Carta abierta al presidente por las víctimas de la amnistía

Estimado presidente Bukele,

Mi nombre es Neris Amanda González. En diciembre del año 1979, estaba en mi octavo mes de embarazo cuando fui secuestrada, detenida, torturada y violada por miembros de la Guardia Nacional de El Salvador. Poco después, perdí a mi bebé. Este diciembre marcará el cuadragésimo año desde el día que me secuestraron. Aún así, los que fueron responsables de mi tortura siguen sin haber sido llevados ante la justicia en El Salvador. Durante muchos años, estuvieron protegidos por una amnistía general que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que violaba las obligaciones de El Salvador y que recientemente fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema. Sin embargo, justo cuando parece haber una vía hacia la justicia, nuestra legislatura amenaza con restablecer una nueva amnistía. Le escribo para suplicar que haga lo que pueda para parar esta iniciativa.

Por mucho tiempo después de mi secuestro, sufrí enormemente y seguí luchando por la justicia. Mis esfuerzos fueron frustrados una y otra vez. El mayor obstáculo fue la Ley de Amnistía que promulgaron el expresidente Alfredo Cristiani y la legislatura salvadoreña en marzo de 1993. Aquella ley impidió cualquier reparación civil o penal en El Salvador contra personas como las que me habían torturado. Luego, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta Ley de Amnistía era incompatible con las obligaciones internacionales de El Salvador,  pero fue en vano. La ley permaneció y los hombres que supervisaron mi tortura y violación siguieron disfrutando de la impunidad.

Viendo que mis esfuerzos para buscar la reconciliación y la justicia en el sistema judicial de mi país seguían frustrados, llevé mi caso a una corte de Estados Unidos en mayo de 1999 junto a otras dos víctimas: Juan Romagoza Arce y Carlos Mauricio. Presentamos una demanda contra el exministro Defensa, José Guillermo García, y el exdirector de la Guardia Nacional de El Salvador, General Carlos Eugenio Vides Casanova, dos hombres que ocuparon puestos de liderazgo cuando fui secuestrada en diciembre de 1979.

Un jurado federal, compuesto por ciudadanos estadounidenses, resolvió el caso a nuestro favor y nos otorgó reparaciones. Desafortunadamente, debido a que los acusados ​​tenían pocos activos al alcance, todavía no hemos recibido la compensación que se nos otorgó. Aunque este veredicto supuso un acto de justicia para nosotros, devino en la deportación de los dos exgenerales a El Salvador, donde ahora caminan libremente entre nosotros.

En 2016, la Sala de lo Constitucional determinó que la Ley de Amnistía que había protegido a los exgenerales durante todos estos años era inconstitucional. Para las víctimas como yo, esa decisión y el apoyo público de esa decisión nos dio una gran esperanza. Encargué a mis abogados que compartieran con la Fiscalía copias de la sentencia dictada por la corte estadounidense y todas las pruebas y los testimonios que habían sido compilados para mi caso.  Todo este proceso se ve amenazado, sin embargo, con la aprobación de una nueva amnistía propuesta por los diputados, que obstaculizará de nuevo la posibilidad de lograr la justicia que merecemos. En lugar de que el fallo de la Sala sirva como un recurso para que la Fiscalía haga justicia en favor de las víctimas, esta nueva ley podría impedir por completo nuestro acceso a ella.

Es por eso, señor presidente, que le escribo de parte de muchos y con una voz unida para pedirle que, por favor, pare esta ley. La justicia para las víctimas como yo es esencial para que nuestro país pueda avanzar y para dejar atrás los períodos más oscuros, dolorosos y humillantes de nuestra historia.