“¿Qué hará hoy?” se escuchaba continuamente en los primeros días del gobierno de Nayib Bukele. Esta expresión, en su diversidad de tonalidades, manifestaba algo más allá de las muchas expectativas que tradicionalmente acompañan un cambio de gobierno; revelaban también un profundo desconocimiento del proyecto político que hace poco más de 100 días tomó el poder Ejecutivo. Y es que el grupo político que gobierna El Salvador desde la presidencia de la República define su identidad en “no ser los otros”, pero eso nos deja con una inmensidad de posibilidades de lo que pueden ser.
A pesar de este desconocimiento, las acciones políticas del nuevo Gobierno han estado cargadas de espectáculo y sus respectivos aplausos. También de algunas voces disidentes, pero nada que pueda romper la burbuja de popularidad y emotividad que envuelve la figura presidencial de Bukele. Sin embargo, podemos encontrar una línea común: la incertidumbre.
Para muchos, esta falta de certeza es fuente de esperanza para “un futuro mejor”; para otros, es origen de inquietudes, sospechas y hasta temores.
Lo cierto es que nadie tiene un conocimiento absolutamente preciso de cómo se verá el futuro o de cómo describir el presente; pero esto no impide que se intente delinear la forma en que el gobierno pretender dirigir el país y usar el poder. Este ejercicio se vuelve especialmente retador con el nuevo gobierno, pues su proyecto político nace y se desarrolla a partir de las indefiniciones políticas e ideológicas. Con orgullo, repetían en la campaña que no eran “ni de derecha ni de izquierda”, y para una población que ya compró proyectos empaquetados bajo estos nombres esta vaguedad era especialmente atractiva.
El problema de estas indefiniciones se da al momento gobernar, cuando los eslóganes se enfrentan a la realidad, cuando se necesita articular una política pública propia y se tiene que coordinar una visión económica, política e institucional y lo único con lo que se cuenta es con la imagen glorificada del presidente.
Indefinición
Las ideas económicas del nuevo gobierno han sido un surtido de distintas corrientes económicas, a veces hasta contrarias; pero es fácil identificar que las ideas dominantes en el discurso son las que tradicionalmente ha abanderado la derecha de este país: “libre empresa, gobierno limitado”, “más inversión privada, más empleos, más crecimiento”, etc. Sin embargo, es cuando se contrastan estos discursos con su accionar en dónde se visualiza el nivel de confusión que domina la visión político-económica del gobierno.
Los despidos masivos fueron vendidos como “ahorro” para la población, pero en términos presupuestarios todo el dinero destinado a esas plazas fue solicitado para cubrir el costo de las nuevas plazas. Los discursos que afirmaban que el dinero alcanzaría no coinciden con las peticiones remitidas a la Asamblea Legislativa en busca de más préstamos. Incluso, una de las mayores promesas de campaña, la eliminación de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), se enfrenta a la profunda contradicción de ser una de las fuentes de fondos más utilizada por el gobierno para el financiamiento de acciones del plan de seguridad.
A la fecha, sabemos que las ideas económicas de Bukele endulzan el oído del sector empresarial, así como en campaña lo hicieron con los votantes; pero no sabemos con certeza si estas definirán una ruta de actuación en lo económico y fiscal o continuaremos viendo contradicciones constantes entre la práctica y el discurso.
Por encima de la ley
“La ley” y “la institucionalidad” son conceptos que poco interesan a la mayoría de la población. La búsqueda de comprensión y empatía con este reclamo involucra aceptar que, para la mayoría, las leyes y las instituciones no han servido para obtener dignidad, salir de la marginalidad y de la vulnerabilidad a la que este sistema las ha condenado. Es de este hecho del que toma ventaja el gobierno actual, y es del enojo e insatisfacción con este sistema de donde surgen voces que defienden la “rebeldía” presidencial.
Esta permisividad ante las ilegalidades en el accionar del Gobierno vuelve al presidente un político riesgosamente poderoso. Cuando hablamos de una acción ilegal del gobierno, como la forma en que se realizaron los despidos de presidencia, no nos referimos a cualquier ciudadano irrespetando una ley; hablamos del presidente de la República incumpliendo las limitantes en su uso del poder y eso nos coloca a todos en mayor vulnerabilidad y peligro frente a la posibilidad de abusos desde su cargo.
A la fecha, no se puede definir con certeza qué parte de las leyes o instituciones pretende cambiar el nuevo Gobierno o bajo qué lógica o principios políticos decide no seguir los procesos legales en algunas ocasiones y defender a ultranza su interpretación de las leyes en otros. Su posición política en cuanto al respeto a las leyes depende de la coyuntura, por lo cual es peligrosamente volátil.
Es evidente que las leyes y las instituciones actuales no responden de manera adecuada a los problemas de la población, pero se debe dejar claro que, aunque con profundas necesidades de transformación y mejora, es lo único con lo que contamos para mediocremente obstaculizar los abusos en el poder. Es por eso que el apego a las leyes por parte de los funcionarios públicos no es negociable.
Incuestionable
El cheque en blanco ofrecido por una parte de la población al gobierno se manifiesta no solo en la defensa de las ilegalidades en su accionar, sino en todo lo referente a la opinión pública. La cantidad de poder acumulado en la imagen presidencial de Nayib Bukele incluye una credulidad absoluta en su accionar y una búsqueda de silenciamiento a la crítica.
Este silenciamiento se manifiesta en acciones pequeñas como ataques en redes sociales a personas que cuestionan el gobierno, hasta absurdos en dónde citar las palabras del mismo presidente es entendido como un atentado contra su imagen. Bajo esta prohibición se vuelve un agravio querer contrastar las acciones del gobierno con su programa de gobierno y sus promesas de campaña, con las declaraciones de sus funcionarios, con estadísticas o con la realidad.
Si las promesas de campaña, el contenido de su programa de gobierno o las declaraciones del mismo presidente no son una guía válida para hacer contraloría al accionar gubernamental, podemos afirmar que las declaraciones oficiales no son vinculantes y, por tanto, el gobierno de Nayib Bukele no tiene un rumbo, al menos no uno que la ciudadanía pueda medianamente anticipar.
Culto a la personalidad
Las formas de comunicar el accionar de este gobierno se encuentran centradas en enaltecer la imagen del presidente. Este culto se manifiesta en una exaltación excesiva a la figura del mandatario y la idea de que el futuro del país será determinado por la voluntad y deseos de una sola persona: Nayib Bukele. Esto no solo relega a las personas al frente de los ministerios a ser simples ejecutoras de órdenes presidenciales, sino que supone que la población es mera espectadora de lo que está ocurriendo en el país.
Las soluciones a los grandes problemas del país las propone, aprueba y ordena una sola persona absolutamente virtuosa; por tanto, nunca se equivoca. Bajo esta dinámica comunicacional, la política pública correcta es la que realiza Nayib Bukele, sin mayor discusión. Esto nos deja con pocas o nulas luces de la ruta a seguir del nuevo gobierno, dado que el hilo conductor de las acciones del Ejecutivo es la volátil voluntad del presidente.
Muchas voces reclaman que es muy pronto para exigir cambios sustantivos al nuevo gobierno. Para muchos de los problemas estructurales que tiene El Salvador esto es correcto, no solo para el gobierno de Nayib Bukele, sino para cualquier gobierno. No obstante, las acciones de estos 100 días dejan entrever que las políticas desde el Ejecutivo estarán dominadas por los vaivenes emocionales y disputas personales del presidente o sus allegados. Esto vuelve imperante una crítica honesta y un continuo cuestionamiento al nuevo gobierno. Con lo que está jugando el presidente no es una simple disputa político-partidaria de cara a las elecciones de 2021, es con nuestros recursos financieros, nuestras instituciones, nuestros recursos naturales, nuestra sociedad y nuestras vidas.
En estas condiciones, imaginarnos un futuro mejor para la mayoría implica una dogmática creencia en las bondades de una sola persona y esto involucra un salto de fe que muchos no estamos dispuestos a dar.
