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De la ilusión de la modernización a la guerra con Honduras

Carlos Gregorio López Bernal

Este mes se cumplen 50 años de la guerra entre El Salvador y Honduras. Este conflicto marcó el inicio de un convulso período histórico que culminó con las guerras revolucionarias de la década de 1980.
ElFaro.net / Publicado el 14 de Julio de 2019

Este mes se cumplen cincuenta años de la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969. Ese conflicto tuvo graves consecuencias para el país y también para la región centroamericana, en tanto que marcó el inicio de un convulso período histórico que culminó con las guerras revolucionarias de la década de 1980. En una serie de tres artículos abordaré ese conflicto bélico, considerando los antecedentes, el conflicto mismo y sus secuelas.

Para los salvadoreños, la memoria de la guerra del 69 es complicada, como puede verse en lo discreto de los actos conmemorativos de la efeméride. Y esto es así porque esa guerra no solo dio al traste con el prometedor proyecto de reforma que se venía impulsando desde los años cincuenta, sino porque abrió un ciclo de conflictividad política y social que hizo crisis en el golpe de estado de 1979 y la posterior guerra civil.

El Salvador inició la década de 1950 con una nueva constitución surgida de la llamada “revolución de 1948”, que inició un interesante proyecto de modernización y reforma en el país. Dicha constitución abandonaba los postulados liberales y se orientaba hacia la intervención del Estado en la economía, dándole además un importante papel en el diseño e implementación de políticas sociales. Durante dos décadas, el país logró avances considerables en términos de crecimiento de la economía, diversificación de la agricultura de exportación, industrialización, e integración ventajosa a la economía regional a través del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN).

En esos años se crearon instituciones orientadas a impulsar el desarrollo de la economía con una mayor intervención del Estado, por ejemplo: la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la primera dedicada a la explotación de energía hidroeléctrica y la segunda a construir y modernizar la infraestructura aéreo-portuaria. También fue en esa época que se impulsaron las primeras políticas sociales de Estado realmente funcionales en la historia nacional, por ejemplo el Instituto de Colonización Rural (ICR), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) (Turcios, 2003).

Dicho proyecto también incluyó cierta apertura política, que en el contexto pos segunda guerra mundial implicaba apostar al fortalecimiento de la democracia y una preocupación por la amenaza de expansión del bloque soviético. Esas iniciativas eran impulsadas por militares, empresarios e intelectuales progresistas, pero obviamente los militares tenían mayor capacidad de decisión; si tenían que escoger entre democracia y seguridad nacional, sin dudarlo optaban por la segunda. Por lo tanto, la apertura democrática de esos años, siempre dependió de su arbitrario criterio de seguridad; las libertades políticas eran limitadas o suprimidas en cuanto los militares detectaban, imaginaban o inventaban una amenaza a la seguridad nacional.

Aun con esas limitaciones, las posibilidades de participación e incidencia de la oposición política se ampliaron, a tal punto que esta llegó a ocupar espacios antes fuera de su alcance, por ejemplo gobernar la capital o tener representación proporcional en la Asamblea Legislativa, pero el acceso al poder ejecutivo le fue vedado sin más. Es decir, los militares y sus aliados civiles, toleraron el juego democrático en la medida en que pudieran conservar su capacidad de veto. Este modelo funcionó mediante una compleja articulación de concesiones y represión en diversos grados, pero se atascó cuando las contradicciones políticas aumentaron y, sobre todo, cuando la oposición política se fortaleció a inicios de los setenta, y fue capaz de formar alianzas que retaron al partido oficial.

Al impulso de ese inédito proyecto reformista, El Salvador vivió dos décadas con la ilusión de que había encontrado el camino del progreso e incluso adelantó en la modernización del sistema político. En 1960 se fundó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y en 1961 el Partido de Conciliación Nacional (PCN); dos partidos de diferente signo ideológico, pero preocupados por los cambios y la democracia. El primero nació ligado al proyecto internacional de la Democracia Cristiana y a la Iglesia Católica, y el segundo era heredero del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), formado por los militares y civiles progresistas que impulsaron la llamada “revolución de 1948”. Pero la apertura no fue más allá de lo que el grupo en el poder, conformado por militares y terratenientes, estaba dispuesto a permitir. Por ejemplo, se dio la representación proporcional en la Asamblea Legislativa, pero no se permitía la participación electoral de partidos con tendencias comunistas. Más importante por las consecuencias a futuro: no había disposición a entregar la presidencia a la oposición en caso de que esta ganara las elecciones

Quienes apostaron por la modernización de la economía creyeron que era necesario intentar otras modalidades de desarrollo que bajaran la presión sobre la tierra. Para entonces el país ya tenía altos niveles de deforestación y deterioro de los recursos naturales, producto de la sobre explotación y falta de planificación en el uso de la tierra. La industrialización buscaba reducir el uso extensivo de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; y la diversificación de la agricultura de exportación pretendía disminuir la dependencia del café.

A excepción de una parte de la planicie costera del Pacífico, el país no tenía una “frontera agrícola” que pudiera absorber nuevos cultivos o abrir frentes de colonización para campesinos sin tierra; por lo tanto, la diversificación de la agricultura de exportación se hizo reorientando el uso de tierras ya utilizadas para cultivos de subsistencia. La expansión del algodón y la ganadería provocó la deforestación de la planicie costera; el uso indiscriminado de insecticidas para combatir las plagas del algodón contaminó suelos y aguas y diezmó la fauna terrestre y acuática. La salud de los pobladores también fue afectada, dando lugar a que se abandonaran lugares demasiado expuestos a los pesticidas lanzados con aviones.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, El Salvador vivió un acentuado proceso de concentración de la propiedad de la tierra, cuyos orígenes se remontan a la extinción de tierras ejidales y comunales en la década de 1880. Hacia finales de la década 1950, el 1 % de las explotaciones más grandes absorbían en 47 % de la superficie laborada del país. 2 148 propiedades mayores de 100 hectáreas, sumaban 754,501 hts. Esta superficie era 3 veces superior a la superficie de 247 378 hts, que abarcaban 193 000 explotaciones de menos de 5 hts. (Turcios, 2003: 166). Según Kirby, para 1961 el 11.8 % de la fuerza laboral rural no tenía acceso a la tierra; para 1975 el porcentaje había subido a 40.9 % (Kirby, 1992: 221). En la década de 1970, a la concentración de la propiedad de la tierra, se añadió el encarecimiento del alquiler y el alza de precios de los insumos agrícolas.

La diversificación de la agricultura de exportación afectó negativamente a campesinos y jornaleros para quienes era cada vez más difícil acceder a la tierra y sembrar los cereales básicos. Las actividades agrícolas orientadas a la exportación no absorbían la fuerza de trabajo existente; solo requerían gran cantidad de peones por temporadas, dejando a los trabajadores a la deriva el resto del año. No es extraño entonces que la emigración campo-ciudad aumentara considerablemente. Es más, siguiendo una práctica iniciada en las primeras décadas del XX, muchos salvadoreños se fueron a Honduras, en donde la poca población y abundancia de tierras ofrecía mejores perspectivas. Por años, Honduras fue una especie de “válvula de escape” a los problemas de sobre población y falta de oportunidades en el país, pero esta vía se cerró abruptamente con la guerra entre ambos países en 1969 (Pérez Pineda, 2014).

Pasadas dos décadas de reformas y modernización ya era claro que había problemas: el crecimiento de la economía era obstaculizado por la escasa capacidad de consumo de las clases trabajadoras, cuyos salarios rondaban el límite de la sobre vivencia, por lo que la industria dependía del crecimiento del MERCOMUN para vender sus productos. El MERCOMUN buscaba crear una zona de libre comercio tendiente a la integración económica regional, basada en la industria y el comercio, pero las notables asimetrías entre las economías regionales limitaron su implementación. Guatemala, El Salvador y Costa Rica tenían una industria más desarrollada y se beneficiaron más. Por el contrario, Honduras y Nicaragua competían en desventaja, pues sus industrias estaban menos desarrolladas. A nivel bilateral, el comercio entre Honduras y El Salvador favorecía al último, que además tenía más de 300 000 salvadoreños viviendo ilegalmente en Honduras.

Estos emigrantes ocuparon tierras estatales por años, pero en la segunda mitad de la década de 1960 organizaciones de campesinos hondureños comenzaron a demandar una reforma agraria. Para evitar problemas, terratenientes y gobierno, culparon a los salvadoreños de apropiarse tierras ilegalmente. Comercio bilateral, migración y tierras provocaron un creciente rechazo contra los salvadoreños en Honduras que pronto dio lugar a una ola de xenofobia. Hubo persecución, abusos, asesinatos y expulsión masiva. El Salvador denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la violación a los derechos humanos de los salvadoreños, pero ante la creciente presión de los medios de comunicación y de la opinión pública, el ejército salvadoreño invadió Honduras, antes de que la OEA emitiera una resolución.

Fue una guerra breve, solo duró cuatro días, pero provocó cerca de cuatro mil muertes (Slutsky y Carías, 1971: 313). El conflicto tuvo graves consecuencias para El Salvador; no solo privó al país de su principal mercado regional, sino que fracturó el proceso de integración económica regional. Miles de campesinos salvadoreños que vivían en Honduras fueron expulsados, obviamente regresaron sin posesión alguna. Esta situación agravó la problemática económico-social del país, pues agregaba un elemento más a la creciente problemática agraria. Altas tasas de natalidad, estrechez territorial, sobre explotación de recursos naturales y extrema concentración de la propiedad de la tierra creaban un escenario sombrío, agravado por la poca disposición de los grupos dominantes a cualquier reforma que pudiera afectar sus intereses.

En el próximo se hablará sobre el conflicto entre Honduras y El Salvador.

*Carlos Gregorio López Bernal es docente-investigador de la Licenciatura en Historia, de la Universidad de El Salvador y  Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Investiga sobre historia política y cultural de El Salvador, siglos XIX y XX.
 
*Carlos Gregorio López Bernal es docente-investigador de la Licenciatura en Historia, de la Universidad de El Salvador y  Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Investiga sobre historia política y cultural de El Salvador, siglos XIX y XX.