Hace un año, una propuesta de Ley de reconciliación elaborada por el diputado Rodolfo Parker conmocionó a las víctimas de la guerra, a los defensores de derechos humanos y a organismos internacionales como la ONU y la OEA. La propuesta de Parker, avalada por todos los partidos políticos, proponía una nueva amnistía para los criminales de guerra, y descartaba penas de cárcel o de responsabilidad civil para aquellos que pidieran perdón y revelaran la verdad de sus actos.
Tras la condena que desató la propuesta, Parker terminó desligándose de la Comisión que respaldó su documento, y ahora dice que se le malinterpretó, que lo suyo era solo intentar meter debate sobre una ley que debería de priorizar la verdad por sobre las penas contra los señalados de violar derechos humanos.
Parker fue asesor de la Fuerza Armada durante el conflicto armado, estuvo en las negociaciones por la firma de los Acuerdos de Paz y fue señalado por la Comisión de la Verdad por haber interferido en la investigación sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Todavía hoy, él considera que no tenía ningún conflicto para participar en la discusión de una nueva ley de reconciliación nacional. Por su experiencia, dice, debía de estar ahí, aunque ahora prefiere mantenerse al margen en la propuesta que debe de presentar la Asamblea a más tardar en febrero.
Sobre su propuesta, el diputado ahora da una nueva versión: el FMLN, y quien fuera el secretario de Gobernabilidad del gobierno de Sánchez Cerén, Franzi Hato Hasbún (ya fallecido) aparecen como protagonistas. Según Parker, Hasbún lo convocó por su experiencia para discutir una nueva ley de reconciliación que quedó engavetada en Casa Presidencial. De esas reuniones, dice, surgió el documentó que él terminó introduciendo en la Asamblea, y que luego fue avalado por todos los partidos, incluido el FMLN.
¿Ya vio el informe preliminar de la última visita in loco de la CIDH?
No, creo que no lo vi.
Cuestiona que, tras tantos años de la firma de los Acuerdos de Paz, persista la impunidad o intentos de seguir en la impunidad. ¿Por qué esta sociedad no puede ser tan avanzada como otras que sí se han atrevido a revisar el pasado y a imponer penas carcelarias. ¿Por qué no podemos hacer eso?
Es fácil hacer esos señalamientos hacia atrás. Hay que estar en el contexto de los Acuerdos de Paz. Ahorita puede ser objetado, discutido, hasta recriminado, pero en aquel contexto (donde nos estábamos matando y había que discutir sin tabúes las distintas temáticas en la mesa de la negociación), la respuesta al problema de la impunidad se dio a través de la Comisión ad hoc para depurar el Ejército, y la desaparición de los cuerpos de seguridad a través de la Comisión de la Verdad. Se buscaron instrumentos que diesen respuesta institucional, de tal forma que el reordenamiento de instituciones, la creación de instituciones nuevas, el pacto de atribuciones, sirvieran para evitar que en lo sucesivo no se fuesen a repetir semejantes casos. Y si me preguntan, creo que fue exitoso, porque materialmente ese tipo de hechos nunca se volvieron a dar en El Salvador.
La Policía Nacional Civil nació como producto de los Acuerdos de Paz y ha sido señalada en un informe de la PDDH por más de un centenar de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, ¿la evalúa como un logro o un fracaso?
No te digo que esté perfecta, pero el concepto producto del acuerdo de paz, a mi parecer fue contundente. Es decir, lo positivo de transitar a un cuerpo policial civil es positivo.
Cuando la Sala decretó inconstitucionalidad a la Ley de amnistía, el entonces presidente Sánchez Cerén dijo que esto ponía en riesgo la frágil convivencia de la sociedad salvadoreña. Algunos hablaban de que se podían volver a tomar las armas y que la anulación podía 'alterar la paz'. ¿Procesar a las personas señaladas por violaciones a derechos humanos podría alterar la paz que hemos alcanzado?
No creo eso. Creo que las cosas no resueltas son círculos que se tienen que terminar de cerrar. Habremos sido exitosos, sí creo, en cuanto a la construcción de un proceso de paz, pero definitivamente no todas las cosas quedaron resueltas. Que existan personas que todavía claman por que haya conocimiento de la verdad, por justicia, no lo podemos deslegitimar. Hay que darles respuesta. Ahora, ¿cuáles son las medidas más adecuadas? A eso se refirió la sentencia de la Sala. Dijo: “miren, señores, esto se revisará de esta manera y el camino es que esos casos se judicialicen para que se conozca qué es lo que realmente ocurrió”. Nunca alguien planteó: “no cumplamos con lo que la Sala dijo”. ¿Qué pasó? Que el Gobierno contrató a una institución que le ayudara a asesorar la confección de la ley...
¿Cuál Gobierno?
La administración de Sánchez Cerén. Y eso llevaba el paso del tiempo, pero el resultado no se producía. Es en ese marco, en el cual de una u otra manera participo, y me veo ahí en mesas de trabajo… Y de pronto, estando en vida Hato Hasbún, se trabajó en una idea y la empecé a escribir, como vaciando ideas y (es) ese famoso proyecto fallido que me adjudican a mí. Es cierto que lo escribí, pero igualmente...
¿Nos está diciendo que su propuesta tenía ideas de Hato Hasbún?
No ideas de Hato Hasbún, porque debo ser cuidadosísimo, porque estamos hablando de una persona que ya no está. Ese papel que me atreví a soltar aquí, lo venía trabajando a instancia de otras reuniones en otros foros, en el marco de las discusiones con Hato Hasbún... y no solo con él.
En agosto del 2017 las organizaciones de víctimas presentaron un anteproyecto de ley y lo apoyó el FMLN. ¿Por qué la Asamblea no le dio estudio y no se avanzó en dicho anteproyecto?
Es que no se ha excluido ninguna idea. Aquí el esfuerzo que se ha venido haciendo es de recoger todo como un insumo válido.
Después de ese anteproyecto, la posible ley se discutió hasta que usted presentó su anteproyecto en 2019.
Me atreví a presentar el proyecto y fui atacado, pero no fue discutido el documento. Mi propósito real al escribir un proyecto articulado era provocar debate. Jamás pretendí que ese fuera un documento escrito en piedra y final. Pero, en lugar de debate, lo que abrí fue un capítulo de ataque. Entonces opté por separarme del asunto, dado que aparezco señalado en el informe de la Comisión de la Verdad y... decía yo: “con mayor razón estoy obligado a contribuir a que estas cosas caminen”. Fue malinterpretada mi intención y mi esfuerzo. No he estado confeccionando el nuevo proyecto, no he participado en las rondas de reuniones en las distintas zonas del país, pero sí aspiro como salvadoreño que estos círculos no resueltos se terminen de cerrar.
Ya que la Comisión de la Verdad lo señala como posible encubridor en el caso del asesinato de los jesuitas, ¿no previó que era algo que podría pasar? Es decir, que lo iban a señalar como alguien que tiene intereses en que la ley salga de cierta manera.
Confié más bien en la racionalidad y que se podían discutir los elementos articulados, pero no fue posible. La discusión se fue en torno al señalamiento a mi persona, pero no en torno a los contenidos del documento.
Volvamos a este punto. Usted dice que presentó un proyecto y lo atacaron, pero la impresión que deja ahora es que ese proyecto partía de ideas debatidas con…
No, es que lo escribí yo. Nadie se había atrevido a escribirlo.
Pero entonces había gente dentro del FMLN que...
Que supieron de este documento.
¿Y que estaban de acuerdo, que le daban visto bueno…?
No, no es que le hayan dado visto bueno, pero este documento, antes de que lo presentara, había gente del FMLN que ya lo conocía. Eso sí te lo puedo garantizar. No me pidás nombres porque no te los voy a decir, pero había gente del FMLN que ya lo conocía.
Para entonces hubo algo curioso que cuaja con su versión: el diputado Damián Alegría, quien primero validó su propuesta al decir que 'este anteproyecto es un punto de partida', pero días después dijo: 'no, este es un papel con ideas de Rodolfo Parker'.
Respeto las opiniones de cada quién y sobre eso no puedo hacer ningún comentario.
Pero usted está dentro de ese mundo donde se negocia. ¿Sabe qué pasó en el FMLN para que primero lo apoyaran y luego tuvieran esta postura?
Habría que ir a preguntarle a él. Te acompaño si querés. Y descubrimos qué fue lo que pasó.
Pero habrá preguntado: '¿Ey, qué pasó? Si hace dos días me dijiste que sí'.
Observo y puedo tener mis impresiones, pero pues sí...
Cuéntemelas.
No, son impresiones y las impresiones te las guardas.
Yo no, ja, ja.
O sea, pues sí, tu rol de periodista. Pero, francamente, creo que hubo una discusión interna en el FMLN que les ha hecho replantear, y aspiraría que en esta etapa vayan incorporándose en un documento final.
En aquel primer momento, ¿el FMLN sí sabía uno de los puntos más debatidos como este: que el perdón extingue la acción penal y la pena…?
Pero es que el derecho penal, eso ya lo dice la ley. No es invento mío.
Pero este fue uno de los puntos cuestionados, que no irían a la cárcel las personas que cometieron violaciones a derechos humanos.
Miremos los efectos del perdón que hay en el derecho penal aquí y en todas las latitudes. Ahí no estaba diciendo nada nuevo, solo estábamos integrando derecho. Así como hay ideas propias articuladas, pero penden de lo que dijo la sentencia de la Sala, también hay integración del derecho.
Todo esto que estamos hablando parte de la idea de justicia transicional, y si se pondera mucho la verdad sobre lo ocurrido...
Debería ponderarse mucho
Sí, pero también el castigo para garantizar la no repetición de los hechos. Un claro ejemplo de eso es El Mozote, que se está juzgando. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tipo de procesos?
Que están funcionando las instituciones. ¡Y no se está juzgando, pues! Es más, no se necesitó la ley de reconciliación que eventualmente dicte la Asamblea para que se juzgue el caso. Hay una sentencia del año 2001, también de la Sala de lo Constitucional, que poca gente ha estudiado. Desde esa sentencia se dijo: “miren, los delitos de lesa humanidad no prescriben”. Es decir, desde el año 2001, la misma Sala había dicho: esos casos se tienen que juzgar. ¿Por qué no se juzgaron a partir del 2002 si ya la sentencia del 2002 había dicho “juzguense”? Los jueces están obligados a conocerlos una vez se judicializan frente a ellos, con o sin la sentencia del 2016.
Pero eso no ha pasado.
Que no haya pasado es otra cosa, pero con o sin la sentencia del 2016, esos casos pudieron haberse presentado ante los jueces y los jueces se hubiesen visto obligados a conocerlos. Tan es así que en el caso de El Mozote pudo haber existido con sentencia del 2016 o sin ella, e igual se estaría teniendo que conocer. Puede haber ley de reconciliación o no, el caso del Mozote tendrá que ser juzgado y los jueces lo saben.
¿Por qué no se presionó desde la Asamblea para que se investigaran estos casos? ¿Por qué no se apoyó a organizaciones para que esto sucediera?
¿Por qué no ocurrió? Esa ya es una dinámica que no le compete a la Asamblea Legislativa.
Hay quienes podrían decir que sí tenía incidencia, porque para esa época el sistema político estaba centralizado en la derecha, es decir, en quienes comités de víctimas y algunas organizaciones de derechos humanos han identificado como aliados de la impunidad.
¿Pero en qué poder político? ¿A cuál te referís?
Gobierno, Asamblea…
Lo que ocurre es que, insisto, la Asamblea no tiene atribuciones para meterse en la cuestión jurisdiccional. La sentencia del 2001 hablaba de que eso quedaba en manos de los jueces. La Asamblea no se puede inmiscuir en asuntos que no le son propios.
¿Tenemos que esperar que las generaciones que pelearon la guerra mueran para que haya una sociedad más dispuesta a revisar y juzgar con ahínco qué sucedió?
¿Te referís a cuáles habrían sido las causas del conflicto o te estás refiriendo a los hechos que ocurrieron?
A los hechos. Eso es lo que nos compete. Todavía hay gente que dice 'a mi papá lo mataron, a mi hermano de tres meses lo mataron'. Ellos viven a diario esa pena y no hay nadie que esté pagando una condena por eso.
En una guerra pueden pasar muchas cosas, pero no es excusable a lo que ahora se le llama lesa humanidad. Asesinatos de esa categoría no deben quedar impunes. ¿Qué podés esperar de una guerra? Muertos y desastres que es grave, pero lo que se llama lesa humanidad, la corrupción de las guerras, no pueden ser perdonados y por eso el derecho internacional humanitario se hace nudo y dice: “no, esos casos se tiene que saber qué pasó, se tienen que juzgar”. Ahorita estamos 28 años después...
Y nada.
No, pero estamos 28 años después, entonces se tiene que pensar y repensar cómo lo vas a hacer. Por lo menos, los que creemos en eso, privilegiando el conocimiento de la verdad.
¿La verdad sobre las penas?
No, tú estás ocupando esa expresión sobre las penas. Yo me he quedado diciendo 'privilegiando el conocimiento de la verdad'.
Pero privilegiándolo, ¿sobre qué?
Respeto la majestad y la discrecionalidad de los jueces. Que sean ellos quienes determinen cuáles son las sanciones a imponer. Es que a mí me dices: 'no, es que hay que meterlos 30 años a la cárcel'. ¿Por qué no dejan que el juez lo determine? Que lo determine un juez.
Le preguntaba esto porque en el anteproyecto decía que se iba a privilegiar la aplicación de medidas alternativas a la cárcel. No lo digo yo, lo decía el anteproyecto.
El anteproyecto que ya no existe.
Claro, pero ese anteproyecto era poner en página ideas suyas.
Fue para debatirlo, pero simplemente no se cumplió el propósito de entrar en ese debate.
En su propuesta se presentaban medidas alternativas a la prisión.
La sentencia nunca dijo que tenía que ser cárcel. Ninguna de las personas que fue convocada aquí a la Asamblea Legislativa, con las que tuvimos reuniones nosotros cuando presidía la comisión ad hoc, nos vino a pedir cárcel. Nos reunimos incluso con los firmantes de los Acuerdos de Paz, nos reunimos con juristas de las distintas corrientes del pensamiento. Y todos decían: cárcel no. Y además te voy a dar una herramienta adicional, como abogado, tú tomas la Constitución y te encuentras cuál es el propósito de la cárcel: la rehabilitación. Y si se trata de personas que ya vivieron 30 años sin ser un peligro ni hacerle daño a la sociedad, ¿vas a venir a tomar como primera sanción la cárcel?
¿Por qué no?
¿Por qué sí? ¿Por qué no dejar eso al juez? ¿Por qué no dejar que sea el juez el que determine qué tipo de sanción le va a poner a una persona?
Pero el anteproyecto que usted presentaba decía que no se pretendía que llevaran a la cárcel a los posibles victimarios.
Porque se privilegiaba el conocimiento de la verdad. Pretendía generar debate (sobre) qué es lo que se buscará con la Ley de Reconciliación: ¿privilegiar la verdad y el conocimiento de ella o la sanción y la cárcel? Era poner en un balance el tema y discutirlo. Y si vos tomás ese documento que escribí, verás que se habla de palabras de privilegiar la verdad o ponerle énfasis a tal cosa, porque las personas que habían hablado con nosotros decían: “queremos saber lo que pasó. No nos interesa ver preso a Juan o a Pedro, queremos saber dónde están los restos de nuestros familiares”, etc. Yo había tratado de interpretar, pero claro, no dimensioné que por el otro hecho, eso iba a afectar cualquier esfuerzo que hiciese.
Se interpretó como 'están intentando cuidarse de cárcel'.
Por eso me he apartado. No he participado en las discusiones en los textos.
¿De qué organizaciones eran las víctimas que no pedían cárcel para los victimarios?
Hay bitácoras en la Asamblea de cuáles fueron las organizaciones invitadas y quienes llegaron. Y además hay videos. Todo eso es accesible. Cuando estuve presidiendo la comisión de la cual me retiré, pedí que se llevara el registro de todo. O sea hay videos, hay bitácoras y hay actas. Pero no te puedo precisar la información. De ahí tomé el concepto de que las guerras son abominables, pero los delitos de lesa humanidad corrompen las guerras.
¿Qué le respondería a las personas que lo señalaron de promover esta idea de privilegiar la verdad sobre otras cosas, y eximir de cárcel a algunas personas porque los conoce, porque tuvo cercanía a la Fuerza Armada?
Me siento orgullosísimo de haber sido asesor del alto mando de la Fuerza Armada durante el conflicto, y orgullosísimo porque cumplí. Y te puedo garantizar que siempre fui cumplidor de la ley y la ética. Y por eso puedo cargar con cualquier señalamiento sin fundamento. ¿Daña mi dignidad? Sí. Pues que esas personas estén contentas con dañar mi dignidad.
¿Cómo que daña la dignidad?
Bueno, cuando tú haces un señalamiento infundado, dañas la dignidad. Salvo que tú estés en condiciones de comprobar lo que afirmas.
A usted por años lo han señalado de escribir la ley amnistía del 93 y siempre dice que no.
No escribí la ley del 93. Es más, hubiera estado en contra de ello. No tengo que jurar por Dios, no necesito hacerlo. No escribí la ley del 93, así como te puedo decir con absoluta solvencia: el señalamiento de la Comisión de la Verdad no tiene ningún fundamento. En su momento escribí página entera en el periódico aclarando, y mandé una carta al Secretario General reclamando el señalamiento.
¿Y qué respondería a aquellos que le señalan un conflicto ético?
Bueno, si tú consideras que, como es en mi caso, que no he hecho nada reprochable, no siento ningún conflicto ético. Y es un tema de tu conciencia. Otra cosa es que tu cargaras en tu conciencia con una situación dañosa, ahí se configura el conflicto. En mi caso no se configura ningún conflicto ni de interés ni ético.
