, una especie de privatización disfrazada. En este escenario, el acceso al agua no se concede a partir del valor intrínseco de una persona, sino más bien a su capacidad de pago; es decir, con base a su condición de consumidor y no de ser humano. Con esto, estamos a las puertas de lo que en la antropología política algunos llaman el “Estado corporativo”, un aparato político-institucional cuya administración del territorio se basa más en una lógica mercantilista que una lógica de ciudadanía o derechos humanos.
