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La masacre ignorada del río Lempa

Nelson Rauda Andrés Dimas Claudia Palacios

Siete mil personas huyeron del municipio de Victoria en marzo de 1981 para escapar, a través del río Lempa, de un operativo militar. La Comisión de la Verdad le dedicó tres líneas a este episodio y fijó la cifra de víctimas en poco más de 200, entre muertos y desaparecidos. Esta es la historia detrás de una de las primeras tres grandes masacres de la guerra, ignorada por años de la historia oficial, pero no de la memoria de los sobrevivientes, que no olvidan a sus muertos ni dejan caducar su petición de justicia.

ElFaro.net / Publicado el 8 de Diciembre de 2019

La primera vez que se aventó al río, Gerardo Leiva quería salvar la vida de su esposa. Como Dolores no sabía nadar, él improvisó un salvavidas con una mata de huerta y su mujer se aferró al tallo mientras él pataleaba en el agua y se impulsaba con el brazo derecho. Brazada, patadas, brazada, patadas, Gerardo Leiva luchaba contra un Lempa que estaba crecido, agitado y turbio aquella mañana del 18 de marzo de 1981. Al igual que muchos otros, recuerda esas aguas como un vidrio que se rompía, que salpicaba y hería con las esquirlas de las bombas que estallaban en el agua o en las rocas, y de las ráfagas de metralleta que disparaba un helicóptero de la Fuerza Aérea.

Cuando por fin llegaron a la orilla, tenía a Honduras a los pies. Atrás, el río, El Salvador y un éxodo humano agolpado en la otra ribera, aglutinado y desesperado. La comunidad de Santa Marta estaba en una encrucijada de proporciones bíblicas. No había vuelta atrás: o aquellos 7 mil campesinos, pobre enjambre sin panal, se lanzaban a un río que explotaba, o se arriesgaban a ser alcanzados por un Ejército que, desde hacía tres días, inundaba la zona a la caza de los “subversivos”, “terroristas” y “guerrilleros” de los cantones cercanos al municipio de Victoria, Cabañas, en el norte de El Salvador.

Entre los que huían estaban los hermanos, hermanas, abuelos, suegros, sobrinos y vecinos de Gerardo Leiva. Impacientes, todos rogaban a quienes sabían nadar que regresaran por ellos. “Escuchaba lamentos de personas. Tanto de niños como de gente adulta. Gritaban que por favor los pasaran. Como no eran muchos los que podían nadar…”, recuerda Gerardo, que sin pensarlo mucho y contra su instinto de supervivencia, regresó sin soltar el triste salvavidas (brazada, patadas, brazada, patadas) hasta la orilla salvadoreña: “Yo no le voy a decir que me sentía con valor, porque acuérdese que para eso todos tenemos miedo, en especial sabiendo que lo que a uno le espera es la muerte”.

Gerardo Leiva a la orilla del Río Lempa en el lugar donde, hace 38 años, ayudó a unas 30 personas a cruzar al lado hondureño. Foto: Carlos Barrera
 
Gerardo Leiva a la orilla del Río Lempa en el lugar donde, hace 38 años, ayudó a unas 30 personas a cruzar al lado hondureño. Foto: Carlos Barrera

El Lempa de antes, como el de ahora, es el principal río de El Salvador. Una vena de más de 360 kilómetros que atraviesa el país y sirve de frontera natural con Guatemala y Honduras. En la ribera de Piedras Coloradas, el punto exacto en el que ocurrió esta masacre ignorada por la historia, hay unos 50 metros de distancia entre orilla y orilla. El helicóptero que se asomaba de cuando en cuando apareció del lado de la presa El Guayabo. “Saltaron río abajo y vinieron a ametrallar y roquetear”, cuenta Gerardo 38 años después, frente al lugar en el que vio por última vez a su cuñado y en el que murieron decenas de personas. A algunos se los llevó la corriente, ahogados; a otros, las balas los atravesaron o murieron reventados por las bombas.

Gerardo dice que nadó unas sesenta veces, (brazada, patadas, brazada, patadas) de ida y vuelta, por ese río ametrallado y bombardeado. No lo tiene claro, porque nadie se pone a sacar cuentas en medio de una masacre, pero él cree haber salvado a unas 30 personas (brazada, patadas, brazada, patadas) desde las 6 de la mañana hasta que se cansó y se le acalambraron los músculos (brazada… patadas... brazada… patadas) cerca de las cinco. En una de las vueltas, el helicóptero lanzó una bomba allá por donde él cruzaba, y se salvó de milagro. “Por la tarde emboscó otro helicóptero y me aventé debajo de una piedra. El roquetazo me lo pone encima, pero como la piedra era grandísima no me hizo nada. No porque ya no estuviera”, cuenta.

Otros no tuvieron su suerte. La suerte de un hombre que vio morir a familiares y amigos. “Cuando comenzó a ametrallar había gente que iba pasando. Esa gente tomó a soltarse y a esa gente se la llevó el río”, dice. Otros más fueron vencidos por la corriente y el cansancio. A Juan José Bonilla Ascencio, el cuñado de Gerardo, “le agarraron los calambres casi al centro del río. Ya no pudo llegar a la otra orilla”. A Juan José nunca más lo vieron.

A Pedrina Hernández también casi se la traga el Lempa. Una explosión la dejó inconsciente. Cruzó agarrada de un lazo que unos hombres habían logrado amarrar entre extremos, pero antes de eso un morterazo le explotó cerca. “Si así fuera, la muerte no se siente, porque uno siente un solo vergazo. De ahí pierde uno el conocimiento”, reflexiona Pedrina. Cuando volvió en sí, cerca suyo estaba el cadáver de un joven. Sangraba, tenía la cabeza destrozada por las esquirlas. Pedrina flaqueó. “Yo ahí, en mi mente, dudé del Señor. Y dije: ‘Señor bendito, pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para estar en esta situación?’”.

Los muertos que no están en los libros

El período entre 1980 y 1983 fue el más salvaje de la guerra civil salvadoreña. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas lo describe como el de “la institucionalización de la violencia”. De ese período, la historia oficial de la guerra de El Salvador, retratada en el informe de la Comisión, cuenta con detalle dos masacres emblemáticas: un año antes del éxodo de Santa Marta, en mayo de 1980, alrededor de 600 campesinos fueron asesinados en las riberas del río Sumpul, frontera de Chalatenango con Honduras, también en el norte del país. El Ejército salvadoreño persiguió a los campesinos hasta el río y les disparó mientras cruzaban. Del otro lado, tropas hondureñas los remataron mientras un helicóptero bombardeaba y disparaba a los que intentaban huir de la barbarie. Más de un año después, en diciembre de 1981, el Estado masacró a un millar de campesinos, más de la mitad niños, en El Mozote y los caseríos aledaños, en el departamento de Morazán, en un operativo denominado “tierra arrasada”.

Pero se escribió muy poco sobre la masacre del Lempa. Ni siquiera la consigna oficial de perdón y olvido promulgada al final de la guerra aplica en este caso. No se puede olvidar algo que ni se reconoce.

La muerte o desaparición de más de doscientas personas en aquellas aguas en 1981 apenas fue mencionada en tres líneas por la Comisión de la Verdad: “El 17 de marzo, al intentar cruzar el Río Lempa hacia Honduras, un grupo de miles de campesinos es atacado por aire y tierra, a consecuencia del ataque se reportan entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas”.

Monumento con los nombres de algunas de las personas que murieron al intentar cruzar el Río Lempa en el lugar conocido como Piedras Coloradas. Foto: Carlos Barrera
 
Monumento con los nombres de algunas de las personas que murieron al intentar cruzar el Río Lempa en el lugar conocido como Piedras Coloradas. Foto: Carlos Barrera

Pero las víctimas mortales y los desaparecidos puede que sean más, según los relatos de los sobrevivientes, los únicos que cada año conmemoran aquel éxodo brutal y la repoblación del norte de Cabañas. Y aunque parte de este relato fue reseñado por medios internacionales, por una oenegé y defensores de derechos humanos en El Salvador y Estados Unidos, la del Lempa sigue siendo una masacre no contada. Es difícil explicar por qué se olvida una tragedia con 189 desaparecidos según una nota del New York Times publicada en junio del 81. Quizá perviva un sentido de que, como en Santa Marta había una célula guerrillera, aquellos operativos que comenzaron en marzo estaban justificados. Que se lo merecían. Esa era, de hecho, la lógica de los militares.

Notas de Diario El Mundo y El Diario de Hoy publicadas entre el 15 y el 19 de marzo del 81 dan cuenta de un amplio operativo de “desalojo y limpieza de extremistas” en Cabañas. Según publicó El Mundo el 16 de marzo, “dado que los combates continuaban hoy en la zona norte de Villa Victoria, y la situación se consideraba todavía grave, el Destacamento de Frontera #2 ya había recibido refuerzos de otros departamentos inmediatos, y la Fuerza Aérea Salvadoreña también se había unido al desmantelamiento y desalojo de los extremistas”.

Un día después, el mismo periódico consignó con fuentes del Ejército que en el operativo participaron elementos de la “Cuarta Brigada en El Paraíso, departamento de Chalatenango, el Destacamento de Frontera #2 de Sensuntepeque; el Destacamento #5 de San Vicente; la Brigada de Artillería de San Juan Opico y unidades especiales de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y cuerpos de servicio territorial, conocedores de la zona agreste de Cabañas que actúan como chaneques”.

La guerra no fue gentil con los neutrales. En esta zona, miles de habitantes quedaron atrapados. Ancianos, mujeres y niños, alrededor de 7 mil personas, todas sujeto de protección del derecho humanitario internacional, quedaron desprotegidas en ese El Salvador sin ley de inicios de los 80.

Gerardo Leiva, uno de los 40 “subversivos” por los que el Ejército tenía su ojo puesto en Santa Marta, se retuerce de rabia al recordar lo que para él fue una injusticia. Él, que formó parte de la célula que más tarde se convertiría en un bastión de la Resistencia Nacional (RN), no concibe por qué tenían que ensañarse con los civiles. “¡Venían mujeres con niños tiernitos, recién criando, de dos días de haber criado! ¡También con niños más grandecitos en los brazos; otros que empezaban a caminar! ¡Así, lo más, solo era gente civil!”, denuncia.

La quema de Santa Marta

Para marzo de 1981 la corriente anticomunista había llevado al Ejército salvadoreño hasta los poblados de la zona norte de Cabañas. En Santa Marta, para aquellas fechas, una corriente revolucionaria también había logrado un caudal de adeptos que la hacía pensar que estaba preparada para intentar prevenir un exterminio.

Entre las filas de ese núcleo guerrillero estaba Gerardo Leiva, el nadador rescatista, que tenía 27 años y dos de pertenecer a esa célula cuando acompañó el éxodo de siete mil civiles hasta las orillas del Lempa. También estaba Carlos Bonilla, quien detectó al Ejército avanzando como una repunta verde olivo hacia Santa Marta, en la mañana del 15 de marzo del 81. Para entonces, el centinela Bonilla tenía 39 años y era jefe de escuadra de la RN. Apostado en un cerro, vio los camiones del Ejército que se dirigían a Victoria, el municipio al que pertenece Santa Marta. “Vimos que hormigueaba el ejército, así se veía cómo se movía”, dice, serpenteando en el aire con una de sus manos.

Carlos Bonilla nació en Santa Marta en septiembre de 1942. Él fue jefe de escuadra de la Resistencia Nacional. Para la masacre del Lempa, Bonilla fue un centinela que advirtió la llegada del Ejército a Santa Marta para que la población pudiera huir. Foto: Carlos Barrera
 
Carlos Bonilla nació en Santa Marta en septiembre de 1942. Él fue jefe de escuadra de la Resistencia Nacional. Para la masacre del Lempa, Bonilla fue un centinela que advirtió la llegada del Ejército a Santa Marta para que la población pudiera huir. Foto: Carlos Barrera

Como ocurre con la mayoría de campesinos convertidos en guerrilleros, esa célula de la Resistencia Nacional se alimentó de la desigualdad. Comunidades pobres y reprimidas fueron caldo de cultivo para la guerrilla en todo el país. Los habitantes de Santa Marta eran colonos de fincas. Vivían dentro de las haciendas que trabajaban, pero los frutos de su trabajo se los llevaban los dueños de las tierras. En El Salvador de finales de los 70, el 5 % más rico acaparaba el 38 % del ingreso nacional; mientras que el 40 % del país se peleaba por el 7.5 % de las migajas. El Salvador tenía la distribución del ingreso más desigual de América Latina.

En ese río revuelto, la teología de la liberación de la iglesia católica, con su opción preferencial por los pobres y los sacerdotes Rutilio Grande y monseñor Óscar Arnulfo Romero como protagonistas, sacudió las bases de muchas comunidades. Aunque Romero y Grande no comulgaban con la causa guerrillera, por todo el país hubo catequistas que crearon comunidades eclesiales de base, focos de comunión religiosa pero también de reflexión política. Uno de esos llegó a Santa Marta y, entre estudios bíblicos y reuniones de organización, convenció a 40 campesinos para que lucharan en contracorriente. Para enero del 79, esos 40 convencidos ya estaban aliados al Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), el brazo social de la RN, una de las cinco organizaciones que integró la guerrilla del FMLN.

En su primera gran misión, los 40 campesinos de Santa Marta viajaron hasta San Salvador y enfilaron hacia la sede de la Cruz Roja, la embajada de México y la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). El objetivo era protestar pacíficamente por la detención de Lil Milagro Ramírez, poetisa y lideresa de la RN, capturada en 1977 y presa política en la Guardia Nacional.

El 15 de enero, los campesinos durmieron en el centro de retiros “El Despertar”, en la colonia San Antonio Abad de la capital. A la mañana siguiente, apoyados por guerrilleros armados de la RN, tomaron la Cruz Roja. La protesta fue repelida por la Guardia Nacional, que rodeó el edificio; los guerrilleros huyeron y los 40 campesinos quedaron atrapados. Entre ellos, Gerardo Leiva.

Esa aventura quedó registrada en una foto en la portada de El Diario de Hoy del 17 de enero del 79. Gerardo aparece casi al centro de la segunda fila. Es alto: sus hombros están por encima de los dos otros jóvenes que lo rodean. Tiene el pelo negro, todavía sin canas, y un bigote menos profuso que ahora. En la imagen los ojos se le entrecierran, quizá por la luz del sol. La nariz aguileña lo hace inconfundible. Gerardo y sus compañeros aparecen bajo un titular que pudo haberles costado la vida:

Portada del Diario de Hoy del 17 de enero de 1979. Gerardo Leiva es el quinto de izquierda a derecha en la segunda fila.
 
Portada del Diario de Hoy del 17 de enero de 1979. Gerardo Leiva es el quinto de izquierda a derecha en la segunda fila.

Los guardias los subieron a camiones y los enviaron al cuartel. Estuvieron más de siete horas en interrogatorios. Gerardo dice que nunca se pusieron de acuerdo, pero cree que todos dieron la misma versión: habían sido engañados por hombres desconocidos que les dijeron que iban a una excursión a la capital. Les creyeron. O les hicieron creer que les creyeron. Antonio Corleto, entonces director de la Guardia, dijo a El Diario de Hoy: “campesinos que ocuparon la Cruz Roja fueron dejados en libertad en vista de haberse comprobado que fueron engañados para realizar la acción”.

Cuatro días después, un comando de la Guardia asesinó al sacerdote Octavio Ortiz Luna, director de “El Despertar”, el lugar donde Gerardo y los suyos habían descansado. Esa casa era propiedad del Arzobispado de San Salvador . El cuerpo del cura fue encontrado con el cráneo destrozado. La Guardia consideraba que El Despertar era “el disfraz de un centro de actividades del grupo subversivo FARN/ FAPU”, según un comunicado que EDH publicó el domingo 21 de enero . Ese mismo día, monseñor Óscar Arnulfo Romero calificó ese comunicado de “mentiroso de principio al fin” en su homilía . Romero dijo que El Despertar no tenía “las intenciones de fomentar allí guerrilleros”, sino “grupos de cristianos con criterios de evangelio, que naturalmente son criterios muy peligrosos en nuestro tiempo”.

¿Alguien mencionó a El Despertar en los interrogatorios días antes del asesinato del padre Ortiz? Es posible, pero lo cierto es que todos los capturados en la toma de la Cruz Roja fueron liberados y enviados a casa, a Cabañas, sin reparar en que la inteligencia militar, que para esos años ya funcionaba como una máquina aceitada para perseguir opositores, no se olvidaría de ellos. El Ejército, que acostumbraba fichar a sus enemigos , ya tenía sus nombres, fotos y su rol en un evento de protesta. Gerardo y otros sobrevivientes coinciden en que esa fue la “quema” de Santa Marta. A partir de entonces, el pueblo quedó marcado como una comunidad guerrillera y los hizo blanco de múltiples incursiones militares. En una de ellas, en noviembre del 80, Leiva tuvo que enterrar a varios amigos y un tío. “A mi tío lo mataron el 21 de noviembre de 1980. Se llamaba Enemesio Rivas Leiva. Lo hallé atado… de pies y manos, y… (Leiva se detiene 25 segundos, en los que emite un quejido, le brotan las lágrimas, toma un sorbo de agua, se aclara la garganta)… con un disparo que le pegaron acá (se toca la frente) que le explotó todo esto (se lleva las manos a la cabeza) y con un puño de trapos en la boca”.

Para marzo del 81, para que algo así no volviera ocurrir, la célula guerrillera preparó a centinelas como Carlos Bonilla, quien tenía otra preocupación cuando dio la alerta de que el Ejército se desbocaba hacia Santa Marta. Tenía señalados en rojo los primeros días de marzo porque su esposa estaba embarazada de gemelos. Ella rompió fuente el mismo día en que entró el Ejército a la zona. Sus superiores en la guerrilla lo relevaron de su puesto, pero le asignaron otra misión. “Me dijeron: acompañá a tu esposa, pero tenés la tarea de comunicarles a las otras comunidades y caseríos que se muevan, que se empiecen a mover”. Al llegar a casa supo que una de las gemelas había muerto, de manera que lo primero que hizo fue enterrarla. No hubo tiempo para más luto.

Mientras Carlos Bonilla cumplía con su cometido, otros guerrilleros intentaban ser un dique que detuviera el avance de los soldados. En su edición del 16 de marzo del 81, El Mundo reportó que el día anterior miembros del Destacamento de Frontera #2 (DM-2) de Sensuntepeque habían sostenido “recios combates en Villa Victoria” contra miembros de la guerrilla. Los enfrentamientos empezaron en el cantón El Zapote, en camino hacia Santa Marta y Villa Dolores. Según la publicación, en la zona habían “campamentos guerrilleros” y “pistas de aterrizaje donde reciben armas en helicópteros procedentes de Nicaragua”.

Para aquellas fechas, el comandante del Destacamento de Frontera #2 era Juan Francisco Tejada. Había empezado en su cargo el 1º de octubre de 1980 y terminó el 31 de julio de 1981, según una lista revelada por el Ministerio de Defensa en cumplimiento de la Ley de acceso a la información. Uno de los guerrilleros en aquella maniobra de dique, o en los “recios combates” que narraba el Ejército, era Moisés, un excombatiente que accede a contar su historia con la condición del anonimato. En aquel entonces Moisés tenía 37 años. “El objetivo era mantener la posición un rato, sostener eso siquiera un poquito mientras que la gente se escondía o caminaba o la sacaban”, dice.

Moisés dice que sus jefes habían analizado la situación y “estaban sabedores de que no se sostenía”. La célula guerrillera estaba armada, pero nada que ver con el nivel de un ejército que recibía millones de dólares en apoyo militar de Estados Unidos, incluida una flota de 12 helicópteros “Huey” artillados UH-1H. “No podían decir 'que no se quiten los compañeros de ahí'. Los mataban a todos. Se hubieran quedado sin nada de gente”, dice Moisés. La instrucción era ganar tiempo. El dique resistió dos días, suficientes para que siete mil almas alcanzar a llegar al Lempa.

La caravana que terminó en Honduras

Las explosiones que se oían cada vez más cerca convencieron a Lucila Membreño de que tenía que correr. “Si nos tiraron unos 50 morterazos no fue nada”, dice Lucila. Tenía 34 años, vivía en el caserío San Felipe, y salió de su casa con sus cinco hijos el 16 de marzo. El mayor tenía siete años; las gemelas, cinco; otro niño, tres y uno más que no caminaba.

Con sus cinco hijos a cuestas, salió a esconderse en unas cuevas, con el resto de la gente, guiada por guerrilleros que intentaban proteger a esa masa. Lucila no era guerrillera, su compañero de vida sí. La guerra no distinguía esas líneas borrosas entre combatientes y no combatientes.

En ese camino también iba Pedrina Hernández, la mujer que horas después se desmayaría en el cauce del Lempa. Sabía que el camino sería duro. Por eso le remordía la conciencia por no haber calzado a su hijo. “Yo lloraba en silencio porque el niño traía rajaditos los dedos de los pies, porque yo no tuve chance de ponerle las botillas siquiera”, dice.

Una mujer descansa cerca del río Lempa el 17 de marzo del 2019, tras una peregrinación que conmemora el día de la huida del pueblo de Santa Marta hacia Honduras. Foto: Fred Ramos.
 
Una mujer descansa cerca del río Lempa el 17 de marzo del 2019, tras una peregrinación que conmemora el día de la huida del pueblo de Santa Marta hacia Honduras. Foto: Fred Ramos.

En la noche del 17 de marzo, mujeres como Pedrina y Lucila confluyeron en Peña Blanca. La guerrilla decidió que ese fuera el punto de concentración antes de cruzar el río hacia Honduras. Allí llegó gente de El Zapote, de San Felipe, El Portezuelo, El Rodeo, San Justo, El Junquillo o La Pinte, entre otros. Todos eran poblados evacuados para evitar que el Ejército hiciera en ellos lo que ya hizo en el Sumpul: arrasar. A estas alturas, 38 años después de la masacre, quizá no haya sobreviviente que no redondee el número de desplazados en siete mil personas. Y puede que no estuvieran equivocados. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa envió el 25 de marzo del 81, ocho días después de la masacre, un cable al Secretario de Estado. El cable C05655047 cita un reporte de prensa del 24 de marzo que toma como fuente a la Coordinadora Nacional de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CNSPS), que registró 6 mil personas intentando cruzar el río el 18 de marzo. Más adelante dice que al finalizar el día ese número había ascendido a 7 mil.

El cable también cita un reporte solicitado por la embajada al director local de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que se cifra el número de refugiados en 4 mil, mientras que el Gobierno hondureño contabilizó 3 mil 500.

Cuando la gente llegó a Peña Blanca, la guerrilla ya tenía claro que la ruta de escape pasaba por el Lempa hasta el poblado de Los Hernández, ya en Honduras. Desde el 80, tras las primeras incursiones del Ejército, decenas de salvadoreños habían encontrado refugio en ese lugar. Solo faltaba determinar por dónde cruzar. La guerrilla mandó un grupo de avanzada para explorar. Estos llegaron a La Angostura, pero ahí detectaron “un cordón de militares salvadoreños”, recuerda Moisés. “Bajamos suavecito y entanatamos la ropa”, dice. Esa era una de las formas de cruzar el río: juntar la ropa en bultos (entanatar) dentro de bolsas plásticas o de nylon para improvisar flotadores.

Moisés se tiró primero al río. Sujetaba el flotador con uno de sus brazos. Su compañero, Alejandro Recinos, “Chandito”, como no podía nadar, se colgó de la bolsa. Avanzaron en mitad de la noche, sin más sonido que el de sus extremidades en el agua, cubiertos en la oscuridad. Casi llegaron a la otra orilla.

“Ellos estaban en un peñón del lado de Honduras”, dice Moisés. “Cuando sintieron que iba a salir me cayeron rafagazos. Me bañaron”. Moisés cree que les aventaron unos mil tiros. Para salvarse soltó la bolsa y se sumergió en el agua. Chandito también se soltó de la bolsa, y su cuerpo fue arrastrado por el río. Cuando se corrió la voz de la muerte de Chandito, la caravana entendió que tenían que cruzar rápido y que no podían hacerlo por La Angostura.

Decidieron dirigirse hacia Piedras Coloradas.

Los testigos “internacionales”

Un grito despertó a Nora Alfaro en la madrugada del 18 de marzo. Para entonces, Nora y su familia llevaban cuatro meses en Los Hernández. Su cuñado, un jefe guerrillero, los llevó a Honduras para salvarla de las amenazas que habían sufrido en El Salvador. “Como a las 12 de la noche llegó el compañero Regino. Dijo: 'compañeros, levántense, vienen nuestros hermanos para acá. El que tenga maíz cocido que se levante a hacer tortillas y el que no, que vaya a traer maíz'”. Nora obedeció. Entre ese grupo de gente que echaba tortillas había una joven estadounidense de 26 años, nacida en Fort Wayne, Indiana, que quiso ir a ver qué pasaba en el Lempa. Junto a otros voluntarios hondureños de Cáritas, caminó hasta el río. “Era una caminata de 10 o 15 minutos. Había tiroteos. Había que escondernos tras los cerros”, dice ahora Yvonne Dilling. Ha cumplido 64 años.

Cuando llegó al río encontró algo de orden en medio del caos. Salvavidas como Gerardo Leiva pasaban gente con ramas o bolsas entanatadas. En la orilla hondureña, otras personas los recibían. A ella le pidieron que ayudara a pasar niños, así que Yvonne empezó a nadar (patada, brazada, patada, brazada) hasta la otra orilla. Y así comenzó a pasar niños que se guindaban de su espalda o que se aferraban a su camisa. De ida eran puras patadas y brazadas, patadas y brazadas, pero de regreso Yvonne se convertía ella misma en un tronco humano salvavidas, que flotaba y se dejaba arrastrar por la corriente, en diagonal, hasta alcanzar la ribera hondureña.

38 años después de la masacre, el testimonio de Yvonne sigue siendo vital. No solo porque coincide con lo que cuentan los sobrevivientes, sino por su nacionalidad. Para los que claman justicia, al ser ella una “internacional” y colaboradora de una organización humanitaria, su palabra sirve como prueba en un país al que le cuesta creer a sus víctimas.

Yvonne también se escondía debajo de las piedras cuando los helicópteros llegaban a hacer destrozos. “El helicóptero bajó en picada. Una y otra vez”, dice. En una de tantas, los que estaban en medio del río no alcanzaron a protegerse. “En vez de correr por la orilla, saltaron al agua. Ahí se aferraron a una roca volcánica. Cada vez que el helicóptero descendía, ellos se sumergían en el agua”. A Yvonne la sorprendió la crueldad. “El soldado del helicóptero estaba increíblemente concentrado en matar gente. Una y otra vez hizo fuego con la ametralladora. Una vez bajó tanto que casi toca los árboles sobre nosotros”, dice.

Las muertes que presenció le han quedado grabadas. “Recuerdo que vi a un niño morir. Estaba en la orilla y se espantó. Se tiró al río él solo y lo mató el helicóptero. Un arco de balas le atravesó la espalda”. También vio cómo una esquirla de mortero mató a una anciana bajo una roca. A otros se los tragó el agua. “Cuando alguien se ahoga, uno no lo ve ahogarse, simplemente desaparece”, dice.

Entre el 17 y 18 de marzo de 1981 unas 7 mil personas intentaron cruzar el Río Lempa en este lugar conocido como Piedras Coloradas. Foto: Carlos Barrera
 
Entre el 17 y 18 de marzo de 1981 unas 7 mil personas intentaron cruzar el Río Lempa en este lugar conocido como Piedras Coloradas. Foto: Carlos Barrera

Pero Yvonne no fue la única extranjera que atestiguó la masacre. Alexander Dressler (Lahnstein, Alemania, 1948), corresponsal para asuntos de América Latina en el San Diego Union Tribune, estaba en Honduras entrevistando al sacerdote Fausto Milla, un veterano comprometido con los pobres de aquel país centroamericano, cuando recibieron noticias de la masacre. Eran las 8:30 de la noche del 18 de marzo del 81. Dressler se subió al auto de Milla y condujeron toda la noche hasta que llegaron a Los Hernández, a la mañana siguiente.

Ahí, Dressler recibió testimonio de familiares de al menos 55 muertos y cientos de desaparecidos. Mientras registraba el caos en su libreta, un padre desesperado por haber perdido a su hijo pequeño le pidió ayuda. Dressler lo acompañó hasta el río. Unos metros antes de alcanzar la ribera, el periodista escuchó unos quejidos. No encontró al hijo del hombre que lo llevó al Lempa, pero sí a Segunda, una niña de ocho o nueve años. “Parado frente a Segunda, pude ver que la había herido una bala de grueso calibre. Su cadera se había rasgado y tenía la herida abierta y llena de gusanos”, dice. Dressler no supo cuándo había sido herida Segunda. “Su tía tenía miedo de entrar a Honduras a pedir ayuda. Tenía miedo de ser baleada. Por eso se habían quedado debajo de un árbol por varias horas”.

Como en la masacre del Sumpul, en las riberas del Lempa, del lado hondureño, tropas de ese país detenían a los refugiados. A algunos los dejaban pasar, pero a otros los ajusticiaban sin medias palabras. Dressler usó su nacionalidad como salvoconducto en el camino de regreso a Los Hernández. “No pueden llevar a la niña a ninguna parte”, le dijo un sargento hondureño. “Es muy probable que sea la hija de un guerrillero, de un comunista”. Dressler enloqueció: “Si quiere me dispara, pero vamos a llevar a esta niña para que sea atendida”, le contestó. Luego le preguntó al sargento qué creía que pasaría si mataban a un periodista estadounidense. Tras su arrebato, echó a andar y empezó a enumerar sus pasos. Un paso, dos pasos, tres pasos… “Pensé que si llegaba hasta diez, no me dispararía”, dice.

Cuando llegaron a Los Hernández, Dressler buscó a los rebeldes. “Estaba tan encabronado porque yo tenía una hija de más o menos la edad de Segunda. Le dije a un guerrillero: ¡yo me quiero incorporar (a la guerrilla), yo quiero matar a esos hijos de puta!”. Un combatiente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las dos facciones de la guerrilla que se hicieron fuertes en Cabañas, lo reconvino. “Lo mejor que podés hacer es dar testigo al mundo de lo que pasó acá”. La guerra no solo se lucha con armas. El guerrillero le entregó a Dressler grabaciones en audio y rollos de fotos en blanco y negro que contenían evidencia de la masacre. El 25 de marzo del 81, Dressler publicó en su periódico la noticia de la masacre del Lempa.

Con las fotografías y su testimonio, el programa News Nightline, de la cadena estadounidense ABC, transmitió un corto documental sobre los hechos. En Nueva York, Dressler amplió su testimonio. La cobertura de la masacre del Lempa fue la última de un Dressler harto de solo atestiguar los hechos. Tras publicar su documental sobre la guerrilla, In The Name of The People (1985), renunció al periodismo. Ahora trabaja en una organización internacional contra los abusos de la niñez. “La masacre del río Lempa cambió mi vida”, dice.

Otra masacre negada

Pese a las evidencias recolectadas, pese a los cables internos que confirmaban el éxodo de miles de refugiados, el Gobierno estadounidense negó los reportes. Howard Lane, entonces vocero de la embajada norteamericana en San Salvador, dijo al San Diego Union Tribune que “esas noticias sobre masacres dependen del punto de vista que se adopte al contarlas”.

Pero Estados Unidos estuvo enterado de lo que ocurrió en el río Lempa desde la semana siguiente a los hechos.

El Centro para Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) se ha dedicado por años a desclasificar información secreta en Estados Unidos sobre la guerra civil en El Salvador. El 25 de marzo del 81, el mismo día que Dressler publicó su reportaje, la embajada estadounidense en Honduras envió a Washington un mensaje titulado “Presunta nueva masacre de refugiados”. El cable C05655047 se refiere a una fuente periodística “que vio varios cadáveres de mujeres y niños flotando en el río Lempa”. El cable asegura: “que el incidente parece reflejar los recientes operativos del Gobierno de El Salvador para eliminar los bastiones de la guerrilla en Chalatenango y Cabañas. No hay dudas de que los operativos se realizaron hasta la frontera, posiblemente incluso más allá de la frontera hondureña”.

El 26 de marzo, el Ejército salvadoreño publicó en La Prensa Gráfica un comunicado negando que hubiera ocurrido una masacre en el río Lempa y desacreditando a Dressler. El comunicado acusaba al periodista de “engañar a los lectores, radioescuchas y televidentes para justificar su permanencia en El Salvador”. Asimismo, el comunicado descartó cualquier participación militar de las fuerzas armadas hondureñas.

El cable C05655046, de San Salvador a Washington, se hizo eco el 27 de marzo de este comunicado y también cita a un observador de la OEA no identificado, quien visitó el campamento de refugiados de La Virtud, en Honduras, días después de la masacre. Según el enviado de la OEA, no pudo comprobar en las entrevistas con los refugiados salvadoreños elementos sobre una “dramática” masacre.

Peregrinación de Santa Marta a Piedras Coloradas para conmemorar la guinda del 17 y 18 de marzo de 1981. Foto: Fred Ramos
 
Peregrinación de Santa Marta a Piedras Coloradas para conmemorar la guinda del 17 y 18 de marzo de 1981. Foto: Fred Ramos

El 1 de junio, en su primera rueda de prensa como embajador en El Salvador de la administración Reagan, Deane Hinton defendió públicamente la postura del Gobierno salvadoreño sobre la masacre del río Lempa, aunque su embajada ya tenía información sobre el asesinato de civiles en el río. El propio Hinton, en un cable del 7 de noviembre del mismo año, citado por el Miami Herald, afirmó que es “inquietante tener informes y detalles sobre masacres de mujeres y niños a lo largo del río Lempa”.

Morir en un desierto llamado Honduras

Del lado hondureño, el centinela Carlos Bonilla encontró un sequedal. Calor. El sol de marzo brillando a plenitud. Los árboles secos. Sin hojas. Sin sombra. Sin brisa. Tenía la garganta tan seca que un traguito de agua era un cuchillo que le rasgaba por dentro. Como él, miles de salvadoreños encontraron, a la otra orilla del río, una tierra árida, un desierto al que habían llegado despojados de todo.

Lo primero que encontraron fue más muerte. Cuando recién habían pasado el Lempa, el Ejército hondureño buscaba guerrilleros entre los que huían. Carlos era guerrillero pero había entregado su arma a sus compañeros cuando le ordenaron ir a cuidar a su esposa e hija recién nacida. No tenía nada más que a la niña de tres días en los brazos, la ropa puesta y unos zapatos. “Andate antes de que tu esposa se muera del susto”, le advirtió un soldado, y le dejó irse. Apenas había caminado una cuadra cuando escuchó la ráfaga de balas a sus espaldas. Volteó a ver y vio a otros hombres tendidos en el piso. “A ellos no les preguntaron nada, solo les dispararon”, dice.

La muerte acompañó a la caravana de refugiados hasta Honduras adentro. Ya en los campos de refugiados, Lucila Laínez, entonces de 35 años, dice que miraba a los niños convertirse en esqueletos y apagarse, uno tras otro. Durmieron en el suelo, sobre cartones, plásticos o sobre la pura tierra; a la intemperie, con los perros con los que compartían espacio y las pulgas que se les pegaban a las piernas y brazos. Las familias de Los Hernández vaciaron sus propias alacenas para compartir con los inesperados visitantes, abrieron sus puertas y pusieron a disposición sus camas, hamacas y petates, pero la amabilidad no alcanzaba para cobijar a tantos miles.

Esta gente, que había sobrevivido a un río mortal, ahora se ahogaba en agua estancada. La vida no mejoró cuando Naciones Unidas trasladó a la mayoría de refugiados desde Los Hernández hasta La Virtud. Lucila sentía que la lona de su champa se le pegaba a la cabeza al mediodía, cuando el sol pegaba más fuerte. El calor. Y la escasez de agua otra vez. Sin letrinas ni sistemas de alcantarillado, la quebrada era la única fuente de agua. Y no tardó en contaminarse con las heces de millares de refugiados.

Ahí comenzó la epidemia. La gente sufría diarreas y vómitos y a los días fallecían. Hay días en que la gente contó hasta siete víctimas. “Yo donde miraba un niño, delgadito, esqueletillo, que solo los ojitos chirriaban… ¡No!, decía yo, ¡se me van a morir mis niños aquí!”. Temiendo por sus hijos, Lucila y su compañero decidieron regresar a su cantón. Y así como ellos, otros cientos hicieron lo mismo. Patadas, brazadas, patadas, brazadas, volvieron a El Salvador.

Solo a sufrir otra masacre.

Refugiados salvadoreños en La Virtud, Honduras, en 1981. Imagen cortesía de Alexander Dressler
 
Refugiados salvadoreños en La Virtud, Honduras, en 1981. Imagen cortesía de Alexander Dressler

Los masacrados de Santa Cruz

Para noviembre de 1981, en los cantones vecinos de Santa Marta y Peña Blanca había unas mil quinientas personas intentando hacer vida entre los escombros que dejó la invasión de marzo. Entre ellas había mujeres y hombres jóvenes, junto a sus familias, que habían regresado del refugio en Honduras. Algunos había sido reclutados por la guerrilla. Otros, simplemente, no querían morir ni ver morir a sus hijos en La Virtud.

La relativa tranquilidad con la que vivieron durante algún tiempo en aquellos poblados que se presumían desolados cambió la mañana del 11 de noviembre. A los oídos del Ejército llegó el rumor de que la guerrilla había regresado a Santa Marta, y Julia despertó en el cantón Peña Blanca con el rumor de las balas y las explosiones acechando su comunidad. Sintió su cuerpo entumecerse por el miedo. Se acercaba, como una tormenta, una nueva incursión militar en la zona.

Muchos pensaron que el Ejército los dejaría en paz, que no podía quitarles más. Habían saqueado y quemado sus casas, acabaron con sus milpas y robaron sus animales. Pero durante los operativos de tierra arrasada, el Ejército justificaba su sed de destrucción tras una metáfora: “hay que quitarle el agua al pez”. El pez era la guerrilla, y el agua el ambiente en el que le era posible vivir, la población civil que, según el Ejército, los apoyaba.

Para noviembre de 1981, el Destacamento Militar #2 (DM-2) de Sensuntepeque tenía un nuevo comandante: el teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez , uno de los jefes militares salvadoreños que contaban con el agrado de Estados Unidos y que, tras la guerra, devino en político y diputado. A aquel otro operativo Ochoa Pérez lo llamó “Operación Limpieza”. Cuando arrasaron el cantón de Julia, el coronel dio declaraciones a La Prensa Gráfica sobre el éxito de la incursión: dijo que se desplegaron 1,200 efectivos para acabar con 8 “campamentos extremistas”, de 300 personas cada uno, en Peñas Blancas, un lugar que describió como “el principal reducto de extremistas” en Cabañas. El saldo de bajas de “extremistas” fue de 250, dijo.

El coronel no mencionó una palabra sobre la masacre que ocurrió a partir del operativo. Julia no la olvida. El coronel asegura que lo suyo fue combatir guerrilleros, no civiles, no campesinos. El coronel asegura que él no violó derechos humanos y se jacta de que su nombre no aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. Esto último es cierto, pero las víctimas no entienden cómo es que su nombre y apellidos no llegaron hasta el documento.

Instalaciones del Destacamento Militar Número 2 en Sensuntepeque, Cabañas. El DM2 es señalado como la principal unidad responsable del operativo de marzo de 1981 que terminó en la masacre del río Lempa. Foto: Carlos Barrera
 
Instalaciones del Destacamento Militar Número 2 en Sensuntepeque, Cabañas. El DM2 es señalado como la principal unidad responsable del operativo de marzo de 1981 que terminó en la masacre del río Lempa. Foto: Carlos Barrera

En la tarde del 14 de noviembre, después de tres días de combate con el Ejército, conscientes de que no lograrían detener el avance de las tropas por más tiempo, la guerrilla volvió a reunir a la población en Peña Blanca. “Dijeron: Vamos a hacer la salida, porque aquí nos van a matar a toditos. Aquí no van a dejar ni uno”, recuerda Julia, que salió de su casa con su hijo de dos años en brazos y su hija de doce.

Esta vez, la columna de gente no escaparía a través de las aguas de Lempa. Los militares habían aprendido la lección de marzo y pusieron tres cercos alrededor de la zona. Cercaron la orilla del río. Según testigos, del lado hondureño bloquearon el camino a Los Hernández y también se apostaron en los cerros aledaños. La única salida, dijo la guerrilla, era atravesar el cordón militar por su punto más débil: el caserío de Santa Cruz, en el cantón Trinidad, de Ilobasco, donde solo había un puesto de Guardia Nacional ubicado en los remanentes de lo que alguna vez había sido una escuela pública. “Aquí nos vamos a ir a romper cerco a como sea. Que muera el que muera y el que quede vivo que siga corriendo”, recuerda Julia que les decían los guerrilleros. La guinda, la huida, empezó a las 11 de la noche.

Si en marzo todos cruzaron el río debajo de las balas y las explosiones, en noviembre aquella guinda fue como atravesar un río de fuego. El Ejército disparaba a todo lo que se moviera. Los cuerpos de quienes eran atravesados por las balas quedaban tendidos en el camino y la población cruzaba, gateando, sobre ellos. Los sobrevivientes recuerdan que había luna llena, como también recuerdan la alfombra de muertos que quedaba en el camino.

Julia Ayala estaba llegando a la escuela junto a su hija de 12 años y su hijo de dos, cuando un grupo de vecinos regresó para advertirles: el Ejército se había aprendido el santo y seña de la guerrilla y estaban engañando a quienes cruzaban.

“Mataron a Eliseo, mataron a Mingo”, decían. Eran dos jefes guerrilleros. “La guerrilla se retiró. Estamos solos. Retrocedan, no pasen por la escuela. Ahí están diciendo los soldados: ‘pasen, compas, y después los matan’”, advirtieron a Julia.

Ella obedeció y tomó otro camino. Sin guías que lo orientaran, un grupo se refugió en el monte para esperar el alba, pero el Ejército comenzó a bombardear los cerros. Sin saber qué hacer, Julia se tiró en el suelo junto a su hija. Al hijo menor lo apretó contra su pecho para calmarle el llanto. “Estábamos tirados, cuando sentí que una bala me enterró el brazo en la tierra, y sentí los tumbos de sangre por el cuerpo”, dice Julia, mientras se toca la cicatriz que le causó aquel disparo.

“¡Agárreme el niño!”, pidió Julia a su hija mayor. “¡Mamá, el niño está muerto!”, le contestó ella. La bala que le había atravesado el brazo también había matado a su hijo. Julia abrazó el cuerpo sin vida del niño un largo rato, hasta que escuchó a la tropa que se acercaba por entre los montes. “Entonces, dije con el corazón: ‘Dice el Señor ayúdate que te ayudaré’. Y me levanté y puse al niño así, en un zacatalito. Bien recuerdo…”. Julia hace una larga pausa antes de desenterrar este pedazo de su memoria: “Recuerdo la camisita que tenía, un suetercito blanco. En la agonía, él se zafó una manguita y la manita la tenía atravesada (en el pecho). Así lo dejé y huí”.

Julia encontró la salvación de nuevo en el agua. Corrió hasta encontrar a otro grupo de sobrevivientes escondido en una quebrada cercana. Así vivieron cinco días más. Huyendo por las noches, de quebrada en quebrada, hasta que encontraron otro paso por el río Lempa que no estaba custodiado por el Ejército. Volvieron a Honduras y no salieron de ahí hasta seis años después. Hasta que, avanzada la guerra, y con la guerrilla con mayor control de sus bastiones militares, la mayoría de refugiados decidieron repoblar Santa Marta.

La justicia que no llega

Ahora Gerardo Leiva ha atravesado hasta la otra orilla del salón comunal de Santa Marta y levanta de una silla a su esposa, que se le aferra al cuerpo y baila con él al son de una cumbia. Paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Algunas canciones después, Gerardo Leiva ya no baila con Dolores, sino con otra compañera que se ha quedado sin pareja. Y luego con otra, y luego con otra más. Gerardo Leiva y los sobrevivientes de la masacre del río Lempa sonríen, celebran, pero no olvidan.

Gerardo Leiva y su esposa Dolores Bonilla de Leiva durante el baile dedicado a los adultos en conmemoración del 32 aniversario del retorno a Santa Marta. Foto: Carlos Barrera
 
Gerardo Leiva y su esposa Dolores Bonilla de Leiva durante el baile dedicado a los adultos en conmemoración del 32 aniversario del retorno a Santa Marta. Foto: Carlos Barrera

Cada 10 de octubre, los sobrevivientes conmemoran la primera repoblación desde el campamento de refugiados de Mesa Grande en Honduras, el lugar en el que se terminaron resguardando por más de cinco años tras el infierno de La Virtud. Fue el fin de un exilio que comenzó aquel 17 de marzo en que se lanzaron a un crecido río Lempa para huir del ejército.

Muchos, como Gerardo, quedaron después de tanta muerte y tanta masacre más convencidos de la causa guerrillera, y nadaron en esa corriente hasta que se firmó de la paz en 1992. Santa Marta, todavía hoy, vive bajo una estricta consigna comunitaria: tienen su propia autoridad representada en una directiva y una cooperativa, una especie de consejo de ancianos que dirime los conflictos y regula el uso de tierras.

El primer grupo de pobladores retornó al cantón el 10 de octubre de 1987. Encontraron sus hogares borrados hasta los cimientos por los combates, el tiempo y la naturaleza. Aquel año la guerra civil arreciaba, pero la vuelta fue una decisión política. “Fue parte de la estrategia de repoblamiento, porque la guerrilla se había quedado sin base social”, dice ahora Eduardo Sancho, mejor conocido como Fermán Cienfuegos, excomandante de la Resistencia Nacional. Agua para el pez.

En una de las paredes de la casa comunal, todavía hoy sobrevive un mural de las masacres. Es una acuarela que narra el cruce del Lempa, los bombardeos previos, la masacre en el río. En medio de todos los relatos, hay un detalle en que todos los sobrevivientes coinciden y que también está plasmado en la pintura: están convencidos de que la conspiración y la saña contra ellos era tal que el Gobierno decidió aquel día abrir las compuertas de la represa 5 de Noviembre para que el caudal del río creciera y se los tragara.

Esa versión es difícil de comprobar, pero forma parte de la tradición oral con la que de generación en generación ha sido contada la masacre. Marzo es época seca en El Salvador y tradicionalmente las represas se abren en la época lluviosa, cuando el agua está por superar el nivel máximo al que pueden operar. En respuesta a una solicitud de información, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) dijo que no tiene registros de las descargas de la presa 5 de Noviembre de aquel marzo. En los días previos a la masacre solo llovió el 15 de marzo: 31.5 milímetros, según los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Alejados de la tristeza que provoca el recuerdo de aquella masacre, la fiesta de octubre abarrota la calle principal de Santa Marta, que se inunda de ventas. Las casas se abren de par en par para recibir invitados y en las cocinas de leña se preparan tamales por cientos. En el pueblo brota alegría. A la plazuela asfaltada del cantón llegan juegos mecánicos para los nietos de los sobrevivientes; en los corredores se siembran los juegos de azar. Hay tragos, cervezas, baile, cantos, algarabía… salvavidas para evitar que la impunidad de aquella masacre los hunda, porque nunca nadie ha sido juzgado por aquellas muertes de civiles y pareciera que la impunidad a veces quiere llevarse hasta el recuerdo.

Pero Gerardo Leiva no olvida.

No puede.

Un día antes de la fiesta, a la orilla de un inmenso río Lempa, Gerardo Leiva vuelve a hacer su principal denuncia, una que parece que morirá pronunciando, palabras más, palabras menos, hasta que no le queden más fuerzas:

“¡Nosotros quisiéramos justicia!”, dice Gerardo Leiva. “Nos gustaría que las personas materiales como intelectuales los pusieran en tela de juicio, en donde paguen tantos crímenes. Este caso de acá no solo ahorita lo hemos contado, tenemos años y años poniendo una denuncia y no se ha visto nada claro de la justicia salvadoreña, a pesar de que lo que ocurrió acá son crímenes de lesa humanidad”.

Ofrenda floral lanzada al río Lempa en conmemoración de los muertos y desaparecidos durante un operativo militar en marzo de 1981. Aunque la cifra de víctimas es inexacta, se habla al menos de 30 fallecidos y 200 desaparecidos. Foto: Fred Ramos.
 
Ofrenda floral lanzada al río Lempa en conmemoración de los muertos y desaparecidos durante un operativo militar en marzo de 1981. Aunque la cifra de víctimas es inexacta, se habla al menos de 30 fallecidos y 200 desaparecidos. Foto: Fred Ramos.


Nota de la Redacción: El número de víctimas de la masacre del río Lempa es, hasta la fecha, indeterminado. En 2014 el Tribunal de Justicia Restaurativa de la Universidad Centroamericana (UCA), un mecanismo de reparación que no es vinculante para el sistema judicial, estimó que ese número ronda los 100 fallecidos y 400 desaparecidos. La Comisión de la Verdad cifra las víctimas en 30 fallecidos y 189 desaparecidos, el número que reportó también el New York Times en 1981.

Para este reportaje se pidió una reacción oficial del Ministerio de la Defensa de El Salvador, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Un portavoz del Ejército hondureño dijo que no tenían información sobre la participación de sus unidades en el operativo de marzo de 1981 a las orillas del río Lempa.

Julio Larrama, jefe de la unidad de crímenes de guerra de la Fiscalía General de El Salvador, confirmó que están investigando el caso de la masacre del Lempa, y que le dan la misma prioridad que a los otros 187 casos de crímenes de guerra que su unidad tiene en proceso. Organizaciones de derechos humanos ya han cuestionado a la Fiscalía por la falta de recursos que otorga a la investigación de los crímenes de la guerra, y por la falta de importancia que dan a estos casos.