Los eventos que culminaron el 9 de febrero de 2020 fueron algo muy personal, muy duro e indignante para mí. Ingresé a la Escuela Militar de El Salvador en enero de 1980, la primera promoción de cadetes que eligió la carrera militar cuando la guerra civil ya era inminente. Durante los siguientes doce años, miles de soldados y oficiales ofrendaron sus vidas, su salud, su vista, sus miembros, y su juventud, para que El Salvador tuviera la oportunidad de vivir en democracia. Estábamos desde entonces conscientes que vivir en democracia no significa solamente respetar la voluntad popular expresada en elecciones libres, sino que también significa vivir en un Estado de derecho bajo la Constitución y demás leyes, en una República con tres Poderes independientes, sin el yugo de ninguna tiranía ni bajo los caprichos de ningún dictador.
Entre mis experiencias en el Ejército estuvo el combate armado. Pero también tuve la gran responsabilidad de representar y dar la cara por la Fuerza Armada en la Embajada de El Salvador en Washington a partir de enero de 1990, después de la Ofensiva del FMLN de noviembre de 1989 y después del gravísimo error cometido por miembros de la Fuerza Armada con el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de ella. Durante ese tiempo tuve el privilegio de conversar con miembros del Congreso de los Estados Unidos y del Ejecutivo, así como con miembros de las comisiones de las Naciones Unidas creadas por los Acuerdos de Paz. Creí firmemente que la Fuerza Armada saldría fortalecida de los Acuerdos de Paz. Que aprendería de los errores del pasado para evitar cometerlos en el futuro. Que uno de los factores que permitieron los mayores errores del pasado era el concepto de una obediencia total y ciega al superior.
Por eso me causó mucha tristeza, decepción e indignación ver a un ministro de Defensa que, siendo militar de carrera, demostró ser completamente servil al presidente de la República, sin poder comprender que un militar tiene el deber de desobedecer una orden ilegal, sin tener la capacidad de comprender la diferencia entre órdenes legales y órdenes ilegales, y sin tener la valentía ni la dignidad de renunciar a su cargo si el presidente insistía en que se obedeciera una orden ilegal.
Los eventos del 9 de febrero me recordaron de un problema de la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, identificado durante la implementación de los Acuerdos de Paz: el concepto de la obediencia.
Obedecer órdenes superiores tiene una gran importancia en todas las profesiones, pero en ninguna es tan importante como en la profesión militar. Por eso la educación y la disciplina militar ponen mucho énfasis en la obediencia. Sin embargo, en algunos países ese énfasis en la obediencia es extremo. Por ejemplo, el juramento que hacen los militares en El Salvador desde 1934, durante la época del gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), literalmente dice que un militar salvadoreño jura por su honor “obedecer en todas las ocasiones y riesgos” al superior que lo estuviese mandando, aún a costa de su vida. (Art. 273 de la Ordenanza del Ejército, Decreto Legislativo No. 80 del 19 de julio de 1934.)
Este juramento está tan marcado en la mente de los militares salvadoreños, que el ministro de Defensa lo recitó de memoria durante una entrevista televisiva el lunes 10 de febrero de 2020. Pero esta no es una visión correcta del concepto de la obediencia en una Fuerza Armada de un país democrático.
Jurar obedecer al superior “en todas las ocasiones y riesgos” envía un mensaje de obediencia incondicional, que ha sido utilizado para ordenar graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en diferentes guerras, incluyendo la guerra civil de El Salvador (1980-1992). También ha sido utilizado para ejecutar (o intentar ejecutar) golpes de Estado.
Por eso, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas incluyó entre las recomendaciones de su Informe emitido en cumplimiento a los Acuerdos de Paz, que la Fuerza Armada de El Salvador modificara su juramento de “obedecer al superior . . . en todas las ocasiones y riesgos” a obedecer “las órdenes legales del superior.” (Informe de la Comisión de la Verdad, 1993, Sección V (Recomendaciones), subsección II.A (Fuerza Armada), recomendación número 3, (página 191.)) La diferencia es corta en palabras pero muy importante en su efecto práctico.
Los eventos en El Salvador el fin de semana del 8 y 9 de febrero de 2020 indican que la Fuerza Armada nunca hizo el cambio al juramento militar que recomendó la Comisión de la Verdad, y que tampoco cambió su conocimiento ni su actitud hacia el concepto de la obediencia.
El presidente de la República, a través de su incondicional Consejo de Ministros, pretendió dar una orden al Poder Legislativo, de sesionar a una hora de una fecha determinada (las 3 p.m. del domingo 9 de febrero), bajo la amenaza de destituir a cualquier diputado que no se presentara, invocando el derecho del pueblo a la insurrección. El alto mando militar envió mensajes de lealtad incondicional de la Fuerza Armada al presidente el sábado 8 de febrero, que solo pueden entenderse como intimidatorios contra cualquiera que osara estar en desacuerdo con el presidente.
La Asamblea Legislativa, sesionando el sábado 8 de febrero, rechazó la convocatoria del Consejo de Ministros y la interpretación constitucional que había hecho el Ejecutivo. Aún así, el domingo 9 de febrero, la Fuerza Armada participó junto al presidente de la República en su ingreso no autorizado al Salón Azul y usurpación del poder del presidente de la Asamblea Legislativa. Y, salvo la intervención divina, o una llamada a último minuto de un embajador, la Fuerza Armada estuvo a punto de convertirse en cómplice de un serio quebrantamiento del orden Constitucional.
No se necesita ser abogado constitucionalista para saber que una orden del presidente a la Fuerza Armada para ingresar al Palacio Legislativo con la intención, manifestada anteriormente, de destituir a los diputados que no estuvieran presentes, sería una orden ilegal. Primero, existía una diferencia de interpretación del articulo 167, numeral 7, de la Constitución entre dos Poderes del Estado, que solo podía ser resuelto por la Sala de lo Constitucional. Segundo, la Asamblea Legislativa ya había sesionado el sábado 8 de febrero y había rechazado la convocatoria del Consejo de Ministros, convocando a su vez para reunirse en lunes 10 de febrero. Tercero, la Asamblea Legislativa no había invitado al presidente de la República ni a la Fuerza Armada para que entraran al Palacio Legislativo. Cuarto, el rechazo de la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros y la no comparecencia de los diputados, nunca podría calificar como un rompimiento del orden Constitucional a que se refiere el Artículo 87 de la Constitución. Finalmente, aún en casos de rompimiento o alteración del orden Constitucional a que se refiere el artículo 87 de la Constitución, el derecho de insurrección está reservado para que lo ejerza el pueblo, no el presidente de la República.
Pero el ministro de Defensa hizo que la Fuerza Armada apoyara al presidente. Y al día siguiente intentó justificar sus acciones recitando de memoria el juramento militar de obediencia incondicional al superior.
Es una vergüenza para el país y para la Fuerza Armada, que un ministro de Defensa, que en este caso es un militar con grado de contra almirante, no tenga el suficiente sentido común para saber, ni tenga asesores legales capaces que le hayan dicho, que esa orden era ilegal. O no le importó indagar la legalidad de la orden, o si lo supo, no tuvo la valentía de decirle no al presidente y renunciar a su cargo. Es inaceptable que el ministro de Defensa haya permitido que el presidente utilizara políticamente a la Fuerza Armada para intimidar a la oposición política en su intento de golpe de Estado dirigido hacia el Órgano Legislativo. Y es inconcebible que a estas alturas el ministro de Defensa aún no haya reconocido su error ni tenido la dignidad de renunciar a su cargo junto al resto del alto mando militar que lo acompañó en su aventura.
El 9 de febrero de 2020 se cruzó una línea que nunca se debió haber cruzado en un Estado democrático. Ahora las cosas ya nunca podrán ser iguales y las instituciones democráticas tendrán que actuar para evitar que sucesos de esta naturaleza se repitan.
Sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer los otros Órganos del Estado, como mínimo, el ministro de Defensa debe asumir la responsabilidad de sus actos y debería tener la dignidad de renunciar, tomando en cuenta que el presidente ha dicho públicamente que no lo va a destituir. Si no renuncia ni es destituido, su permanencia en el cargo sería una continuada amenaza al sistema democrático en El Salvador y una permanente fuente de desprestigio para la Fuerza Armada.
Tomando en cuenta que no se puede esperar que el ministro de Defensa ni el presidente impulsen una verdadera reforma de la Fuerza Armada, la Asamblea Legislativa debería implementar las siguientes recomendaciones lo más pronto posible:
Primero, la Asamblea Legislativa debe implementar la recomendación de la Comisión de la Verdad, de realizar ese pequeño pero importante cambio al juramento militar, limitando la obediencia a las órdenes legales de un superior. Ese cambio al menos obligaría a los militares a pensar antes de obedecer una orden de cuestionable legalidad. Al mismo tiempo, se debe enfatizar en la formación militar a todos los niveles, el concepto de qué es una orden legal, así como ejemplos de órdenes ilegales, incluyendo participar en acciones violatorias a los derechos humanos y en acciones de desestabilización a las instituciones democráticas.
Segundo, la Asamblea Legislativa debe proceder a la desmilitarización de la Presidencia de la República. Entre otras medidas, se debe traspasar la responsabilidad de la seguridad física del Presidente de la República a la Policía Nacional Civil, eliminando el Batallón Presidencial como una unidad de la Fuerza Armada. También se debe eliminar el Estado Mayor Presidencial como parte de la Fuerza Armada con integrantes militares; y se debe eliminar la costumbre que viene desde la época de gobiernos militares, de tener a un oficial de la Fuerza Armada o a un cadete de la Escuela Militar detrás del Presidente cuando éste da un discurso o participa en eventos públicos. Esa imagen no cabe en un gobierno democrático.
Finalmente, la Asamblea Legislativa debe solicitar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia proceder a la desmilitarización de la Seguridad Pública. Esa es una función para la Policía Nacional Civil. De conformidad con el artículo 212 de la Constitución, la Fuerza Armada puede apoyar en circunstancias excepcionales para el mantenimiento de la paz interna. Pero la excepción ya se hizo la regla y ha eclipsado completamente la razón de ser de la Fuerza Armada, que es proteger la soberanía del Estado y la integridad territorial. Al hacerlo, no solo se descuida su misión, sino que se le coloca en riesgo de continuar siendo politizada y utilizada políticamente por el presidente de la República para intimidar a quienes se opongan a sus dictados.
*Foto de portada: Marvin Recinos / AFP
