El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó este jueves 14 de noviembre a ocho policías del desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP) a 45 años de prisión por cuatro ejecuciones extrajudiciales y pidió a la Fiscalía que amplíe la investigación en contra de un subinspector que, en ese momento, estaba a cargo de la Subdelegación de la Policía en Zaragoza, La Libertad.
“Nunca se acreditó un intercambio de disparos. Las víctimas no estaban armadas, según la prueba que desfiló en el juicio. Para el tribunal, la Fiscalía supo fundamentar la existencia de los homicidios”, informó la unidad de comunicaciones del Centro Judicial de Santa Tecla. Los ocho policías fueron declarados culpables de cuatro ejecuciones extrajudiciales y del delito de fraude procesal. Este es el segundo juicio contra ellos. En septiembre de 2018 fueron absueltos por otro tribunal de Santa Tecla, pero una cámara ordenó que se repitiera el juicio.
Según la Policía, la mañana del 8 de febrero de 2016, unos “sujetos” asaltaban un vehículo con mercadería en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero y “los demás se dieron a la fuga”. La Policía aseguró que un cabo de la Policía fue herido de bala. Luego de eso, la Policía recibió información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”. La Policía mintió, según una investigación de El Faro. Dos testigos explicaron a este periódico que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC.
La Fiscalía presentó la declaración de tres testigos claves. Uno de ellos, “Abraham”, relató como les ordenaron “ponerse boca abajo”. “Los policías tuvieron completo dominio del hecho y la prueba pericial determinó que los disparos fueron a corta distancia”. Las víctimas fueron Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17; y José Armando Díaz Valladares, un obrero que estaba descansando en su casa después de una jornada de trabajo. Él no era pandillero.
Jueces piden más investigación
La Fiscalía procesó a nueve policías, ocho operativos del GRP y un subinspector que en ese momento estaba al mando de la subdelegación de Zaragoza. El subinspector fue acusado de incumplimiento de deberes, pero el tribunal consideró que no hay pruebas de que haya cometido ese delito. “Se estableció que los policías manipularon, recrearon la escena del delito. El subinspector fue a custodiar la escena, tuvo dominio, igual responsabilidad”.
La unidad de comunicaciones del Centro Judicial de Santa Tecla le explicó a El Faro que por una reforma legal aprobada por la Asamblea no podía revelar los nombres de los policías involucrados ni del subinspector sobre el que se pidió ampliar la investigación.
Los jueces consideran, por lo tanto, que el subinspector no es responsable del delito de incumplimiento de deberes porque sí llegó al lugar de los hechos y estuvo a cargo de la custodia de la escena del delito, dentro de la casa como en el patio. El jefe policial debe ser investigado por las cuatro ejecuciones extrajudiciales y por fraude procesal. “El tribunal ordenó ampliar la investigación contra el subinspector y será la Fiscalía la que determine si hay más involucrados”, informó la unidad de comunicaciones del centro judicial de Santa Tecla.
El subinspector quedó en libertad y se retiró hacia su casa. Los ocho policías, beneficiados con libertad condicional durante el proceso que inició en septiembre de 2017, fueron esposados por custodios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
