Un tribunal hondureño condenó este lunes a 50 años de cárcel a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, mientras que otros tres implicados recibieron penas de 30 años de prisión.
Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el 2 de marzo de 2016.
Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron baleado creyendo que había muerto.
El mayor del ejército Mariano Díaz, el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.
El 2 de diciembre de 2019, tras conocerse la sentencia, la Organización del Pueblo indígena Lenca en Honduras (COPINH) emitió un comunicado en el que califican la decisión del juzgado como 'una fisura al muro de impunidad que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen'.
La organización, fundada por Berta Cáceres, exigió al fiscal general Óscar Chinchilla y al Ministerio Público de Honduras a que también procese a Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah. 'Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a los integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres', dice el comunicado.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a la AFP que la defensa tiene 20 días para presentar recurso de 'casación', en el que la condena puede ser ratificada o modificada.
El tribunal había declarado culpable el 30 de noviembre de 2018, a Bustillo, Rodríguez y Díaz de haber contratado a los cuatro pistoleros por 4.000 dólares para que mataran a la ambientalista.
Cáceres estaba esa noche en su casa en la comunidad occidental de La Esperanza cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros.
En otra habitación estaba Castro, a quien dispararon y huyeron creyendo que había muerto.
Según la sentencia, los ejecutivos de DESA ordenaron el asesinato de Cáceres por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, en territorio indígena.
Cáceres había denunciado amenazas del personal de DESA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para su protección.
Por el crimen también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.
La familia de Cáceres denunció un atraso en el juicio contra Castillo supuestamente para favorecerlo, y acusan a influyentes banqueros que financiaban el proyecto hidroeléctrico como coautores intelectuales del crimen.
Cáceres era reconocida mundialmente en el movimiento ambientalista y de derechos Humanos, por lo que Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional exigieron castigo para los culpables de su muerte.
