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Casa Presidencial responde al juez que el Ejército no tiene archivos de El Mozote

Valeria Guzmán Nelson Rauda

Aunque la Fuerza Armada se empeña en recalcar que no cuenta con ninguna información sobre los operativos militares de la masacre de El Mozote, Casa Presidencial asegura haber encontrado en el Archivo General de la Nación información que podría ser de "interés" para el proceso judicial. El Faro tuvo acceso a las respuestas que Presidencia dio al juzgado de Instrucción de Gotera, fechadas el 15 de noviembre. 

ElFaro.net / Publicado el 24 de Noviembre de 2019

Después de que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera ordenara al gobierno de Nayib Bukele acceso a los documentos militares para esclarecer la masacre de El Mozote y lugares aledaños, este ha respondido que 42 dependencias de la Fuerza Armada dicen no contar con  información relativa a los operativos militares realizados entre 1980 y 1982. Sin embargo, la Presidencia asegura haber encontrado en el Archivo General de la Nación (AGN) información que podría ser “de interés” para la causa judicial.

El 24 de octubre, el juez Jorge Guzmán había ordenado a la Presidencia que se revisara si había información resguardada en las diferentes unidades militares en el país correspondientes a planes militares de campaña o de operaciones especiales realizadas durante el periodo de 1980 a 1982. 

El 15 de noviembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia le hizo llegar al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera copias oficiales de 42 actas de igual  número de dependencias (brigadas, destacamentos y regimientos militares) en las que consta una sola respuesta: no se encuentra información sobre los planes militares solicitados, según confirmó a El Faro una fuente con acceso al contenido de esos documentos. "Las actas que ahí se enlistan, todas dicen que no se encuentran los planes de operación militar solicitados", dijo la fuente.

Destacan en esas actas el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera (departamento de Morazán); la Fuerza Aérea, y la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, tres de las divisiones señaladas por haber aportado tropas (junto al desaparecido Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl) en los operativos militares que devinieron en una masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, en diciembre de 1981. 

El presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy (ambos al centro) durante el acto de incorporación de 1,000 nuevos soldados a las Fuerzas Armadas, el 29 de julio de 2019. Foto de AFP / Marvin Recinos. 
 
El presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy (ambos al centro) durante el acto de incorporación de 1,000 nuevos soldados a las Fuerzas Armadas, el 29 de julio de 2019. Foto de AFP / Marvin Recinos. 

Información de interés en el AGN

Junto a las respuestas del Ejército, Presidencia también informó al juez Guzmán que podría tener acceso a un cúmulo de información en poder del AGN. 

El juzgado había requerido a la Presidencia que confirmara o descartara la existencia de documentos de expurgo “relacionados a documentos militares que datan de 1981 y 1982”. El AGN es una dependencia del Ministerio de Cultura, y según la ministra Suecy Callejas sí hay información relacionada a “expurgos militares” en la caja 6 de esa dependencia. En esa caja, respondió la ministra, se cree que hay “información de interés” para el juzgado. 

De acuerdo con Cultura, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, para entonces dirigido por el general Atilio Benítez, consultó al AGN para iniciar un proceso de depuración de archivos entre los que constaban documentos que databan desde la década de los sesenta, el período de la guerra y los primeros años de los noventa. 

Según una carta que la ministra envió  a la secretaría Jurídica de la Presidencia, personal del AGN ordenó el resguardo de cierta información debido a que su contenido “valioso” para la historia del país. Esa información es la que ponen a disposición del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, aunque el contenido de la misma no está del todo claro si aportaría al caso que investiga el juzgado de instrucción. 

Según narra la misiva, la notificación de la eliminación de documentos fue realizada por el coronel Ángel Francisco Baños Serrano, jefe del C-1 “Personal” de la 2 Brigada de Infantería, de acuerdo con una notificación “confidencial” enviada por el Estado Mayor Conjunto a las autoridades del AGN y citada por el Ministerio de Cultura. Baños Serrano solicitó que delegados de esa dependencia acompañaran el “proceso de eliminación de 22 metros lineales de documentación, la cual solicitan para el 7 de mayo de 2013”. 

El proceso de destrucción de archivos se llevó a cabo el 27 de mayo de ese mismo año. La Fuerza Armada y el AGN levantaron un acta, en la que funcionarios del AGN recomendaron que algunos documentos no fueran destruidos, sino transferidos al Archivo Histórico de la Fuerza Armada porque tenían información “valiosa para la historia de la reciente guerra civil”. Estos archivos que se recomendó que se salvaran de ser eliminados datan desde los sesentas: “Procedimientos operativos normales de 1968”, “Planes de operaciones de seguridad 1980-1989”, “Resumen de inteligencia militar 1990-1991”, “Informes periódicos de operaciones 1983-1987” y “Órdenes de operaciones de 1984 a 1989”. 

En el acta, además, los personeros del AGN y de la Fuerza Armada hicieron una “copia de inventario detallado de documentación que se había seleccionado como sujeta de eliminación por parte de la FA”. En este punto, tampoco queda claro si el detalle de la información destruida contenía información relativa a planes militares u operaciones relacionadas con el operativo que devino en la masacre de El Mozote y caseríos aledaños; ni si la recomendación del AGN fue cumplida por el Ejército (la de salvaguardar los archivos importantes en el Archivo Histórico de la Fuerza Armada).

Los expurgos de documentación militar son normales y recurrentes. Tanto, que el Ministerio de la Defensa cuenta con un “Manual de procedimientos del sistema integrado de archivos” en el que se detallan los pasos a seguir para eliminar información relativa a esta cartera de Estado, cuyo contenido puede ser descartable en virtud de su poca trascendencia administrativa o histórica, según una copia de ese manual actualizada hasta 2017. 

Aunque la información que según el manual debe de ser resguardada es aquella que tenga un valor “eminentemente histórico”, en ninguno de “los factores a considerar” se señala si la información generada en el contexto de la guerra civil entra en esa categoría. Según el manual del Ministerio de Defensa, luego de las consultas con el AGN, los procesos de depuración siempre terminan “ya sea por incineración o por trituración en picadora de papel”. 

La orden del juez Guzmán también indicaba al presidente Bukele entregar información sobre “planes militares de campaña” y “planes militares de operativos especiales” realizados entre 1980 y 1982. Sobre este punto, la ministra Callejas también respondió que  “la información relacionada al requerimiento del Juzgado” se encuentra en poder del AGN “clasificada e inventariada”. 

Según Cultura, en el AGN se encuentran copias de estos documentos y manifestó su apertura para que sean inspeccionados y analizados por el juzgado de Instrucción. Se preguntó a Cultura si estos documentos pueden ser de consulta pública y, a través de su oficina de comunicaciones, respondió que “el presidente ya dio la postura oficial acerca de la resolución de El Mozote”. 

Imagen de uno de los libros con contenido
 
Imagen de uno de los libros con contenido "Secreto" que la Fuerza Armada elaboró para analizar a la exguerrilla. En el prólogo hay un mensaje para los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, con quienes se compartía la información. 

¿Adónde están los archivos de la guerra?

La respuesta de 42 dependencias de la Fuerza Armada al requerimiento del  juez Jorge Guzmán reabre el debate sobre el paradero los archivos militares por los que han clamado, desde hace casi tres décadas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las víctimas de la guerra. Esos archivos, han alegado, son claves para identificar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos señaladas por la Comisión de la verdad, y para facilitar la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos de masacres, desapariciones forzadas de hombres, mujeres y niños en el contexto de la guerra civil. 

Hasta la fecha, ningún gobierno ha permitido acceso a los archivos militares. A inicios de noviembre Bukele se comprometió a compartir la información que le fuera requerida. La respuesta del gobierno Bukele fue dada a conocer 22 días después de que el juez del caso El Mozote ordenara el acceso a la información militar.

El Faro solicitó al Ministerio de Defensa conocer qué información fue eliminada en mayo de 2013, cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para destruirlos y cuál fue la razón de dicha expurga. Hasta el cierre de la nota no se ha recibido una respuesta oficial. 

La existencia de un proceso de expurgo y la duda sobre el contenido de la información eliminada a través de ese procedimiento también reabre las dudas sobre las posturas oficiales que durante décadas dieron los gobiernos de Arena (1989-2009) y los dos gobiernos del FMLN (2009-2019) respecto a la existencia de archivos militares. Tanto los gobiernos de derecha como de izquierda insistieron en que la información requerida por las víctimas era inexistente.

El 31 de mayo de 2019, en el último día de su mandato, Salvador Sánchez Cerén ordenó la creación de una Comisión revisora de archivos militares. Hasta finales de octubre de 2019, según Revista Factum, dicha comisión no había sido instaurada por el nuevo gobierno de Nayib Bukele. Ahora que 42 dependencias del Ejército han respondido al juez de El Mozote que no cuentan con información de operativos realizados entre 1980 y 1992, se reabre la pregunta sobre el paradero de los archivos militares. 

Lo cierto es que además de los expurgos, los archivos militares también han sido expuestos a sustracciones y desapariciones. En diciembre de 2015, El Faro reveló la existencia de archivos secretos del Ejército; ocho libros del Estado Mayor y de la Policía Nacional que evidencian la responsabilidad de la máxima jerarquía militar en el diseño y operación de la maquinaria de represión política. En esos documentos originales y con sello de “confidencial” hay muestras de una sistematización de la información sobre los enemigos políticos para, en los casos más extremos, torturarlos, desaparecerlos o asesinarlos.

Para ese reportaje, el coronel Samuel Cuéllar (un militar experto en inteligencia que dirigió la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y fue el encargado de la desmovilización del Batallón de Reacción Inmediata Arce y la Policía Nacional Civil) confirmó que, tras la firma de la paz, el Ministerio de Defensa dio órdenes para destruir los archivos de la guerra.

“Desde que se firmaron los acuerdos de paz, una de las instrucciones que dieron fue que inmediatamente todas las instituciones, cuarteles, comandancias, debían limpiar completamente todo los que fueran aspectos de inteligencia, de investigaciones investigación. Y así lo hicieron. Empezando desde el Ministerio, el Estado Mayor… ya cuando llegaron los Acuerdos y que comenzó la desmovilización, ya no había nada de esto”, dijo.

Al respecto, el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés respondió que “Probablemente las hubo (sustracciones). Posiblemente haya habido fugas…”, para intentar explicar la circulación de libros de inteligencia originales del Ejército en manos de terceros. 

Munguía Payés fue ministro de Defensa casi 10 años durante los gobiernos del FMLN. Estuvo fuera del cargo sólo entre noviembre de 2011 y mayo de 2013, cuando fungió como ministro de Seguridad. En julio de 2013, un mes después de los expurgos de los que da constancia el actual gobierno,  fue reasignado por el expresidente Funes como ministro de Defensa. En su ausencia, la cartera fue dirigida por quien fuera su viceministro, Atilio Benítez, que se desempeñaba en el cargo para mayo de 2013. 

Dos años después de la revelación de El Faro, en abril de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública interpeló públicamente a la Fuerza Armada por la existencia de indicios de expurgos de documentación militar realizados inmediatamente después de solicitudes de información pública realizadas por particulares. Munguía Payés negó que alguna vez se hubiese eliminado “documentación de valor histórico para investigación administrativa y judicial de operaciones militares”. 

“No se ha ordenado ninguna destrucción de documentos”, dijo Munguía Payés para entonces. El Faro intentó obtener una reacción del exministro sobre los expurgos confirmados por el gobierno Bukele, pero este declinó emitir comentarios. 

*Con reportes de Daniel Valencia