Sandra Torres, la excandidata que perdió las elecciones presidenciales de Guatemala frente al ahora electo Alejandro Giammattei, fue capturada el lunes 2 de septiembre por financiamiento ilícito electoral de su partido, la Unidad Nacional contra la Esperanza (UNE). Dicho instituto recibió 3.4 millones de dólares (unos 27 millones de quetzales) en la campaña para la presidencial de 2015 (en la que también Torres buscaba la presidencia) y no lo reportó a las autoridades.
El 11 de agosto, Torres perdió la elección en una segunda vuelta en la que Giammattei sorprendió con un despunte nunca antes visto en Guatemala, pero con la segunda votación más baja en los últimos 35 años. Al día siguiente, el lunes 12, Torres perdió el derecho de antejuicio que Guatemala otorga a todos los candidatos en contienda. El Registro de Ciudadanos del TSE otorga a cada candidato una credencial que certifica el derecho a gozar del fuero mientras sea candidato, según el artículo 123 del Decreto 10-04 , aprobado el 21 de abril de 2004. La vigencia de dichas credenciales suele ser hasta el día de la elección.
La captura de Torres ocurre en vísperas del final oficial del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que estuvo activa durante 12 años, y que también ha procesado al presidente de la República Jimmy Morales por el mismo delito de financiamiento ilegal. La Cicig termina su mandato este 3 de septiembre, por orden de Morales, el partido con el que ganó la contienda frente a Torres, en 2015.
La excandidata tendrá que rendir primera declaración el próximo viernes 6 de septiembre ante el Juzgado de Mayor Riesgo A y tendrá que explicar su rol en el financiamiento de la UNE, partido que tiene proyectado tener más de 50 congresistas a partir de enero. Será el partido con la mayor cantidad de diputados, pero ahora también corre el riesgo de ser cancelado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado para su estudio el proceso de cancelación por la acusación del MP. Si la UNE desaparece los congresistas se convierten en funcionarios independientes y pierden el derecho de presidir la Asamblea o las comisiones de trabajo.
Torres, en febrero, fue acusada formalmente de haber recibido financiamiento ilegal pero no pudo ser detenida en virtud de tener fuero. Un día después de perder la presidencial, Torres entregó su pasaporte a un juez en un intento de evitar el arresto.
La investigación se desprendió de otro expediente abierto en enero de 2018 por la Cicig y el MP, denominado “Traficantes de influencias”. Muchas empresas pagaban sobornos con tal que la administración tributaria les agilizara la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), y uno de los que servían de intermediario entre las empresas y Hacienda era quien en 2015 fue compañero de fórmula de Sandra Torres, Mario Leal Castillo. Este, un empresario inmobiliario –es el propietario del famoso centro comercial Cayalá, en Guatemala- destinó parte del dinero de los sobornos al financiamiento de la UNE, según la investigación.
De los 3.4 millones de dólares no reportados por la UNE, unos 430 mil dólares provienen de sobornos entregados por empresarios a Mario Leal Castillo. Unos 625 mil dólares los recibió la UNE cuando Torres era la secretaria general del partido en 2012.
Castillo salió de Guatemala en 2016 y en enero de 2018 el MP pidió orden de captura por su papel en “Traficantes de influencias”. En ese lapso, los investigadores encontraron que la UNE y Leal crearon empresas fantasmas para recibir dinero de otras sociedades y de personas naturales y así evadir los controles que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene sobre las cuentas bancarias de todos los partidos. Estas empresas aparecieron cuando la Cicig y el MP siguieron la pista al dinero que implicados en “Traficantes de influencias”.
Torres, Leal y la UNE crearon empresas recaudadoras para el gasto de campaña. Las empresas son Maariv, S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa).
Según la Cicig y el MP, estas empresas simularon relaciones comerciales o préstamos para ocultar los aportes recibidos por donantes. Hubo también simulaciones de ventas de bienes o prestación de servicios para maquillar el dinero entregado por los aportantes a ambas empresas.
El dinero terminó en la UNE para el pago de planillas de las personas que el partido contrató para desempeñar el rol de fiscales electorales. Estos, durante cada jornada electoral, se despliegan en el territorio con el objetivo “cuidar” los votos emitidos para la UNE. El dinero también se usó para el transporte de votantes, pauta publicitaria, pintura y eventos, dicen los investigadores.
En febrero de 2019, cuando la Cicig y el MP presentaron el caso ante un juez, pidieron la detención de 11 personas además de Mario Leal. Entre las personas con orden de captura también estaba Gustavo Alejos, quien fue secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015). Ella está procesada por diversos casos de corrupción develados por la Cicig y el MP, junto al entonces presidente Otto Pérez Molina. En la misma diligencia, el MP pidió que se le retirara el fuero a siete funcionarios o candidatos, entre ellos Sandra Torres.
La Cicig y MP terminaron de armar el caso a finales de 2018 pero presentaron su acusación ante un juez hasta el 6 de febrero de 2019. Ese día la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) –una dependencia del MP- también pidió desaforar a Torres quien un día antes había ganado derecho de antejuicio al quedar inscrita como candidata presidencial para los comicios de junio, y que requirieron una segunda vuelta en agosto. El jefe de la FECI, el fiscal Juan Francisco Sandoval, explicó a periodistas, con cierta resignación, que solo pudo presentar la acusación hasta que contó con el aval de la jefa de todo el MP, la fiscal general Consuelo Porras. Ella siempre negó que quiso proteger a Torres, pero tampoco explicó por qué autorizó a sus subalternos que presentaran la acusación solo cuando Torres era ya candidata y gozaba de fuero.
Al día siguiente de haber perdido la segunda vuelta, el 11 de agosto, Torres perdió el derecho de antejuicio y tres semanas más tarde Porras ordena su captura.
