En la película Todos los Hombres del Presidente, “Garganta profunda”, la fuente de los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, en el caso Watergate, les aconseja “seguir el rastro del dinero”. Ciertamente el presupuesto -con sus bemoles- nos habla de quiénes son los gobernantes, cuáles son sus intenciones, sus apuestas estratégicas y, en no pocos casos, revela si hay o no corrupción.
En 2002, cuando finalizamos el último módulo del posgrado en Finanzas Educativas sobre Financial Management of Nonprofit Organizations en Harvard University, el profesor James Honan nos insistió en que la mejor radiografía para conocer una institución o sistema educativo era su presupuesto. En efecto, a partir de los montos asignados a partidas específicas podemos valorar las prioridades y el enfoque de la institución. Pasemos a un plano más doméstico para comprender la hipótesis de Honan: si en su presupuesto familiar la cuota del vehículo es más alta que la cuota de escolaridad de su hijo, ya sabemos cuál es su prioridad.
En los sistemas educativos, por ejemplo, a nivel universitario, también podemos observar de manera recurrente cómo los presupuestos de investigación son generalmente los rubros más bajos, y esto corresponde a la situación precaria de calidad científica, a la falta de doctores e ingenieros, limitadas patentes y otros indicadores de calidad científica. Siempre que he evaluado universidades solicito el presupuesto y, en pocos minutos, al observar las gráficas de distribución uno puede obtener un diagnóstico rápido sobre los intereses, desafíos y apuestas de la institución; los cuales se reducen a aspectos administrativos y docentes, en un monto que fácilmente supera el 70 %. También en los colegios los salarios de los docentes no reflejan la importancia capital que se les da en los discursos: los docentes son el techo de la calidad, son el factor determinante, pero eso no se nota en lo que ganan.
Veamos ahora el presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 2020. En primer lugar, debemos realizar una comparación –levemente odiosa– con el presupuesto anterior para situarnos dónde estamos parados y qué cambios hay con el nuevo gobierno:
El incremento real es de 17 millones (al menos no disminuyó en monto); aunque, tal como se puede ver en la tabla, el porcentaje del PIB destinado a educación sí disminuye de 3.81 a 3.75; es decir, 0.6 menos, a menos que haya una modificación en el futuro y cambie al cierre del año. Dicho de otro modo, hay menos dinero y no hay un cambio sustantivo en materia de una apuesta decidida a la educación. Lo demandado y necesario para iniciar una verdadera transformación del país es elevar la inversión al 6 % -para acercarse a la media latinoamericana-, y aunque sabemos de las limitadas condiciones fiscales del país, se debería hacer un esfuerzo para reorientar gastos, limitar privilegios y viajes costosos, vehículos de lujo, quitar grasa al Estado, y reorganizar carteras para cambiar más significativamente la tendencia en el presupuesto; al menos para, decididamente, aspirar al 4 o 4.5 % del PIB, que sí es posible.
Pero los presupuestos de educación han tenido problemas. Por ejemplo, los vicios que podemos identificar son: a) gasto centrado en salarios; b) crecimiento progresivo de la burocracia y tramitología; c) financiamiento proyectado con base en préstamos; d) visión de corto plazo, quinquenal o gubernamental; e) centrado en oferta-demanda; f) no cuentan con análisis costo-beneficio ni tasa de retorno (por ejemplo, los programas de útiles, zapatos y uniformes no mejoraron los problemas graves de deserción y caída de matrícula); g) los presupuestos no son diseñados por técnicos que conozcan las prioridades del sistema educativo; h) ineficiencia en la ejecución; entre otros problemas.
Sabemos muy bien que mayor inversión no es garantía ni sinónimo de calidad. El caso de Honduras es un ejemplo con un porcentaje del PIB cercano al 7 % y con resultados muy deficientes. Pero se deben hacer esfuerzos de eficiencia estructurales. Lo cierto es que la inversión nuestra por estudiante es muy baja, en comparación con otros escenarios: México gasta por estudiante $ 3 130; Chile supera los $ 5 000 y los países de la OCDE $ 9 870. En nuestro caso, bajo números muy gruesos, llegamos a un monto $ 729.23 al año por estudiante, y siempre se ha criticado que, posiblemente, se gaste más por año en un reo en prisión que en un estudiante en la escuela.
En materia de salarios, llama la atención la distorsión entre los montos asignados en el presupuesto 2020; por ejemplo, mientras que la ministra recibirá $ 3 341.15 (gastos de representación incluidos), los asesores y directores nacionales ganarán, cada uno, $ 5 657.49; apenas $335 menos que la ministra y el viceministro juntos.
Esto es un debate abierto y no resuelto. Digamos que, dadas las condiciones del mercado laboral, otros cargos en el sector privado similares y las responsabilidades gerenciales, un ministro debería ostentar un salario entre US$ 6 000 y US$ 9 000. Obviamente, sabemos de las prácticas de sobresueldos o complementos que se han pagado en el pasado con la “partida secreta” (además, sin pagar impuestos), lo cual supera con creces los datos de mercado. Ahora nos han dicho que no hay sobresueldos, pero nos preguntamos si es real el dato que aparece en el presupuesto y cuesta creerlo.
El caso de la Universidad de El Salvador muestra una fotografía muy similar al presupuesto de educación, con un incremento de 3 millones, pero la proyección del PIB hace que se mantenga el porcentaje; o sea, no hay cambio, tal como se puede ver en la siguiente tabla:
De este presupuesto, la inversión para el área científica se reduce a US$ 597,795, cifra que limita varios aspectos: a) formación de científicos con grado de doctorado; b) adquisición de laboratorios; c) desarrollo de patentes; y d) movilidad e internacionalización de la ciencia. En conclusión, las cosas seguirán igual y nos mantendremos científicamente en el subdesarrollo.
Tampoco tenemos muy claro cómo se desarrollarán las cinco prioridades del “Plan Educativo Cuscatlán”: dignificación del docente; pertinencia pedagógica y curricular holística; fortalecimiento de la gestión institucional; innovación de la legislación educativa y tecnologías e innovación educativa. Cualquiera de estas apuestas demanda inversión y no sólo buenas intenciones. Lo presupuestado para cada una de estas prioridades en el presupuesto 2020, dividido entre el número de escuelas y docentes a los que debe llegar, resulta insuficiente.
En materia educativa, el plan no sorprende a nadie, es prácticamente igual a sus cinco antecesores, sólo que sin datos o cifras. Por mi parte, esperaba apuestas más contundentes, renovadoras, desafiantes. Todo indica que seguiremos con los mismos resultados de PAES que arrastramos desde 1997, con el mismo drama de la matrícula en educación preescolar y educación media (40 %), limitadas patentes, sin evaluar y pagar bien a los docentes, baja inversión educativa, limitado acceso a nivel superior público. Por el momento, nos toca seguir esperando. Si hacemos lo mismo no podemos esperar resultados distintos.
